Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 142.364
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se hace lugar al recurso del actor y se revoca la sentencia de grado en lo que fue objeto de recurso y agravio, rechazándose la excepción de prescripción opuesta por la demandada, debiendo continuar el trámite del proceso -según su estado- por ante un juez hábil, conforme el orden de turno, a fin de garantizar el debido proceso legal. Se imponen las costas de esta instancia a la demandada en su calidad de vencida.
SD/CLC
Sentencia Definitiva Causa N° 142364; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº23 - LA PLATA COLONNA CARLOS MARIA C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
En la ciudad de La Plata, en la fecha de la firma digital, celebran telemáticamente acuerdo ordinario los señores Jueces vocales de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, el doctor Leandro Adrián Banegas, y el doctor Hugo Adrián Rondina, para dictar sentencia en la Causa 142364, caratulada: "COLONNA CARLOS MARIA C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Se encuentra ajustada a derecho la sentencia apelada de fecha 11 de febrero de 2026?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. En la resolución que llega recurrida, la juez de primera instancia desestimó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 58 de la ley 17.418 e hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada Federación Patronal Seguros S.A.U.; impuso las costas del proceso a la parte actora (art. 68 CPCC) y difirió la regulación de honorarios a los profesionales intervinientes hasta tanto se apruebe la liquidación a practicarse (art. 51 ley 14967).
2. Esta forma de decidir fue apelada por el actor el 16 de febrero de 2026, recurso que fue concedido, en relación, el 19 de febrero de 2026 y fundado en la instancia mediante presentación electrónica del 23 de febrero de 2026; corrido el pertinente traslado, recibió la contestación de la contraparte el 27 de febrero de 2026; y cumplida la vista al Fiscal de Cámaras, éste dictaminó en fecha 6 de abril de 2026. Luego, se llamó autos al acuerdo el 20 de abril de 2026 el que fue suspendido el 23 de abril de 2026 y reanudado el 12 de mayo de 2026.
3. El apelante se agravia acusando que el fallo en crisis contiene párrafos que no se condicen ni con los hechos ni con las pretensiones de su parte, que fueron inventados por la jueza a quo para justificar y liberar a la aseguradora de sus obligaciones.
Denuncia que en ninguno de sus escritos sostuvo o requirió la aplicación del plazo quinquenal del art. 2560 CCyC, contrariamente a lo sostenido en la sentencia.
Afirma que gracias a su conducta diligente el rodado fue debidamente peritado por la aseguradora en su domicilio el 21 de febrero de 2020, extremo que surge del propio escrito de contestación de demanda. Endilga que la aseveración en dirección a que "La propia conducta del demandante causó una situación que torna de imposible cumplimiento su obligación ya que la actual condición jurídica del acoplado reconstruido (que imposibilita su baja registral) extingue la obligación por culpa del acreedor ante la imposibilidad absoluta o total de cumplimiento…", es falsa toda vez que su rodado no era un acoplado reconstruido sino un auto Renault Koleos.
Aduna que no se efectuó planteo de inconstitucionalidad alguno, contrariamente a lo afirmado en la sentencia apelada.
Señala que se toma erróneamente como punto de partida del plazo de prescripción el retiro del vehículo por parte de la aseguradora y se lo responsabiliza arbitrariamente por no haber entregado una documentación necesaria para finalizar el trámite liquidatario -que le correspondía gestionar a la aseguradora en su carácter de poseedora del vehículo- y que recién se requirió al contestar la demanda -a baja registral-, mal interpretándose la legislación aplicable, valorando absurdamente el material probatorio y redimiendo injustificadamente a la aseguradora de todas sus obligaciones y deberes legales que le correspondían cumplimentar para que el contrato de seguro se pudiera desarrollarse de buena fe.
Advierte que desde el inicio de su reclamo siempre cumplió con la entrega de toda documentación que le requirieron, permitiendo además que vayan a su domicilio a peritar el auto y que lo entregó voluntariamente cuando lo fueron a buscar.
Afirma que si existió documentación pendiente de entrega no fue por su desidia sino porque nunca le fue exigida.
Aduna que, pese a que actuó siempre de buena fe, la aseguradora maliciosamente no le informó ni le requirió la supuesta documentación faltante, omitiendo así cumplir con su deber de información y abusando de su posición dominante, para elaborar una trampa legal que le permitiera beneficiarse económicamente.
