Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-860/22-IMC-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora en PE599824-2022.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: C-860/22-IMC-TSJ Sentencia N°: 1144 Actor: COLIVORO COLIVORO CARLOS MAURICIO Demandado: MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 08/04/24 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1144 FOLIO Nº 3712/3714 PROT. ELECT. TSS1 001 C.241
Río Gallegos, 8 de abril de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “COLIVORO COLIVORO CARLOS MAURICIO C/ MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº C-860/22-IMC-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de la medida cautelar solicitada por la parte actora en las actuaciones principales (PE599824-2022).-
En ellas, dicha parte promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Río Gallegos: “...con el objeto que se ordene la adjudicación del inmueble identificado como Parcela 3 de la Manzana 856 Sección B Circunscripción II ubicado en calle Liniers N° 1879 de la ciudad de Río Gallegos, con destino a vivienda familiar de conformidad con los extremos del Decreto Municipal N° 4.266/19.”, en atención a su condición de poseedor del inmueble sobre el que ha realizado mejoras. Señala que ante el silencio de la accionada a sus peticiones de adjudicación, promueve la demanda (cfr. PE cit., págs. 1 y 2). Asimismo, solicita como medida cautelar de no innovar se ordene: “…la indisponibilidad del inmueble objeto de litigio por parte de la Municipalidad de Río Gallegos...” (cfr. PE cit., pág. 4). Para un mejor ordenamiento procesal se dispuso la formación del presente incidente en PE410121-2022.- En sustento de la cautelar sostiene que: “La presente acción encuentra fundamento en que la aplicación de un decreto viciado de nulidad, que surge claramente de los hechos y derecho expuesto y tiende a impedir que los derechos cuyo reconocimiento se pretende obtener a través de la presente acción, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo de la sentencia definitiva; más allá que la doctrina y la jurisprudencia sostienen que alcanza con ‘la simple apariencia de verosimilitud del derecho, a cuyo efecto el procedimiento probatorio es meramente informativo y sin intervención de la persona contra la cual se pide la medida’... Sin perjuicio de ello, cabe destacar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre esta cuestión, se pronunció exigiendo solamente la mera verosimilitud del derecho pretendido.”. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; como así también menciona la Ley N° 23.592, amparándose en el artículo 16 de la Constitución Nacional (cfr. PE599824-2022, págs. 4/5).- Asimismo, afirma que: “Esta cautelar se solicita hasta que el Excmo. Tribunal se expida sobre la clara nulidad del acto administrativo, ya que de otra forma el perjuicio que se me causaría resultaría irreparable.” (cfr. PE cit., pág. 5).-
Finalmente sostiene que en su caso se dan los requisitos de las medidas cautelares: verosimilitud del derecho, pues es poseedor del inmueble además de discapacitado; peligro en la demora, por el perjuicio económico que supondría ser desposeído de la tierra y afirmando que no afecta el interés público (cfr. PE cit., pág. 6).- Sustanciada la petición, conforme art. 25 del CPCA, Ley Nº 2600, es contestada por la Municipalidad de Río Gallegos, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Gonzalo Darío Chute, solicitando el rechazo de la medida cautelar peticionada (cfr. PE661184-2022, CTR00006972.pdf).-
Afirma que dicha medida resulta improcedente, en razón de que: “...el terreno de mención ubicado en Parcela 3 de la MZ 856 sección B Circ III- Liniers N° 1879, ha sido solicitado y adjudicado en venta al Sr. Arias Omar siendo el accionante usurpador del terreno en cuestión ya que no se informa documentación que avale la presunta compra efectuada por su padrastro, y por ende se encuentra excluido del registro único de solicitantes de terreno fiscal, ello independiente que un terreno fiscal municipal no se puede venderse (sic) ya que no es propiedad del contribuyente Arias hasta que no se encuentre escriturado y con título de propiedad, lo que no consta