Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello propugno se aplique sobre el crédito que se reconoce la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina desde que cada diferencia se debió acreditar a la actora de cada mensualidad desde la rebaja.
Dejo pues, en lugar de referirme a la justicia de la sentencia (que se declaró nula), a consideración de los integrantes del Acuerdo lo que a mi juicio es la justa resolución del fondo del asunto como nos autoriza el art. 254 del CPCC.
LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VIII. Concuerdo con el preopinante. Asimismo debo señalar que si bien he votado en diferentes pronunciamientos por la utilización de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina como mecanismo de intereses válido, debo analizar el caso al día en que me encuentro escribiendo este fallo. Tal como sostuve en anteriores pronunciamientos (“PACHECO, GRISELDA BEATRIZ C/SUAREZ, GERARDO S/ DEMANDA LABORAL - COBRO DE PESOS” - Expte. Nº 20084 9/5/2024), donde la información que publica oficialmente el INDEC indica que en el año 2023 existió una inflación acumulada mayor al 210% y en lo que va de este año cerca al 65%. En el presente caso la utilización de la Tasa Pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina arroja un mayor importe que la utilización de la tasa activa, por el período de tiempo en que debe realizarse el cálculo. …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8430 Sentencia: Definitiva Actor: De la Colina, Verónica Pamela Demandada: Municipalidad de Caleta Olivia Objeto: laboral por cobro de diferencias salariales por rebaja de categoría y remuneraciones al trabajador Fecha: 12-09-2024 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, a los doce días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “DE LA COLINA, Verónica Pamela c/ MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA s/ laboral por cobro de diferencias salariales por rebaja de categoría y remuneraciones al trabajador” Expte. 19.858 del año 2020 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad, secretaria Nº2 que ingresaron en la instancia bajo el Nº 8430. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda Isabel Bard y Horacio Mauricio Jesús Fernández para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es nula la sentencia? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que al comenzar el examen de la causa se advierte que a fs. 12 el Dr. Franco Matías Villalón Lescano se excusa de intervenir en los presentes actuados por estar comprendido, con respecto de la demandada, en la causal del art. 17 inc. 7º del CPCC y pasa los autos al subrogante legal, quien a fs. 13 se aboca.
Pero, luego de haberse excusado invocando encontrarse comprendido en la causal del inc. 7 del art. 17 del código del rito, es decir haber sido defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito antes o después de comenzado no puede, ante la invocación de la Dra. Rosa González acerca de lo resuelto por este tribunal en un juicio de apremio, devolverle la jurisdicción de la que el magistrado se había desprendido por estar en alguno de los supuestos de la causal. Reitero no puede entenderse que el Dr. Villalón Lescano haya faltado a la verdad al excusarse. La excusación o recusación admitida es irreversible y ni siquiera las partes pueden dispensarla.
Nuestro Código Procesal, entre otros de distintas jurisdicciones, en su art. 28 segundo párrafo establece al legislar sobre los efectos de la recusación:
“…Si fuese admitida, el expediente quedará radicado ante el juez subrogante con noticia del juez recusado, aún cuando con posterioridad desaparecieren las causas que lo originaron….”
Ello es ratificado por el art. 31 del CPCC cuando indica:
“Las partes no podrán oponerse a la excusación ni dispensar las causales invocadas. Si el juez que sigue en orden de turno entendiese que la excusación no procede se formarán incidentes … Aceptada la excusación el expediente quedará radicado en el Juzgado que corresponde, aún cuando hayan cesado las causas que la originaron.”
Sobre el particular la jurisprudencia sostiene:
“Así como un juez de primera instancia no puede sin más rubricar una sentencia de otro juzgado o cámara, en igual situación se encuentra quien poseyendo un atributo, ha sido apartado del conocimiento de la causa ya sea por excusación o por recusación (Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires del 11/5/2009 “Luchesi, Rafael Emilio c/ Centro Mutualista de Suboficiales de la Provincia de Bs.As. s/ daños y perjuicios” JUBA Sumario 30627).
Los términos de las normas procesales son claras y no dejan pie para otra interpretación. Roberto G. Loutayf Ranea en su obra “El Recurso ordinario de apelación en el proceso civil” expresa al tratar el recurso de nulidad:
“b) Defectos de la sentencia: entre las causas de nulidad de una sentencia se han señalado las siguientes: se ha considerado nula a …… la sentencia dictada por el juez que se ha inhibido de entender en la causa… o que ha sido recusado” (0bra citada tomo “pág. 426).
