Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 7 de San Isidro · Causa SI-35782-2024
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar a la demanda de reivindicación interpuesta por Colriver S.A. contra Marcelo Pablo RODRIGUEZ, Blanca Daniela VILLA y subinquilinos y ocupantes , condenando a estos últimos y a cualquier otro ocupante a restituir al actor la ocupación del inmueble sito en la Av. Dr. Arturo Humberto Illia (Ruta 8), n° 13868 de la localidad de Del Viso, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, identificado catastralmente como: Circunscripción XI, Sección H, Fracción IX, Parcela 7; inscripto su dominio en la Matrícula 95909 del Partido de Pilar, dentro del plazo de 10 días de quedar firme el pronunciamiento, bajo apercibimiento de lanzamiento por la fuerza pública.
2Imponer las costas a la parte demandada vencida.
3Difiriendo la regulación de honorarios hasta tanto se aporten al expediente los elementos necesarios para ello (art. 27 de ley 14967).
Expediente Nº SI-35782-2024
San Isidro, de Noviembre de 2026 .
AUTOS Y VISTOS : Los presentes autos caratulados " COLRIVER SA C/ RODRIGUEZ MARCELO PABLO Y OTRO/A S/ ACCION REIVINDICATORIA ", Expediente Nº SI-35782-2024 , en trámite por ante éste Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 7, a mi cargo, Secretaría Unica a cargo de las Dras. María Cecilia GALLARDO y Lorena Beatríz GONZALEZ, del Departamento Judicial de San Isidro, venidos a despacho para dictar sentencia y de los cuales,
RESULTA: 1. Que con fecha 24.10.2024 se presentó el Dr. Horacio Alejandro Walter, en representación de COLRIVER S.A. iniciando demanda por reivindicación contra Marcelo Pablo RODRIGUEZ, Blanca Daniela VILLA, y contra inquilinos, sub inquilinos y/u ocupantes, de la propiedad ubicada en la Av. Dr. Arturo Humberto Illia (Ruta 8), n° 13868 de la localidad de Del Viso, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, identificado catastralmente como: Circunscripción XI, Sección H, Fracción IX, Parcela 7, Pcia. de Bs.As.. Adjuntó para mayor precisión, croquis de ubicación del inmueble.
Con el objeto de ilustrar la legitimación activa, la parte actora señaló que resulta ser titular de dominio del inmueble antes descripto. Adjuntó a dichos efectos copia autenticada de la Escritura pública n° 133, folio 345 del 2 de septiembre de 2002.
En punto a la legitimación pasiva señaló que son las personas demandadas en autos, sin perjuicio del resultado de la notificación de la promoción de la presente acción dirigida a inquilinos, sub inquilinos y/u ocupantes.
Prosiguió con el relato de los hechos, señalando que con fecha 2 de septiembre de 2002, la Sra. Nilda Carmen Groglopo en nombre y representación de la Sociedad "COLRIVER SOCIEDAD ANONIMA", adquirió de Pedro Zgaib y Josefina Sede de Sgaib el inmueble objeto de litis ubicado en el Partido del Pilar, Provincia de Buenos Aires, designado según título con el n° 31 de la fracción "B-Tres", nomenclatura catastral: Circunscripción XI, Sección H, Fracción IX, Parcela 7.
Agregó que a partir del 2 de septiembre de 2002, la sociedad adquirió la posesión real y efectiva de la propiedad objeto de litis y que desde entonces lo poseyó en forma pacífica, realizando en el mismo distintos actos posesorios, consistentes en tareas de mejoramiento, mantenimiento de la vivienda principal, del parque y la piscina y el pago de impuestos municipal e impuesto inmobiliario (Rentas).
