Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-860/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la incompetencia del Tribunal Superior de Justicia para entender en la presente acción.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: C-860/22-TSJ Sentencia N°: 1190 Actor: COLIVORO COLIVORO CARLOS MAURICIO Demandado: MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 19/09/25 TOMO XX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1190 FOLIO Nº 3954/3956 PROT. ELECT. TSS1 047 C.251
Río Gallegos, 19 de septiembre de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “COLIVORO COLIVORO CARLOS MAURICIO C/ MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS S/DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº C-860/22-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que las presentes actuaciones llegan a tratamiento de este Tribunal Superior de Justicia para decidir sobre su competencia para entender en estas actuaciones y, en su caso, examinar la admisibilidad formal de la acción incoada de conformidad con lo establecido por los artículos 67 y 60 de la Ley Nº 2600 y el pedido de citación de terceros efectuado por la parte demandada en PE814347-2023, apartado VI.-
II. El Sr. Carlos Mauricio Colivoro Colivoro, con el patrocinio letrado del Dr. Rubén Darío Martínez inicia demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Río Gallegos, con el objeto que se ordene la adjudicación del inmueble identificado como Parcela 3 de la Manzana 856, Sección B, Circunscripción II, ubicado en la calle Liniers Nº 1879 de esta ciudad (cfr. PE599824-2022, pág. 1).- Aduce que en el marco del Expediente Administrativo Nº 4451/1995 solicitó la adjudicación del inmueble objeto de litis, en virtud de encontrarse habitando el mismo junto a su grupo familiar de manera pública, pacífica e ininterrumpidamente desde el año 2013 (cfr. PE y pág. cits.).-
Añade con relación a ello que: “...en atención a mi condición de poseedor de dicho inmueble sobre el que he realizado las mejoras sin que medie oposición de terceros, y atendiendo al fin social que persigue la propiedad privada, es que solicité a la Municipalidad de Río Gallegos regularice mi situación dominial en fecha 22/01/22, sin recibir respuesta alguna...” (cfr. PE cit., pág. 2).-
III. Que la Municipalidad de Río Gallegos, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Gonzalo Darío Chute, con el patrocinio letrado de la Dra. Karina Astudillo Gallardo, contesta demanda (cfr. PE814347-2023).-
A tenor de los argumentos de hecho y de derecho que esgrime solicita el rechazo de las peticiones efectuadas, con costas, y se cite a los adjudicatarios e interesados al proceso (cfr. PE cit., pág. 1).-
Dice que: “El terreno de mención...ha sido solicitado y adjudicado en venta al Sr. Arias Omar...quien acredita estar casado con la Sra. Barría Cardenas Sonia del Carmen...habiendo abonado el valor de tierra y acreditado...la construcción de una casa...” (cfr. PE cit. pág. 2).-
Desconoce en qué situación el accionante ocupa el terreno en cuestión y afirma que: “...no se incorpora documentación que avale la presunta compra y posterior cesión invocada, debiendo ser considerado un usurpador, ya que no se encuentra autorizado para tramitar el cambio de la adjudicación, ello independientemente que un terrero fiscal municipal no se puede venderse (sic) ni cederse ya que no es propiedad del adquiriente hasta que no se encuentre escriturado y con título de propiedad, trámite que aún no concluye el Sr. Arias, su condómina y/o sus descendientes.” (cfr. PE y pág. cits.).- Reitera que: “El accionante no incorpora documentación alguna emitida por el adjudicatario original Sr. Arias Omar, ni su cónyuge...o sus herederos por la cual se avale mínimamente la posesión legítima que intenta hacer valer...no acreditando, ni someramente, legitimación alguna para peticionar ante nuestro mandante la regularización de la situación dominial de la parcela adjudicada al Sr. Arias y la Sra. Barría Cárdenas.” (cfr. PE cit., págs. 2/3).- Sostiene que: “El adjudicatario Sr. Arias Omar no cumplió todavía con las obligaciones emergentes de la adjudicación, que se encuentran enumeradas taxativamente en la Ordenanza Nº 2639...abonando solamente el valor tierra, no habiendo incorporado mensura ni planos, ni mucho acreditar tener las obligaciones cumplidas, por lo cual el terreno en cuestión sigue siendo fiscal y de disponibilidad de nuestro mandante.” (cfr. PE cit., pág. 3).- Esboza que: “...para el caso hipotético que la adjudicación se encontrare abandonada por sus titulares, y ningún heredero la reclamase, la parcela debería ser desajudicada y adjudicada nuevamente, respetando la lista de espera de postulantes a terreno fiscal según el puntaje y la antigüedad asignada.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Seguidamente solicita la citación al proceso del Sr. Omar Arias (presuntamente fallecido), de su esposa Sra. Sonia del Carmen Barría Cárdenas y su hija Melisa Arias (cfr. PE y pág. cits.).-
IV. El Sr. Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia, contesta vista señalando que: “...el reclamante no ha agotado la vía administrativa, como tampoco hay un acto administrativo que pueda ser objeto de impugnación [...] esta Fiscalía entiende que al no encontrarse agotada la vía administrativa no se encuentra formalmente habilitada la vía contencioso administrativa, debiendo ese Alto Cuerpo declarar inadmisible dicha pretensión, en función de lo previsto en el art. 61 inc. d) de la ley 2600.” (cfr. PE861955-2023, pág. 2).- Los presentes pasan al Acuerdo en PE544228-2023.-
V. Luego de reseñada brevemente la cuestión que suscitara la promoción de estas actuaciones y los planteos de las partes, debemos analizar liminarmente, la competencia de este Tribunal para entender en autos.-
