Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 184.574
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de la demandada contra la sentencia definitiva, con costas (art. 68 CPCCBA);
II. Rechazar el recurso de la actora contra la sentencia definitiva, con costas (art. 68 CPCCBA);
III. Rechazar el recurso de la citada en garantía contra la sentencia definitiva, debiendo la aseguradora responder —de manera concurrente con la demandada— por la condena impuesta en primera instancia y aquí confirmada. Las costas del recurso se imponen a la aseguradora vencida (art. 68 CPCCBA);
IV. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); V)
Expte. Nº 184.574. Juzgado Civil y Comercial N° 15 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “COLQUE ALEJANDRA MARIANA C/ COLEGIO ALFRED NOBEL —INSTITUTO PRIVADO LUIS PIEDRABUENA SRL— Y SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia dictada el 18 de julio de 2025?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 18 de julio de 2025, el juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 15 departamental dictó sentencia e hizo lugar a la pretensión de indemnización de daños y perjuicios promovida por Alejandra Mariana Colque (en representación del niño Gastón Román Aguirre) contra el Instituto Privado Luis Piedrabuena S.R.L. (Colegio Alfred Nobel), condenando a la demandada a abonar a la actora la suma de $2.899.999, de manera conjunta con la citada en garantía Sancor Cooperativa de Seguros LTDA, en los límites y alcances del seguro de contratado, con más sus intereses.
Para así decidir, tuvo por reconocido que, en 2016, cuando tenía la edad de 8 años, el niño Gastón Román Aguirre sufrió un accidente durante un recreo en el patio del colegio demandado.
El juez rechazó el planteo de la accionada, quien había sostenido —al contestar la demanda— que se trató de un caso fortuito, ya que el niño se encontraba parado en el patio del recreo, a pocos pasos de los docentes a su cargo, cuando de repente cayó al suelo sin ninguna causa aparente. Para así concluir, sostuvo que “todo alumno que asiste a un establecimiento educativo debe regresar a su hogar sano y salvo. Esta expectativa no solo es impuesta por las normas jurídicas sino también surge del sentido común y de la confianza depositada por las familias en estas instituciones, y solo podría verse excepcionada ante la ocurrencia de un hecho verdaderamente extraordinario e inevitable, capaz de escapar por completo de las posibilidades de prevención o control por parte de un colegio. Demás está decir, que el accidente ocurrido en el establecimiento educativo —aun tomando como cierta la versión dada por la entidad demandada— dista de configurar las notas requeridas para importar un eximente en su responsabilidad” (sic).
Con ese fundamento, responsabilizó a la entidad educativa por los daños sufridos. En cuanto a los rubros, los rechazó en su mayoría e hizo lugar únicamente al resarcimiento por daño moral, que fijó en la suma de $2.899.999, monto equivalente al valor de mercado de una notebook Samsung Galaxy Book3 Pro 360.
En cuanto al límite de cobertura del seguro contratado, dispuso que el valor nominal previsto en la póliza deberá ser actualizado mediante el IPC nacional de educación hasta el momento del efectivo pago.
Respecto a los intereses, indicó que serán calculados desde la fecha del hecho (4-11-2016) y hasta la fecha de la sentencia, aplicándose una tasa del 6% anual; “y de allí y hasta el efectivo pago se aplicará la TASA ACTIVA “descubierto en cuenta corriente en pesos sin acuerdo”, fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires”.
Con esos argumentos, hizo lugar a la pretensión e impuso las costas a la demandada.
II. El recurso de la actora.
Alejandra Colque apeló la sentencia el 06/08/2025 y fundó su recurso el 09/09/2025, mediante expresión de agravios que fue contestada el 21/09/2025 por la demandada.
En su único agravio, sostuvo que el juez se equivocó al rechazar la indemnización por incapacidad, ya que el niño sufrió una lesión que está prevista en el baremo con una incapacidad del 5%. Planteó que esa lesión debe ser resarcida, independientemente de que, por su favorable evolución, no haya tenido secuelas.
