Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de prescripción introducida por la actora, con costas.
2Revocar la Resolución N° 144/2007 (DV CRR2), con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-29196531-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 28 de Marzo de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” Rubén Marchevsky (Vocal titular de la 3° Nominación) Laura Guzmán (Vocal titular de la 2° Nominación) a efectos de resolver la causa N° 30.006-I caratulada: “COLETUR TRANSPORTE S.R.L. s/recurso de apelación”.
El Dr. Marchevsky dijo:
I. Que a fs. 29/56 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 144/2007 (DV CRR2), fechada el día 06/07/2007, mediante la cual se determina la obligación impositiva relativa al Impuesto a las Ganancias –período fiscal 1999- con más sus intereses resarcitorios y multa, conforme lo dispuesto por los artículos 46 y 47 inc. a) de la Ley 11.683.
Que, en primer término, opone como de previo y especial pronunciamiento la excepción de prescripción. Esgrime que han pasado los cinco años establecidos por el artículo 56 de la Ley 11.683, para exigir el pago de tributos y hacer efectivas las multas previstas en dicho ordenamiento legal. De la interpretación que del mismo realiza, entiende que el plazo de prescripción comenzó a correr el 01/01/2001, habiéndose producido la misma con fecha 01/01/2006.
Asimismo, indica que la fiscalización efectuada bajo la orden de intervención N° 201637, fue notificada el 02/02/2007, destacando que la misma correspondía al período fiscal 1999 prescripto a esa fecha. Sobre tal punto, agrega que la circunstancia de haberse determinado periodos posteriores, desbloqueó períodos fiscales anteriores, no siendo el caso del año 1999 que se encontraba prescripto. En este sentido, señala que si el Fisco Nacional hubiese querido determinar el Impuesto a las Ganancias (1999), lo hubiese hecho con anterioridad al día 01/01/2006.
En apoyo a su postura, cita doctrina y jurisprudencia, y concluye que en las presentes actuaciones se han cumplido los requisitos legales para la procedencia de la prescripción, siendo estos el transcurso del tiempo y la inactividad del titular del derecho.
En otro orden de ideas, plantea la nulidad de las determinaciones practicadas, remarcando que la resolución incumple con los requisitos del artículo 7° de la Ley N° 19.549, en especial la falta de motivación, pero también la falta de causa por falsedad del derecho invocado y la violación de la ley aplicable.
Sustenta su argumento en que el Fisco determinó deuda por períodos diferentes a los consignados en la orden de intervención, sin haber efectuado una ampliación de la misma.
Por otra parte, considera que no se respetó las exigencias legales y reglamentarias, tales como las relativas a su carácter estimativo, como son la ausencia de una fundada impugnación de las declaraciones juradas presentadas y la ilegal y arbitraria utilización de ciertos indicios para fundar la estimación.
Además, sostiene que la inspección admitió la validez de las registraciones contables pues en ningún momento las ha objetado.
En otra línea argumental, plantea la improcedencia de la infracción que se le atribuye, al considerar que no se ha configurado el elemento subjetivo requerido por la norma.
Justifica tal afirmación arguyendo que se tiene por acreditados los elementos subjetivo y material por el sólo hecho de haber presentado declaraciones juradas inexactas, sin indicar en que consistió el comportamiento intencional dirigido a inducir a error a la autoridad fiscal.
Subsidiariamente, solicita el reencuadre de la sanción en los términos del artículo 45 de la Ley de rito, por entender que no se encuentra probado el elemento doloso.
Finalmente, ofrece prueba documental, informativa y pericial contable, y solicita se revoque el acto atacado, con costas.
II. Que a fs. 69/91vta. contesta el recurso la representación fiscal, quien por las razones de hecho y derecho que expone, peticiona se confirme el acto apelado, con costas. Acompaña los antecedentes administrativos como prueba y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 125/125vta. se abrió la causa a prueba; a fs. 148 se dio por decaído el derecho de la actora a producir la prueba ofrecida; a través de la PV-2022-20112486-APN-VOCIII#TFN se declaró cerrado el período probatorio y se elevaron los autos a consideración de la Sala “A”; por último, con el IF-2022-26205510-APN- VOCII#TFN se pasaron los autos a sentencia.
IV. Que en primer término, corresponde tratar la excepción de prescripción opuesta por la actora. Que, el artículo 56 de la ley procedimental dispone que “las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley, y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella previstas, prescriben: a) Por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos...”.