Llegados a este punto me interrogo sobre si corresponde declarar la nulidad de oficio. Entiendo que nos encontramos en una situación semejante a la resuelta por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia in re “Banco de la Provincia de Santa Cruz c/ Fraser, David Roberto s/ ordinario” en una causa donde el Banco se limitó a solicitar una intimación a la devolución del pago efectuado al acreedor quirografario sin impugnar de nulidad ni apelar por erróneo el auto por el cual se dispuso tal pago. Para solucionar esta situación de oficio el Excmo. Tribunal Superior de Justicia casó la sentencia por quebrantamiento de formas sustanciales, dejó sin efecto el pronunciamiento de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, revocó el interlocutorio y decretó la nulidad del proveído que ordenó el libramiento de giro a favor del acreedor quirografario.
Razonó nuestro Alto Tribunal que: “En efecto, las facultades con que la ley engloba a los magistrados-cualesquiera fuera su instancia ordinaria- les permite actuar frente a vicios manifiestos de la tramitación procedimental, aún consentidos por las partes, a condición de que los mismos revistan la gravedad y lesión de garantías sustanciales que impidan considerarlo como un justo y debido proceso legal, en tanto la omisión o violación de las formas del proceso frustren o impidan la obtención de su finalidad (En sentido concordante ver L.L. 1981-154 ; L.L. 150-698). En el sublimine, debió procederse a la declaración de oficio del proveído de fs. 109, por haber sido éste un acto que lesionó la garantía constitucional del debido proceso, en otras palabras, cupo declararla de oficio “porque la “alogicidad” del proceso impidió elaborar la solución del fondo del asunto” (cfr.
E.D. 73-189; Rep. L.L. XXXVII -1092 Nº 12),…” (Autos referidos, TOMO V-SENTENCIA TSJ-REGISTRO 175-FOLIO Nº 947/953) Con esta directriz en mente veamos que el magistrado ha retomado la jurisdicción en el caso de autos motivado por lo resuelto por la Dra. Rosa González en PE 580366/2023 con invocación de lo resuelto por este tribunal en una causa “Municipalidad de Caleta Olivia c/ Aguirre Lucrecia Mariana s/ apremio-incidente de apelación” donde la Dra. González resistió la excusación remarcando que el Dr. Villalón Lescano no fue apoderado de aquella en esos autos. Cabe señalar que frente a un juicio de apremio poco se puede opinar, dictaminar o dar recomendaciones. No puede volver la Dra. González sobre la aceptación que formuló a fs. 13 toda vez que al excusarse en esta causa no se puede descartar que haya emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito antes o después de comenzado como reza el inc. 7 del art. 17 del rito.
Por ello el Dr. Villalón Lescano debió resistir esta devolución.
Al no haber actuado así se violó el principio del juez natural y propongo se declare la nulidad de la sentencia en crisis. Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
II. Examinada la causa se advierte que se ha afectado la irreversibilidad de excusación. Adhiero al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
III. Que no obstante las conclusiones arribadas al resolver la primera cuestión no debemos remitir la causa a la instancia de grado para el dictado de una sentencia por juez competente como puede pensarse en una primera impresión, toda vez que al proceder así se demora ingresar al fondo de la cuestión. El Código Procesal nos da la solución en el art. 254 cuando establece:
“El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia. Si el procedimiento estuviere ajustado a derecho y el tribunal de Alzada declare la nulidad de la sentencia por cualquier otra causa, resolverá también sobre el fondo del litigio.”
Hemos señalado el vicio que contiene la sentencia dictada por un magistrado que se había excusado y por disposición de la subrogante reasume la jurisdicción violando normas expresas. Lo actuado por el Dr. Villalón Lescano con posterioridad hasta la sentencia eran los pasos procesales que correspondía dictar y advertido el error son proveídos que hubieran sido ratificados por el magistrado competente. Ello por cuanto el procedimiento estaba ajustado a derecho y no mereció reparos por las partes. Estamos en una causa laboral donde debe darse prioridad al principio de celeridad por lo que entiendo que debemos ingresar sin más en la tarea de resolver el fondo del asunto. Es por otra parte el resultado al que se arribaría de no haberse propuesto decretar la nulidad de la sentencia. Por ello en lugar de contestar esta segunda cuestión sobre la justicia o no de la sentencia me pronunciaré sobre el fondo del asunto.
