Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 33476
c. 33476. "JAUREGUIBERRY ROSA ELENA PASCAL RODRIGUEZ JENNIFER ROMINA S/ COMERCIALIZACION DE ESTUPEFACIENTES". IPP 9166-20
Mar del Plata, 26 de mayo de 2021.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 33476, y de cuyas constancias,
1. Que el Sr. Juez de Garantías, Juan Francisco Tapia, en lo que aquí interesa y rechazando los planteos formulados por la Defensa de la co imputada Jennifer Romina Pascal Rodriguez, elevó a juicio la presente investigación respecto de la referida encausada en razón de considerarla coautora del hecho, que lo calificó es ese acto, como constitutivo del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
2. Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación el Sr. Defensor de confianza de la aludida coencausada, letrado Gonzalo Pomponio.
Requiere el recurrente la nulidad del secuestro de estupefacientes presuntamente hallados en el cuerpo de su defendida; provocándole agravio la interpretación que efectúa el a quo a fin de rechazar el planteo de similar tenor que realizó en la instancia.
En el sentido indicado expresa que al secuestro de estupefacientes que se pretenden hallados en el interior del cuerpo de su asistida, se llegó omitiendo el procedimiento que imponía el caso, violentándose directamente el debido proceso adjetivo, afectándose severamente la defensa en juicio, así como la garantía constitucional contra la autoincriminación, disponiéndose policialmente una intervención médica que no se encontraba autorizada judicialmente. De tal modo denuncia que se violaron las mandas contenidas en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, y 117/119, 201, 203, 207, 211, 225 y ccdts. del CPP.
Precisa que los actos que culminaron en el secuestro de estupefacientes excedieron ampliamente la orden de requisa personal autorizada. Ello, en tanto se añadió la intervención de personal especializado a partir de la decisión que adoptó y ejecutó el personal policial de manera inconsulta, añadiéndole a ello la determinación de excluir a quien fue la única testigo de la requisa; siendo que el fin fue someter a la encausada a un procedimiento humillante y vejatorio de toda norma de trato de personas detenidas.
Resalta que cuando se solicitó autorización para allanar, el personal policial dejó expresamente requerido que se gestionen "órdenes médicas para realizar diagnóstico por imágenes de los interceptados a los que se presuma que poseen material estupefaciente dentro de sus cavidades”. Pero, tal pedido no fue tenido expresamente tenido en cuenta y nunca se ordenó por parte del Fiscal ni del Juez el traslado al HIGA de la encausada, ni que ningún tercero con conocimientos técnicos y aparatología específica tuviera que realizarle estudio alguno.
Especifica que tampoco obra en autos que, previo a la práctica que se le efectuó a la encartada, se haya puesto en conocimiento tal extremo al a quo. Siendo que recién se comunica a la Dra. Ledesma lo acontecido, cuando ya a su asistida le había realizado las placas radiográficas, el médico la interrogó y revisó, y por último fue conducida a la Seccional Policial donde - luego de unas horas - habría accedido a expulsar el objeto en cuestión.
Critica el argumento del a quo que lleva a considerar, que los actos y el proceder a los que fue sometida la encausada, se encontraban incluidos en la autorización de requisa otorgada y no exigen de mayor experticia ni intromisión corporal. Precisa, con los fundamentos que desarrolla, que no se puede incluir a la practica a la que fue sometida su asistida dentro del acotado concepto de la requisa, pues la autorización para hallar lo que la imputada pueda tener en el cuerpo no abarca medidas que, como la realizada, corresponden enmarcarse en las disposiciones referidas a la prueba pericial. Nota que para su realización se requiere de especiales conocimientos científicos y debe ser efectuado por personal médico cualificado, lo que –por otro lado- impone la evaluación judicial acerca de la idoneidad de la medida, si resulta apta para alcanzar el fin propuesto, y si sobre la imputada pesan elementos de sospecha que justifiquen su práctica. Consecuentemente resulta propio enmarcarlo dentro de las exigencias de una labor pericial.
Hace hincapié que en el caso la decisión de efectuar los procedimientos que experimentó la encausada fue de neto corte policial y desarrollados sin comunicación a las autoridades del caso.
A contrario de lo considerado por el sentenciante de grado, y aún de entenderse que las practicas se encontrarían incluidas dentro del procedimiento de requisa, entiende que debió verificarse el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa para la confección del acta correspondiente, tal como lo ordena el artículo 117 del CPP. En el caso no hubo un testigo presente durante todo el trámite del acto, ni se especificó expresamente la imposibilidad de ello, puesto que la Sra. Consorti solo intervino en la requisa practicada a la encausada al momento de la aprehensión en la vía pública, mas no estuvo en el resto de las diligencias que se realizaron y que el a quo considera integrantes de la medida de registro corporal. En este punto rebate los argumentos del sentenciante de grado para justificar tal proceder, y concluye que de una lectura desprejuiciada del acta surge que la testigo permaneció en la sede de la Seccional por decisión policial, con lo que todo lo actuado resulta insalvablemente nulo.