III. El recurso de la demandada.
La institución educativa apeló la sentencia el 07/08/2025 y fundó su recurso el 09/09/2025, mediante expresión de agravios que fue contestada el 15/09/2025 por la actora. Sus agravios pueden sintetizarse de la siguiente manera:
(i) Que el juez apreció erróneamente la prueba, ya que se ha configurado la eximente de responsabilidad de la demandada, en la medida en la que no hay relación de causalidad ya que el daño se produjo por caso fortuito. En tal sentido, destacó que “El niño Gastón Aguirre tal como fuera manifestado en el escrito de contestación de la demanda, se encontraba tan solo parado en el patio del recreo a pocos pasos de los docentes a cargo del mismo; cuando de repente éste cae al suelo. La totalidad del personal y las maestras se encontraban en el lugar tal como lo establece el reglamento interno del establecimiento, el cual determina que cada dependiente de la Institución tiene un lugar asignado para el cuidado y vigilancia del alumnado”.
(ii) Que la caída del niño no puede atribuirse al incumplimiento del deber tácito de seguridad asumido por el establecimiento, ya que resultó inevitable para la totalidad de los maestros que se encontraban en el lugar y “se produjo por razones que se deban probablemente a causas orgánicas del niño, como pueden ser mareos, baja de presión, desvanecimiento, etc.”
IV. El recurso de la citada en garantía.
La aseguradora apeló la sentencia el 04/08/2025 y fundó su recurso el 03/09/2025, mediante expresión de agravios que fue contestada el 12/09/2025 por la actora y el 16/09/2025 por la demandada.
En su único agravio, sostiene que el daño moral y daño psicológico no son riesgos cubiertos en póliza, que solo refiere a la invalidez y/o muerte. Con ese argumento, solicita que se la exima de responder, ya que la sentencia únicamente ha admitido la indemnización del daño moral.
V. Sobre la atribución de responsabilidad.
En su expresión de agravios, la institución educativa demandada ha insistido con la misma postura defensiva en la que sustentó su contestación de demanda. Concretamente, planteó que la caída de Gastón Aguirre, ocurrida durante un recreo en el patio del colegio Alfredo Nobel, se trató de un hecho súbito, repentino e imprevisible que impidió una intervención, por lo que debe ser encuadrado como un caso fortuito. Señaló que en este caso no hubo un incumplimiento al deber tácito de seguridad ni deficiencias en la guarda o asistencia, ya que la existencia de más profesores en el lugar de los hechos no hubiera evitado la caída.
Adelanto que no comparto esta visión del caso, por lo que la atribución de responsabilidad fijada en la sentencia debe confirmarse.
Una de las notas típicas del caso fortuito como eximente de responsabilidad es su imprevisibilidad. En líneas generales, esta característica es propia de aquellos sucesos extraños o ajenos a la actividad que habitualmente desarrolla quien ha sido indicado como responsable (SCBA en C. 117.533, "E. , A. C. y otros contra Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y otros. Daños y perjuicios" del 11/12/2013; voto del Ministro de Lázzari).
Aplicando esa premisa al caso, no tengo dudas de que, aun cuando la caída del alumno en el patio del colegio pueda haber sido súbita o inesperada (ninguno de los testigos que ofreció la demandada vio el momento exacto del hecho), ello no puede llevar necesariamente a concluir que las caídas y golpes de estudiantes en el patio ocurridas durante un recreo —como un fenómeno general conformado a partir de sucesos similares y reiterados— sean imprevisibles, fortuitas o ajenas lo que puede llegar a acontecer en ese contexto de tiempo, modo y lugar.
Dicho de otra manera; si la demandada pretendía eximirse de su responsabilidad alegando la existencia de un caso fortuito, debió haber alegado que la caída de un niño en el patio durante un recreo escolar se trata de un hecho extraño; ajeno a la dinámica de un recreo escolar, que ocurre en ocasiones absolutamente aisladas y excepcionales.