IV. Que en esa faena se advierte que a fs. 26 el Dr. Carlos Javier Bernasconi Lahn se presenta representando a la Sra. Verónica Pamela de la Colina y en ejercicio de ese mandato promueve demanda laboral contra la Municipalidad de la Ciudad de Caleta Olivia por cobro de diferencias salariales por rebaja de categoría y remuneración reclamando cobro de pesos y restitución de la categoría con invocación de los arts. 14 bis, 17, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y arts. 17, 66, 131 y concordantes de la LCT. Al referirse a los hechos dice que en carácter de dependiente de la accionada desde el año 2004 y prestando servicios en ese momento en el Honorable Concejo Deliberante donde revistaba en el módulo 6 pasando desde junio de 2019 a la categoría módulo 7. Relata que fue rebajada de modo intempestivo a partir de enero de 2020 al módulo 4. Menciona el reclamo administrativo que realizó ante el presidente del cuerpo legislativo el 13/3/2020 que en copia acompaña y dice que no fue contestado no obstante sus reiterados reclamos verbales. Califica la rebaja de categoría de discriminatoria y arbitraria, inconstitucional, violatoria del derecho de propiedad de la actora y constituye un ejercicio irracional de la facultad prevista en el art. 66 de la LCT. Imputa transgresión de lo dispuesto por el art 17 de la LCT y entiende que la medida constituye una discriminación por carácter de género y motivos políticos y violenta derechos consignados en tratados y convenios internacionales con jerarquía constitucional. Cita jurisprudencia y doctrina. Hace referencia a que la disminución de salarios le obligó a suspender un tratamiento para ser madre. Discrimina los conceptos reclamados: diferencias salariales entre lo percibido y lo que debería percibir si se hubiera respetado la categoría e ingresos; las diferencias de aguinaldo y cualquier otro concepto dejado de percibir y el restablecimiento en la categoría. Ofrece la prueba de la que intentará valerse. Funda en derecho y pide que oportunamente se haga lugar a la demanda con costas.
Dentro del proceso en PE 521792/22 la representación de la actora denuncia como hecho nuevo que, mediante decreto 058 del HCD del 24/5/2022, se dispuso la promoción de su representada al módulo 7 a partir del 1º de mayo de 2022. Expresa que se aclara en considerandos que ese módulo se le había otorgado a través del Decreto de Presidencia HCD Nº 182/2019 a partir del 4/12/2019 con desempeño de administrativa en la Secretaría de Prensa y Protocolo. Se estima que este reconocimiento explícito de la demandada despeja dudas sobre el derecho de su parte en cuanto a la demanda interpuesta.
V. Que en PE161522/2021 se celebra la audiencia del art. 47 de la ley 1444 y, al no lograr una conciliación, el Dr. Ramiro Esteban Castillo se presenta en representación de la Municipalidad de Caleta Olivia en PE 160653/2021 y contesta la demanda, ofrece prueba y solicita que al dictar sentencia se rechace la demanda con costas.
Dedica un capítulo a desconocimientos de la totalidad de la documental acompañada a la demanda y niega todos y cada uno de los hechos invocados que se tiene presente.
Califica de falsos los hechos invocados por existir una normativa que regula la situación laboral de la actora, que detalla desde su ingreso en 2/5/04, su incorporación a planta permanente el 08/11/2009, su pase a desempeñarse como auxiliar administrativa en la Radio Municipal, donde continúa prestando servicios hasta que el 17/02/2020 se recibe en la subsecretaria de Recursos Humanos la nota 004/DPHCD/20 por el cual informa la nómina del personal municipal, incluida la actora, que ha sido designados para prestar servicios en ese Cuerpo. Relata que al asumir en diciembre de 2019 la nueva administración municipal se encontraron con numerosas irregularidades siendo una de ellas el aumento de módulos a personal que no reunía los requisitos para ello otorgados en los últimos meses de mandato del intendente saliente.
Argumenta que los mencionados aumentos de módulos se efectuaban quebrando la normativa prevista en el Escalafón para el Empleado Municipal sin razón fáctica y por simple amiguismo. La otra irregularidad es que los aumentos de módulos se efectuaron sin dictar el correspondiente decreto municipal ni ningún acto administrativo y se realizaba por la simple constancia en el recibo de haberes sin que, ni el intendente ni ninguna autoridad municipal, firmara la asignación del nuevo módulo lo que torna improcedente la situación laboral. Explica que por ello el cambio de módulo no obedeció a un acto discriminatorio por razones de género y/o políticas ni constituyó un caso particular hacia la actora. Por ello entiende que es palmaria la improcedencia de las diferencias salariales por lo que pide se rechace la demanda. Dedica un capítulo a la improcedencia de las diferencias que se reclaman. Recuerda que la ley de contrato de trabajo no resulta aplicable a los empleados municipales conforme el art. 2 inc. a de la LCT que transcribe y afirma que la relación laboral se encuentra regulada por el Estatuto para el Personal Municipal y por el Escalafón para el Personal Municipal. Transcribe los arts. 8 y 14 del Escalafón que afirma no se cumplieron.