Al respecto debe recordarse que el artículo 67 del CPCA, Ley Nº 2600, dispone que la incompetencia, si no se hubiere opuesto como excepción deberá ser declarada por el Tribunal como primera resolución que dicte.-
Ahora bien, la asignación de competencia debe efectuarse tal como lo ha sostenido este Alto Tribunal en base a la propia naturaleza de la demanda y con apoyo en los hechos expuestos en la misma, ya que estos constituyen el sustento de la pretensión que la parte actora propone a decisión con relación al derecho sustancial reclamado (cfr. Interlocutorio, Tomo IV, Reg. 416, Folio 692/693).- En el concreto caso de autos el accionante solicita que se ordene la adjudicación del inmueble identificado como Parcela 3 de la Manzana 856 Sección B, Circunscripción II, ubicado en la calle Liniers Nº 1879 de esta ciudad, sin cuestionar la virtud de actos administrativos que pudieran haberle generado derechos a su favor, y que lo obligara a transitar el presente ámbito jurisdiccional para obtener un pronunciamiento de reconocimiento de sus derechos.- El Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo Provincial (Ley Nº 2600), estatuye las causas que se consideran de competencia contencioso administrativa en sus artículos 1º y 2º, entre las cuales no se encuentra incluida la pretensión objeto de autos.-
Sumado a ello la normativa descripta también establece que, para la promoción de las acciones reguladas en dicha ley es necesaria la existencia de una decisión administrativa definitiva y que cause estado (cfr. art. 5 del CPCA).-
El acto administrativo está caracterizado como el resultado de una función administrativa estatal. Se trata de una decisión general o especial emanada de una autoridad administrativa en ejercicio de sus propias funciones sobre derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de los particulares. Así entonces, cuando de la autoridad administrativa provenga un acto de voluntad, tácita o expresamente enunciado, con carácter general o particular, en el ejercicio del poder inherente a su competencia y encaminado a la consecución de un fin concreto; puede entonces, considerarse que existe un acto administrativo que como tal, goza en su favor de una presunción de legitimidad que le otorga fuerza ejecutoria y hace posible su aplicación, con las excepciones legalmente admitidas (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo Reg. 799, Folio 2269/2272). Como puede verse, el acto administrativo es pues, la expresión de la voluntad de la administración pública en el ejercicio de sus funciones, que se exterioriza atendiendo a la diversidad de situaciones que puedan presentarse y por medio de instrumentos específicos tendientes a tal fin.- Roberto Enrique Luqui nos ilustra que, si no existe acto administrativo que impugnar, no habrá vía administrativa que agotar. El agotamiento de la vía administrativa supone siempre la existencia de una decisión de la administración o de un comportamiento que exprese una voluntad productora de efectos jurídicos directos (cfr. autor cit., “Revisión Judicial de la actividad administrativa, Juicios contencioso administrativos”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2005, pág. 94). Es de la esencia de la jurisdicción que exista una contienda de interés protegidos por el derecho, y donde no hay acto resolutorio, tampoco puede existir derecho vulnerado por una decisión administrativa (cfr. autor y ob. cits., pág. 291).- De las constancias de autos se aprecia entonces que no existe un acto emanado del Ejecutivo Municipal que haya causado estado, y mucho menos que tenga aptitud para vulnerar o lesionar un derecho subjetivo emanado de una disposición administrativa establecida con anterioridad a favor de la parte actora.-
De la actividad desplegada por la demandada -en el marco del pedido formulado por la accionante en sede administrativa-, reiteramos, no se advierte la existencia de acto administrativo alguno. Indudablemente que la falta de respuesta de la Municipalidad a las notas presentadas por la accionante en modo alguno puede asignársele el carácter pretendido por la actora para fundamentar su líbelo de presentación.- Entonces, le asiste razón a la Municipalidad de Rio Gallegos, cuando sostiene la inexistencia de documentación que avale la presunta compra y posterior cesión del inmueble objeto del proceso y por ende de un acto administrativo que habilite la instancia judicial en lo contencioso administrativo.-
En definitiva, de las consideraciones expuestas se concluye que la presente acción no solo no constituye materia contencioso administrativa en virtud de la asignación dispuesta en el artículo 132, inc. 2) de la Constitución Provincial y lo prescripto en los artículos 1º y 2º del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, sino que además, al no atacarse actos administrativos alguno emanados de la Municipalidad de Río Gallegos, este Alto Cuerpo debe declarar la incompetencia en razón de la materia, con imposición de las costas por su orden, de conformidad a lo prescripto por el art. 90 del CPCA, Ley Nº 2600 y difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Atento la incompetencia declarada, este Tribunal Superior de Justicia se encuentra impedido de expedirse con relación a la admisibilidad de la acción y el pedido de citación de terceros efectuado por la parte demandada en PE814347-2023, apartado VI.-
Por todo lo expuesto, jurisprudencia y normas legales citadas, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo.Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar la incompetencia del Tribunal Superior de Justicia para entender en la presente acción.-
3. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
Fdo. Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-, Dra. Romina Vanessa Saul -Vocal Subrogante- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1047C.251 Tomo: XX Sentencia: 1190 Folio N°: 3954/3956 Secretaría: 1
Fin de la sentencia