Insiste en que no hubo desidia ni desinterés, sino que cumplió con todos los requisitos que le solicitaron.
Endilga incumplimiento del deber de información por parte de la demandada.
Cita el art. 46 de la ley de seguros en cuanto establece que "… El asegurador puede requerir prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre el asegurado..." y doctrina en apoyo de su postura. Le agravia que la juez haya omitido valorar que la aseguradora fue quien dejó pasar los plazos legales sin requerirle la documentación faltante y solo responsabilice de su falta a esta parte, tergiversando para ello los escritos postulatorios y concluyendo que "no ha sido negada por la actora la falta de entrega de los elementos necesarios para dar de baja la unidad".
Tilda de absurda la interpretación de la ley 25.761, estimando que la misma es clara, al ser la aseguradora la poseedora del vehículo que calificaba como destrucción total -conforme peritaje de fecha 21 de febrero de 2020- a ella le correspondía realizar el trámite de inscripción y solicitar la baja y que pese a ello la juez apelada insiste arbitrariamente en que era su parte quien estaba obligado a realizar el trámite -sin que la aseguradora tampoco se lo haya requerido-.
Afirma que el supuesto legal, que pone en cabeza de los poseedores de los vehículos la obligación de solicitar la baja registral, se condice con los diferentes recaudos que exige la DNRPA para dar de baja un automotor, dentro de los cuales se exige que se entreguen las Placas de Identificación.
Advierte que, en el caso, al encontrarse el vehículo en poder de la aseguradora, era una obligación que solo ella podía cumplir. Aun si la compañía no hubiese tomado posesión del vehículo, señala que a ella también le correspondía la carga legal de requerir al asegurado que trámite dicha baja, previsión legal que la aseguradora omitió cumplir y la jueza omitió valorar.
Concluye el agravio afirmando que la obligación de requerir la baja no se encontraba a su cargo.
Pone en crisis la omisión de ponderar que la aseguradora no informó ni requirió opción del asegurado ante la destrucción total del vehículo.
Se disconforma de la fijación del punto de partida del plazo para computar la prescripción en fecha 13 de marzo de 2020, cuando se retiró el vehículo de su casa.
Advierte al respecto que se parte de una premisa falsa porque quien se encontraba en mora era la compañía, quien a partir de esa fecha había tomado posesión del vehículo y podía legalmente gestionar ella misma la baja registral o requerirle su cumplimiento conforme su deber legal de información.
Da cuenta que el silencio de la demandada en requerir la documentación faltante para finalizar el trámite liquidatorio no solo vulnera el deber de información, sino también la normativa específica que ponía a su cargo la obligación de gestionar ella la baja registral -en su carácter de poseedora del vehículo siniestrado- o eventualmente requerirle dicho documento para finalizar el pago.
Califica de acreditado que el primer momento en que la aseguradora se manifestó sobre el siniestro fue cuando con fecha 25 de junio de 2025 le comunico el rechazo y que por ello el cómputo de la prescripción debía iniciarse desde allí y no el día en que la aseguradora retiro el auto de su domicilio, tal como erróneamente lo establece la juez a quo.
Finaliza sus agravios solicitando la aplicación de una multa y secuestro de la documental pertinente para el caso de que la demandada se abstuviere de acompañar la documental en su poder requerida, al no brindar ningún informe sobre el destino que le dio a su vehículo ni lugar donde lo tienen retenido.
4. Al contestar los agravios, la accionada solicita su rechazo y la confirmación de la resolución atacada que hace lugar a la excepción de prescripción opuesta por su parte, por encontrarse ajustada a derecho y a las constancias del expediente, reafirmando la posición tomada en su conteste.
5. Corrida la vista al Sr. Fiscal de Cámaras departamental, éste comparte el criterio sustentado por la Sra. Agente Fiscal en fecha 23 de enero de 2026, propiciando en virtud de ello a que se tenga por ejercida la acción en tiempo útil (v. presentación electrónica de fecha 6 de abril de 2026).