Afirma que no existe decreto ni acto administrativo firmado por el intendente que concluyó su mandato en diciembre de 2019.
Se refiere al tiempo transcurrido desde que la actora se encontraba usufructuando el módulo 7 desde el recibo de agosto de 2019 y que se dispuso a partir de enero de 2020 liquidar los haberes al módulo 4 y por ello que el tiempo transcurrido no permite que se consolide la situación. Dice que la situación fue corregida en tiempo oportuno.
Fundó en derecho y ofreció la prueba que hace a su derecho. Hizo reserva del caso federal.
Con posterioridad la parte actora contesta el traslado del hecho nuevo en PE 541087/2022 y pide su rechazo por cuanto sostiene que no constituye un reconocimiento de lo reclamado en autos y acompaña una copia del Decreto de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante Nº 058 PHCD/2022 que dispone la promoción al módulo 7 (siete) a la agente DE LA COLINA, Verónica Pamela, Legajo Personal Nº 4364- DNI 29.294.186 a partir del 01 de mayo de 2022. Tras recordar que la actora pasó a desempeñare en diciembre de 2019 en el HCD de Caleta Olivia razona que el decreto acompañado de ninguna manera implica un reconocimiento explícito por parte de la demandada de lo reclamado en la demanda por cuanto no es dictado por la Municipalidad de Caleta Olivia ni tampoco es un instrumento firmado por el Sr. Intendente de Caleta Olivia o algún funcionario municipal. Hace hincapié que el Decreto del HCD promueve a la actora a partir del 21/mayo/2022 y no en forma retroactiva o sea que no abarca lo aquí reclamado. Y señala que ese decreto hace presumir que anteriormente no existió el instrumento legal que dispusiera la promoción al módulo 7 de la actora, como se sostuvo en el responde. Y que ahora, a partir del 21/5/22 el HCD, como actual empleadora, remedió esta situación. Concluye que no existió con anterioridad el instrumento que la promoviera y por otro lado la actora no usufructuó ese módulo. Pide se rechace este hecho nuevo.
VI. Que así trabada la litis se abre la causa a prueba en PE 242298/2021 y se ordena la producción de la pertinente ofrecida por las partes. Producida la obrante en autos y sustanciado el hecho nuevo referido más arriba y luego de la cuestionada reasunción de la jurisdicción por parte del Dr. Franco Villalón Lescano no obstante su excusación, se fija la audiencia del art. 70 de la ley 1444 las partes hacen del derecho de alegar sobre el mérito de la prueba, la actora en PE 944922/2023 y la demandada en PE 976899/2023. La sentencia en PE 1166248/2023 que fuera nulificada al responder a la primera cuestión había admitido parcialmente la demanda.
Con posterioridad la sentencia es apelada por la demandada en PE 1262346/2024 donde funda su recurso, que le es concedido en PE 778203/2024 libremente y con efecto suspensivo. En la misma providencia corre traslado de los agravios que no son contestados por la actora. En PE 1301336/2024 se ordena la elevación que se materializa con la certificación de estilo en PE 1315205/2024. En PE 1326095/2024 se integra Cámara con el Dr. Alonso. No obstante tratarse de un juicio laboral la actora en PE 1327331/2024 me recusa sin causa, que el 22 de mayo de 2024 en PE 1383013/2024 es rechazada. En PE 1390412 se firma el llamado de autos a sentencia y se establece el orden de estudio. Con la asunción del Dr.
Horacio Fernández el tribunal queda integrado con él. El apoderado de la demandada se agravia como señalara en PE 1262346/2024 por cuanto no se respetó el Escalafón para el Personal de la Municipalidad de Caleta Olivia haciendo referencia al capítulo III de la carrera escalafonaria y las condiciones que se determinan en los capítulos respectivos a cada agrupamiento (arts. 7 y 8) y con sujeción a lo establecido en el Estatuto perteneciente al personal de la MCO. Hace hincapié en que en autos no se ha acreditado que la actora haya alcanzado las condiciones que determinan el agrupamiento administrativo. Señala que en el caso concreto la actora ostentaba el módulo 7 que se encuentra sólo reservado para el personal superior conforme el art. 11 del escalafón Municipal conf.
Ordenanza 1575 y sus modificatorias. Remarca que el art. 12 de la misma establece que “el ingreso al agrupamiento será por concurso” aspecto no demostrado en autos. Agrega que por otra parte el art. 14 de la misma norma dice: “La promoción de un módulo a otro superior en este agrupamiento se hará previo concurso y acreditación de las condiciones que la reglamentación determine y siempre y cuando exista la vacante respectiva” circunstancia que no acontece en autos. Indica que la actora se ufana de ostentar una situación de revista que, conforme la carrera del personal Municipal no cumple con los requisitos. En una segunda vertiente impugnativa se agravia su mandante porque el sentenciante considere que las designaciones del personal emanados por la Municipalidad revistan el carácter de permanente cuando transcurren seis meses de su designación.
Indica que el art. 11 prevé: “El nombramiento del personal permanente tendrá carácter previsional durante los seis primeros meses de servicios efectivos al término de los cuales se transformará automáticamente en definitivo cuando el agente haya demostrado idoneidad y condiciones para las funciones del cargo conferido y cumplimiento de las disposiciones del Capítulo III. En caso contrario y no obstante haber aprobado el examen de admisión, quedará revocado el acto que dispuso su ingreso. Argumenta como aspecto importante a destacar que en autos no existe constancia alguna que la actora haya aprobado examen de idoneidad, requisito ineludible a fin de adquirir el carácter permanente, toda vez que como se dijo ut supra el ingreso, acceso y promoción se realiza mediante concurso cuya realización no ha quedado acreditada en autos.
VII. Que la demandada en su responde pone énfasis en la naturaleza administrativa de la relación entre el empleado Municipal y la Municipalidad y lo dispuesto por el art. 2 inc. a) de la LCT cuando establece:
“art. 2 Ámbito de aplicación…. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables: a) A los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o municipal, excepto que por un acto expreso se las incluya en la misma o en el régimen de Convenciones colectivas de trabajo….”
Como señala el recurrente y es de público conocimiento, la relación de los trabajadores con la administración pública se rige por el derecho administrativo y el derecho constitucional que nace del art. 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto protege del despido arbitrario al trabajador en el ámbito privado mientras acuerda estabilidad al empleado público. Recuerdo saliendo de la cuestión en análisis que esa especial protección del empleado público encuentra su razón de ser en la necesidad de eliminar la facultad discrecional del poder público, protegiendo a los dependientes de la administración de la arbitrariedad estatal donde los empleados se convierten en un botín electoral, y evitar las cesantías en masa en ocasión de los cambios de gobierno. En ese sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció la concepción que la estabilidad propia del empleado público está consagrada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Si bien los empleados públicos no se encuentran incluidos en la LCT gozan de otros beneficios reglamentarios establecidos en este caso, como señalara más arriba, por el Escalafón para el Personal de la Municipalidad de Caleta Olivia que fuera aprobado por Ordenanza Municipal 1575/94 y por el Estatuto para el personal de la Municipalidad de Caleta Olivia aprobado por Ordenanza Municipal 1524/94. Luego el 30 de abril de 2015 el Honorable Concejo Deliberante por decretos 005/15 y 006/15 aprobaron los textos ordenados de estas ordenanzas de 1994. A ellos me referiré y apoyaré mi voto. Volviendo sobre el caso de autos fue de público conocimiento que en diciembre de 2019 asumió una nueva Administración Municipal. Es también de público conocimiento que existe una conducta abusiva muy común en las administraciones que dejan la función, tal la corruptela (entre otras que no vienen al caso) de pasar graciosamente como el acto de un monarca, a planta permanente a los contratados o respecto de los de planta ascenderlos de categoría en el caso de módulos, esto último fuera de las reglas de las normas de los escalafones al personal que le fue afín. Y con esta mirada introducida por la demandada en el escrito de contestación de demanda veamos lo ocurrido en autos examinando las probanzas de autos.
La contestación del oficio obrante en PE 367739/2022 es clara y aparentemente concluyente al informar respecto de los módulos percibidos por periodos y área de desempeño de Verónica Pamela De la Colina que:
“d) No existe constancias de haberse dictado un Decreto Municipal y/o Acto Administrativo disponiendo el aumento de Módulo de la agente municipal a la categoría 6 y 7…”
Aunque la carga de acreditar de la regularidad y legalidad siguiendo los pasos reglamentarios de los aumentos de módulo, ante la negativa formulada por la demandada, correspondía a la actora por los principios procesales de la carga de la prueba (art. 355 del CPCC por envío de la ley 1444 en su art. 121) fue la demandada quien aportó la prueba. Este informe no fue cuestionado por la actora.