Le provoca agravio, también, el argumento del juez de grado relacionado a que los estudios efectuados a la imputada no tenían por objeto “obtener los elementos de cargo”; dado que tal fundamento no solo se enfrenta a la realidad (pues justamente se realizaban estudios para obtener los elementos de cargo), sino que invierte la garantía del imputado de acuerdo al objeto de la medida.
Entiende, en función de todo lo desarrollado que la totalidad del procedimiento debe ser anulado. Ello dado que, en primer término, se excedió el marco dado por la orden de requisa otorgada y, en segundo lugar, no se observaron los requisitos legales exigidos violentándose las garantías constitucionales de la encausada.
Agrega que no es un extremo menor que dentro de la Seccional policial le hayan hecho expulsar a su asistida el objeto del recto, dentro de un baño, en cuclillas, delante de un oficial de policía varón y un testigo de procedimiento varón (Pablo Sabattini, delivery, fs. 300 vta. y 301, y testimonial de fs. 316 y vta.). Entiende que el proceder descripto configura una execrable práctica que denota un trato degradante y violatorio de la intimidad en todas sus formas, tal como se acostumbra actuar en desmedro de la innegable identidad sexual de la encausada. Marca, que incluso obra en autos cuando la testigo convocada expresa que la encausada pidió ser revisada por una mujer; pero para la practica señalada solo estaban presente hombres. Y, rebate el fundamento justificante de tal proceder expresado por el a quo, entendiendo a contrario que es una imposición legal la intervención de personas de similar género y que no puede resultar desatendida, porque justamente atañe a la garantía constitucional a la intimidad, derecho a su integridad personal, privacidad y no discriminación, dentro del trato que debe dispensarse a una persona aprehendida. Lo contrario, constituye una forma de violencia de género agravada por ser perpetrada por funcionarios públicos contra personas que se encuentran bajo su custodia y en situación de especial vulnerabilidad. Acompaña criterios jurisprudenciales en torno a lo expuesto.
Por otro lado, precisa que ni la hora del procedimiento ni la pandemia que vivimos son excusas reales, por lo que la fundamentación empleada por el sentenciante de grado emerge como aparente: eran las 21 hs. y el testigo utilizado es un delivery (fs. 316), con lo que no se observa un toque de queda o situación similar impidiente. Entiende que resulta aberrante y humillante la situación a la que fue sometida su defendida, que una joven trans con documento femenino, que tiene un elemento dentro del cuerpo que ha de expulsar por el ano, siendo sometida al escarnio de la presencia de distintos varones presenciando el triste momento. Resalta que aquí se evidencia otro motivo de revocación de lo resuelto y de anulación del procedimiento atacado, aun cuando ello denota otro desborde policial, que debe ser prontamente erradicado.
El segundo pedido de nulidad que impetra el recurrente va dirigido al secuestro de estupefacientes hallados en el departamento de calle Rivadavia 2275, en tanto entiende que el a quo omitió tratar el planteo adecuadamente, renegándose de la similitud de circunstancias contempladas entre la normativa denunciada como inobservada y el hecho acaecido en autos y, finalmente, no analizando un planteo de la parte que representa.
Precisa que lo que corresponde abordar es la validez de las manifestaciones de la madre de la encausada Romina Pascal Rodriguez, claramente perjudiciales para su hija, que fueran obtenidas y consignadas por personal policial, y en definitiva valoradas para atribuir a la encausada la posesión de sustancias halladas en un departamento que la investigación demostró ocupado por distintas personas. En este sentido concluye que, claramente, de los dichos vertidos por la progenitora de la imputada se determina que la habitación donde hallaran estupefacientes pertenecía a su propia hija.
Sostiene que validar las manifestaciones de la madre de su asistida lesionan seriamente el espíritu que informa nuestro código (art. 234 CPPBA y doctrina), por lo que de ninguna manera pueden ser valorados en perjuicio de la causante, correspondiendo declarar la nulidad del secuestro, o en su defecto la inoponibilidad de aquel testimonio, como así mismo la consecuente atribución de responsabilidad. Ello en el entendimiento que fue recibido a modo de declaración espontánea, en contra de la prohibición de declarar en perjuicio del imputado que establece la normativa aplicable, y que resulta claramente perjudicial por ser el elemento principal a partir del cual se atribuye la posesión a Pascal Rodriguez.