6. Al abordar los agravios esgrimidos por la parte actora, corresponde liminarmente reconocer la pertinencia de su planteo en cuanto resalta anomalías en la sentencia apelada las que resultan injustificadas y además, si bien no son la base central que sustenta el resultado al que allí se llega, reduce la fuerza convictiva como acto jurisdiccional válido e incumple la carga de debida fundamentación.
Nótese que la sentencia apelada en su "resuelve" rechaza la inconstitucionalidad del art. 58 de la ley 17.418 a pesar de que ésta no ha sido planteada en estas actuaciones por el peticionante.
Además, pone a cargo del actor afirmaciones y solicitudes que este no ha hecho sobre la aplicación del plazo quinquenal de prescripción y refiere a un "acoplado reconstruido" cuando el objeto de la acción es un automóvil.
La conclusión jurídica que adopten los jueces debe ser racionalmente fundada, y anclarse en circunstancias fácticas, jurídicas y argumentales de cada caso concreto (cfr. art. 3 CCyC), sin desoír los planteos de las partes ni incluir en su decisión extremos que no hayan sido planteados por los mismos contendientes. Se trata de una manda legal insoslayable.
Configura un deber que emerge de un estado constitucional y convencional de derecho en el que los jueces, como integrantes de uno de los poderes del Estado, dan cuenta a la sociedad de sus actos (cfr. Herrera, Marisa - Caramelo, Gustavo - Picaso, Sebastián, en Código Civil y Comercial Comentado, Tomo I pág. 16).
Por ende, cabe -sin perjuicio del análisis del recurso en virtud de la procedencia de la excepción de prescripción que se efectuará en el presente recurso- dejar de resalto los mencionados errores los que por involuntarios no se transforman en inocuos, debiéndose -en adelanteevitarse incurrir en ese tipo de afirmaciones desajustadas a la realidad del proceso (art. 3 CCyC).
7. Tanto de los límites impuestos por las partes en sus presentaciones postulatoria y defensiva, como el alcance del recurso, se desprende que el centro de la discusión no gira en torno al plazo de un año de prescripción específico de la ley de seguros (art. 58 de la ley 17418), sino que se circunscribe al momento en que debió iniciarse su cómputo, en virtud de la debatida carga de acreditar el trámite de la baja del automotor. Arriba firme a esta instancia que la compañía de seguros dio curso al reclamo por siniestro y retiro el automotor del domicilio del asegurado el 13 de marzo de 2020.
Tampoco se halla controvertido que la relación habida entre las partes es de consumo en los términos de la ley de Defensa del Consumidor y el Usuario (N°24240).
Ahora bien, para determinar el momento en el que debe comenzar a computarse el plazo de prescripción debemos ajustarnos a la especifica e inusual dinámica que las partes siguieron en el desarrollo del reclamo.
Nótese que la compañía reconoce haber retirado la unidad siniestrada del hogar del asegurado el 13 de marzo de 2020, acto que se dirige a la aceptación del siniestro y también que, pasado el plazo de 30 días de realizada la denuncia, no requirió ninguna información adicional y complementaria. Aun así, niega que haya aceptado su procedencia (v. contestación de demanda de fecha 14 de noviembre de 2025, ap. IV). De allí en adelante, transcurrió un plazo mayor a 5 años el que sin dudas resulta excesivo y denota inacción y desinterés por parte de ambos contratantes en forma conjunta y concurrente.
Insisto, ante esta inusual situación, la solución debe obedecer al análisis del comportamiento de las partes en arreglo con una interpretación integral del plexo normativo aplicable: Código Civil y Comercial, Ley del Defensa del Consumidor y el Usuario, Ley de Seguros y normativas específicas respecto de la destrucción total de automotores. En esta dirección, la ley 25.751 de desarmado de automotores y venta de autopartes, aplicable al caso en virtud a los argumentos expuestos en la sentencia apelada al respecto, establece en su art. 2 que todo propietario de un automotor que proceda a su desarmado con el objeto de utilizar sus autopartes deberá solicitar su baja ante el registro seccional del automotor que corresponda.
Por su parte, el art. 5 de la misma normativa dispone que las compañías o empresas de seguros, en el caso de ser titulares o poseedoras de un rodado que calificaren en categoría destrucción total, estarán obligadas a inscribirlo en el Registro Nacional de la Propiedad del automotor.
A su vez, el art. 5 del Decreto Reglamentario (N°744/2004)
instituye que las compañías aseguradoras, con carácter previo al pago de la indemnización correspondiente a un siniestro calificado como destrucción total o daño total, deberán exigir al asegurado la presentación del certificado de baja y desarme del automotor con recupero de piezas (el resaltado me pertenece).
En la misma dirección, adunando requisitos, se dirige la Resolución 35401/2010 de la Superintendencia de Seguros de La Nación. Llegado e este punto, encuentro prudente conjugar estas disposiciones con el principio de buena fe consagrado en el CCyC (art. 9 CCyC).
Es que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, obligando a las partes no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances que la normativa aplicable delimita.
Esta disposición hermenéutica debe también integrarse necesariamente con el deber de información que el art. 4 de la Ley de Defensa del Consumidor dispone. En esos términos, el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee.
A partir de allí, sin desconocer las pautas contractuales, la normativa propia de la actividad asegurativa y las de las leyes específicas (ley 25761 de desarmado de automotores y venta de autopartes, su decreto reglamentario y regulaciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación), no luce adecuada al caso, ajustada a derecho, ni al principio de buena fe, el deber de información y su posición dominante, la postura de la compañía de seguros quien descansó deliberadamente -guardando estricto silencio- en un requisito faltante para continuar con el trámite de baja del automotor siniestrado (la baja administrativa) sin brindar información sobre tal exigencia legal o realizar petición o intimación expresa alguna al asegurado.
La actitud de la demandada implica en estos términos la búsqueda de un enriquecimiento sin causa y, por ende, mantener la dirección impuesta por la Juez de grado se traduciría en una especie de "premio" al accionar de la parte fuerte o poderosa en detrimento del consumidor débil en el sinalagma contractual (arts. 3 LDC).
He dicho en la causa 135548 (caratulada "Camacho, Gladys Beatríz c/ Sancor Cooperativa de Seguros Limitada s/ daños y perjuicios, sentencia del 19 de diciembre de 2023) que no se trata de negar implicancias, modificaciones y beneficios que el plexo del consumidor otorga a la parte más débil en la relación de consumo, sino que ésta encuentra un valladar infranqueable cuando lo que se persigue es desvirtuar el negocio original, modificando las condiciones más básicas. La normativa del consumidor, debe ser irrestricta, pero también prudentemente aplicada por los jueces quienes tenemos como carga evaluar el caso concreto bajo la lupa del derecho del consumo.
En ejercicio de esa prudencia debe indagarse y posteriormente encontrarse un equilibrio entre lo contratado, los beneficios interpretativos en favor del consumidor y la normativa aplicable, a fin de abordar a una solución justa y razonable que no se traduzca como un castigo injustificado o dogmático a alguna de las partes.
En esta dirección, como ya lo he señalado, ambas partes han incurrido en una conducta desaprensiva, desprovista de gestiones útiles y de visión proactiva a la solución del conflicto. Pero entre ambas conductas jurídicamente relevantes, la adoptada por la Compañía de Seguros resulta sin dudas la más idónea como parámetro para tomar el inicio del plazo prescriptivo.
Es que, si ben las partes resultan contestes en que puede haber faltado el cumplimiento de ciertos requisitos en cabeza del actor, como la baja del automotor, surge evidente que la accionada no advirtió de tal situación en ningún momento y por medio fehaciente a su asegurado. En cambio, recibió (mejor dicho, retiró) el automotor siniestrado y lo mantuvo bajo su órbita y no emitió -hasta la denunciada prescripciónopinión, dictamen, conclusión o petición expresa para la consecución del trámite indemnizatorio (arts. 384, 474 CPPC).
Ello no resulta inocuo ni irrelevante para el resultado de esta incidencia. Por el contrario, la ausencia de una respuesta expresa luego de haber retirado el automotor -acto expreso y jurídicamente vinculante-, lo ubica en la posición de incumplidor del deber de información y de la buena fe que debe reinar en la interpretación de los contratos y sus consecuencias, además de suspender con su conducta el plazo de prescripción para el inicio de acciones judiciales, dado que el actor se mantiene a la espera de una respuesta. Es decir, la vía judicial no se encontraba expedita antes por la ausencia de respuesta de la compañía de seguros.
