Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de La Plata · Causa 36.034
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede I. Por mayoría se declara admisible el recurso de apelación deducido por la parte demandada (arts. 55, 56, 58, 76 y concs., C.C.A.).
II. Se hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y se revoca la sentencia de grado en cuanto fuera materia de agravios, imponiendo las costas del proceso en el orden causado (arts. 51 inc. 2º –texto según ley 14.437-, 55, 56, 58; 76 y 77 del CPCA; art. 274 del CPCC).
36034 - E - COLOTTA SILVINA DANIELA C/ MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO POR MORA CAUSA Nº 36034-E CCALP “COLOTTA SILVINA DANIELA C/ MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO POR MORA”
En la ciudad de La Plata, a los uno días del mes de Junio del 2023 reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa “COLOTTA SILVINA DANIELA C/ MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO POR MORA”, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Admiinstrativo N°3 del Departamento Judicial La Plata (expte. Nº -61414-), con arreglo al sorteo de ley, deberá observarse el siguiente orden de votación: Señores Jueces Dres. Gustavo Daniel Spacarotel, Gustavo Juan De Santis y Claudia A.M. Milanta.
I. En el sub examine, la actora la Sra. Silvina Daniela Colotta, DNI 23136524, con el patrocinio letrado del Dr. Schifini Julio Francisco, promoviendo acción de amparo por mora en los términos del artículo 76 CCA contra el MINISTERIO DE SALUD de la Provincia de Buenos Aires, solicitando se libre orden judicial de pronto despacho respecto del expediente administrativo N° 021557-578543-0-22-000 .-.
II. La jueza de grado por sentencia de fecha 29/03/23, resuelve declarar abstracta la cuestión litigiosa e imponer las costas a la demandada (art. 51 del CCA, según texto de la Ley 14.437).
III. Contra tal decisión, Fiscalía de Estado interpone recurso de apelación, por el cual se agravia en relación a la imposición de las costas, por presentación de fecha 10/04/23.
Primera: ¿Es admisible el recurso presentado por la parte demandada? Segunda: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Dr. Spacarotel dijo:
Corresponde abordar el tratamiento del remedio impugnatorio, para lo cual habré de formular una nueva valoración de la admisibilidad del recurso de apelación, su viabilidad a la luz del texto del art. 76 “in fine” del Código Contencioso Administrativo (ley 12008, texto conf. ley 13.101).
Oportunamente este Tribunal, consideró que la sentencia dictada en el proceso de “amparo por mora” podría ser apelable, a pesar que el texto expreso de la norma procesal adjetiva declaraba “irrecurribles”, las resoluciones que adoptare el Juez de instancia en el “amparo por mora”. Dejando abierta solamente la posibilidad de su impugnación vía el “recurso de reposición”.
Por entonces, este Tribunal, formulando una interpretación extensiva hubo adoptado el principio general de la “apelabilidad” de las sentencias en procesos ordinarios o especiales y de acuerdo a las normas vigentes (arts. 55, 56, 76 y concs., CPCA; 15, Const. Pcial.). Ese criterio tuvo su inicio y continuidad conforme lo resuelto por la Cámara en antecedentes similares (causas CCALP Nº 16 Gallo, res. del 10-8-04; Nº 46 Domínguez sent. del 31-8-04 entre muchas otras). Esta nueva hermenéutica que propugno, tendiente a dejar a salvo los precedentes del tribunal citados “ut supra”, se inspira en la experiencia judicial que se hubo desarrollado al cabo de casi dieciocho años; y que a juzgar por los resultados de equidad y justicia, hubo desnaturalizado un remedio judicial, rápido, ágil, expedito para la realización plena, -de parte del particular-, de su legítima pretensión de justicia, en tiempo y forma. Única y exclusiva posibilidad de obtener de ese modo, -con arreglo a derecho- una “decisión fundada” de la administración que le permita conocer, no solamente la “medida del agravio” de una decisión administrativa, sino del mismo modo, poder ejercer en tiempo y forma la garantía de “defensa en juicio” (art.18 Const. Nac. ) y el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 Const .Pcial.).
Claramente el espíritu del legislador al sancionar la ley 12.008, modifica el criterio de apelabilidad que sostenía el ante proyecto aprobado por Decreto del Ejecutivo Provincial nº 1150/96., en el ex art.69 inc. 5 para los tribunales colegiados de primera instancia, cuando expresaba en el Título ll de los procesos especiales, en su Capítulo lV que “las resoluciones que adopte el Presidente del Tribunal en el trámite del amparo por mora serán irrecurribles. La sentencia será apelable, dentro de los tres (3) días de notificada, mediante escrito fundado, ante la correspondiente Sala del Tribunal”.