del Expediente 4451/95. El accionante no cumplió con las obligaciones que se encuentran enumeradas taxativamente en la Ordenanza N. 6477, y que resulta de cumplimiento obligatorio para todos los peticionantes y adjudicatarios de tierra fiscal dentro del ejido de la Municipalidad de Río Gallegos, ya que solicitó terreno por primera vez el día 12/10/2021 mediante nota 276/21 en el cual requiere un terreno en el Barrio San Benito, para luego de 10 días el 22/10/2021 presentarse nuevamente solicitando el terreno de Liniers 1879, afirmando que vive en el lugar desde el 2015. Siendo así, resulta que el accionante no ha acreditado la buena fe ni en sus presentaciones ni a (sic) acreditado buena fe en la posesión que alega sobre el terreno de Liniers 1879, siendo que el mismo resulta adjudicado al Sr. Arias Omar quien inició el Expte. 4451/95, y fue adjudicado en venta por Decreto N° 4579/11, el mencionado es casado en primeras nupcias con la Sra. Barría Sonia del Carmen y se encuentra fallecido desde el año 2016, información incorporada por el accionante en presentación de fecha 07/01/2022, por lo cual no puede afirmar que el terreno se encuentra abandonado o disponible para adjudicarle. De la documentación compulsada y de las inspecciones efectuadas, este Municipio tomó conocimiento del fallecimiento del Sr. Arias, pero no obra boleto de compraventa ni cesiones fehacientes, efectuadas por [el] mencionado ni su cónyuge a favor del accionante, por lo cual se infiere que este no posee de buena fe.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 2/3).- Corrido el traslado a la parte actora de la documental acompañada por la demandada (cfr. PE423703-2022), no fue contestado por dicha parte (cfr. certificación PE434505-2022).-
En PE698292-2022 contesta vista el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo, expidiéndose en sentido negativo, dictaminando que no debe hacerse lugar a la medida cautelar peticionada (cfr. PE cit., pág. 2).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE444356-2022.-
II. Que, ingresando al tratamiento de la cuestión planteada, y atendiendo al carácter cautelar de la medida peticionada resulta menester efectuar el análisis de la concurrencia o no de los presupuestos genéricos de toda medida cautelar, y en el caso los específicos, ello en orden a lo normado por el artículo 25 y siguientes del CPCA, Ley N° 2600, a los fines de meritar su procedencia.- En cuanto al primero de los presupuestos, el de la verosimilitud del derecho, es oportuno considerar que para derrumbar la presunción de legitimidad, aquella debe emerger con indiscutible nitidez (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1134, Folio 3665/3668), lo cual, en principio, no se advierte en el caso de autos.- Es que: “...si para emanar la medida cautelar fuese necesario un conocimiento completo y profundo sobre la existencia del derecho, esto es, sobre el mismo objeto en relación al cual se espera la providencia principal, valdría más esperar ésta y no complicar el proceso con una duplicidad de investigaciones que no tendrían ni siquiera la ventaja de la prontitud.
Por ello aquéllas deben ‘contentarse, en lugar de con la certeza, que solamente podría lograrse a través de largas investigaciones, con la apariencia del derecho, que puede resultar a través de una cognición mucho más expeditiva y superficial que la ordinaria’ (summaria cognitio). Y a modo de conclusión: ‘la cognición cautelar se limita en todos los casos a un juicio de probabilidades y de verosimilitud. Declarar la certeza de la existencia del derecho es función de la providencia principal: en sede cautelar basta que la existencia del derecho aparezca verosímil, o sea, para decirlo con mayor claridad, basta que, según un cálculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia principal declarará el derecho en sentido favorable a aquel que solicita la medida cautelar’...De lo que llevamos expuesto hasta aquí es posible sintetizar las pautas que rigen el punto: 1) No es un juicio de certeza sino de probabilidades el que precede al otorgamiento de la medida cautelar. 2) Aquél debe entenderse como la posibilidad de que quien solicita la medida triunfe en su pretensión principal.” (cfr.