Que un suceso (en este caso, la caída de un alumno durante un recreo) sea difícil de controlar debido a su naturaleza súbita no implica necesariamente que su acaecimiento sea imprevisible de acuerdo al tipo de actividad desarrollada. Por lo expuesto, coincido con el criterio expuesto en la sentencia apelada: el hecho que dio origen a este pleito no puede ser encuadrado dentro de la figura del caso fortuito (arts. 1730 y ctes. del CCYC).
En este contexto, nada quita ni agrega que, tal como ha resaltado la demandada en su expresión de agravios “la Institución tiene un lugar asignado para el cuidado y vigilancia del alumnado. El cual se cumple rigurosamente y así se hizo el día en cuestión.- En el lugar se encontraban las maestras y profesores correspondientes, quienes advirtieron el hecho y asistieron inmediatamente al niño” (sic).
Estas alegaciones son irrelevantes para la solución del caso, en la medida en la que la que la responsabilidad del colegio no se funda en su culpa o negligencia, sino en el deber objetivo de garantía previsto en el art. 1767 del Código Civil y Comercial. La caída del estudiante en el patio del colegio ha sido reconocida, y se han acreditado los daños sufridos por ese hecho, los que guardan con él un adecuado nexo de causalidad. Ello es suficiente para que la demandada deba responder en la medida en que no pruebe el caso fortuito, y ello es así con total independencia de que haya actuado de un modo diligente o imprudente.
En otras palabras, no cabe abrir juicio de valor sobre si el colegio —a través de sus directivos y equipo docente— ajustó su comportamiento a un estándar adecuado; si obró con diligencia para prevenir caídas o con prestancia una vez producido el accidente. Ello constituye un debate subjetivo que —reitero— es ajeno al factor de atribución que determina su deber de responder por los daños que el alumno ha sufrido (art. 1767 del CCyC). Así como lo que caracteriza al factor de atribución objetivo es una ventaja para la víctima (que no tiene que probar la culpa de aquel a quien le endilga responsabilidad) este último no puede defenderse invocando la falta de culpabilidad, pues su deber resarcitorio prescinde de todo elemento subjetivo de imputación. Tal como lo aclara el art. 1722 del Código: «el factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad». Si es irrelevante para atribuir responsabilidad, es igualmente irrelevante para eximirse de ella (v. mi voto en “Galván”; exp. N° 176408 del 30/06/2023).
En consecuencia, propondré al acuerdo rechazar el recurso de la demandada y confirmar la sentencia en lo que ha sido motivo de agravio (arts. 1722, 1730, 1767 y ctes. del CCyC).
VI. Sobre la indemnización por incapacidad sobreviniente.
El juez rechazó esta pretensión resarcitoria. Para así decidir, recalcó que, de acuerdo al informe pericial en traumatología, el niño Gastón Aguirre no presenta secuelas derivadas de la fractura de cúbito y radio sufridas en el hecho que originó este conflicto.
La actora apeló la decisión y planteó que “no cabe dudas que el experto consideró que conforme el baremo utilizado le correspondía al menor por la lesión sufrida un 5% de incapacidad, incapacidad que debe ser indemnizada independientemente de la evolución de la lesión favorable que tuvo el niño” (sic).
El agravio no prospera.
Si bien es cierto que el perito informó que “El Baremo Altube – Rinaldi, por la fractura de cubito y radio distal derecha, sin compromiso de la fisis (cartílago de crecimiento), ni de la superficie articular, asigna un 5 % de Incapacidad” (v. punto de pericia III.8 en la presentación del 22/08/2023) esta información debe ser ponderada con suma cautela y teniendo en cuenta el resto de las conclusiones del informe (arts. 384 y 474 del CPCCBA).
A continuación, explicaré por qué.
La indemnización por incapacidad sobreviniente tiene por fin reparar el desmedro producido con carácter permanente en las aptitudes psíquicas o físicas del individuo y que incide sobre su aptitud productiva en general, abarcando no sólo los aspectos laborales sino también aquéllos que se vinculan con su capacidad vital y potencialidad genérica, que son también mensurables -aun estimativamente- en términos económicos (art. 1746 C.C. y C.N.; esta Sala, exptes. 151.505 S. 29-11-2012 Reg. 327-S, 158.245 S. 24-4-2015 Reg. 82-S; 163.012 S. 29-6-2017 Reg. 159-S; 167.616 S. 28-6-2019 Reg. 158-S, entre muchos otros).