Que en el caso el recurrente plantea la prescripción de las acciones y poderes del ente fiscal para determinar el período fiscal 1999 al entender transcurrido el plazo de cinco años previsto en la citada norma. Que frente a ello, el organismo fiscal rechaza el planteo de prescripción, al señalar que resulta de aplicación la causal de suspensión de la prescripción que establece el art. 65 inc. c) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
V. Que se debe considerar si resulta aplicable alguna causal de suspensión del curso de la prescripción. Que, el artículo 57 de la ley de rito establece: “Comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto y facultades accesorias del mismo, así como la acción para exigir el pago, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.”
En función de ello, la actora entiende que el plazo de prescripción –por el período fiscal 1999- comenzó a correr a partir del 01/01/2001, finalizando el 01/01/2006.
Ahora bien, del análisis de las actuaciones surge que con fecha 13/12/2006 se emitió una resolución determinativa por el Impuesto a las Ganancias -períodos fiscales 2000 a 2003-, notificada el 14/12/2006, mediante el procedimiento previsto en el artículo 100 inciso b) de la Ley de rito. Ante dicho acto, el rubrado con fecha 09/02/2007 presentó Recurso de Apelación ante este Tribunal, siendo el año 2000 el período base y que en principio habilitaría la inspección de períodos anteriores, conforme las normas del Capítulo XIII (Bloqueo Fiscal) de la Ley Procedimental. Como consecuencia de ello, el Fisco Nacional consideró que se encontraba habilitado para impugnar las declaraciones juradas presentadas por períodos fiscales anteriores no prescriptos, procediendo a determinar de oficio el tributo mencionado por el período fiscal 1999, hecho que dio origen a las presentes actuaciones.
En el presente caso resultan aplicables las normas del Capítulo XIII de la ley procedimental, circunstancia que nos remite al artículo 65 de dicho cuerpo legal, que dispone entre las causales de suspensión de la prescripción: “c)… Se suspenderá mientras dure el procedimiento en sede administrativa, contencioso-administrativa y/o judicial, y desde la notificación de la vista en el caso de determinación prevista en el artículo 17, cuando se haya dispuesto la aplicación de las normas del Capítulo XIII. La suspensión alcanzará a los períodos no prescriptos a la fecha de la vista referida.”
De la mencionada norma se desprende que la suspensión de poderes para determinar de oficio la materia imponible, se aplica desde la fecha de notificación de la vista del período base –año 2000- o sea desde el 03/05/2005, momento en el cual quedó suspendido el término de la prescripción para el período fiscal 1999. Al respecto este Tribunal, en la causa “Sistema de Procesamiento de Datos para Sociedades S.A.” (Sala B, sentencia de fecha 06/03/2002) resolvió que del aludido artículo surge que, como medida de protección del crédito fiscal y en compensación por el beneficio de “bloqueo” de los años anteriores, la ley ha querido, mientras se sustancia el procedimiento relativo al último ejercicio por el que se presentara declaración jurada (cfr. Art. 117) y hasta tanto no se constate si el mismo es impugnado y determinado, quede vigente la posibilidad de ejercer para aquellos años el poder y facultad para ajustarlos llegado el caso.
Por ende, operando en principio la prescripción recién a partir del 01/01/2006 y habiéndose producido la causal de suspensión citada durante el período fiscal 2005, los poderes del Fisco estaban vigentes al momento de emitir la resolución recurrida; en atención a ello corresponde rechazar la excepción introducida por la actora, con costas.
VI. Que, ahora bien, más allá de los agravios -expresamente- vertidos por la recurrente, cabe observar que en el sublite aparecen determinados elementos que ponen en crisis el dictado del acto recurrido.
Resulta oportuno puntualizar que a través del artículo 117 de la ley 11.683 se facultó al Poder Ejecutivo Nacional a establecer un régimen especial de fiscalización -conocido como “olvido”, “bloqueo fiscal” o “ley tapón”-, por el cual se limitan las facultades de verificación fiscal al último período anual para determinados contribuyentes y responsables. A tales efectos, se estableció una presunción iure et de iure de exactitud respecto de las declaraciones juradas que se hubieran presentado antes de la verificación fiscal.
Este sistema de excepción era sólo aplicable a aquéllos que se encuentren comprendidos en alguna de las situaciones descriptas en las normas que dictadas al efecto. La presunción a favor del contribuyente sobre la exactitud y corrección de las declaraciones juradas presentadas por los años no prescriptos (conf. artículos 117 y 118 de la ley 11.683), se mantiene hasta tanto el Fisco Nacional proceda a impugnar la correspondiente al último ejercicio anual.
