Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2026-39708224-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 20 de Abril de 2026 En el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala "C" del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación), para resolver el expte. 42.053-I y su acumulado 42.057-I caratulado “LAS COLONIAS S.R.L. s/ recurso de apelación”:
El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 21/41vta. y fs. 122/146 se interpusieron recursos de apelación contra las siguientes resoluciones: a) Res. 309/2014 que estableció el débito y crédito fiscal del impuesto al valor agregado (en adelante IVA) de los períodos 4/2008 a 3/2009, como así también el saldo a favor de la actora del período anterior al inicio de 4/2008, resultando un salto técnico también a su favor correspondiente a 3/2009. Asimismo, se computó el saldo a favor del contribuyente del período anterior, del segundo párrafo del art. 24 de la LIVA al inicio de 4/2008 y se le adicionaron retenciones y percepciones correspondientes a los períodos 4/2008 a 3/2009; y b) Res. 308/2014, que determinó de oficio el impuesto a las ganancias (en adelante IG) del ejercicio fiscal 2009, intimó su pago con más los intereses correspondientes y aplicó una multa graduada en tres veces el impuesto defraudado (cfrme. arts. 46 y 47, inc. “b”, ley 11.683).
II. Que la recurrente señaló que el juez administrativo ignoró las pruebas que ofreció por considerarlas insuficientes. Expuso que las objeciones efectuadas por el fisco -falta de presentación de DDJJ, falta de acreditación de los fondos, etc.- escapan a su posible y exigible control, resultando ajenas a la investigación de la materia imponible. Insistió en la producción de las pruebas rechazadas. Solicitó la nulidad de los actos recurridos por falta de causa, al carecer de circunstancias de hecho y de derecho que justifiquen su dictado.
Cuestionó que el fisco invoque la falta de inscripción o presentación de DDJJ del Sr. Helmut Ditsch, para presumir su falta de capacidad económica, para luego reconocer que sus actividades fueron dadas de baja por cese de las mismas.
Manifestó que se le atribuyeron en forma arbitraria responsabilidades tributarias por presuntas actitudes u omisiones de otros sujetos y que ello debe ser materia de fiscalización en cabeza del Sr. Ditsch. Recordó que la responsabilidad tributaria de cada contribuyente nace y muere en el análisis particular y subjetivo del accionar de ese contribuyente, no cuestionándose acto alguno por inferencia del accionar de un tercero.
Hizo hincapié en que la Administración incumple su función fiscalizadora al pretender que la sustituya en tareas que son propias de aquélla. En este sentido, entendió que no le corresponde acreditar la capacidad económica del presunto aportante, o si el mismo cumple con sus deberes ante la Administración. Resaltó que Las Colonias S.R.L. cumplió con las obligaciones impositivas relativas a las operaciones cuestionadas. Respecto de los aportantes, detalló que presentó un acta de socios con invitación a la familia Ditsch a participar de un proyecto de trabajo para capitalizar la empresa, se solicitó que los aportes se realizaran por vía bancaria, habiéndose contabilizado las operaciones. Remarcó que la Administración no puede legítimamente considerar que los aportes efectuados son un incremento patrimonial no justificado en base a meras ficciones y subrayó que se invirtió ilegítimamente la carga probatoria.
Puso de relieve que el fisco no requirió dato alguno al Sr. Ditsch o que se demostrara la existencia de fondos en el extranjero. Agregó que acompaña copia del extracto bancario de su cuenta en el extranjero de 2/2008 con un saldo de 335.598,37 euros.
A los efectos de demostrar el traslado del dinero, recordó que el Sr. Ditsch manifestó haberlo ingresado en cada viaje que realizó. En este sentido, explicó que el Sr. Ditsch viaja asiduamente a nuestro país y las normas prevén el ingreso de hasta U$S 10.000 sin declarar por viaje.
Planteó que no le corresponde contestar cómo los euros se convirtieron en dólares, pues ello debe ser contestado por el Sr. Ditsch, quien es argentino, residente en el exterior y uno de los artistas plásticos más reconocido de la República Argentina en el exterior. En cuanto a la falta de capacidad económica del Sr. Ditsch, detalló que posee una importante actividad cultural en nuestro país, desde la exposición de obras en Casa de Gobierno, como en aeropuertos de Argentina. Agregó que es reconocido por el valor de venta de sus obras en el exterior.
Remarcó que los argumentos del fisco cayeron por su propio peso al presentar copia de sus DDJJ donde consta el ingreso declarado en Irlanda, así como su declaración de aportes. Adicionó que el hecho de que el fisco considere que por ser fotocopias no es una prueba real, ello no obsta a que la realidad económica indique que las operaciones existieron y que el aportante poseía los fondos.
Planteó que no se puede imputar un cargo de intereses por el mero transcurso del tiempo, sino que además del vencimiento de la obligación, debe acreditarse que la empresa no tuvo una conducta culpable, situación que –según su criterio- no se acreditó en autos.
En lo tocante al aspecto sancionatorio, y apoyándose en el fallo de la CSJN “Mazza”, señaló que nunca puede fundarse una acusación de tipo defraudatorio en meras presunciones determinativas. Aclaró que la presunción de dolo no puede sustentarse en los mismos presupuestos legales que las estimaciones de oficio, pues se estaría partiendo de una presunción para llegar a otra, lesionando de esta forma el principio de responsabilidad subjetiva en materia penal.
Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura, ofreció prueba y peticionó que se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 62/80vta. y fs. 169/189vta. se presentó el fisco nacional, contestó el traslado de los recursos, acompañó los antecedentes administrativos de las causas (en adelante aa) y solicitó que oportunamente se rechacen los recursos articulados, con costas.
IV. Que a fs. 198/198vta. el Tribunal en Pleno acumuló el exp. N° 42.057-I al N° 42.053-I.
A fs. 219/219vta. se abrió la causa a prueba, a fs. 335 se clausuró el período probatorio y se elevaron los autos a consideración de la Sala “C”. A fs. 341 se pusieron los autos para alegar, haciendo uso de su derecho el fisco a fs. 347/361 -la actora presentó su alegato a fs. 359/362vta. de manera extemporánea-. Finalmente, a fs. 353 se llamaron los autos a sentencia.
V. Que primeramente debo señalar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfrme. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros); ni tampoco a ponderar exhaustivamente todas y cada una de las pruebas producidas en la causa, sino sólo aquellas que se estimen conducentes para fundar las conclusiones a las que se arriba (Fallos 321:1776 entre otros).
VI. Que primeramente corresponde me expida con relación al agravio de nulidad articulado por la actora, por considerar que los actos apelados carecen de causa, generando una violación a su derecho de defensa, toda vez que el mismo, de ser acogido favorablemente, derivaría en la nulidad de las resoluciones recurridas.
Al respecto, cabe tener presente lo dicho por nuestro más Alto Tribunal, en cuanto a que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (Fallos 318:1798, 324:151, entre otros).
Al respecto, debe recordarse que la causa del acto administrativo comprende los antecedentes o circunstancias de hecho y de derecho que en cada caso llevan a su dictado, es decir, que este elemento se presenta como la constatación o apreciación de un hecho, mientras que la motivación se refiere a la exposición de las razones que han llevado al órgano a emitirlo, y en especial, la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican el dictado del acto. Su exigencia está fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, toda vez que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen su emisión.
Del análisis de los actos recurridos, como de las actuaciones seguidas por el ente recaudador, surge que contienen los elementos jurídicos formales y sustanciales (cfme. art. 7°, ley 19.549), y se cumplieron los procedimientos establecidos para su emisión, posibilitándose al contribuyente conocer la pretensión fiscal y elaborar una defensa adecuada, no vislumbrándose que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan las resoluciones apeladas -como simplemente invoca la actora-, ni que haya existido agravio alguno a su derecho de defensa. La actora sólo ofreció prueba al contestar la vista del art. 17 relativo al procedimiento determinativo del IG y el rechazo de la misma fue debidamente fundado de acuerdo a las constancias de fs. 110, resultando que el planteo de la actora sólo se basó en una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra la decisión relativa al fondo del asunto, pero que no afecta la validez de los actos.