Precisamente, el legislador del actual Código Contencioso Administrativo, decidió suprimir la regla de la “apelabilidad”, por principio general, y en el Título ll Capítulo lV al regular el amparo por mora en el art. 76 inc. 5 dispuso que “las resoluciones que adopte el tribunal en el trámite del amparo por mora serán irrecurribles. La sentencia será susceptible de reposición, dentro de los tres (3) días de notificada, mediante escrito fundado”. Ese criterio que desplaza la apelabilidad como regla, se traduce en una intención clara y determinante, para abordar un remedio diverso, rápido y expedito, no previsto en el anterior art. 69 inc. 5 que deliberadamente permitía el recurso de apelación. En otros términos, lo expuesto demuestra que si el legislador hubiera sostenido el criterio primigenio lo hubiera expuesto expresamente; empero -luego- adopta un temperamento contrario a la apelabilidad como regla, y por ende corresponde así concebirlo. Luego, de lo expuesto, cualquier interpretación jurídica de la ley en sentido extensivo, que bajo la apariencia de ampliar los supuestos de apelación, antes que ofrecer una garantía en favor del particular, provoca un inadmisible dispendio procesal, cuyo desmedro se ahonda con los efectos “suspensivos” propios del recurso de apelación, desnaturalizando y casi dejando sin variable de aplicación al instituto del “amparo por mora”.
Las leyes que -con posterioridad- hubieron modificado el texto del actual código contencioso administrativo aprobado por la ley 12.008, a saber: las leyes 12.310, 13.101, 13.325, 13.329 y 14.437, han sostenido el sistema de la “inapelabilidad” de la resolución dictada en el amparo por mora. En sentido contrario, se mantuvo el sistema de impugnación de la sentencia definitiva a través del recurso de reposición. Por ello, no ha lugar imponer una interpretación “contra legem”, donde el legislador sistemáticamente adoptó una línea de sostenibilidad restrictiva de impugnación a través del recurso de reposición. Solamente, estimo que podría quedar a salvo las apelaciones relativas a “honorarios” por tener un régimen impugnativo singular (…) y según cada caso, aquellas resoluciones que por existir un “agravio de magnitud” de insusceptible reparación ulterior, permitan abrir la vía de apelación.
II. Por las razones expuestas, propicio desestimar el recurso de apelación por inadmisible, con costas por su orden por existir razón fundada para apelar. (art. 68 in fine CPCC, 76 y 77 del CPCA).
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo:
Discrepo.
En efecto, considerando lo decidido por esta cámara en antecedentes similares a la presente causa, en los que se sentó criterio favorable a la impugnación en alzada de la sentencia dictada en el trámite de amparo por mora, corresponde declarar admisible al recurso deducido (causas CCALP “Gallo” nº 16, sent. del 10.08.04 y “Domínguez nº 46, sent. del 31.08.04, entre otras). Las circunstancias sobre las que hace eje la intervención que me precede fueron ponderadas en su oportunidad por este tribunal, en ocasión de elaborar la construcción jurídica de respaldo a la procedencia del recurso de apelación contra la sentencia de pronto despacho.
Por ello, no alteran un cuadro de situación edificado sobre principios jurídicos de tutela efectiva y doble instancia, que esta cámara valoró de necesaria preservación y con tributo al debido proceso.
El contradictorio, abreviado, pero connotado por un litigio susceptible, mantiene su perfil y, con ello, la necesidad de la instancia de revisión, como se deriva de esa doctrina y que esta alzada viene aplicando desde largo tiempo.
Por ello, con arreglo al citado entendimiento (art. 55 ley 12.008, t. seg. ley 13.101) propicio declaración favorable de admisibilidad.
Tal mi conclusión.
Así, propongo:
Declarar admisible el recurso de apelación deducido por la representación fiscal.
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, la Dra. Milanta dijo:
I. El magistrado que abre el Acuerdo, se pronuncia por declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación contra la sentencia final de amparo por mora (en este caso, por agravio contra la decisión sobre costas), formulando una nueva valoración al respecto, que lo lleva a modificar una postura seguida invariablemente por esta alzada, circunstancia que torna necesario profundizar sobre la cuestión.