Aseveró que nunca medió abandono de la cosa, lo que se exteriorizó de diversos modos, en particular el pago de impuestos, tasas y contribuciones, así como la realización de reclamos, denuncias, e incluso la celebración de acuerdos judiciales para abonar deudas impositivas, con el consiguiente ejercicio de actos jurídicos civiles que exteriorizaron en forma univoca la voluntad y animus domini del propietario. Ejemplo de ello, resulta ser el acuerdo de pago celebrado en los autos caratulados "Fisco PBA c/Colriver SA s/Apremio" Exp. 48.232 en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 Secretaria Única.
En el año 2006 la propiedad fue cerrada a los efectos de evitar su intrusión. Situación que permanece con el control y verificación de la empresa propietaria a través de empleados y personas afines a ella, quienes verificaban en forma regular que la propiedad no sea objeto de vandalismo, destrucción, o intrusión.
Destacó que desde siempre la finca contaba con cerco perimetral, lo cual impedía el libre acceso de terceros al inmueble.
Su acceso solo podía realizarse por las puertas de ingresos cuyas llaves siempre estuvieron en poder de la propietaria, o vía intrusión con uso de la violencia física.
Manifestó que en el año 2013 se tomó conocimiento que terceros habían ocupado el inmueble y se hicieron las denuncias respectivas, toda vez que se anoticiaron de la usurpación de la propiedad, sin ánimo de reintegrar, devolver o desocupar la misma frente a su requerimiento, lo que se materializo mediante la IPP 14-02-9567-13, instruída el 31 de julio de 2013, en trámite por ante la UFI 3 de Pilar.
Destacó que se formuló una segunda denuncia ante la UFI n° 1 de Pilar causa n° 69438 siendo la denunciante Susana Beatríz Sgaib (Hija fallecida de Pedro Sgaib apoderado de COLRIVER).
Relató que dichas denuncias penales, demuestran que la posesión que ejercen los ocupantes, nunca fue pública, ni pacifica, ni ininterrumpida y que los demandados ejercieron clandestinidad y violencia en sus maniobras y proceder, a los fines de despojar a COLRIVER SA del inmueble de su propiedad, privándola de él en forma absoluta.
Destacó que el art. 2248 del CCyC " .exige para poder intentar la acción de reivindicación dos requisitos: que el reivindicante sea propietario de la cosa a reivindicar, porque la ley entiende que es una acción nacida del derecho de propiedad sin el cual ella no puede existir y que, además, el titular haya realmente perdido la posesión de la cosa, porque de ser una simple molestia o perturbación la acción sería otra. " (Peña Guzmán, Luis Alberto - "Derecho Civil - Derechos Reales" - Tomo III, Ed. Tea, 1.973, pág. 636/637).
Mencionó por otra parte los requisitos de la acción posesoria.
Fundó en derecho.
Ofreció prueba.
Peticionó.
2. Que corrido que fue con fecha 31.10.2024 traslado sumario de la acción, con fecha 29.4.2025 se presentó Marcelo Pablo RODRÍGUEZ , por derecho propio y con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Eduardo Torreira, contestando la demanda interpuesta en su contra.
Principió por la negativa de rito, tanto genérica como específica para luego señalar que tiene derecho a la posesión, en tanto su padre Carlos Alberto Rodríguez, había comprado al Sr. Pedro Zgaib, y su esposa Josefina Sede en el año 1999, y firmado un boleto de compra venta. Refirió que en el mismo, se comprometían a realizar la escrituración del inmueble en una escribanía a la cual Pedro Zgibe y su Sra. nunca se presentaron. Refirió asimismo que ello motivó que su padre Carlos Rodríguez, contrate al Dr. Iannelo a fin de ubicar a los vendedores, sin resultado alguno.
Agregó que en el año 2001 -al querer tomar posesión de la propiedad-, encontraron que la misma estaba usurpada por el Sr. Carlos Dionisio Quevedo, su pareja Silvia Mabel Hoffner y otros. Aseveró que frente a ello, presentaron la denuncia en la comisaría, y que en el transcurso de espera por la resolución judicial, el Dr. Iannelo les informó que la casa fue transferida por el Sr. Pedro Zgaib a una empresa de razón social COLRIVER SA , en la cual el Sr. Zgaib tenía el cargo de presidente.