Señala que si el magistrado entiende que la vía indicada era solicitar la inoponibilidad de esa prueba de cargo, debió analizar el planteo de ese modo. Expresa que de lo contrario se estaría en presencia de una resolución arbitraria, por omisión de tratamiento de cuestiones esenciales (arts. 106 CPPBA, 168 Constitución de Buenos Aires, y ccdtes.).
Como colofón de todo lo indicado, pide que se revoque la resolución impugnada, declarando la nulidad del procedimiento que concluyera en el secuestro de estupefacientes que se pretenden hallados en el cuerpo de la encausada, así como el del hallazgo en el departamento ocupado y frecuentado por distintas personas. A modo subsidiario requiere se declare la inoponibilidad de las manifestaciones formuladas por la madre de la imputada en perjuicio de esta, sin ser enterada acerca de la prohibición de hacerlo.
Ante el pedido de informe realizado por el Sr. Defensor particular, y teniendo en cuenta las medidas de prevención dispuestas en el contexto de la pandemia que vivimos, se dio vista al recurrente quien la respondió arrimando, de tal modo, mas argumentos a sus pretensiones.
3. Que en función del pedido de nulidad que contiene el recurso interpuesto, se dio vista al Ministerio Público Fiscal.
En el respectivo responde, el Fiscal General Adjunto Marcos Pagella, entiende que las nulidades requeridas por la Defensa carecen de sustento fáctico y jurídico; razón por la cual, deben ser sin más desestimadas.
Precisa que en el procedimiento donde en definitiva se secuestró material estupefaciente que la encausada poseía, no se efectuó una intervención corporal ni tampoco constituyó un supuesto de evacuación compulsiva del cuerpo extraño y/o uno de autoincriminación coaccionada, como plantea el requirente. Marca que la requisa fue previamente autorizada por el juez de garantías y tanto el traslado de Pascal Rodriguez al HIGA, para realizar los estudios radiológicos, como así también la posterior evacuación del cuerpo extraño en sede policial no constituyen un nuevo y diferente procedimiento a la requisa judicialmente autorizada, sino parte integrante de la misma. Acompaña doctrina respecto del punto.
Con el análisis que efectúa, concluye que en el caso no se advierte un procedimiento ilegítimo por parte del personal policial que justifique una sanción de nulidad, ni que se haya sometido a la imputada a un trato perverso, indigno o inhumano. En efecto, el personal policial nunca procedió a revisar o examinar físicamente zonas o cavidades íntimas de la imputada. Las prácticas radiológicas tuvieron como única finalidad detectar el cuerpo extraño en la zona rectal. No se trata de un procedimiento médico complejo que requiriera de conocimientos especiales y complejos, ni de una práctica dolorosa y/o agresiva para con el cuerpo.
Tampoco advierte un vicio, que acarre la nulidad, el extremo relacionado con el testigo de actuación que inicialmente intervino en el procedimiento y que no fue trasladado al hospital publico. En principio puesto que las normas de aislamiento y distanciamiento social vigentes en ese momento, como consecuencia de la pandemia propagada por el COVID 19, desaconsejaban esa posibilidad. Pero además, los estudios radiológicos fueron realizados por terceros ajenos a la repartición policial y a la investigación y no tuvieron como finalidad - ni el resultado - obtener elementos de cargo.
Señala que la Fiscalía se ha puesta en comunicación con el Dr. Pomponio para ponerlo en conocimiento de las circunstancias, sin que le manifestará oposición o solicitara su intervención.
En lo relativo al agravio relacionado con el procedimiento de fs. 331/334, coincide con los argumentos del a quo. Ello, dado que la sanción de nulidad prevista en el artículo 234 no hace referencia alguna a los registros domiciliarios, siendo que está prevista para la prohibición de declarar contenida en esa norma, de modo tal que su extensión analógica debe hacerse de manera restrictiva y excepcional.
El registro del domicilio de calle Rivadavia 2275 2do. Piso Departamento A, fue dispuesto con anterioridad por la autoridad judicial, no valorando para ello ninguna información aportada por la progenitora de la causante. La inspección de los ambientes de esa vivienda, incluida las habitaciones, fue la consecuencia directa y natural de esa diligencia, no dependiendo en absoluto su realización de los dichos de la Sra. Pascal. Así, sus expresiones no tienen tampoco ninguna influencia ni relevancia respecto del hallazgo el material estupefacientes incautados en ese lugar.
No se ha configurado entonces un perjuicio real y concreto derivado de los dichos de la moradora y que afectara el derecho de defensa de Pascal Rodriguez ni el debido proceso. Asimismo, existe en la causa información suficiente e independiente de los dichos de la madre de la causante, para presumir que la imputada residía en el departamento registrado, existiendo además indicios anteriores y posteriores para suponer que la droga allí encontrada estaba a su disposición y/o bajo su esfera de custodia. No se violentó la prohibición prevista en el artículo 234 del CPP, de manera tal que el planteo de nulidad dirigido en su contra por el Dr. Pomponio debe ser rechazado.
Acompaña criterios jurisprudenciales respecto a los puntos desarrollados y requiere que no se haga lugar a las nulidades solicitadas.
1. Que en autos se le coimputa a la encausada el hecho narrado del siguiente modo por el Ministerio Público Fiscal "Que sin poder precisar fecha exacta pero al menos durante el período comprendido entre el día 23 de abril y el 29 de mayo de 2020, dos personas identificadas como Jennifer Romina Pascal Rodriguez y Rosa Elena Jaurigueberry, comercializaron material estupefaciente -cocaína- en dosis destinadas al consumidor en la denominada "zona roja" de esta ciudad. Que las ventas eran realizadas por Romina Pascal Rodriguez mientras que Rosa Jaurigueberry tenía a su cargo la guarda del material estupefaciente en su domicilio de calle Chile 1659, planta baja, departamento E de esta ciudad así como el reabastecimiento de ese material a la nombrada en primer término en las distintas esquinas de la zona roja de esta ciudad en que desplegaba esta actividad.
Que dicho comercio surge acreditado a partir del resultado de las tareas de investigación llevadas a cabo por el personal policial de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y de los actos de comercio constatados en las siguientes oportunidades:
-el día 04 de mayo de 2020, al producirse la interceptación, de un sujeto de sexo masculino identificado como Carlos Nahuel Flores, se constató que tenía en su poder tres envoltorios de nylon color verde con sustancia en polvo color blanco, presunta cocaína;
- El día 22 de mayo de 2020, al advertir una maniobra entre los ocupantes de un rodado marca Renault 9 se intercepta el vehículo y se constata que el sujeto que ocupaba la plaza del acompañante, tenía en su poder una bolsa un envoltorio de nylon de color verde termo sellado, conteniendo en su interior una sustancia en polvo de color blanco, presunta cocaína, con un peso de 0,1 grs.
- el día 23 de mayo de 2020, al procederse a la interceptación de Jonathan Scattolini, y posterior secuestro en su poder de un envoltorio de nylon color verde termosellado con sustancia blanca, presunta cocaína, que arrojó un peso de 0,1 gramos.
-el día 29 de mayo de 2020, en horas de la tarde en el marco de las tareas de observación y seguimiento de la encausada Romina Jennifer Pascal Rodriguez a fin de cumplimentar la orden de requisa dispuesta en autos, se procede a la interceptación de un rodado en el que circulaba la nombrada junto a un sujeto de sexo masculino, identificado como Carlos Alberto Amaya, quien tenía en su poder dos envoltorios de nylon color verde con sustancia en polvo color blanco, presunta cocaína.
Posteriormente se constató que Jennifer Romina Pascal Rodriguez tenía en su poder, dentro de su cavidad anal, con evidentes e inequívocos fines de comercio, 1,88 gramos de cocaína distribuidos en 18 envoltorios de nylon color verde.
El día 29 de mayo de 2020, siendo las 17:00 hs. aproximadamente, al cumplimentarse el registro domiciliario dispuesto por el Dr. Juan Francisco Tapia, titular del Juzgado de Garantias N° 4, respecto del inmueble de calle Rivadavia 2275, 2do. piso, departamento A, en el que reside Romina Jennifer Pascal Rodriguez, se constató que tenía bajo su exclusiva esfera de custodia con evidentes fines de comercialización, 3,30 gramos de cocaína, distribuidos en 27 envoltorios de nylon color verde termosellados.
Que, ese mismo día 29 de mayo de 2020, al momento de realizar el allanamiento ordenado por el Dr. Tapia, titular del Juzgado de Garantías N° 4, sobre el inmueble de calle Chile 1659, Planta baja departamento E se constató que Rosa Jaurigueberry tenía en su poder bajo su esfera de disposición y custodia, con evidentes e inequívocos fines de comercialización un total de 2,25 gramos de cocaína distribuidos en 20 envoltorios de nylon de color verde termosellados".
La Fiscalía propició como calificación principal del suceso narrado la figura de comercio de estupefacientes, y propuso como alternativa la de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5 inc. c de la Ley 23.737).
El Juez de la instancia, al tiempo de dictar el pronunciamiento aquí impugnado, entendió adecuado tipificar los hechos materia de imputación como constitutivos del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
2. Que ingresando en el análisis de la apelación que abre la instancia, se debe precisar que luego de las múltiples diligenc
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