A través del decreto Nº 629/1992 el P.E.N. dispuso la aplicación del régimen especial de fiscalización en todo el territorio de la Nación, con relación a los Impuestos a las Ganancias, sobre los Activos, al Valor Agregado e Internos (excepto los previstos en sus artículos 23 y 23 bis), respecto de los ejercicios iniciados a partir del 1º de abril de 1992, excluyendo como sujetos del régimen a los agentes de retención o percepción que hubieran omitido actuar como tales.
Teniendo en cuenta las normas en juego, la cuestión verificada en autos ya ha sido tratada por nuestro más Alto Tribunal en la causa “Michelin Argentina SAIC y F” (de fecha 23 de febrero de 2010), al decir: “8) Que si bien es verdad que la norma transcripta no dispone expresamente que la determinación del período tomado como base deba encontrarse firme, cabe recordar que la interpretación y aplicación de las leyes requiere que no se aísle a cada norma por su fin inmediato y concreto, sino que debe procurarse que todas se entiendan teniendo en cuenta los fines de las demás y considerarlas dirigidas a colaborar en su ordenada estructuración (Fallos: 319:1311, cons. 12 y su cita, entre muchos otros)."
“9) Que desde tal perspectiva, resulta adecuado entender que sólo cuando la resolución determinativa correspondiente a ese período queda firme, se "desbloquea” para el organismo recaudador la posibilidad de ejercer sus atribuciones respecto de los períodos anteriores no prescriptos, pues tal inteligencia es la que mejor se concilia con la efectiva limitación que el régimen especial de fiscalización instituido por las normas en examen supone para el ente fiscal con respecto a los contribuyentes comprendidos en él, la que cabe razonablemente considerar que se extiende hasta tanto no haya certeza acerca de la procedencia de la impugnación de las declaraciones juradas correspondientes al último período y de que la determinación de oficio practicada se ajusta a derecho ”, para agregar que "...En efecto, se trata de un mecanismo de protección del crédito fiscal, que encuentra justificación por el tiempo que pueda transcurrir hasta que queda firme la resolución determinativa del impuesto del “período base ” y que carecería de sentido si el mero dictado de ese acto bastara para desbloquear las facultades de la AFIP por los períodos anteriores”.
“10) Que tal interpretación se ve abonada -tal como adecuadamente lo pusieron de relieve los pronunciamientos de las anteriores instancias- por la circunstancia de que, según lo dispuesto por el art. 65 (inc. c, in fine) de la ley 11.683, se suspende el término de prescripción cuando resulten aplicables las normas del capítulo XII (del título I), de esa ley. En efecto, se trata de un mecanismo de protección del crédito fiscal, que encuentra justificación por el tiempo que pueda transcurrir hasta que queda firme la resolución determinativa del impuesto del "período base” y que carecería de sentido si el mero dictado de ese acto bastara para desbloquear las facultades de la AFIP por los períodos anteriores.”
En este marco, no es ocioso recordar que si bien la Corte Suprema solo decide en los procesos concretos que le son sometidos y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquellas (Fallos: 25:364). De esa doctrina, y de la de Fallos: 212:51, 160 y 307:1094, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los Tribunales inferiores -inclusive, los Superiores Tribunales locales- que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Máximo Tribunal.
En el presente caso, cabe advertir que mediante Resolución N° 291/2006 (DV CRR2) se determinó el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2000 a 2003, la que se encuentra apelada en la causa N° 28.945-I, mientras que en el acto aquí recurrido se determinó la obligación impositiva relativa al mismo tributo correspondiente al año 1999.
En tales condiciones, y de acuerdo con la doctrina expuesta por la Corte Suprema de Justicia, cabe concluir que este último período se hallaba bloqueado en cuanto a su exigibilidad por expresa disposición legal y, por ende, incapaces de tornarse exigibles a la fecha en que se dictó la resolución que los comprende.
Por lo expuesto, corresponde revocar la Resolución N° 144/2007 (DV CRR2), con costas.
VII. Que por la forma en que se resuelve, no corresponde pronunciarse sobre la nulidad incoada, y los agravios de fondo introducidos por el apelante en su libelo recursivo.
La Dra. Guzmán dijo:
Que adhiere al voto del vocal instructor.
En virtud de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de prescripción introducida por la actora, con costas.
2. Revocar la Resolución N° 144/2007 (DV CRR2), con costas.
Se deja constancia que el presente pronunciamiento se dicta con el voto coincidente de dos Vocales Titulares por encontrarse vacante la Vocalía de la 1ra. Nominación (art. 184 de la ley 11.683).
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2022.03.28 12:43:18 -03:00 Date: 2022.03.28 13:50:36 -03:00 Ruben Alberto Marchevsky Laura Amalia Guzman Vocal Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.28 13:50:35 -03:00
Fin de la sentencia