Puso de resalto que aquello sugiere que hubo una maniobra de simulación en la venta de la propiedad con el fin de sacar la titularidad de la misma del Sr. Zgaib, pero manteniendo la misma en su patrimonio.
Señaló por otra parte que el 8 de Junio de 2003 falleció su papá, Carlos Alberto Rodríguez, haciéndose cargo de los trámites para recuperar la propiedad y encontrar a los vendedores de la misma. Adicionó que a fines del año 2005 logró contactarse con los usurpadores de la misma, anoticiándose que el Sr. Carlos Dionicio se encontraba fallecido y la Sra. Silvia Mabel Hoffner como encargada de la propiedad, habitando en la misma 5 familias más. Dos (2) familias ocupando la casa del frente, una en la casa de huéspedes, una en el garaje y una en la casa del casero.
Relató asimismo que luego de una larga negociación con la Sra. Silvia Mabel Hoffner llegaron a un acuerdo, pactando una suma de U$S 20.000 para dejar la propiedad libre de ocupantes.
Prosiguió señalando que en enero del 2006 recupero la posesión, encontrando la misma en un estado ruinoso e inhabitable, describiendo los actos realizados.
Manifestó que en el año 2008 se realizó una denuncia de usurpación ante la UFI N° 1 de Pilar, causa (IPP) N° 69.438, por una supuesta hija de Pedro Zgaib y, la otra en representación de COLRIVER SA. Agregó que en agosto de 2013 lo citaron de la comisaria de Del Viso, en la cual el 14 de Agosto 2013, se le informó que el Sr, Pedro Zgaib pretendió pagar al jefe de dicha delegación para que procediera a desalojarlo. Señaló no obstante haber continuado con tareas de mantenimiento, reparaciones y mejoras en el resto de su propiedad. Por otra parte informó que el 8 de junio de 2019 falleció su abogado Dr. Iannello, quien guardaba toda la documentación original que su papá -Carlos Rodríguez- había dejado en su estudio. Entre dicha documentación apuntó que se encontraba el boleto de compra venta firmado por el Sr. Pedro Zgaib en una escribanía, mas toda la documentación que tenía reunida el Dr. Iannello y que fuera desechada por la familia.
Ofreció prueba, hizo reserva y peticionó.
3. Que con fecha 8.5.2025 se corrió traslado al actor de la documentación acompañada por el demandado mereciendo su contestación con fecha 9.5.2025 desconociendo íntegramente la misma.
4. Que con fecha 20.5.2025, habiéndose vencido el término dispuesto por el art. 484 del CPCC sin que la parte demandada sub inquilinos y/u ocupantes ni la Sra. Blanca Daniela VILLA contestaran demanda en legal tiempo y forma, se les dio por perdido el derecho que dejaron de usar.
5. Que con fecha 4.6.2025 se tuvo presente la aclaración formulada mediante presentación del 23.05.2025 y siendo que la providencia del 20.05.2025 no había adquirido firmeza aún, se resolvió que sin perjuicio de que en la contestación de demanda del 29.04.25 no se había dado cumplimiento con el art.118 del CPCC respecto de la codemandada Blanca Daniela Villa, -en tanto aquella sí había rubricado al pie del cuerpo del escrito-, se dejaba sin efecto lo resuelto el 20.05.25 a su respecto, teniéndola por contestada la demanda en legal tiempo y forma.
6. Que con fecha 6.6.2025, la codemandada Blanca Daniela VILLA dio cumplimiento con el art. 118 CPCC, señalando que reside en el inmueble en cuestión en calidad de conviviente de Marcelo Pablo Rodríguez, aclarando a su vez que la misma es compartida con los hijos en común, aseverando asimismo que ha mantenido la posesión pública y pacífica del inmueble junto con su grupo familiar.
7. Que con fecha 12.6.2025 se abrieron las actuaciones a prueba, certificando la Actuaria en relación a su producción y vencimiento con fecha 12.2.2026.
8. Que con fecha 20/10/2026 se llamaron autos para dictar sentencia mediante proveído que se encuentra firme y
CONSIDERANDO : I) Ley aplicable
Que cabe señalar, como antesala, que rige al presente caso el derogado Código Civil de la Nación, por resultar la ley vigente al tiempo de producirse los hechos que el actor invoca en sustento de su pretensión, esto es, la desposesión del inmueble objeto de autos ocurrida en el año 2013 según el relato de los hechos efectuado en el escrito liminar (conf. art. 7 del CCCyN).
Que la acción reivindicatoria es, según una antigua definición, aquella concedida al propietario para permitirle que se le reconozca su derecho y sancionarlo. En forma más amplia, se la ha conceptuado como la que dispone el propietario no poseedor para hacer efectivo su derecho a exigir la restitución de la cosa del poseedor no propietario (cfr. Sohm en "Instituciones de Derecho Privado Romano" Historia y Sistema 1936, pág 282, citado por Kiper Claudio en "Juicio de acciones reales", editorial Hammurbi, pág 49).-
El Código de Velez la define en el art. 2758 en los siguientes términos: ".nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, por la cual el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y la reivindica, contra aquél que se encuentra en posesión de aquella".-
No obstante las referencias al propietarios que hace el artículo, ya durante la vigencia del Código Civil prevaleció una tesis mayoritaria que asignó una concepción más amplia, al considerar que no solo el dominio o condominio, sino también los demás derechos reales que se ejercen por la posesión tienen a su alcance esta acción reivindicatoria (cfr. Kiper Claudio, en ob cit, pág 51). En tal sentido se han expresado Segovia, Lafaille, Allende, Arean y Alterini (cfr. Gustavo A Bono en ob. cit pág 751).-
Nuestra Suprema Corte Provincial ha señalado que: "La reivindicación es una acción que nace de todo derecho real que se ejerce por la posesión, cuando su titular ha sido privado absolutamente de ella, por lo que exige de aquél que se encuentra en la posesión de la cosa, se la restituya con todos sus accesorios" (SCBA C 90.755 "Blasetti, Rubén Omar c/Jaduch, Josefa María y otro s/Reivindicación y Daños y perjuicios" del 19-08-2009).-
El ejercicio de la acción reivindicatoria requiere justificar, por un lado, el título que da derecho sobre la cosa; por otro, la pérdida de la posesión y posesión actual del reivindicado y, finalmente, que la cosa que se reivindica sea susceptible de ser poseída (conf. SCBA, causas Ac. 33.885, sent. del 9-XI-1984; Ac. 45.456, sent. del 27-XII-1991).-
La prueba en los juicios de reivindicación entra en el terreno del juicio petitorio, en el cual la controversia versa sobre derechos, a diferencia del posesorio que tiene por fin, como regla, el hecho en sí de la posesión (cfr. Kiper Claudio en "Código .." cit, pág 319).
Se ha dicho que "el reivindicante con título contra el poseedor que no lo tiene no está en la necesidad de probar posesión alguna, siendo suficiente su título, que es el derecho a poseer" (conf. SCBA causas Ac. 68.604, sent. del 16-II-2000; Ac. 75.946, sent. del 15-XI-2000; causa 98552, 16-3-2011).
Quien inicia la acción reivindicatoria debe entonces, como primera medida, justificar su derecho sobre la cosa objeto de la acción, invocando título de dominio o de alguno de los derechos reales que se ejercen por la posesión, o bien su condición de acreedor hipotecario. Aquí la prueba se regirá por una serie de presunciones; el demandante no necesita demostrar que ha recibido la posesión del inmueble al cual se aplica su título (conf. Código Civil y Comercial de la Nación comentado, dirigido por el Dr. Lorenzetti, Ricardo L., Tomo X, pág. 320, Ed. Rubinzal- Culzoni, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2015).
En el supuesto de que el poseedor actual también acredite tener derecho sobre el bien, el reivindicante no sólo debe demostrar su derecho sobre la cosa, sino, además, que el suyo es mejor, puesto que in pari causa condictio, possidetis melior est (conf. Código Civil y Comercial de la Nación comentado, obra citada supra, Tomo X, pág. 320, Ed. Rubinzal- Culzoni, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2015).
La única manera que tienen los poseedores para repeler una acción reivindicatoria es probando fehacientemente que lo son en forma continua, pacífica e ininterrumpida desde hace veinte años anteriores a la demanda, reuniendo los requisitos para adquirir el bien por prescripción adquisitiva de dominio. La única posibilidad concreta que asiste al demandado se configuraría en el supuesto de que lograra probar, en forma acabada y plena, que ha poseído animus domini de manera quieta, pública, pacífica e ininterrumpida el inmueble objeto de la acción durante el lapso requerido por la ley, para tener por configurada la posesión larga (art. 4016 del C.C., actual art. 1899 del CCyCN) y que oponga tal prescripción como defensa en el juicio reivindicatorio (arts. 24 segunda parte, ley 14159). En tal caso, debe demostrar que se había completado el tiempo a la fecha de promoverse la acción, en virtud del innegable efecto interruptor de la prescripción que causa dicho acto procesal (art. 3986 del C.C.; actual art. 2546 del CCyCN) (conf. Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I, "Barbetti, Bernardo A. c/ Marquez Diego H. y otro s/ reivindicación", 20/11/2019, sumario JUBA B5066034; conf. Código Civil y Comercial de la Nación comentado", director: Ricardo L. Lorenzetti, Tomo X, pág.325).
Que los presentes actuados tienen por objeto la reivindicación del inmueble sito en Av. Dr. Arturo Humberto Illia (Ruta 8), n° 13868 de la localidad de Del Viso, Partido de Pilar, identificado catastralmente como: Circunscripción XI, Sección H, Fracción IX, Parcela 7, Matrícula nº 95909 del Partido de Pilar.
Del título adjunto con la demanda y del informe de dominio que obra en fecha 24/9/2026 se desprende que la titular registral es Colriver S.A., la aquí accionante, por compraventa que hiciera mediante escritura de fecha 2/9/2002 a los cónyuges Pedro Zgaib y Josefina Sede de Zgaib.
De esta manera, siendo la actora la titular dominial del bien, se encuentra legitimada para incoar la presente acción.
Que corresponde entonces ahora analizar el derecho invocado por los demandados para resistir la acción reivindicatoria.
Los accionados Marcelo Pablo Rodriguez y Blanca Daniela Villa aducen que el padre del coactor Rodriguez adquirió el inmueble mediante boleto de compraventa celebrado con el Sr. Pedro Zgaib en el año 1999, pero que éste no se presentó a escriturar y luego no pudieron ubicarlo; que intentaron tomar posesión del bien en el año 2001 pero estaba usurpado y realizaron la denuncia en la comisaría; que luego de varias negociaciones con los ocupantes, llegaron a un acuerdo con la Silvia Mabel Hoffner a quien le abonaron la suma de U$S 20.000 para que dejara la propiedad libre de ocupantes; que en enero del 2006 recuperaron la posesión, efectuando mejoras en la propiedad y que en el año 2008 los notificaron de la denuncia por usurpación que efectuó la parte actora. Aducen que el boleto de compraventa que celebró el padre del actor con el Sr. Pedro Zgaib en una escribanía había quedado guardado en el estudio del Dr. Sergio Ianello y, al fallecer este letrado en el año 2019, su familia lo habría desechado.
Pues bien, de tal relato se desprende que los demandados son poseedores del bien desde el año 2006, sin título alguno para la posesión.
