Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 32619-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar los agravios expresados por la parte demandada y, por consiguiente, confirmar la sentencia de fs. 113/115, con costas.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala- suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán, quien integra este Tribunal en los términos de la Ac. 3/25 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
1355/2025 “COLORTEX SA (TF 32619-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de agosto de 2025.- TAR
El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 129, contra la sentencia de fs. 113/115, fundado por el memorial de fs. 137/140, cuyo traslado fue contestado por la actora a fs. 144/157; y,
I. Que, mediante la sentencia de fecha 26 de junio de 2023 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución DE PRLA 3463/11, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12039-2502- 2005, en cuanto había condenado a la firma Colortex S.A. por la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero (en adelante, CA), con costas.
II. Que, para así resolver, el Tribunal comenzó por resumir las actuaciones administrativas. Seguidamente, en lo que aquí interesa, señaló que “…analizada la documentación aportada a los efectos de determinar la pretendida descarga se concluye: que en relación a la descarga efectuada en los PE 02001EC03005005R y 02001EC03006411T el insumo se encuentra tipificado en el CTC 061:005471/00 que obran ensobrados a fs. 54 act. adm. y las cantidades afectadas están dentro de lo autorizado en el mencionado CTC, por lo tanto, se reputa válido para acreditar la descarga que oportunamente fue alegada ante el servicio aduanero”.
Por consiguiente, concluyó que “…se ha reexportado la totalidad de la mercadería importada temporariamente mediante el D.I.T. Nº 00001IT15001215P en tiempo y forma, por lo que corresponde revocar la resolución DE PRLA Nº 3463/11 apelada en autos”.
III. Que la apelante, en su memorial, formula dos agravios.
En primer término, critica que el a quo hay tenido por acreditada la reexportación de la mercadería que había sido ingresada al territorio bajo el régimen temporal previsto en el art. 970 CA. Sobre el particular, especifica que, a los fines de la cancelación de un Despacho de Importación Temporaria (en adelante, DIT), no solo es necesario dar destinación a la mercadería involucrada, sino que se requiere contar con el Certificado de Tipificación y Clasificación (en adelante, CTC) definitivo, a la fecha del vencimiento establecido.
Agrega que, en el caso, la Sección de Procedimientos Técnicos informó, a fs. 59 de las actuaciones administrativas, que al constatarse el CTC 5474/00 no había sido posible efectuar la descarga. Por otra parte, recuerda que la firma actora se sometió a un régimen especial, en base al cual obtuvo un beneficio, de suerte tal que el cumplimiento de los recaudos necesarios, a efectos de mantener ese beneficio, debe ser observado con criterio estricto. Esto, sumado a la naturaleza objetiva que le asigna a las infracciones reguladas en materia aduanera, la llevan a considerar que la carga probatoria se encuentra invertida en este tipo de procesos y que la empresa actora no cumplió satisfactoriamente con el deber de haber acreditado, de forma fehaciente, el cumplimiento de las obligaciones contraídas dentro del plazo legalmente previsto.
IV. Que, conforme lo hasta aquí explicitado, deviene imprescindible recordar que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1180 del código aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta, siempre que del ejercicio del a quo de sus facultades propias de apreciar los hechos no surja que hubiera mediado un error de magnitud suficiente para apartar la aplicación del mentado principio (cfr. C.S.J.N., Fallos 300:985; y este Tribunal, “Schmid, Walter Edmundo”, del 26/10/84, Causas Nº 3.084/20, “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 5/05/21; 10/19, “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 22/07/22;
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1355/2025 “COLORTEX SA (TF 32619-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
27.458/22, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 27/12/22; 41.258/23, “Biocardales SA (TF 37340-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 7/03/24 y, en su actual composición, Causa Nº 65.028/14; “Penillas, Sonia Salome c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, del 1/10/24).
No procede entonces, por principio, revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, puesto que, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia (C.S.J.N., Fallos: 300:985; esta Sala Causas “Renault Argentina SA” del 7/03/95 y 25.245/05, “Agencia Marítima Tagsa (TF 18034-A) c/ DGA”, del 20/10/11 y, en su actual composición, Causa Nº 3.685/24, “Vicentín SAIC (TF 29636-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 22/08/24).