Así, abierta a instancia del juez de primer voto, la revisión del principio de apelación de la sentencia de amparo por mora, y luego de efectuar la ponderación de varios aspectos que la propiciada solución implicaría, sopesando las distintas variables que conciernen al asunto (incluso de oportunidad), me inclino por mantener el criterio que se viene sosteniendo como pacífica y hasta ahora unánime doctrina desde la conformación de esta Cámara en el año 2004, por no encontrar, en las razones del colega ponente, mérito decisivo para compartir el cambio sugerido, principalmente desde la perspectiva de los postulados constitucionales (arts. 15 y 166 CP).
Seguidamente, ante la modificación así planteada, mencionaré los motivos de la opinión que anticipo, dando sustento a mi voto a la primera cuestión en sentido afirmativo de acuerdo a los precedentes del tribunal.
1. Analizada en general la propuesta decisoria adversa a la admisibilidad del recurso de apelación contra la sentencia definitiva en el amparo por mora, no advierto que el riesgo que ello conlleva en cuanto cierra o al menos restringe sustancialmente el acceso a la segunda instancia ordinaria, presente un grado de compensación tal con el propósito que la inspira, que justifique adoptar un nuevo paradigma sobre el tema, en el marco adjetivo que lo contiene (ley 12.008 y sus reformas).
En el proceso de amparo por mora que integra el género de los denominados urgentes (como varios comprendidos en la segunda instancia de esta Cámara), la tendencia mayoritaria, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia -sobre todo frente a preceptivas de cierta semejanza en punto al problema específico y las dificultades suscitadas en su interpretación, como sucede en la Provincia de Buenos Aires (art. 76, ley 12.008, texto según ley 13.101) y en el régimen nacional (art. 28, ley 19.549 texto según ley 21.686)-, se ha inclinado mas bien por mantener una perspectiva favorable a la admisibilidad de la apelación -aún con pautas limitativas en función de la especialidad de esta vía en su objeto y trámite abreviado-. Así, se ha venido dando un sentido hermenéutico bastante consistente a los textos normativos que no prevén expresamente, aunque tampoco excluyen con ese carácter, a dicho recurso contra la sentencia. En todo caso, si cabe hablar de imprevisión legal, ésta se ha leído, entonces, acorde y dentro del sistema "general" recursivo establecido en el ordenamiento procesal.
Así, para mayor precisión, en el fuero contencioso administrativo de la Provincia de Buenos Aires, es criterio prevaleciente al respecto el de la doble instancia ordinaria (Cámaras en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata -causa N°712 del 25-7-2008- y La Plata), incluso bajo un enunciado más restringido, que se basa en el principio genérico de inapelabilidad impuesto para asegurar la celeridad del proceso, pero que debe ceder en aquellos supuestos especiales en que corresponda dar una interpretación definitiva sobre el alcance de los textos legales aplicables en la materia o cuando se observe un apartamiento de las normas fijadas por la ley sustancial o instrumental aplicada supletoriamente … o cuando se encuentre en juego la posible lesión a derechos y garantías constitucionales (CCA de San Martín, causa "Metales Nicolás S.A.", sent. de 8-3-2005; en sent. similar CCA de San Nicolás, causa N°169 del 20-3-2007), es decir bajo pautas lo suficientemente amplias para abrir la revisión apelada de la sentencia y que vienen siendo aplicadas desde hace tiempo. Aperturista es asimismo la línea pretoriana que se desprende de la justicia nacional en la materia, tal como lo indica el fallo plenario de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo del año 1985 (causa "Transportadora de Caudales Zubdesa S.A. c/Empresa Ferrocarriles Argentinos", sent. de 5-2-1985, que modificó el fallo plenario anterior, dictado en la causa "Esperanza, Dominga Encarnación c/E.N.T.E.L. s/amparo por mora", del 25-11-1980).
2. A diferencia, la salvedad que propone el Dr. Spacarotel respecto de apelación de honorarios -por su régimen singular- y para los casos que importen un "agravio de magnitud" de insusceptible reparación ulterior, conformaría -en mi parecer- un margen muy acotado para ir estableciendo los supuestos comprendidos a partir de ahora, desde un plano que revierte el originario. Ello, incluso, considerando la doctrina de la Suprema Corte en relación al carácter definitivo de los pronunciamientos en esta vía judicial, a los fines de su jurisdicción extraordinaria, en cuyo contexto se encuentran, por ejemplo, además de los honorarios, los dictados en relación a las costas y sobre la legitimación de quien es parte en el procedimiento administrativo (v. SCBA Q 73543 res. 23-9-2020; Ac. 96617, res. 11-10-2006; Q 73905 "Merlo Ocampo" res. 4-5-2016).
3. En relación los aportes que pudieran surgir de la experiencia judicial no arrojarían una acabada conclusión para sostener una regla diferente a la que viene aplicando esta Cámara sobre la cuestión, por lo que estimo que procede mantenerla en su enunciado por resultar coherente con el régimen procesal y los principios superiores que lo inspiran.
En efecto, la celeridad de la vía es común a otros procesos que se hallan alcanzados por la doble instancia de competencia de esta Cámara (vgr. amparo administrativo, medidas cautelares autónomas en la materia, cesación de vía de hecho administrativa, remedios autosatisfactivos, entre otros procesos sumarísimos).
Y, por otro lado, la especialidad del amparo por mora no excluye, por esa sola circunstancia, a la sentencia conclusiva del proceso, de los términos del art. 55 inc. 1 del CCA.
Así, sin desconocer que, dada esa particularidad, cobra singular relevancia la garantía de que el litigio se decida en tiempo razonable (art. 15, CP), lo cierto es que asimismo podría verse comprometida aquella finalidad del instituto de impedirse la revisión de la sentencia y con ello la mayor amplitud de defensa y de tutela judicial (art. 15 cit.) que permitiría -eventualmente- lograr una eficaz respuesta frente a la mora en el procedimiento administrativo.
4. Es así que el balance de los derechos y garantías constitucionales, reafirma la regla de doble instancia en la materia, de acuerdo a la doctrina que en tal sentido surge de los precedentes.
Sin perjuicio de ello, la aplicación inmediata de un nuevo criterio jurisprudencial procesal, a los litigios en trámite, que altera sustancialmente el acceso a la alzada ordinaria, restringiendo la admisión del recurso de apelación hasta entonces sostenida en forma pacífica durante tanto tiempo, sería susceptible de ocasionar un agravio irreparable. Ello así, más allá del sentido decisorio, ante la falta de previsión de una pauta que prudencialmente permita la operatividad del cambio a futuro y no con carácter sorpresivo (v. en sent. conc. doctr. CSJN Fallos: 308:552; 318:1089; 328:566; 325:1578, entre otros). Dato, este último, que se agregaría en relación al caso sub-examine.
5. Por último, es oportuno reproducir el enunciado de la doctrina que entiendo procede reafirmar, conforme a los precedentes "Gallo" (causa N° 16, sent. de 10-8-2004) y "Domínguez" (causa N° 46, sent. de 31-8-2004). El art. 76 inc. 4 de la ley ritual prescribe que "Las resoluciones que adopte el juez en el trámite del amparo por mora serán irrecurribles. La sentencia será susceptible de reposición, dentro de los tres (3) días de notificada, mediante escrito fundado" (art. 76, último párrafo).
Luego, de allí no deriva que sea inadmisible el recurso de apelación contra la sentencia dictada en el amparo por mora.
La norma sólo establece la irrecurribilidad de las resoluciones que se adopten en el trámite.
Con respecto a la sentencia, prevé en forma expresa la reposición, fijando un plazo de tres días para deducirla. Este medio de impugnación difiere -en cuanto al objeto del recurso- del contemplado para el proceso administrativo con carácter general en el Capítulo X pues, este último procede contra las providencias simples o interlocutorias (art. 53, C.C.A.). Distinción que se presenta como justificación de la norma especial (art. 76 cit.).
De la regla particular (art. 76 último párrafo) no cabe extraer el principio de inapelabilidad del fallo, pues, la imprevisión normativa no implica la improcedencia del recurso. Por el contrario, el precepto específico guarda coherencia con las normas generales para predicar su admisibilidad.
En todo caso, las peculiaridades del amparo por mora no han dado motivo para que el legislador apartara la sentencia de la regla de apelabilidad (arts. 76, 55 y concs., C.C.A.). Criterio que es el que mejor se aviene a los principios que informan el nuevo sistema de justicia administrativa, estructurado sobre la base de una organización judicial de doble instancia ordinaria (leyes 12.008 y 12.074 y sus reformas; arts. 15, 166 y 215, C.P.).
Cabe concluir que el recurso de apelación procede contra la sentencia dictada en el proceso de amparo por mora, con arreglo a las disposiciones del Código de la materia, ya sea en subsidio del de reposición (conf. causa Nº 16, cit.), como en forma directa (conf. causa N° 46, cit.).