Respecto de lo primero, los demandados admiten haber tomado posesión recién en el año 2006 (según describen, han resultado infructuosos los intentos anteriores realizados a tal fin) y adjuntan presupuestos y facturas que, mas allá de no estar probada su autenticidad ni su vinculación con este juicio y más allá también de que los presupuestos no acreditan la efectiva compra ni mucho menos la utilización de los materiales en el inmueble de autos y las facturas no están a nombre del demandado por lo que no pueden ser vinculadas al mismo ni a este inmueble, datan también a partir del año 2006, es decir, cuatro años después de la adquisición del bien efectuada por la parte actora en el año 2002. De esta manera, claramente, el inicio de la posesión de los demandados (año 2006) es posterior al título de la parte actora (año 2002).
En cuanto al supuesto boleto de compraventa que habría celebrado el padre del accionado en el año 1999, debo decir que el mismo no sólo no se ha acreditado, sino que tampoco sería suficiente para repeler la presente acción reivindicatoria.
En efecto, el mentado boleto no se ha adjuntado en autos, por lo que la compraventa alegada no se halla probada (art. 375 del CPCC). En este sentido es dable destacar que la prueba testimonial rendida no es suficiente para acreditar por sí sola la compraventa (arg. arts. 1190 a 1193 del C.C.), disponiendo expresamente el actual art. 1019 in fine del CCyCN que los contratos que sea de uso instrumentar -tal como sin duda es el caso del contrato de compraventa de inmuebles- no pueden ser probados exclusivamente por testigos. A mayor abundamiento debo decir que tampoco se ha acreditado la supuesta destrucción o desecho del boleto en el estudio del letrado fallecido, desde que el testigo José Roberto Fernández no sólo no denunció dicha circunstancia sino que, respecto a la documentación, declaró que las causas que llevaba el letrado fallecido en cuestión pasaron a su hermano, también abogado.
Pero más allá de eso, en el mejor escenario para la demandada y aceptando sólo por hipótesis que ese boleto existe, lo cierto es que mediante el mismo no habría adquirido ningún derecho real de dominio sobre el bien sino un simple derecho personal a exigir la escrituración a su favor (art. 577, 1184 ,1185 y 1187 del Código Civil).
Recordemos que, conforme lo disponen los arts. 577 y 2601 a 2603 del C.C., para transmitir el dominio se requiere título suficiente y modo, disponiendo claramente el art. 1892 del CCyCN que "se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley, que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real".
De tal manera, como dije, estamos ante poseedores sin título, con inicio de posesión en fecha posterior al título de la actora. En efecto, el título de la sociedad accionante se remonta a la adquisición del dominio mediante compraventa instrumentada en escritura de fecha 2/9/2002, debidamente inscripta por ante el Registro de la Propiedad, tal como se desprende del informe de dominio adjunto en autos.
Que bajo estas premisas, es claro que la reivindicación debe prosperar, ya que el título del reivindicante es anterior a la posesión de los demandados, quienes no presentaron título alguno que justifique su posesión.
Dispone claramente el art. 2790 del C.C. que si el reivindicante "presentare títulos de propiedad anterior a la posesión y el demandado no presentare título alguno, se presume que el autor del título era el poseedor y propietario de la heredad que se reivindica".
En concordancia con esta disposición se ha dicho que "si el único que presenta título es el reivindicante, y dicho título es de fecha anterior a la posesión del demandado, o bien acompaña el de sus antecesores hasta dar con uno que sea de fecha posterior, el actor debe triunfar ..." (conf. Código Civil y Comercial de la Nación comentado, dirigido por el Dr. Lorenzetti, Ricardo L., Tomo X, pág. 325, Ed. Rubinzal- Culzoni, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2015).