Lo expuesto conduce a rechazar el planteo de nulidad articulado por la actora.
Con relación a las costas, si bien el agravio fue tratado previamente, lo cierto es que no fue articulado por la recurrente como excepción en los términos del art. 171 de la ley 11.683, sino como una defensa más contra los actos apelados y con la finalidad de obtener su revocación, por lo que, al no haberse generado una actividad procesal autónoma, no corresponde imposición de costas a su respecto.
Por ello, corresponde rechazar la defensa de nulidad articulada.
VII. Que con relación al fondo del asunto, tanto del informe final de inspección (en adelante IFI) como de las resoluciones apeladas, surge que la actora se encuentra inscripta en la actividad principal "cultivo de vid para vinificar" y en la secundaria “elaboración de vino”, cerrando sus ejercicios comerciales en marzo de cada año (v. fs. 51/58 y 134/137, Ppo. IVA y fs. 348/354 y 412/415, Cpo. IG, aa).
La fiscalización tuvo su origen como consecuencia de la presentación que realizó la recurrente ante la AFIP del Certificado de Validación de Datos de Importadores -CVDI- (cfrme. RG 2238). A requerimiento del fisco, la apelante acompañó el estatuto social y extractos bancarios de la cuenta corriente de los que se visualizan los depósitos en efectivo que fueron contabilizados como aportes irrevocables (v. fs. 9/18 y 57/101, Cpo. IG, aa). Verificado el padrón único de contribuyentes del Sr. Helmut Ditsch, surge que el mismo no cuenta con impuestos activos, registrando baja por cese de actividades. Se encontraba inscripto en “impresión excepto de diarios y revistas” (v. fs. 55, Cpo. Investigación, aa). Del análisis de los comprobantes de depósitos en efectivo, entre el 11/6/2008 y 4/5/2009, se observó que no se individualizó al depositante (v. fs. 150/154, Cpo. IG, aa). De la fotocopia de su pasaporte se visualizaron las entradas y salidas del país, constatando que sólo en la fecha de cuatro de los depósitos realizados, el Sr. Ditsch se encontraba en el mismo (v. fs. 141/156, Cpo. IG, aa).
Del Acta de socios del 22/8/2007 puede leerse que se mantuvieron reuniones con la familia Ditsch para ofrecerles la posibilidad de realizar aportes irrevocables para la futura suscripción de cuotas sociales por un monto de U$S 300.000 con el objetivo de concretar operaciones de exportación de vinos (v. fs. 139, Cpo. IG, aa). En base a ello, se concluyó que se desconoce el origen del dinero depositado en la cuenta corriente que la sociedad posee en el Banco Supervielle, Sucursal La Lucila, desde el 11/6/2008 al 4/5/2009 y que fueron informados como aportes irrevocables para futura suscripción de cuotas.
Luego de notificados los ajustes, la actora presentó descargo sólo respecto de la determinación practicada en el IG y acompañó notas de Helmut y Heriberto Ditsch (v. fs. 207, 211 y 213, Cpo. IG, aa). Tras su análisis, el fisco concluyó que la nota firmada por Helmut Ditsch, mediante la cual expone un listado de aportes de dinero y manifiesta que los fondos fueron traídos desde el exterior en sucesivos viajes, no fue acompañada de ninguna DDJJ de ingreso del dinero al país, ni comprobantes respaldatorios de las transferencias, ni pudo demostrarse la identidad del depositante de cada uno de los depósitos realizados. En cuanto a la nota del Sr. Heriberto Ditsch, se concluyó que la misma es confusa, pues se refiere a él mismo, cuando debiera referirse a su hermano. De cualquier modo, tampoco acompañó pruebas que acrediten la identidad de los depositantes, pues dichos depósitos fueron en efectivo.
Por todo ello, el ente fiscal confirmó el cargo por incremento patrimonial no justificado determinando el IG y el IVA. En este último tributo también se advirtió un error al trasladar el saldo técnico a favor de la actora correspondiente al período 4/2008 como saldo a favor del período anterior en la DDJJ del período 5/2008. El 26/7/2013 la recurrente presentó DDJJ rectificativas del IVA que fueron consideradas para la determinación del tributo. Este último ajuste no fue controvertido en las presentes actuaciones.
VIII. Que con respecto al método empleado por el fisco para determinar los gravámenes de autos, cabe puntualizar que a los fines de seguir el procedimiento de determinación de oficio, el fisco puede utilizar dos modalidades: practicarla sobre base cierta o en forma directa, o bien, sobre base presunta o por estimación.
La ley 11.683 fija un orden de prelación cronológico, pues sólo puede recurrirse a la determinación sobre base presunta en los supuestos en que no disponga de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto fáctico que origina la obligación tributaria, tanto en cuanto a su existencia, como respecto de su significación económica (vgr. inexistencia de registros contables, o cuando los mismos presentan notorias deficiencias, documentación inexistente o no fehaciente, etc.), tornando imposible su apreciación inmediata. Ello así, en estos supuestos, al fisco sólo se le permite presumir la existencia y magnitud de la obligación tributaria cuando le resulte imposible hacerlo sobre base cierta y precisa. En suma, la administración debe agotar los medios que le permitan reconstruir la materia imponible de modo directo, para recién –frente a los supuestos antes enunciados- recurrir al método indiciario/presuntivo, expuesto como subsidiario del anterior.
De los antecedentes administrativos de la causa que fueron relatados en el Considerando anterior, se desprende que el fisco dio acabado sustento al mecanismo presuntivo utilizado para practicar las determinaciones de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 18 de la ley 11.683, al detectar un aporte irrevocable no justificado por la actora, llevando a presumir un incremento patrimonial no justificado en los tributos determinados, con más el 10% de renta dispuesta o consumida, teniendo el contribuyente la posibilidad de acompañar, en la presente instancia, la prueba conducente que haga a su derecho, para desvirtuar los dichos de la administración, ya que dicha presunción resulta iuris tantum.
IX. Que así las cosas, con relación al IG debe resolverse si la operatoria descripta por la actora se trata de un verdadero aporte de capital o bien de la creación de un pasivo ficticio lo que originó el incremento patrimonial no justificado determinado por el fisco (cfrme. arts. 49, inc. “a” y 69, inc “a”, LIG y art. 18, inc. “f”), ley 11.683). Por su parte, en el IVA deberá resolverse respecto de: a) la declaración en defecto de los débitos fiscales correspondientes a los períodos 5, 7, 9 y 12/2008 y 2/2009 con motivo del incremento patrimonial no justificado indicado y, b) el cómputo en exceso del saldo a favor del período anterior de 5/2008.
En efecto, en caso de tratarse de un aporte de capital, la actora debe acompañar la prueba indubitable tendiente a comprobar la existencia del mismo, la capacidad económica y la titularidad de los fondos en cabeza del aportante, la preexistencia de los fondos en poder del aportante y que se correspondan con el monto objeto del aporte, la transferencia de los fondos por parte del aportante a la actora -con anterioridad a su aplicación-, que el aportante lo haya así registrado en sus ddjj y que también lo haya hecho la actora y, por su puesto, su posterior aplicación. En suma, debe acreditarse la secuencia completa de la operatoria: la titularidad de los fondos en cabeza de quien presta, entrega a la actora y la aplicación de los mismos por parte de éste.
Ello así, resulta aplicable la regla del “onus probandi incumbit et qui dicit” (la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos), receptada por el art. 377 del CPCCN, que dispone que cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de aquello que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. En tal sentido, corresponde que este Tribunal aprecie el elenco probatorio producido, con el fin de obtener el valor de convicción que -de acuerdo a las distintas posturas de las partes- pueda deducirse de su contenido.
En efecto, a fs. 317/318 obra la prueba testimonial efectuada al Sr. Heriberto Ditsch -hermano de Helmutpor medio de la cual afirmó ser apoderado de este y de la firma, reconoció haber sido quien ingresó el dinero en efectivo y lo depositó en efectivo en las cuentas de la recurrente en nombre de su hermano. Si bien ello coincide con las declaraciones realizadas en la etapa de investigación por ambos sujetos, no debe pasarse por alto que no se acompañó ni en la instancia anterior ni en esta, documentación respaldatoria que permita aseverar sus dichos. Esto es, no se acreditó que el dinero objeto de transferencia haya sido egresado de la cuenta de Helmut Ditsch. Nótese que el resumen bancario acompañado a fs. 20 con el que se lo intenta justificar, no cuenta si quiera con la traducción correspondiente.
Tampoco se acompañó la traducción correspondiente de la respuesta al exhorto dirigido al Principado de Liechtenstein en el que se pretendió oficiar al Sr. Helmet Ditsch para que presente las DDJJ presentadas en Irlanda en los períodos 2007 y 2008, el monto de los aportes irrevocables efectuados a la actora y la forma de realizarlos durante dichos períodos (v. fs. 284/286). Tampoco se acompañó documentación que permita tener por acreditada la titularidad de quien supuestamente realizó el aporte, pues ello no se encuentra detallado en los tickets de los depósitos bancarios en la cuenta del Banco Superville perteneciente a Las Colonias S.R.L. Además, afirmó que el monto en pesos aportado por Helmut a la actora entre 2007 y 2009 fue de $300.000 pero le fue entregado por parte de Helmut en alrededor 4 o 5 oportunidades sumas entre U$S 5.000 y U$S10.000, sumatoria que al tipo de cambio en dichos períodos no alcanza a la cifra en pesos indicada.
En esta línea, el apartado 5.19.1.3.1 de la Resolución Técnica (FACPCE) N° 17/2000 al referirse a los aportes irrevocables para la futura suscripción de acciones, dispone que la contabilización de estos aportes debe basarse en la realidad económica, por lo que “…sólo deben considerarse como parte del patrimonio los aportes que: a) hayan sido efectivamente integrados, b) surjan de un acuerdo escrito entre el aportante y el órgano de administración del ente que estipule: 1. Que el aportante mantendrá su aporte, salvo cuando su devolución sea decidida por la asamblea de accionistas (u órgano equivalente) del ente mediante un procedimiento similar al de reducción del capital social; 2. Que el destino del aporte es su futura conversión en acciones; 3.
Las condiciones para dicha conversión; c) que hayan sido aprobados por la asamblea de accionistas (u órgano equivalente) del ente o por su órgano de administración adreferéndum de ella. Los aportes que no cumplas las condiciones mencionadas integran el pasivo…”. Al respecto, debe hacerse hincapié en que el acta por la que se ofreció la operación a la familia Ditsch sólo es eso: el anuncio a la asamblea de supuestas concertaciones con dicha familia, pero no surge de aquélla dato alguno referido a la concreción en los hechos, esto es, una formalización de la misma suscripta por el aportante. Todo ello permite concluir que la recurrente no ha podido acreditar de manera fehaciente e indubitable la titularidad de quien afirma haber realizado los supuestos aportes, ni mucho menos la capacidad prestable y la titularidad de los fondos en cabeza del acreedor del Sr.
Helmut Ditsch, ni la aplicación de los mismos por parte de la actora.