II. En el caso, el recurso fue interpuesto en tiempo y forma, por lo que reúne los extremos de admisiblidad y corresponde conocer sobre sus fundamentos (arts. 55, 56, 58, 76 y concs., C.C.A.).
A la primera cuestión planteada, voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el Dr. Spacarotel dijo:
I. 1. A tenor del criterio de la mayoría para la primera cuestión, abordaré los agravios.
2. El escrito recursivo ha sido interpuesto observando los recaudos de tiempo y forma (arts. 55, 56, 58, y concs., CPCA).
II. Ahora bien, la parte demandada se agravia de la decisión de grado en cuanto la jueza de grado al declarar abstracta la cuestión litigiosa impone las costas a su cargo en calidad de vencida.
Aduce que se han soslayado las consecuencias lógicas y jurídicas de este modo de extinción del proceso -declarado abstracto- y, contraviniendo el reiterado criterio vigente de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata sobre la temática, se impusieron indebidamente las costas del litigio a la Administración.
III. El recurso prospera.
Sin discusión la declaración de abstracta de la cuestión objeto de litis, en atención al modo en que fue resuelta la contienda, estimo justo y equitativo distribuir las costas de la instancia de grado en el orden causado e imponer las de la Alzada del mismo modo atento a la materia debatida (arts. 51, CPCA -texto según ley 14.437-), conforme ha tenido oportunidad de pronunciarse este Tribunal en causas de análoga configuración a la presente (conf. causas CALP Nº 7869, "Hergott", sent. del 11-6-09; Nº 14.577, “González”, sent. del 22-4-13; Nº 14.888, “Lobos”, sent. del 14-11-13; Nº 15.497, “Ledesma”, sent. del 27-5-14; Nº 15.707, “Barroso”, sent. del 19-6-14; Nº 16.016, “Baldino”, sent. del 28-8-14; Nº 16.244, “Cuevas”, sent. del 2-10-14; Nº 16.294, “Tore”, sent. del 14-10-14, Nº 16.529, “De Matías”, sent. del 20-11-14; Nº 17.122, “Goncalvez”, sent. del 28-4-15; Nº 17.217, “Domínguez”, sent. del 21-5-15; Nº 17.315, “Pérez Izquierdo”, sent. del 18-6-15; Nº 17.593, “Collazo”, sent. del 1-9-15; N° 17.829, “Alanis”, sent. del 29-10-15; N° 18.266 “Arce”, sent. del 31-3-16; N° 18.780, “Porcel”, sent. del 30-6-16; N° 19.042, “Biglia”, sent. del 25-8-16; N°19.371 “Zarate”, sent. del 8-11-16; N° 27.294, “Celi”, sent. del 14/09/21, más recientemente, causa N° 26.747, “Nuñez”, sent. del 30/06/22 y N° 35.209 “Weber”, sent. del 23/03/23 entre muchas otras), en las que se dijo que, circunscripto el objeto del amparo por mora a la orden de pronto despacho de las actuaciones, no procede la condena en costas si la mora ha cesado con anterioridad al dictado de la orden judicial (art. 76 inc. 4º, cit.), no resultando del proceso parte vencida.
IV. Por las razones expuestas, propicio hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, revocar la sentencia de grado en cuanto fuera materia de agravios, imponiendo las costas del proceso en el orden causado (arts. 51 inc. 2º –texto según ley 14.437-, 55, 56, 58; 76 y 77 del CPCA; art. 274 del CPCC).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo:
Adhiero al primer voto.
Participo del criterio de distribución de las costas del proceso en el orden causado, después de la neutralidad decisoria decidida, tal y como lo propone. Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada la Dra Milanta dijo:
Adhiero al voto del Dr. Spacarotel emitiendo el mío en idéntico sentido decisorio.
Así lo voto.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede I. Por mayoría se declara admisible el recurso de apelación deducido por la parte demandada (arts. 55, 56, 58, 76 y concs., C.C.A.).
II. Se hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y se revoca la sentencia de grado en cuanto fuera materia de agravios, imponiendo las costas del proceso en el orden causado (arts. 51 inc. 2º –texto según ley 14.437-, 55, 56, 58; 76 y 77 del CPCA; art. 274 del CPCC). Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al juzgado de origen, oficiándose por Secretaría.
Fin de la sentencia