Por otro lado, tal como actualmente dispone el inc. c del art. 2256 del CCyCN que regula las diferentes hipótesis que pueden presentarse en un juicio de reivindicación, "aunque al reivindicante no le hubiese sido trasmitida en ningún momento la posesión de la cosa, a efectos de la reivindicación tal circunstancia es irrelevante y nada debe probar en ese sentido, por cuanto, en virtud de la cesibilidad de la acción, se la considera tácitamente cedida en cada acto de enajenación que compone la cadena, sin requerirse para ello la tradición. Le basta al accionante probar -por medio de presunciones- que uno de los adquirentes intervinientes en las sucesivas enajenaciones era poseedor y propietario 'y por consiguiente, que podía reivindicar, para así, a nombre propio, en calidad de cesionario, hacer suyo el derecho de ejercer la acción que competía a ese antecesor ( conf. Código Civil y Comercial de la Nación comentado", director: Ricardo L. Lorenzetti, Tomo X, pág. 324/5).
Si bien el demandado sugiere una supuesta maniobra de simulación en la venta de la propiedad, no impugnó ni, eventualmente, redarguyó de falsa la escritura de compraventa por la que la actora adquirió la propiedad.
Cabe recordar que los instrumentos públicos hacen plena fe, hasta que sean argüidos de falsos, de la existencia material de los hechos que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él o que han pasado en su presencia. Ello, no sólo entre las partes, sino también contra terceros, en cuanto al hecho de haberse ejecutado el acto, de las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos, etc., contenidos en ello (arts. 993, 994 y 995 del C.C.). El concepto allí contenido -hace plena fe- significa, en su aspecto procesal, que vincula al tribunal a lo expuesto en el acto público, en tanto hará prueba hasta su declaración de falsedad (arts. 289 ap. "b", 293, 296 y cc del C.C.yC.N.). En ese supuesto, incumbiría a quien impugna un instrumento público, la carga de aportar una sólida prueba, que no deje resquicio alguno para la duda, al pretender modificar el estado de las cosas (conf. Morello, Augusto, "Códigos Procesales Civiles y Com. de la Nación y de la Provincia", Tº V-A, pág. 462; SCBA. Ac 37392 S 27-10-1987, LL 1988 A, 333 - JA 1989 III, 757 - AyS 1987 IV, 445 - DJBA 1988, 89; Ac 71815 I 28-9-1999, AC 80191 I 14-5-2009). Nada de ello se ha logrado en el caso.
En suma, el bien objeto de disputa es susceptible de ser reivindicado (art. 2759 del CC) y el actor acreditó estar investido de legitimación suficiente para reclamar la propiedad en su calidad de titular registral del bien por título de fecha anterior a la posesión del accionado quien, por su parte, no acreditó título alguno que justifique tal posesión.
En este contexto y a la luz de lo normado por el art. 2790 del Código Civil, la demanda de revindicación debe prosperar .
VI. Costas.
Que atento el principio objetivo de la derrota, las costas se imponen a la parte demandada en su calidad de vencida (art. 68 del C.P.C).-
Por ello, en orden a lo normado por los arts. 2790 y concs. del C.C., 68, 163 y 384 del C.P.C,
FALLO: 1) Haciendo lugar a la demanda de reivindicación interpuesta por Colriver S.A. contra Marcelo Pablo RODRIGUEZ, Blanca Daniela VILLA y subinquilinos y ocupantes , condenando a estos últimos y a cualquier otro ocupante a restituir al actor la ocupación del inmueble sito en la Av. Dr. Arturo Humberto Illia (Ruta 8), n° 13868 de la localidad de Del Viso, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, identificado catastralmente como: Circunscripción XI, Sección H, Fracción IX, Parcela 7; inscripto su dominio en la Matrícula 95909 del Partido de Pilar, dentro del plazo de 10 días de quedar firme el pronunciamiento, bajo apercibimiento de lanzamiento por la fuerza pública.
2. Imponer las costas a la parte demandada vencida.
3. Difiriendo la regulación de honorarios hasta tanto se aporten al expediente los elementos necesarios para ello (art. 27 de ley 14967). REGISTRESE y NOTIFIQUESE en forma automatizada por Secretaría a la parte actora y demandada, y líbrese cédula por Secretaría a fin de notificar a los subinquilinos y ocupantes rebeldes.
Firmas
Funcionario firmante: PADRONES María Cecilia - JUEZA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 92-2026
Fin de la sentencia