De Lazzari, Eduardo N., “Medidas Cautelares”, 3a. Edición, Ed. LEP, La Plata, 2000, Tº II, págs. 339/340).- Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha recordado siempre que todo sujeto que pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida precautoria debe acreditar prima facie la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifiquen resoluciones de esa naturaleza (Fallos: 344:355; 344:759; 344:1033; 344:1051). Y ha precisado que las medidas cautelares no exigen el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo de su verosimilitud, ya que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fallos: 338:802; 338:868; 340:757; 342:1417).- Manifestado ello, surge con meridiana claridad que el primero de los presupuestos no se observa cumplimentado en el caso de autos, pues no aparece como probable el derecho invocado.-
Respecto del segundo de los presupuestos, el peligro en la demora, en consonancia con lo expuesto y analizadas las constancias de autos, surge con precisión que no existe un peligro inminente, o de tal gravedad que amerite el dictado de la cautelar que se peticiona, y mucho menos que el mismo sea irreparable ulteriormente. Así se ha sostenido que: “…‘...Por lo general el peligro en la demora resulta de las circunstancias del caso y no requiere prueba, quedando su apreciación al arbitrio del juez. Si se trata de un acto de autoridad, en cambio, debe ser irreparable, pues prevalece el orden público, que califica el carácter restrictivo de la interpretación ... (CNCiv., Sala B, ED, t. 93, p. 603)…’.
También se considera que ‘…El juez por otra parte, para valorar el peligro en la demora debe tener en cuenta la solvencia de la parte demandada, habiéndose señalado que si es notoria, por lo que resulta remoto el peligro de que el actor pueda verse privado de los resarcimientos a los que tuviera derecho, no procede la prohibición de innovar (CNCiv., Sala A, LL, t. 125, p. 105)…’ (citas de Martínez Botos, ‘Medidas Cautelares’, Edit. Universidad, 4ta edición, p. 322).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XII, Reg. 784, Folio 2215/2218).- Al respecto, no debe dejar de ponderarse la necesidad de distinguir las cuestiones de naturaleza estrictamente patrimonial de aquéllas que no lo son; destacando que en las primeras, la carga de acreditación del peligro que acarrea la ejecución del acto impugnado será mayor que cuando se trate de las segundas (cfr.
De Lazzari, Eduardo N., ob. cit., pág. 341) (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIV, Reg. 900, Folio 2636/2639).- Es por ello que la situación que surge de los presentes, en definitiva no generaría al actor un perjuicio de imposible o difícil reparación (cfr. TSJ, Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XI, Reg. 722, Folio 2036/2037; Reg. 743, Folio 2096/2098; Reg. 760, Folio 2144/2146; XII, Reg. 784, Folio 2215/2218 cit. y XIV, Reg. 900, Folio 2636/2639 cit.).- Analizados los presupuestos genéricos, corresponde recordar los específicos, en este sentido y como oportunamente se sostuviera el carácter excepcional de la medida de no innovar contra la Administración Pública, en este caso el Municipio local, impone la existencia de tres notas: la exigencia de un perjuicio no meramente grave sino irreparable, la prevalencia del interés público en juego cuidadosamente resguardado al decretarla y que no se anticipe -de manera irreversible- el resultado del proceso principal (cfr.
TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos VII, Reg. 500, Folio 1345/1348; VIII, Reg. 515, Folio 1404/1406; XI, Reg. 760, Folio 2144/2146 cit. y XII, Reg. 784, Folio 2215/2218 cit.).-
Por ello, y atendiendo a los extremos invocados por la parte actora, corresponde no hacer lugar a la medida cautelar peticionada, imponiendo las costas en el orden causado en virtud de lo estipulado por al artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.-
Que, en virtud de las consideraciones expuestas, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora en PE599824-2022.-
3. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: C-860/22-IMC-TSJ Sentencia N°: 1144 Actor: COLIVORO COLIVORO CARLOS MAURICIO Demandado: MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 08/04/24 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1144 FOLIO Nº 3712/3714 PROT. ELECT. TSS1 001 C.241
Río Gallegos, 8 de abril de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “COLIVORO COLIVORO CARLOS MAURICIO C/ MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº C-860/22-IMC-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de la medida cautelar solicitada por la parte actora en las actuaciones principales (PE599824-2022).-
En ellas, dicha parte promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Río Gallegos: “...con el objeto que se ordene la adjudicación del inmueble identificado como Parcela 3 de la Manzana 856 Sección B Circunscripción II ubicado en calle Liniers N° 1879 de la ciudad de Río Gallegos, con destino a vivienda familiar de conformidad con los extremos del Decreto Municipal N° 4.266/19.”, en atención a su condición de poseedor del inmueble sobre el que ha realizado mejoras. Señala que ante el silencio de la accionada a sus peticiones de adjudicación, promueve la demanda (cfr. PE cit., págs. 1 y 2). Asimismo, solicita como medida cautelar de no innovar se ordene: “…la indisponibilidad del inmueble objeto de litigio por parte de la Municipalidad de Río Gallegos...” (cfr. PE cit., pág. 4). Para un mejor ordenamiento procesal se dispuso la formación del presente incidente en PE410121-2022.- En sustento de la cautelar sostiene que: “La presente acción encuentra fundamento en que la aplicación de un decreto viciado de nulidad, que surge claramente de los hechos y derecho expuesto y tiende a impedir que los derechos cuyo reconocimiento se pretende obtener a través de la presente acción, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo de la sentencia definitiva; más allá que la doctrina y la jurisprudencia sostienen que alcanza con ‘la simple apariencia de verosimilitud del derecho, a cuyo efecto el procedimiento probatorio es meramente informativo y sin intervención de la persona contra la cual se pide la medida’... Sin perjuicio de ello, cabe destacar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre esta cuestión, se pronunció exigiendo solamente la mera verosimilitud del derecho pretendido.”. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; como así también menciona la Ley N° 23.592, amparándose en el artículo 16 de la Constitución Nacional (cfr. PE599824-2022, págs. 4/5).- Asimismo, afirma que: “Esta cautelar se solicita hasta que el Excmo. Tribunal se expida sobre la clara nulidad del acto administrativo, ya que de otra forma el perjuicio que se me causaría resultaría irreparable.” (cfr. PE cit., pág. 5).-
Finalmente sostiene que en su caso se dan los requisitos de las medidas cautelares: verosimilitud del derecho, pues es poseedor del inmueble además de discapacitado; peligro en la demora, por el perjuicio económico que supondría ser desposeído de la tierra y afirmando que no afecta el interés público (cfr. PE cit., pág. 6).- Sustanciada la petición, conforme art. 25 del CPCA, Ley Nº 2600, es contestada por la Municipalidad de Río Gallegos, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Gonzalo Darío Chute, solicitando el rechazo de la medida cautelar peticionada (cfr. PE661184-2022, CTR00006972.pdf).-
Afirma que dicha medida resulta improcedente, en razón de que: “...el terreno de mención ubicado en Parcela 3 de la MZ 856 sección B Circ III- Liniers N° 1879, ha sido solicitado y adjudicado en venta al Sr. Arias Omar siendo el accionante usurpador del terreno en cuestión ya que no se informa documentación que avale la presunta compra efectuada por su padrastro, y por ende se encuentra excluido del registro único de solicitantes de terreno fiscal, ello independiente que un terreno fiscal municipal no se puede venderse (sic) ya que no es propiedad del contribuyente Arias hasta que no se encuentre escriturado y con título de propiedad, lo que no consta del Expediente 4451/95. El accionante no cumplió con las obligaciones que se encuentran enumeradas taxativamente en la Ordenanza N. 6477, y que resulta de cumplimiento obligatorio para todos los peticionantes y adjudicatarios de tierra fiscal dentro del ejido de la Municipalidad de Río Gallegos, ya que solicitó terreno por primera vez el día 12/10/2021 mediante nota 276/21 en el cual requiere un terreno en el Barrio San Benito, para luego de 10 días el 22/10/2021 presentarse nuevamente solicitando el terreno de Liniers 1879, afirmando que vive en el lugar desde el 2015. Siendo así, resulta que el accionante no ha acreditado la buena fe ni en sus presentaciones ni a (sic) acreditado buena fe en la posesión que alega sobre el terreno de Liniers 1879, siendo que el mismo resulta adjudicado al Sr. Arias Omar quien inició el Expte. 4451/95, y fue adjudicado en venta por Decreto N° 4579/11, el mencionado es casado en primeras nupcias con la Sra. Barría Sonia del Carmen y se encuentra fallecido desde el año 2016, información incorporada por el accionante en presentación de fecha 07/01/2022, por lo cual no puede afirmar que el terreno se encuentra abandonado o disponible para adjudicarle. De la documentación compulsada y de las inspecciones efectuadas, este Municipio tomó conocimiento del fallecimiento del Sr. Arias, pero no obra boleto de compraventa ni cesiones fehacientes, efectuadas por [el] mencionado ni su cónyuge a favor del accionante, por lo cual se infiere que este no posee de buena fe.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 2/3).- Corrido el traslado a la parte actora de la documental acompañada por la demandada (cfr. PE423703-2022), no fue contestado por dicha parte (cfr. certificación PE434505-2022).-
En PE698292-2022 contesta vista el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo, expidiéndose en sentido negativo, dictaminando que no debe hacerse lugar a la medida cautelar peticionada (cfr. PE cit., pág. 2).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE444356-2022.-
II. Que, ingresando al tratamiento de la cuestión planteada, y atendiendo al carácter cautelar de la medida peticionada resulta menester efectuar el análisis de la concurrencia o no de los presupuestos genéricos de toda medida cautelar, y en el caso los específicos, ello en orden a lo normado por el artículo 25 y siguientes del CPCA, Ley N° 2600, a los fines de meritar su procedencia.- En cuanto al primero de los presupuestos, el de la verosimilitud del derecho, es oportuno considerar que para derrumbar la presunción de legitimidad, aquella debe emerger con indiscutible nitidez (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1134, Folio 3665/3668), lo cual, en principio, no se advierte en el caso de autos.- Es que: “...si para emanar la medida cautelar fuese necesario un conocimiento completo y profundo sobre la existencia del derecho, esto es, sobre el mismo objeto en relación al cual se espera la providencia principal, valdría más esperar ésta y no complicar el proceso con una duplicidad de investigaciones que no tendrían ni siquiera la ventaja de la prontitud.
Por ello aquéllas deben ‘contentarse, en lugar de con la certeza, que solamente podría lograrse a través de largas investigaciones, con la apariencia del derecho, que puede resultar a través de una cognición mucho más expeditiva y superficial que la ordinaria’ (summaria cognitio). Y a modo de conclusión: ‘la cognición cautelar se limita en todos los casos a un juicio de probabilidades y de verosimilitud. Declarar la certeza de la existencia del derecho es función de la providencia principal: en sede cautelar basta que la existencia del derecho aparezca verosímil, o sea, para decirlo con mayor claridad, basta que, según un cálculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia principal declarará el derecho en sentido favorable a aquel que solicita la medida cautelar’...De lo que llevamos expuesto hasta aquí es posible sintetizar las pautas que rigen el punto: 1) No es un juicio de certeza sino de probabilidades el que precede al otorgamiento de la medida cautelar. 2) Aquél debe entenderse como la posibilidad de que quien solicita la medida triunfe en su pretensión principal.” (cfr.
