Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala III · Causa 0701-7704-26
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, confirmar el decisorio adoptado el día 6 de octubre del año en curso a través del cual se convirtiera en prisión preventiva la detención de Eduardo Alejandro Ramirez en virtud de los fundamentos vertidos en el considerando precedente.
Artículos 21, inc. 1°, 144 en sentido contrario, 146, 148, 157, 169 en sentido contrario, 171, 209, 210, 421, 433, 442, 447 y concordantes del C.P.P.
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora Defensora Oficial, contra la decisión adoptada el 6 de octubre del corriente, mediante la cual se convirtiera en prisión preventiva la detención de Eduardo Alejandro Ramirez en el marco de la presente causa N° 07-01-007704-26, proveniente del Juzgado de Garantías N° 7 Departamental, y;
El Juez de Garantías resolvió convertir en prisión preventiva la detención de Eduardo Alejandro Ramirez por considerarlo presunto autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en los términos del art. 45 del Código Penal y 5 inc. "c" de la ley 23737.
Contra aquel pronunciamiento se alza la defensa técnica del mencionado, por los fundamentos que expone en el escrito recursivo.
En lo sustancial, señala que no se han colectado evidencias que den cuenta de conducta alguna por parte de su asistido de que comercialice estupefacientes, señalando que no han sido incautados en su vivienda elementos de corte, planteando además la atipicidad de la conducta reprochada, por considerar que en el caso no se comprobó que el material cuya tenencia se atribuye a su asistido Ramirez sea considerado estupefaciente y, con ello, el elemento normativo del tipo penal. Sostiene que no se acreditó de manera fehaciente que el material tenga capacidad para producir dependencia física o psíquica y que los tests orientativos no pueden sustituir una pericia. En otro orden, cuestiona que en el caso no se verificó la existencia de peligros procesales, y destaca los principios que deben regir en toda cautela. Refiere que su asistido cuenta con domicilio y carece de antecedentes y en definitiva, solicita se disponga la libertad del nombrado o, de manera subsidiaria una medida morigeradora.
Reseñados los antecedentes del caso, podemos adelantar que el decisorio recurrido habrá de ser confirmado.
A partir de una pormenorizada lectura de lo actuado hasta el momento, a juicio de este Tribunal, los elementos colectados en la I.P.P., resultan suficientes a la luz del grado convictivo exigido en la etapa para afirmar la materialidad infraccionaria y la probable intervención de Ramirez en el suceso investigado; como los elementos típicos del encuadre legal asignado que vienen cuestionados por el recurrente.
Pues, de adverso a lo alegado, la totalidad de los elementos probatorios hasta aquí incorporados, integrados y armonizados en su conjunto (Fallos 297:100, 303:2080, entre otros), permiten tener por acreditado con la suficiencia necesaria para la adopción de la medida cautelar dispuesta, los requisitos normativos del tipo penal aplicado, cuadro probatorio que se conforma con la denuncia y tareas investigativas llevadas a cabo por el personal policial interviniente, quienes dan cuenta de las maniobras comercializadoras por parte de un sujeto al que identifican desde el inicio como "Edu" , la interceptación de compradores previos y el resultado del allanamiento practicado, donde se incatara sustancia estupefaciente fraccionada en setenta envoltorios.
En lo que hace al carácter de "estupefaciente" de la sustancia incautada, cabe apuntar que la cautelaridad personal -por su naturaleza preventiva- se asienta sobre una provisoriedad tal que en sus efectos procesales sólo causa estado "mientras continúen así las cosas", lo que implica afirmar que ostenta una calidad susceptible de reforma ante la variación en las circunstancias que llevaron a su dictado.
Bajo estas consideraciones, si bien a la fecha no se ha incorporado una pericia química que determine que la misma se encuentra incluida en la lista de estupefacientes y psicotrópicos prohibidos; cierto es que las evidencias adunadas resultan suficientes en este estadio para que los hechos se subsuman provisionalmente con el significado jurídico otorgado, máxime si, como sucede en el caso, se hallan glosados los test orientativos que arrojaron resultado positivo a la presencia de cocaína.
Ello sin perjuicio que, ante la incorporación de nuevos elementos probatorios y de corresponder, se modifique la calificación legal del hecho o inclusive se disponga el cese de la medida precautoria, tal como lo admite el artículo 147 del Código adjetivo, circunstancias que entonces determinan el rechazo de este tramo del agravio defensista.
En cuanto al mérito procesal del encierro del imputado, debe recordarse que si bien la regla durante la sustanciación del proceso criminal es la libertad de todo imputado hasta tanto una sentencia de condena firme destruya el Estado de inocencia del cual goza, tal derecho a la libertad constitucionalmente puede limitarse al darse las circunstancias de excepción que hacen al cumplimiento y efectiva aplicación de la ley penal sustantiva con un norte afianzador de la idea de justicia (conf. Preámbulo C.N.).
En efecto, la privación de libertad anterior a la sentencia resulta constitucionalmente admisible cuando se verifique la existencia de peligros procesales ciertos (cfr. art. 14, 18, 31 y 75.22 de la Constitución Nacional; 7mo., aps. 1º y 2º y 8.2 CADH, 9 ap. 1º y 3º PIDCyP, 3º y 11 ap.1° DUDH, I, XXV y XXVI DADyDH, 10, 11, 21 Const. Provincial, 144, 146, 148 y 171 del Código de Procedimiento Penal).
Bajo tales premisas es que no se desconocen los agravios que trae el recurrente en punto a los principios que deben regir a toda cautela, mas en el caso estimamos fundada la decisión adoptada por el Juez Garante en los términos del artículo 157 inc. 4° del C.P.P. ante la existencia de riesgos procesales ciertos que exceptúan a su respecto la aplicación de la regla prevista en la norma del art. 144 del C.P.P.
Pues, tal como fuera ponderado en la instancia, las características de los hechos, la pena en expectativa que se ciñe en autos en virtud de la calificación legal aplicada al suceso en estudio (tenencia de estupefacientes con fines de comercialización); se erigen como pautas procesales válidas para merituar acerca del peligro de fuga, y así tener por configurados los peligros procesales de conformidad con lo estipulado en los art. 148 y 171 del C.P.P.
Es por ello que, al menos a esta altura del proceso, teniendo en cuenta el escaso tiempo que lleva cumplido en cautela el imputado, la pena que se espera como resultado del mismo (la que en el caso de recaer condena no podría ser de ejecución condicional), que la situación procesal del causante no se subsume en las hipótesis excarcelatorias de la normativa adjetiva vigente, y que se vislumbran peligros atentatorios contra los llamados fines del proceso; se impone confirmar el resolutorio cuya estabilidad se tacha por hallarse ajustado a derecho y a las constancias de la causa (arts. 144 y 169 en sentido contrario, 148 y 171 del C.P.P.).
En función de estos argumentos entonces, y sin que las alegaciones de la parte permitan concluir en la neutralización de los riesgos procesales que se evidencian, corresponde rechazar en todos sus términos la apelación deducida por la Defensa y, en consecuencia, homologar el decisorio recurrido, en cuanto ha sido materia de agravio.
POR ELLO:
Esta Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental;
No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, confirmar el decisorio adoptado el día 6 de octubre del año en curso a través del cual se convirtiera en prisión preventiva la detención de Eduardo Alejandro Ramirez en virtud de los fundamentos vertidos en el considerando precedente.
Artículos 21, inc. 1°, 144 en sentido contrario, 146, 148, 157, 169 en sentido contrario, 171, 209, 210, 421, 433, 442, 447 y concordantes del C.P.P.
Regístrese, notifíquese al señor Fiscal de Cámaras, a la señora Defensora Oficial y remítase al Juzgado de Garantías interviniente donde deberán efectuar las restantes notificaciones de ley.
En la fecha notifiqué electrónicamente al Sr. Fiscal General Departamental ( [email protected] ) y a la Defensa Oficial ( [email protected] ), remitiendo la presente a la instancia de origen ( [email protected] ). CONSTE.---------------------------------
Firmas
Funcionario firmante: BRAVO Tomas Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: GARCIA DIAZ Martin Andres - JUEZ
Funcionario firmante: CERESETTO Mariela Fernanda - AUXILIAR LETRADA DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1831-2026
Fin de la sentencia