Como bien señaló el juez en su sentencia, el perito médico fue terminante respecto a que la fractura que sufrió Gastón Aguirre a sus 8 años de edad no ha tenido consecuencia alguna a largo plazo: la lesión resolvió ad integrum (sic), sin dejar ningún tipo de secuela. El experto incluso explicó la razón de esta buena evolución, la que adjudicó a la remodelación ósea que presentan los niños. Informó que la lesión fue tratada mediante inmovilización con yeso y no afectó el cartílago de crecimiento ni la superficie articular (v. punto de pericia III.1 El traumatólogo agregó que “las fracturas consolidaron sin dejar alteraciones en el eje anatómico del cúbito y radio, sin afectar la articulación de la muñeca, sin dejar secuelas. Al examen físico; su arco de movilidad es completo, sin limitaciones motoras ni sensitivas, niega dolencias, refiere que realiza todas las actividades (de la vida diaria y recreativas sin limitaciones)” (sic; v. III.4 en la presentación del 22/08/2023). Al contestar el pedido de explicaciones formulado por la demandada, el traumatólogo indicó que “la lesión no le dejó secuelas ni complicaciones en su desarrollo y en su crecimiento posterior, por lo que el porcentaje de incapacidad es el que corresponde a la lesión tal cual la padeciera” (sic; v. explicaciones brindadas el 13/09/2023. El resaltado no es de origen). Esta última frase del dictamen es problemática y debe ser interpretada a la luz del resto de sus conclusiones. En esa faena, considero que una lectura integral del informe pericial y sus explicaciones complementarias demuestran que lo que ha hecho el perito al momento de referirse al porcentaje de incapacidad fue una descripción de la tabla incluida en el baremo, que dispone un 5% para las fracturas de cúbito y radio. Sin embargo, lo cierto es que —ante la ausencia total de secuelas, complicaciones o limitaciones— no hay aquí actividad productiva o social —actual o futura— susceptible de verse disminuida, por lo que, sin perjuicio de la valoración de la lesión para determinar el daño moral, el resarcimiento bajo análisis no puede prosperar.
Por todo lo expuesto, se rechaza el agravio de la actora en relación a la indemnización por incapacidad, cuyo rechazo se confirma (art. 1746 del CCyC del CPCCBA).
VII. Sobre el seguro contratado.
En su sentencia, el juez condenó a la demandada a indemnizar a la actora “de manera conjunta con la citada en garantía Sancor Cooperativa de Seguros LTDA, en los límites y alcances del seguro de contratado” (sic). Ante esa decisión, la aseguradora interpuso una aclaratoria y planteó que “La suma asegurada suscripta asciende a $30.000, ya sea por muerte e invalidez Permamente Total y/o Parcial por Accidente y/o AMF integral.- Es decir, el riesgo cubierto es por muerte o invalidez.- Ergo, el daño moral y daño psicológico no son riesgos cubiertos en póliza”. Con ese argumento, solicitó que “quede debidamente especificado en la sentencia que la citada en garantía NO es obligada al pago de la misma, conforme límites y alcances del seguro contratado”.
El juez rechazó el pedido de aclaratoria. Luego, —al expresar agravios— la citada en garantía insistió en su planteo, solicitando se la excluya del deber de indemnizar el daño moral, en la medida en la que la póliza cubre únicamente prestaciones relativas a muerte/invalidez permanente. El recurso no prospera.