La mentada suspensión, surge prístina si se tiene en cuenta que el actor no estaba ante la negativa de cobertura, sino que aguardaba una respuesta de la aseguradora.
Ello es expresamente reconocido por la legitimada pasiva en su conteste en cuanto afirma que "También es cierto que pasado el plazo de 30 días de realizada la denuncia mi mandante no requirió ninguna información adicional y complementaria del siniestro, pero niego que haya aceptado su procedencia. Al respecto, aclaro que, el hecho de no haber realizado declinación alguna del siniestro, responde a que el mismo contaba con cobertura financiera y no debía oponerse ninguna cláusula de exclusión, más no implica reconocimiento alguno de la supuesta destrucción total de la unidad" (v. contestación de demanda referenciada ap. IV. El resaltado me pertenece).
Es por todo lo expuesto que, ante la omisión de la demandada de intimar o informar al actor la necesidad de realizar otras gestiones para el avance del reclamo, o bien brindar al asegurado una respuesta expresa luego de haber retirado el auto y siendo la primera manifestación expresa la que contiene la CD remitida en fecha 25 de junio de 2025 (la que ha sido reconocida por ambas partes), es que de allí deberá comenzarse a computar el plazo de un año dispuesto por el art. 58 de la Ley de Seguros. Por ende, la revocación de la resolución que aborda a esta Alzada se impone, debiéndose dar curso al trámite del proceso (arts. 9 CCyC, 58 Ley 17418, 4 y conc. Ley 24240; 2 y 5 Ley 25761; 384 CPCC), por ante un juez hábil conforme el orden de turno, a fin de garantizar el debido proceso legal.
8. Destaco como corolario que la solución aquí dispuesta es una conclusión que surge de las especificas particularidades de la causa, sin que ello deba traducirse en un criterio general y aplicable a otras respecto del instituto de la prescripción del contrato de seguro y sus consecuencias.
9. Por lo demás, el deber de los jueces, relativo a tratar todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, no importa el de seguir a las partes en las argumentaciones de hecho y derecho que traigan en apoyo de su postura, si dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (conf. doctr. SCBA en causas L. 61.622, "Barrera", sent. de 4/08/1998; L. 84.291, "Kirilenko", sent. de 8/03/2007; L. 94.186, "Dejean", sent. de 28/05/2010; C.118.828, "Azzi", sent. de 17/12/2014 y C. 125.525, "Toscano" sent. de 05/06/2024, esta Sala en causa 141217, sent. del 27/3/2026).
10. Por las razones expuestas propongo hacer lugar al recurso del actor, instando se revoque la sentencia de grado en lo que fue objeto de recurso y agravio, rechazándose por ende la excepción de prescripción opuesta por la demandada (arts. 9 CCyC, 58 Ley 17418, 4 y conc. Ley 24240; 2 y 5 Ley 25761; 384 CPCC); planteo que, vueltas las actuaciones a la instancia, se dé continuidad al trámite del proceso -según su estado- por ante un juez hábil, conforme el orden de turno, a fin de garantizar el debido proceso legal; propongo que las costas de esta instancia sean soportadas por la demandada en su calidad de vencida (art. 68 CPCC).
Voto por la NEGATIVA.
El señor Juez doctor RONDINA, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde hacer lugar al recurso del actor y revocar la sentencia de grado en lo que fue objeto de recurso y agravio, rechazándose la excepción de prescripción opuesta por la demandada (arts. 9 CCyC, 58 Ley 17418, 4 y conc. Ley 24240; 2 y 5 Ley 25761; 384 CPCC), debiendo continuar el trámite del proceso -según su estado- por ante un juez hábil, conforme el orden de turno, a fin de garantizar el debido proceso legal; con costas de esta instancia a cargo de la demandada en su calidad de vencida (art. 68 CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Juez doctor RONDINA, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se hace lugar al recurso del actor y se revoca la sentencia de grado en lo que fue objeto de recurso y agravio, rechazándose la excepción de prescripción opuesta por la demandada, debiendo continuar el trámite del proceso -según su estado- por ante un juez hábil, conforme el orden de turno, a fin de garantizar el debido proceso legal. Se imponen las costas de esta instancia a la demandada en su calidad de vencida. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. HUGO A. RONDINA JUEZ JUEZ
Fin de la sentencia