De Lazzari, Eduardo N., “Medidas Cautelares”, 3a. Edición, Ed. LEP, La Plata, 2000, Tº II, págs. 339/340).- Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha recordado siempre que todo sujeto que pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida precautoria debe acreditar prima facie la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifiquen resoluciones de esa naturaleza (Fallos: 344:355; 344:759; 344:1033; 344:1051). Y ha precisado que las medidas cautelares no exigen el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo de su verosimilitud, ya que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fallos: 338:802; 338:868; 340:757; 342:1417).- Manifestado ello, surge con meridiana claridad que el primero de los presupuestos no se observa cumplimentado en el caso de autos, pues no aparece como probable el derecho invocado.-
Respecto del segundo de los presupuestos, el peligro en la demora, en consonancia con lo expuesto y analizadas las constancias de autos, surge con precisión que no existe un peligro inminente, o de tal gravedad que amerite el dictado de la cautelar que se peticiona, y mucho menos que el mismo sea irreparable ulteriormente. Así se ha sostenido que: “…‘...Por lo general el peligro en la demora resulta de las circunstancias del caso y no requiere prueba, quedando su apreciación al arbitrio del juez. Si se trata de un acto de autoridad, en cambio, debe ser irreparable, pues prevalece el orden público, que califica el carácter restrictivo de la interpretación ... (CNCiv., Sala B, ED, t. 93, p. 603)…’.
También se considera que ‘…El juez por otra parte, para valorar el peligro en la demora debe tener en cuenta la solvencia de la parte demandada, habiéndose señalado que si es notoria, por lo que resulta remoto el peligro de que el actor pueda verse privado de los resarcimientos a los que tuviera derecho, no procede la prohibición de innovar (CNCiv., Sala A, LL, t. 125, p. 105)…’ (citas de Martínez Botos, ‘Medidas Cautelares’, Edit. Universidad, 4ta edición, p. 322).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XII, Reg. 784, Folio 2215/2218).- Al respecto, no debe dejar de ponderarse la necesidad de distinguir las cuestiones de naturaleza estrictamente patrimonial de aquéllas que no lo son; destacando que en las primeras, la carga de acreditación del peligro que acarrea la ejecución del acto impugnado será mayor que cuando se trate de las segundas (cfr.
De Lazzari, Eduardo N., ob. cit., pág. 341) (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIV, Reg. 900, Folio 2636/2639).- Es por ello que la situación que surge de los presentes, en definitiva no generaría al actor un perjuicio de imposible o difícil reparación (cfr. TSJ, Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XI, Reg. 722, Folio 2036/2037; Reg. 743, Folio 2096/2098; Reg. 760, Folio 2144/2146; XII, Reg. 784, Folio 2215/2218 cit. y XIV, Reg. 900, Folio 2636/2639 cit.).- Analizados los presupuestos genéricos, corresponde recordar los específicos, en este sentido y como oportunamente se sostuviera el carácter excepcional de la medida de no innovar contra la Administración Pública, en este caso el Municipio local, impone la existencia de tres notas: la exigencia de un perjuicio no meramente grave sino irreparable, la prevalencia del interés público en juego cuidadosamente resguardado al decretarla y que no se anticipe -de manera irreversible- el resultado del proceso principal (cfr.
TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos VII, Reg. 500, Folio 1345/1348; VIII, Reg. 515, Folio 1404/1406; XI, Reg. 760, Folio 2144/2146 cit. y XII, Reg. 784, Folio 2215/2218 cit.).-
Por ello, y atendiendo a los extremos invocados por la parte actora, corresponde no hacer lugar a la medida cautelar peticionada, imponiendo las costas en el orden causado en virtud de lo estipulado por al artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.-
Que, en virtud de las consideraciones expuestas, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora en PE599824-2022.-
3. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1001C.241 Tomo: XIX Sentencia: 1144 Folio N°: 3712/3714 Secretaría: 1
Fin de la sentencia