Una lectura integral del expediente permite advertir que, al contestar la citación en garantía, Sancor Seguros informó que “La suma asegurada suscripta asciende a $30.000, ya sea por muerte e invalidez Permanente Total y/o Parcial por Accidente y/o AMF integral” (v. Punto III, “ASEGURAMIENTO – FRANQUICIA – LIMITES” en la presentación del 12/07/2021). En ese mismo escrito, al impugnar la procedencia de los daños reclamados y, concretamente, de la indemnización por daño moral, la aseguradora se limitó a plantear que la suma de $100.000 era “irrazonable y desmesurada”, sin decir absolutamente nada respecto a que esa cobertura no estaba incluida en la póliza. Idéntica postura adoptó al intentar rebatir la procedencia del daño psicológico (v. puntos VI.1 y VI.3 en la presentación del 12/07/2021).
Al no haber planteado —en su escrito postulatorio— que esas prestaciones no estaban contempladas expresamente en la póliza, la cuestión no fue debatida en primera instancia. Fue así que, previsiblemente, la sentencia no se expidió sobre el punto, resolviendo que la citada en garantía debe responder “en los límites del seguro contratado” sin efectuar distinciones respecto a la naturaleza del resarcimiento. Ahora bien: en llamativo contraste con la estrategia adoptada al contestar la citación en garantía, la aseguradora cambia ahora su postura y pretende eximirse de responder mediante un planteo que, claro está, no fue objeto de prueba, debate y decisión en primera instancia.
Ha dicho este Tribunal -en consonancia con una amplia jurisprudencia bonaerense- que mediante el recurso de apelación no pueden someterse a conocimiento de la Alzada defensas o cuestiones que no fueron articuladas oportunamente, importando su tratamiento por parte de este cuerpo la violación de los arts. 34 inc. 4to., 163 inc. 6to., 266 y 272 del Código Procesal. Es decir, si en la expresión de agravios se introduce una cuestión que no fue planteada en la instancia de origen y obviamente sobre la cual no pudo pronunciarse el magistrado, ello encuentra el valladar que sienta el art. 272 del ordenamiento procesal, pues en el sistema de la doble instancia, informada por el principio dispositivo, no es dable introducir capítulos no propuestos a la decisión del juez de origen (Sala II, c. 165165 -"Massacesi..."- del 05/04/2018, c. 163997 -"Boca..."- del 08/03/2018, c. 165597 -"Goicochea..."- del 11/12/2018, entre muchos otros; el tema, en materia de eximentes de responsabilidad, en SCBA, C. 99.072 -"M. ,J. c/P. d. l. P. d. B. A. s/Daños y perjuicios"- del 10/09/2008).
Por todo lo dicho, consideraré inadmisible el pretenso agravio referidos a la exclusión de la cobertura del daño moral, extemporáneamente invocado en instancia recursiva y que resulta además contradictorio con las alegaciones contenidas en la contestación a la citación en garantía (art. 272 del CPCCBA).
En consecuencia, y para evitar incidencias al momento de ejecutar la sentencia, se deja establecido que el rechazo de este agravio conduce a que la aseguradora deba responder —de manera concurrente con la demandada— por la condena impuesta en primera instancia y aquí confirmada (arts. 109 y ctes. Ley 17.418; art. 272 del CPCCBA).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo: Corresponde: I) Rechazar el recurso de la demandada contra la sentencia definitiva, con costas (art. 68 CPCCBA); II) Rechazar el recurso de la actora contra la sentencia definitiva, con costas (art. 68 CPCCBA); III) Rechazar el recurso de la citada en garantía contra la sentencia definitiva, debiendo la aseguradora responder —de manera concurrente con la demandada— por la condena impuesta en primera instancia y aquí confirmada. Las costas del recurso se imponen a la aseguradora vencida (art. 68 CPCCBA); IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso de la demandada contra la sentencia definitiva, con costas (art. 68 CPCCBA); II) Rechazar el recurso de la actora contra la sentencia definitiva, con costas (art. 68 CPCCBA); III) Rechazar el recurso de la citada en garantía contra la sentencia definitiva, debiendo la aseguradora responder —de manera concurrente con la demandada— por la condena impuesta en primera instancia y aquí confirmada. Las costas del recurso se imponen a la aseguradora vencida (art. 68 CPCCBA); IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); V) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE en los domicilios electrónicos de las partes y de la Asesoría de Incapaces en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA. Oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia