Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 39197
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el planteo de inconstitucionalidad del mínimo legal de la escala penal prevista en el artículo 5 inciso c) de la Ley 23.737, que fuera deducido por el defensor particular, Dr. Horacio Mariano Ayesa, por no verificarse una afectación grave a una norma de rango constitucional (doct. art. 161 Const. prov.; doct. art. 489 CPP);
II. Confirmar la resolución emitida por la Sra. Juez Titular del Juzgado de Garantías N° 6, Dra. Lucrecia María Bustos, en cuanto -en lo que interesa- dispuso elevar la causa a juicio respecto de Fabián Omar Darío Martins Carlos y Juan Marcelo Ariel Martins Carlos, en orden a la posible comisión del delito de Comercialización agravada de estupefacientes por la participación organizada de tres o más personas (art. 5 inc. c y 11 inc. c de la Ley 23.737). Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el Defensor Particular de los nombrados, Abogado Horacio Mariano Ayesa. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 157, 210, 323 "a contrario" 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
c. 39197. "MARTINS CARLOS, FABIAN OMAR DARIO S/COMERCIALIZACION DE ESTUPEFACIENTES".
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 39197, y de cuyas constancias,
1. Que la Sra. Juez Titular del Juzgado de Garantías N° 6, Dra. Lucrecia María Bustos, resolvió -en lo que interesa- elevar la causa a juicio respecto de Fabián Omar Darío Martins Carlos y Juan Marcelo Ariel Martins Carlos, en orden a la posible comisión del delito de Comercialización agravada de estupefacientes por la participación organizada de tres o más personas (art. 5 inc. c y 11 inc. c de la Ley 23.737).
2. Que contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de apelación el Sr. Defensor Particular de los coencausados Fabián Omar Darío Martins Carlos y Juan Marcelo Ariel Martins Carlos, Dr. Horacio Mariano Ayesa, agraviándose del rechazo del cambio de calificación legal por el cual requirió que se prescinda de aplicar la agravante del artículo 11 inciso c) de la Ley 23.737 y se les reproche solo la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, recogiendo así la hipótesis alternativa propuesta por el propio Ministerio Público Fiscal, lo que podría incidir en la situación de libertad de Fabián Omar Darío Martins Carlos, tornando inaplicable al caso el Plenario “Ordoñez”, siempre y cuando se receptara favorablemente su planteo de inconstitucionalidad del mínimo legal de la escala penal prevista en el artículo 5 inciso c) de la Ley 23.737.
Asimismo, alega que la Magistrado de Garantías incurrió en error al afirmar que el cuadro probatorio se mantiene inalterado desde el dictado de la prisión preventiva, destacando que las pericias de los teléfonos incautados no acreditaron organización, vínculos comunicacionales ni actos de comercio, y que se ha reducido del número de imputados, de siete a tres, lo que echa por tierra la hipótesis del MPF -de comercio agravado-.
Finalmente, cuestionó la negativa al sobreseimiento de Fabián Omar Darío Martins Carlos, por entender que la prueba reunida no resulta suficiente para acreditar su intervención en los hechos investigados.
3. Que con fecha 4 del corriente se celebró audiencia de mejora prevista en el art. 447 del CPP, oportunidad en la cual la defensa amplió y desarrolló oralmente los agravios oportunamente introducidos por escrito, quedando la presente causa en estado de ser resuelta.
1. Que se ha resuelto elevar la causa a juicio respecto de Fabián Omar Darío Martins Carlos y de Juan Marcelo Ariel Martins Carlos, en orden al hecho que la Fiscalía ha narrado en los siguientes términos:
"Que al menos desde el 16 de mayo de 2024 hasta el 26 de diciembre de 2024, Santiago Medina, Juan Marcelo Ariel Carlos Martins- alias el Polaco- y Fabian Omar Martins Carlos comercializaban en modo organizado estupefacientes en dosis destinadas a consumo principalmente cocaína en los domicilios de calle Ayacucho 8838, Bayley 720/722 y 25 de Mayo 8810 de esta ciudad.
Que quedó demostrado con las distintas incautaciones de material estupefaciente realizadas y documentadas en fecha 06/09/2024, 04/10/24, 16/10/24, 09/08/24 y 09/12/24; entre otras realizadas respecto de personas que se retiraban de los distintos domicilios investigados durante el transcurso de la investigación.
Asimismo, el día 26 de diciembre de 2024 en el momento de efectivizarse las ordenes de allanamiento otorgadas por el Juzgado de Garantías Nro.6 personal numerario de la Delegación Departamental de Trafico de Drogas ilícitas constató que en el domicilio de calle Ayacucho 8838, Santiago Ariel Medina, tenía bajo su esfera de custodia con evidentes e inequívocos fines de comercialización 557.5 gramos de clorhidrato de cocaína.
En el mismo acto se secuestraron dos teléfonos, dinero en efectivo ( 1.411.000 y 350 pesos mexicanos), anotaciones y un arma de fuego 900 Bersa TPR registrada a nombre de Santiago Medina.
El mismo día, al concretar la orden de allanamiento emanada del Juzgado de garantías nro. 6 de calle 25 de mayo nro.8810 de esta ciudad, siendo aproximadamente las 16.50 hs se constató que Fabian Omar Darío Martins Carlos tenía bajo su esfera de custodia y con evidentes e inequívocos fines de comercialización 12.71 gramos de cocaína distribuidos en 33 envoltorios.
Asimismo se le secuestró 557.610 y 100 dolares y 3 teléfonos. Finalmente, en la misma fecha siendo las 16.50 hs al momento de efectivizar la orden de allanamiento en el domicilio de calle Bayley 720/22 se constató la presencia del Sr. Juan Marcelo Martins Carlos, quien tenía bajo su custodia con evidentes e inequívocos fines de comercialización trozos compactos y envoltorios de cocaína que asciende a un peso total de 930 gramos, además de nylons varios, balanza, bandas elásticas, dinero en efectivo y teléfonos.
Se concretó el registro ordenado por la Sra. Jueza de Garantías sobre el vehículo Peugeot 208 AG 682 SB constatando la existencia de dinero en efectivo que fue secuestrado al igual que el vehículo".
2. Que, el hecho de mención fue calificado por el Ministerio Público Fiscal como constitutivo del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o mas personas organizadas para cometerlo (Ley 23737, arts. 5 inc. "c" y 11 inc. "c").
3. Que corresponde abordar, en primer término, el agravio vinculado con la pretensión de que no se aplique al caso la agravante del artículo 11 inciso c) de la Ley 23.737 y se les reproche a los imputados solo la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, recogiendo así la hipótesis alternativa propuesta por el propio Ministerio Público Fiscal.
Al respecto, cabe ratificar la posición ya asumida por esta Alzada al resolver, con fecha 21 de abril de 2025, la impugnación deducida contra la resolución que convirtió en prisión preventiva la detención de los encartados, oportunidad en la que se sostuvo que tal planteo defensista no proyecta incidencia -en esta etapa investigativa- en la libertad de los imputados, aún cuando fuera acogido, en atención a la escala penal prevista para dicha hipótesis alternativa (tenencia de estupefacientes con fines de comercialización: 4 a 15 años de prisión, art. 5 inc. "c" Ley 23.737), lo que torna de aplicación la doctrina sentada en el Plenario “Ordóñez” de esta Alzada.
El Dr. Ayesa intenta ahora eludir la aplicación de este plenario a través de un artificio legal, consistente en plantear la inconstitucionalidad de dicho mínimo legal de la escala penal, para de este modo poder sostener la posibilidad de aplicación al caso de una pena de hasta tres años de prisión, que admitiría la ejecución condicional (CP:26).
El planteo no puede prosperar. En primer lugar, no es este el momento adecuado para cuestionar la magnitud de la sanción que podría llegar a imponerse a los imputados, lo cual forma parte de la discusión previa al momento de individualización de la pena (CP: 40/41; CPP: 368). Por otro lado, la Defensa se desentiende para ello de toda consideración del caso concreto, basándolo en un criterio que fue sostenido en otro proceso por el recordado Juez Néstor Conti (aplicación del art. 42 CP para todas las conductas típicas anteriores a la comercialización), pero que no fue compartido ni alcanzó reconocimiento en la jurisprudencia de los tribunales superiores.
Y es largamente sabido que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires como la Corte Suprema de Justicia de la Nación han exigido como recaudo indispensable para la suficiencia de una impugnación de carácter constitucional la exposición concreta y fundada del modo en que la disposición atacada vulneraría las cláusulas constitucionales invocadas, así como la existencia de una relación directa entre aquellas y los derechos que se dicen afectados. En el caso, el planteo defensivo se formula en términos genéricos, abstractos y meramente teóricos, sin demostrar de qué manera específica la escala penal cuestionada resulta incompatible con los preceptos constitucionales invocados, limitándose a una mera enunciación de principios supuestamente vulnerados. Tal deficiencia argumental torna por sí improcedente el planteo.