Pero no obstante la aparente fortaleza de la negativa de haberse dictado un decreto o acto administrativo que convalidara la promoción de módulos en la actora ese informe es refutado por otra prueba aportada por la actora y acompañada por la Municipalidad. Me refiero a la copia fiel del legajo de la actora confeccionado por la Municipalidad como Nº 4363. En este instrumento en la tercera página al detallarse los servicios en la Dirección se hace referencia:
“01/02/2017 Dto.38/17 por la que se la designa como Directora de Comunicaciones y Medios-Supervisión de Prensa Dependencia de Intendencia, personal de planta Permanente con módulo 6 quien pasará a subrogar el módulo 7 del Escalafón Municipal, continuando con la percepción de los adicionales por función administrativa. Abónese a partir del 1/2/17 el adicional función jerarquizada (Directora)Memorándum Nº016/DEM/MCO/2017”
Y a renglón seguido se consigna:
“04/12/2019 Decreto PHCD Nº 182-2019 Incorpórase a partir del 4 de diciembre de 2019 P.P.P. Módulo 7 del Honorable Concejo Deliberante quien pertenecerá al agrupamiento administrativo desempeñándose como administrativa en la Secretaría de Prensa y Protocolo de este Honorable Cuerpo”
Como se advierte del legajo de la actora surgiría existirían actos administrativos que respaldan la posición de la actora, no obstante lo informado por la contestación del oficio incorporada como PE 367739/2022.
Y la propia demandada agregó a autos este legajo, en respuesta a un oficio librado en autos conforme ofrecimiento de prueba de la actora. Y este legajo no fue impugnado por la demandada por lo que debemos negar veracidad a la contestación del Oficio de PE 367739/2022 en cuanto niega que existan constancias de Decreto Municipal y/o acto administrativo disponiendo el aumento de módulo de la agente municipal a la categoría 6 y 7.
En este caso la Municipalidad se ha comportado como ese monstruo mitológico bicéfalo donde una de sus cabezas no sabe lo que hace la otra y, si lo sabe, no se ponen de acuerdo.
¿Qué ha pasado? No hubo comunicación o alguien se excedió en sus facultades suscribiendo un acto administrativo por fuera de sus facultades, incurriendo en una irregularidad como se sostiene en el escrito de responde. Pero, no corresponde en este juicio ingresar al examen de la regularidad y legitimidad de los actos administrativos a que se consignan en el legajo Nº 4363 correspondiente a la actora, pues no hace al objeto de la litis y por otro lado en esa discusión debió oírse a quien habría incurrido en ellas. La legitimidad de esos decretos debe discutirse en otro ámbito. Este aspecto, que había sido advertido por el Dr. Franco Villalón Lescano, no fue objeto de crítica concreta y razonada al sostenerse el recurso de la demandada atacando este mismo considerando.
Y, frente a esta conclusión, se desprende que la demandada trasgredió el procedimiento administrativo cuando recurrió a rebajar al módulo 4 a la actora sin darle la oportunidad de demostrar la existencia de actos administrativos que justificaran su promoción al módulo 7 y el cobro de los haberes correspondiente a esa categoría incurriendo así en un ejercicio abusivo del ius variandi que no se justificó en autos y que recién fue solucionado por la municipalidad cuando la actora vuelve a ser promovida al módulo 7 como se denunció en el hecho nuevo de autos referido más arriba. Ergo, resulta procedente el reclamo formulado por la parte actora por el cobro de las diferencias salariales entre lo percibido y lo que debió percibir si se hubiera respetado la categoría y remuneración o desde cada mensualidad desde la rebaja de categoría, y hasta su reposición en el módulo 7 el día 01/5/22, es decir comprensivo de diferencias de SAC, aumentos, premios u otros conceptos dejados de percibir. La reposición en el módulo 7 fue corregida por la demandada por lo que el reclamo se vuelve abstracto. Por la dificultad de calcular el importe del crédito resultante a favor de la actora, éste deberá ser liquidado por el Gabinete Contable de este tribunal. Para realizar esta operación el Gabinete contable tomará en cuenta los recibos acompañados a autos y las sumas percibidas durante la degradación soportada por la actora a cuyo efecto las partes deberán acompañar los recibos faltantes. A esos fines las partes y el Sindicato de Empleados Municipales de Caleta Olivia deberán aportar también las escalas salariales y/o recibos de sueldo de agentes municipales de igual categoría y módulos correspondientes al periodo en que duró la disminución de categoría. Cualquiera de las partes podrán aportarlos y se estará al primero que los presente, fijándose el plazo de 20 días para aportar estos elementos, bajo apercibimiento de astreintes y de resolver con los elementos que aporte la actora. Ello para establecer la diferencia entre lo percibido y lo que se debió abonar si hubiera conservado su situación. El otro objeto de la demanda como se señaló se ha vuelto abstracto conforme surge del hecho nuevo.
Queda por establecer la tasa a utilizar para actualizar el crédito reclamado. Es conocida en el foro la disidencia que mantengo con mi distinguida colega que debía ser dirimida por los miembros de la Cámara Criminal como subrogantes en posiciones distintas pero todas respetables como toda opinión, y que ahora deberá ser dirimida por el nuevo integrante de este tribunal. Personalmente comparto el criterio a favor de la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina que finalmente fuera establecido por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia en los autos “Díaz c/ Provincia de Santa Cruz s/ laboral” y mantenido en “Ojeda, Sandra Fabiana c/ Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz s/ cobro de pesos” y en Farrel, Francisco Norberto c/ Laperchuc, Raúl Osvaldo s/ laboral” y recientemente en autos “Varas, Enriqueta Margarita c/ Pardo, Antonio Balois y otro s/ laboral cobro de pesos” Prot. Elec. TSS 1 003 S211 entre otros (ver las sentencias del TSJ registradas en: TSJ t. XX-reg.676 fº3922/3927; TSJ t. XX reg. 674; TSJ t. XX reg. 667; TSJ t. XIX reg. 644 donde nuestro Alto Tribunal resolvió distintos recursos de casación en consonancia con la Corte Suprema de Justicia in re “Palmieri, Leonardo Fabio c/ Estado Nacional s/ ordinario y reiterado en el recurso de hecho en la causa “Mantello; Pablo Mario c/ Fuerza Aérea Argentina s/ ordinario”. Debo reiterar como lo hice en innumerables causas que no se me escapa la realidad económica del país, pero tengo en cuenta que la llamada tasa activa en realidad son varias y como tasas bancarias que son contienen como lo he remarcado siempre, ingredientes ajenos al costo del dinero pues incluyen gastos financieros y administrativos de los bancos al facilitar el dinero, gastos de personal, de la infraestructura, cargas previsionales e impositivas además de los riesgos de los incobrables sobre el interés que pagan a sus depositantes.
Por ello propugno se aplique sobre el crédito que se reconoce la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina desde que cada diferencia se debió acreditar a la actora de cada mensualidad desde la rebaja.
Dejo pues, en lugar de referirme a la justicia de la sentencia (que se declaró nula), a consideración de los integrantes del Acuerdo lo que a mi juicio es la justa resolución del fondo del asunto como nos autoriza el art. 254 del CPCC.
LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VIII. Concuerdo con el preopinante. Asimismo debo señalar que si bien he votado en diferentes pronunciamientos por la utilización de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina como mecanismo de intereses válido, debo analizar el caso al día en que me encuentro escribiendo este fallo. Tal como sostuve en anteriores pronunciamientos (“PACHECO, GRISELDA BEATRIZ C/SUAREZ, GERARDO S/ DEMANDA LABORAL - COBRO DE PESOS” - Expte. Nº 20084 9/5/2024), donde la información que publica oficialmente el INDEC indica que en el año 2023 existió una inflación acumulada mayor al 210% y en lo que va de este año cerca al 65%. En el presente caso la utilización de la Tasa Pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina arroja un mayor importe que la utilización de la tasa activa, por el período de tiempo en que debe realizarse el cálculo. Por esta razón tratándose de un criterio que debe valorarse en beneficio del trabajador, siendo que la tasa de interés propuesta en el voto que antecede resulta más beneficiosa para el trabajador, en el particular habré de adherir al voto que antecede ya que se trata de la tutela de derechos laborales lo que importa prestar una especial atención (arts. 14 bis C. N., 9 y ccs. LCT, arts. 766 y ccs. CCC, 164 y 166 CPCC).- A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
IX. Que a mérito de lo expuesto propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Declarar la nulidad de la sentencia recurrida por haber sido dictada después de haber sido aceptada por el Juez su recusación por encuadrarse en la causal del art. 17 inc. 7º del CPCC. 2º) Resolver el fondo del litigio conforme dispone el art. 254 del CPCC y en consecuencia hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por la Sra. Verónica Pamela DE LA COLINA contra la MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA por cobro de diferencias salariales por rebaja de categoría improcedente correspondientes al período que va desde 01/01/2020 hasta ser repuesta en el módulo el 30/4/2022 dentro de los diez días de aprobada la liquidación que se manda practicar por el Gabinete Contable dependiente de este Tribunal conforme las pautas y con los elementos de autos y los que se deben aportar por las partes establecidas en los considerandos, dentro de los 20 días bajo apercibimiento de astreintes o de resolver con los que aporte la actora, y con más los intereses de cada mensualidad desde la rebaja, que se calcularán a la tasa pasiva promedio mensual que elabora y pública el Banco Central de la República Argentina y declarar abstracta la petición de reintegro en el módulo 7. 3°) Las costas de la instancia se imponen a la demandada por su condición de vencida por el principio objetivo de la derrota del art. 68 del CPCC. 4°) Diferir la regulación de honorarios de primera instancia hasta tanto obre en autos el monto del juicio y regular el honorario del Dr.