En este sentido, debo recordar una vez más que si no se logra cumplir con la carga de probar lo que se invoca, se corre el riesgo de que el reclamo sea denegado (Fallos 332:1367). En efecto, es a cargo de quien afirma un hecho la prueba de su existencia cuando pretende fundar en él un derecho (Fallos: 217:635), toda vez que la carga de la prueba es el imperativo que pesa sobre cada uno de los litigantes para que acrediten la verdad de sus afirmaciones, mediante su propia actividad, si quieren evitar la pérdida del proceso.
Por ello, teniendo en consideración el análisis expuesto ut supra, debe concluirse que la recurrente prescindió de aportar elementos suficientes que justifiquen los supuestos aportes.
En consecuencia, no cabe más que confirmar los ajustes practicados en las resoluciones apeladas, con costas.
X. Que con relación a los intereses resarcitorios intimados en la Res. 308/2014, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al fisco como resarcimiento por la mora en que incurrió el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias.
Al respecto, la CSJN revisó la doctrina de Fallos 304:203 donde expuso que: “si bien en el precedente de Fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Código Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario…que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (Fallos: 308:283, 316:42 y 321:2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente, entonces, que la conducta de la contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido, en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión, no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello, es así, máxime si se tiene en cuenta que, orte en otros precedentes…se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (Fallos 323:1315).
Por ello, procede confirmar los intereses resarcitorios, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la Ley 11.683.
XI. Que finalmente, en lo referido a la multa por defraudación aplicada en la Res. 308/2014, la ley 11.683 (vigente al momento de los hechos) en su parte pertinente disponía que: “…el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”.
La figura se construye con un “elemento objetivo”, consistente en la falta de ingreso total o parcial del impuesto debido, y un “elemento subjetivo“ consistente en “una actividad dolosa tendiente a defraudar los intereses del fisco” (Fallos 323:2172 considerando 4).
Como se desprende de los considerandos que anteceden, debe tenerse por acreditado el elemento objetivo o material de la sanción impuesta.
Ello así, corresponde analizar el elemento subjetivo teniendo en cuenta la figura legal imputada por el ente fiscal.
El art. 46 citado exige al ente recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos, por acción u omisión. Al respecto, el fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe ser cierto y no meramente conjetural. Una vez acreditado dicho soporte, se infiere la conducta dolosa; más la vinculación entre el soporte fáctico y el hecho presunto, debe ser unívoca, sin margen razonable para una consecuencia distinta. En efecto, demostrado el elemento objetivo del ilícito, las presunciones establecidas en el art. 47 admiten prueba en contrario. En el caso, el organismo recaudador aplicó la presunción dispuesta en el inc. “b” del art. 47 que establece: “se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones juradas engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: b) Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas…”.
En este sentido, las constancias agregadas en las actuaciones y el análisis expuesto en los Considerandos VII a IX, dan cuenta de la debida exteriorización de la presunción del art. 47 de la ley 11.683 utilizada. Como se afirmó, ésta admite prueba en contrario, siendo la apelante quien debe demostrar la falta del elemento subjetivo requerido para tener por configurado el ilícito que se le imputa, en atención a la inversión de la carga de la prueba que la aplicación de dicha presunción ocasiona procesalmente. Al respecto, se advierte que la actora no acompañó prueba fehaciente que avale sus dichos, lo que llevó al fisco a determinar de oficio la materia imponible.
En efecto, quedó evidenciado con los elementos hasta aquí analizados que el contribuyente incurrió en irregularidades que revelan la intención de ocultar su realidad impositiva, lo que -claramente- no fue puesto en conocimiento por la actora, sino evidenciado por el fisco, sin que aquella parte haya allegado -ni en sede administrativa, ni en la presente instancia- prueba fehaciente alguna que avale sus dichos. Ello así, corresponde confirmar la sanción impuesta en la Res. 308/2014, con costas.
La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante.
Por ello SE
Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
Se deja constancia de que este pronunciamiento se dicta con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “C”, conforme a lo previsto por el artículo 184 de la ley 11.683, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2026.04.20 12:32:50 -03:00 Date: 2026.04.20 15:54:15 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.20 15:54:15 -03:00
Fin de la sentencia