5. Que en relación al pedido de sobreseimiento formulado en favor de Fabián Omar Darío Martins Carlos, el hecho de que el Ministerio Público Fiscal, con el avance de la investigación, haya desvinculado a cuatro de las siete personas inicialmente sospechadas; y que del resultado de las pericias practicadas sobre los teléfonos celulares incautados, no aportaran datos concluyentes, no resta entidad al resto del material probatorio de cargo que fuera oportunamente valorado por esta Alzada al confirmar la prisión preventiva de los encartados (c. 38208. "Martins Carlos, Fabián Omar Darío s/comercializacion de estupefacientes". IPP 20816-24. Resolución de fecha 21/4/2025, registrada bajo el n° 174).
Tal como se indicó en aquella oportunidad, desde el inicio de la causa (que data del 16/5/2024) y durante toda su extensión -que se prolongó hasta el 26/12/2024, se constataron y documentaron en los tres domicilios investigados múltiples acciones que, conforme la apreciación de los preventores especializados, resultan compatibles con la actividad ilícita investigada.
En cuanto al argumento defensivo relativo a que en el domicilio de Fabián Omar Darío Martins Carlos funcionaría un polirrubro y un taller, lo que explicaría la concurrencia de personas y la existencia de dinero, cabe señalar que dicha hipótesis no se advierte plausible para desvirtuar las constancias objetivas de autos que indican la existencia de actividad de narcomenudeo. En efecto, en dicho domicilio se verificaron múltiples movimientos compatibles con la comercialización de material estupefaciente, habiéndose incluso interceptado a eventuales compradores, con resultado positivo, mientras el nombrado se encontraba en el interior de la vivienda.
A ello se suma que, al momento de practicarse el allanamiento, Fabián Omar Darío Martins Carlos intentó descartar material estupefaciente -12.71 gramos de cocaína distribuidos en 33 envoltorios- por el inodoro, conducta que resulta incompatible con las actividades lícitas invocadas por la defensa y que constituye un indicio adicional de su vinculación en el hecho que se le atribuye.
Asimismo, pudo determinarse, al menos prima facie, la conexión existente entre los domicilios allanados y las personas implicadas, circunstancia que se ve reforzada tanto por el vínculo familiar entre Fabián Omar Darío Martins Carlos y Juan Marcelo Ariel Martins Carlos, su tío, en cuyo domicilio también se observaron múltiples movimientos compatibles con la comercialización de material estupefaciente; incautándose allí una cantidad significativa de material estupefaciente (930 gramos de cocaína), como por la constatación del vehículo perteneciente al tercer implicado -Santiago Medina-, sindicado como proveedor, en los domicilios de los nombrados, extremo que robustece la hipótesis sostenida por la fiscalía.
6. Que, en tales condiciones, lejos está de verificarse la ausencia de probabilidad positiva exigida para la procedencia del instituto previsto en el artículo 323 del Código Procesal Penal, por lo que no corresponde disponer el cierre de la causa ni el sobreseimiento solicitado.
Por todo ello, esta Alzada resuelve: I) rechazar el planteo de inconstitucionalidad del mínimo legal de la escala penal prevista en el artículo 5 inciso c) de la Ley 23.737, que fuera deducido por el defensor particular, Dr. Horacio Mariano Ayesa, por no verificarse una afectación grave a una norma de rango constitucional (doct. art. 161 Const. prov.; doct. art. 489 CPP); II) confirmar la resolución emitida por la Sra. Juez Titular del Juzgado de Garantías N° 6, Dra. Lucrecia María Bustos, en cuanto -en lo que interesa- dispuso elevar la causa a juicio respecto de Fabián Omar Darío Martins Carlos y Juan Marcelo Ariel Martins Carlos, en orden a la posible comisión del delito de Comercialización agravada de estupefacientes por la participación organizada de tres o más personas (art. 5 inc. c y 11 inc. c de la Ley 23.737). Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el Defensor Particular de los nombrados, Abogado Horacio Mariano Ayesa. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 157, 210, 323 "a contrario" 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 12/02/2026 12:09:25 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2026 12:22:17 - DELEONARDIS Alfredo Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2026 12:56:50 - NUREMBERG Lucas Germán - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 12/02/2026 13:00:19 hs. bajo el número RR-129-2026 por NUREMBERG LUCAS GERMAN.
Fin de la sentencia