Juan Pablo Sulaiman, en esta instancia, como letrado apoderado de la demandada en el 25% de lo que se regule a la representación de la demandada en primera instancia. 5º) Librar oficios al Sindicato de empleados Municipales y requerir de las partes que aporten las escalas salariales y/o recibos de sueldo de agentes municipales de igual categoría y módulos correspondientes al periodo en que duró la disminución de categoría, dentro de los 20 días bajo apercibimiento de astreintes o de resolver con los que aporte la actora, para con ellos remitir los autos al Gabinete para la confección de la liquidación del art. 99 de la ley 1444. 6º) Eximir del pago de la tasa de justicia a la Municipalidad de Caleta Olivia conforme art. 45 inc. a) de la ley de tasa y servicios Nº 3271. 7º) Regístrese, notifíquese con copias a las partes, remítase al Gabinete Contable firme que sea la presente y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen con la liquidación que se manda realizar.
A LA TERCERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
X. Considero la propuesta ajustada a lo debatido y decidido y adhiero a la propuesta.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 12 de septiembre de dos mil veinticuatro.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales jurisprudenciales y doctrinarias y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial:
F A L LA:
1. Declarar la nulidad de la sentencia recurrida por haber sido dictada después de haber sido aceptada por el Juez su recusación por encuadrarse en la causal del art. 17 inc. 7º del CPCC.
2. Resolver el fondo del litigio conforme dispone el art. 254 del CPCC y en consecuencia hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por la Sra. Verónica Pamela DE LA COLINA contra la MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA por cobro de diferencias salariales por rebaja de categoría improcedente correspondientes al período que va desde 01/01/2020 hasta ser repuesta en el módulo el 30/4/2022 dentro de los diez días de aprobada la liquidación que se manda practicar por el Gabinete Contable dependiente de este Tribunal conforme las pautas y con los elementos de autos y los que se deben aportar por las partes establecidas en los considerandos, dentro de los 20 días bajo apercibimiento de astreintes o de resolver con los que aporte la actora, y con más los intereses de cada mensualidad desde la rebaja, que se calcularán a la tasa pasiva promedio mensual que elabora y pública el Banco Central de la República Argentina y declarar abstracta la petición de reintegro en el módulo 7.
3. Las costas de la instancia se imponen a la demandada por su condición de vencida por el principio objetivo de la derrota del art. 68 del CPCC.
4. Diferir la regulación de honorarios de primera instancia hasta tanto obre en autos el monto del juicio y regular el honorario del Dr. Juan Pablo Sulaiman, en esta instancia, como letrado apoderado de la demandada en el 25% de lo que se regule a la representación de la demandada en primera instancia.
5. Librar oficios al Sindicato de empleados Municipales y requerir de las partes que aporten las escalas salariales y/o recibos de sueldo de agentes municipales de igual categoría y módulos correspondientes al periodo en que duró la disminución de categoría, dentro de los 20 días bajo apercibimiento de astreintes o de resolver con los que aporte la actora, para con ellos remitir los autos al Gabinete para la confección de la liquidación del art. 99 de la ley 1444. 6º) Eximir del pago de la tasa de justicia a la Municipalidad de Caleta Olivia conforme art. 45 inc. a) de la ley de tasa y servicios Nº 3271.7º) Regístrese, notifíquese con copias a las partes, remítase al Gabinete Contable firme que sea la presente y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen con la liquidación que se manda realizar. El Dr. Fernández no suscribe la presente por no existir disidencia. FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente- Griselda I.Bard -Jueza de Cámara - Ante Mi: Carolina M. Lima-Secretaria de Cámara. Protocolización: A201033S.241 Tomo: CI Sentencia: 3073 Folio Nº: 014/024 Secretaria: 1
Fin de la sentencia