V. Que, en orden los agravios expresados en este punto, reiteradamente se ha expresado que la regla de interpretación a seguir en la materia es aquella que destaca la excepcionalidad del régimen que nos ocupa -en atención a que la importación temporal constituye indudablemente una excepción- a resultas de la cual cabe afirmar que, cuando la ley establece una condición a cargo del beneficiario de un régimen de privilegio, ha de exigirse por parte de éste el estricto cumplimiento que aquélla supone, de modo de alcanzar sus fines (cfr. C.S.J.N., doctrina de Fallos 314:1824; esta sala, “Rodio Panamericana S.A. c/ DGA”, del 30/09/08 y Causa Nº 41.400/14, “Volkswagen Argentina SA c/ DGA”, del 21/4/15, en el mismo sentido, Sala IV, Causas Nº 13.079/10, “La Mercantil Andina Cia Argentina de Seguros SA”, del 8/07/10 y 41.282/17, “Chubb Argentina de Seguros SA”, del 12/02/15). Como corolario de ello, la prueba del cumplimiento de la obligación impuesta en razón del otorgamiento de los beneficios previstos en el régimen de importación temporaria recae en cabeza del beneficiario (cfr. esta Cámara, Sala IV, “Curtiembre Pelicce SA (TF 9684-A) c/ DGA”, del 31/08/04 y Causa Nº 7.429/24, “Magalcuer SA (TF 36406-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 30/05/24) y, a tal fin, la documentación necesaria para acreditar de modo fehaciente la reexportación de la mercadería introducida en forma temporal son los permisos de embarque y certificados de tipificación y clasificación -o copias de aquellos instrumentos, frente a la imposibilidad de acompañarlos-, de forma tal de poder constatar la relación insumo-producto (cfr. esta Cámara, sala IV, Causa Nº 35.392/10, “Orandi y Massera SA (TF 19648-A) c/ DGA”, del 15/03/11, y sus citas, arg. art. 14, dec. 1439/1996; esta Sala Causas Nº 1.627/13, “Heil Trailer Internacional SA c/ EN-DGA-Resol 5246/12 (Expte 12210-2497/05) s/ DGA”, del 22/11/16 y 103/19, “Kimberly Clark Argentina SA”, cit.).
VI. Que, sin perjuicio de la aplicación de tales pautas, invocadas por la apelante, ha de advertirse que específicamente en lo que atañe a la acreditación de la reexportación de la mercadería importada en el D.I.T. Nº 00001IT15001215P no aparece en el memorial en trato argumento con suficiencia para controvertir la conclusión a la que se arriba en la sentencia.
En este sentido, es pertinente recordar que cuando en el recurso se vuelca un discurso subjetivo, que se limita a reproducir mecánicamente la postura sostenida desde la presentación inicial y traduce una crítica parcial -que implica una visión fragmentada de la causa-, terminan quedando incólumes argumentos decisivos en los que hace pie la sentencia apelada, lo que impide la revocación de la misma (cfr. C.S.J.N., Fallos, 333:1657 y 334:1703 “Alfacar S.A.”; asimismo, con otra formulación: Fallos, 328:645).
Tampoco es ocioso subrayar que el recurso consistente en insistir en contrario a lo interpretado en la instancia anterior, frente a la falta de prueba que sustente la postura insinuada y sin que se acredite que se incurriera en error al apreciarse los elementos aportados, o en la aplicación de los preceptos involucrados, comporta una mera discrepancia con lo decidido que por cierto no alcanza a justificar su CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 1355/2025 “COLORTEX SA (TF 32619-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
revisión (conf. esta Cámara, Sala II, in re “DGI (autos Grimaldi SA TF 20796-I)”, del 12/06/2008, Consid. V y esta Sala -en su anterior composición-, Causa Nº 7.809/15, “Vidriera Argentina SA c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, del 21/09/2015 y -en su actual composición- Causa N° 2.935/21, “Olivera, Sergio Víctor y otros c/EN – Mº Seguridad– GN s/personal militar y civil de las FFAA y de seg.”, del 8/10/2024).
La recurrente se limita a invocar el informe técnico obrante a fs. 59 de las actuaciones administrativas acompañadas a la presente causa. Allí, ciertamente se manifestó la existencia de saldos del insumo importado sin cancelar, sin embargo, ello se fundó en “que no se encuentra adjunto el CTC 5474/00 involucrado en la descarga”. En relación a ello, es menester puntualizar que, como se indica en la sentencia apelada, el CTC involucrado es el 064:02672/00 y es su pedido de rectificación el que se identifica bajo el número 061:005474/00 y, en definitiva, las copias de ambos obran en el sobre agregado a fs. 54 de las aludidas actuaciones administrativas.
Por consiguiente, no se advierte que la apreciación efectuada por el Tribunal Fiscal de los hechos y pruebas agregadas a la causa resulte arbitraria o errónea en los términos del citado art. 1180 CA. Debe, entonces, concluirse que la resolución apelada exhibe fundamentos idóneos que bastan para sustentar dicho pronunciamiento, lo cual excluye en el caso, la aplicación de la doctrina excepcional sobre arbitrariedad o error de magnitud suficiente que justifique el apartamiento del principio general que informa la materia (arg. esta Sala, Causas Nº 46.021/03, “Moyano Riesco, Graciela (TF 17764-A) c/ DGA”, del 6/12/11 y 103/19, “Kimberly Clark Argentina SA”, cit.), razón por la que corresponde desestimar los agravios que formula la parte demandada contra la sentencia apelada.
VII. Que, finalmente, en cuanto a las costas de alzada, éstas deben ser impuestas a la vencida, ya que no se advierte la existencia de razones que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (art. 68, primer párrafo, del código procesal).
En mérito de lo precedentemente expuesto, el Tribunal RESUELVE: desestimar los agravios expresados por la parte demandada y, por consiguiente, confirmar la sentencia de fs. 113/115, con costas.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala- suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán, quien integra este Tribunal en los términos de la Ac. 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia