Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Pergamino · Causa 9062
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el remedio impugnativo impetrado (arts. 337, 421, 439, 441, 442 y ccdts. del CPP).
II. Desestimar el recurso en tratamiento y, en consecuencia, confirmar el resolutorio que rechaza la oposición a la requisitoria de citación a juicio respecto del imputado Cristian Sebastián Ybañez , cuyas demás circunstancias personales son de figuración en autos y, en consecuencia, no hace lugar al sobreseimiento del mismo, disponiendo elevar a juicio la presente IPP N° 12-00-002014-24/00, en orden a los delitos de comercio de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real, en los términos del art. 5 inc. c), de la Ley 23.737 y del art. 55 del CP, de tramite por ante laUFIyJ N° 9 (Unidad de Coordinación de Estupefacientes) y el Juzgado de Garantías N° 1 Departamental (arts. 323 a contrario sensu, 337 del CPP) - ( Causa Nº 9062-2026 del Registro de esta Alzada).
Se reúnen en Acuerdo los Sres. Jueces que integran la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Pergamino, Dres. Martín Miguel Morales y Gladys Mabel Hamué -subrogante permanente de este cuerpo-, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar resolución en Causa Nº 9062 (del Registro de esta Alzada), caratulada "Ybañez, Cristian Sebastián s/ Comercialización de estupefacientes - IPP N° 12-00-002014-24/00" , de trámite por ante la UFIyJ N° 9 (Unidad de Coordinación de Estupefacientes) y el Juzgado de Garantías N° 1, Departamentales; habiendo resultado del sorteo realizado oportunamente que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Dres. HAMUÉ - MORALES , se procedió a analizar los siguientes
Arriba la presente incidencia a esta Cámara en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Dr. Aquilino José Giacomelli, Defensor Particular, contra el decisorio que rechaza la oposición a la requisitoria de citación a juicio respecto de su pupilo Cristian Sebastián Ybañez y, en consecuencia, deniega el pedido de sobreseimiento, disponiendo elevar a juicio la IPP por los delitos de comercio de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real, en los términos del art. 5 inc. c), de la Ley 23.737 y del art. 55 del CP.
En primer lugar, la defensa se agravia al considerar que la resolución recurrida carece de fundamentación suficiente, en tanto el magistrado de grado efectuó una valoración fragmentada de las constancias reunidas en la investigación, sin brindar una respuesta concreta a los cuestionamientos oportunamente introducidos.
En tal sentido, sostiene que los elementos probatorios incorporados no permiten acreditar, con el grado de certeza exigido para esta etapa procesal, que su asistido haya desarrollado actos concretos de comercialización de estupefacientes.
Al respecto, señala que la hipótesis incriminatoria se sustentó inicialmente en información aportada por terceros cuya identidad y credibilidad no fueron establecidas, así como en tareas investigativas y observaciones policiales que no permitieron corroborar la existencia de operaciones de compraventa ni la participación de Ybáñez.
Particularmente, cuestiona que las referencias relativas a que su defendido abastecería de estupefacientes a un sujeto conocido como "El Paisa" o se encargaría de organizar la recaudación del dinero proveniente de las ventas, carecen de respaldo objetivo.
Asimismo, destaca que los movimientos de pasamanos observados por el personal policial no permitieron determinar qué objetos habrían sido intercambiados, mientras que el ingreso, permanencia o traslado de personas entre distintos domicilios no constituye, por sí solo, un indicio suficiente de actividad ilícita.
Agrega que determinadas informaciones que orientaron la investigación no encontraron corroboración posterior, especialmente, aquellas vinculadas con el supuesto ocultamiento de sustancias estupefacientes en distintos inmuebles.
A ello suma que, del análisis de los teléfonos secuestrados, no surgieron comunicaciones ni datos que permitieran relacionar a su asistido con actividades de comercialización.
Por otro lado, objeta la especial relevancia otorgada por el magistrado a la cantidad de sustancia estupefaciente y al dinero secuestrados en el domicilio de Ybáñez, al entender que tales circunstancias, valoradas aisladamente, no permiten acreditar su destino comercial ni establecer que las sumas halladas provinieran de una actividad ilícita.
En esa dirección, sostiene que no se individualizaron operaciones concretas de venta ni entregas de estupefacientes a terceros a cambio de dinero, destacando que la sustancia incautada se encontraba destinada al consumo personal de su defendido.
Asimismo, controvierte el argumento relativo a que Ybáñez no habría logrado justificar la procedencia del dinero secuestrado, señalando que el ejercicio del derecho de defensa, la decisión de guardar silencio o la ausencia de explicaciones sobre determinados bienes no autorizan a presumir su origen ilícito, cuya acreditación corresponde a la acusación.
Finalmente, se agravia por considerar que el juez de grado restó relevancia a la problemática de consumo de su asistido, al sostener que no se encontraba acreditado su grado de adicción.
Al respecto, invoca como antecedente la resolución dictada por esta Cámara en la Causa Nº 8794, mediante la cual se autorizó a Ybáñez a concurrir al Centro Provincial de Atención (CPA) con la finalidad de recibir tratamiento psicológico vinculado con su problemática de consumo, destacando que su defendido procuró asistir a dicho establecimiento.
En consecuencia, entiende que tal extremo debió ser ponderado conjuntamente con los restantes elementos probatorios y que la resolución impugnada atribuyó a determinados indicios un alcance incriminatorio que no surge de su contenido.
Por todo ello, solicita que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto y se deje sin efecto la resolución que dispuso la elevación de la causa a juicio.
Encontrándose la causa en estado de resolver, fue sometida al Acuerdo, determinando los magistrados arriba mencionados plantear y votar las siguientes:
I. ¿Es admisible el remedio impugnativo intentado?
II. ¿Se ajusta a derecho la resolución apelada?
III. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la PRIMERA CUESTIÓN , la Sra. Jueza, Dra. Gladys M. HAMUÉ, dijo:
El recurso de apelación interpuesto por la Defensa del encausado, ha sido deducido en legal tiempo y contra uno de los supuestos contemplados por la norma a los cuales le habilita la vía recursiva y, finalmente, se han cumplimentado las formas prescriptas para su articulación.
En función de ello, considero que debe declararse admisible (arts. 337, 421, 439, 441, 442 y ccs. del CPP).
A la misma cuestión, el Sr. Juez, Dr. Martín M. MORALES , por análogos fundamentos, vota en igual sentido.
A la SEGUNDA CUESTIÓN, la Sra. Jueza, Dra. Gladys M. HAMUÉ, dijo:
Habiendo analizado detenidamente las constancias adunadas a la investigación penal preparatoria y los agravios expuestos por el recurrente, adelanto que propondré al Acuerdo la confirmación del resolutorio puesto en crisis.
El Sr. Juez de primera instancia, luego de examinar los elementos de cargo en los que ha fundado el Ministerio Público Fiscal su requisitoria, los entiende suficientes para pasar a debate a fin de dilucidar el estado de sospecha verificado en la causa.
Ha fundado su decisorio con indicación de las constancias probatorias que dan sustento a la conclusión que arribara, satisfaciendo lo dispuesto en el art. 337 del CPP, sin que se le pueda exigir el razonamiento valorativo propio de otro estadio procesal.
En parigual con lo sostenido por el Magistrado de Grado, estimo que se encuentra prima facie acreditada la materialidad ilícita de los hechos investigados, con el alcance exigible en esta etapa.
Ello surge, principalmente, del análisis de las constancias que se enumerarán a continuación y que, en lo pertinente, también conforman elementos de convicción suficientes en orden a la probable participación del Sr. Ybañez en los hechos que se le atribuyen y por los que se le recibiera declaración a tenor del art. 308 del CPP (art. 157 inc. 2 y 3 en relación al 337 del CPP).
Particularmente, he de mencionar las siguientes constancias: denuncia digital iniciada en Sede Policial en fecha 20/03/2024 por el Oficial Sub ayudante Guillermo Emiliano Palacio; declaraciones testimoniales del nombrado de fecha 05/04/2024, 29/05/2024, 14/06/2024, 21/06/2024, 03/07/2024, 09/08/2024, 15/08/2024, 15/09/2024, 25/09/2024; declaraciones testimoniales del Oficial Matias Cnochaert de fecha 24/04/2024, 25/04/2024, 03/05/2024, 06/06/2024, 10/07/2024, 25/07/2024, 20/08/2024; declaraciones testimoniales de la Sargento Brenda Rivadeneira de fecha 31/10/2024; 07/11/2024; 15/01/2025, 04/03/2025, 05/03/2025, allanamientos diligenciados en fecha 14/03/2025 en las viviendas de los encartados, los cuales arrojaron resultado positivo al secuestro de estupefacientes y elementos de interés investigativos, y pericia química elaborada por personal de Gendarmería Nacional Argentina en pieza digital de 10/07/2025 que concluye que las muestras identificadas como M1 a M4 se tratan de cannabis sativa, mientras que las muestras M5 a M14, M15 a M19, M20 a M29 se tratan de clorhidrato de cocaína (v. en sistema informático "SIMP").
En efecto, con las probanzas enunciadas, emergerían acreditados los siguientes hechos: ".... que desde el día 20 de marzo de 2024 hasta el día 14 de marzo de 2025, Cristian Sebastián Ybañez comercializó al menudeo estupefacientes en la vía pública como en sus domicilios de calle Schumacher 982 de Pergamino. Por otro lado, el día 14 de marzo del 2025 en horas de la mañana Domingo Delfin Ortiz, en su vivienda de calle Guiraldes 1860 de Pergamino, detentó un envoltorio de nylon negro atado en su extremo conteniendo 14 envoltorios de nylon quemados en sus puntas conteniendo 32,2 gramos de clorhidrato de cocaína, hallados en la mesa de luz de su habitación, como así también en el dormitorio de sus hijos fue encontrada una balanza digital marca pocket scale.
Ademas se secuestro dinero en efectivo y teléfonos celulares. A su vez, Lautaro Baltazar Ortiz, el mismo día en horas de la mañana en su domicilio de calle Güiraldes 1833 de Pergamino tuvo una bolsa de nylon negra que tenía otra bolsa de nylon negra en su interior con 10 envoltorios de color blanco y 5 envoltorios de color negro conteniendo clorhidrato de cocaína en un pesaje total de 33 gramos, que se hallaban dentro de la misma bolsa junto a recortes de nylon de color blancos y negros, que estaba entre la ropa del ropero de la habitación de Ortiz. En el mismo lugar, Ortiz tenía una balanza digital blanca en funcionamiento marca electronic kitchen scale. En la misma habitación se secuestraron teléfonos celulares y $600.000.
En cambio, Cristian Sebastián Ybañez, en su domicilio de calle Schumacher 982 tuvo en su poder con fines de comercialización un contenedor de plástico transparente con tapa gris de gran tamaño con 519 gramos de florescencia de marihuana, que estaban debajo de la cajonera del dormitorio de los niños, en el mismo ambiente, un contenedor de plástico transparente con tapa gris de menor tamaña con 174 gramos de florescencia de marihuana y una bolsa hermética transparente conteniendo un bulto gramos cubierto por nylon negro con cinta transparente con 319 gramos de florescencia de marihuana y una balanza de precisión digital marca Pocket Scale con tapa transparente con pilas y en funcionamiento. Además, tenía $6.451.480 en billetes acondicionados en fajos con bandas elásticas, que estaban en una caja de plástico color rosa junto con una caja de bandas elásticas.
A su vez, tuvo una balanza con vidrio redondo sin marca que estaba escondida debajo de una silla de niños en el living la cual carecía de pilas pero funcionaba con vestigios de marihuana y arriba de la heladera en la cocina una bolsa hermética de nylon conteniendo trozos de nylon color verde y blancos con vestigios de Marihuana. En el mismo domicilio se secuestraron un vehiculo VW Vento dominio KAX-388 que tenía en su interior $65.200 y una motocicleta Suzuki DR 350 cc ...".-
Ahora bien, ingresando al tratamiento de los agravios introducidos por la defensa, considero que no le asiste razón al recurrente cuando sostiene que el magistrado de grado efectuó un análisis fragmentado de las constancias de la causa y que aquellas resultan insuficientes para sustentar la imputación formulada contra su asistido.
En efecto, contrariamente a lo postulado por la defensa, entiendo que los elementos incorporados a la investigación, examinados de manera conjunta, permiten sostener, con el grado de conocimiento requerido en esta instancia procesal, la hipótesis delictiva atribuida a Cristian Sebastián Ybáñez.
En tal sentido, corresponde destacar las distintas tareas investigativas desarrolladas por el personal policial, cuyos resultados no se limitaron a la mera observación de personas que ingresaban y egresaban de determinados domicilios, sino que permitieron documentar una serie de movimientos e intercambios de objetos de pequeñas dimensiones, en los que habría intervenido directamente el nombrado.
La defensa postula que la hipótesis incriminatoria se habría sustentado inicialmente en información proporcionada por terceros cuya identidad y credibilidad no pudieron establecerse, cuestión que merece algunas consideraciones.
Si bien de las actuaciones labradas por el personal policial surge que parte de la información recabada provino de entrevistas mantenidas con personas que no aportaron sus datos personales por temor a eventuales represalias, lo cierto es que tales manifestaciones no constituyen el único sustento de la imputación formulada contra Ybáñez.
Al respecto, corresponde distinguir entre aquellos datos que permitieron orientar inicialmente la investigación y los elementos probatorios posteriormente incorporados a la causa, a partir de los cuales se fue consolidando la hipótesis acusatoria.
En este sentido, las tareas de observación desarrolladas en inmediaciones de los domicilios vinculados con el imputado, permitieron documentar encuentros breves con distintas personas, movimientos de pasamanos y entregas de pequeños objetos, circunstancias que, apreciadas en el contexto de la investigación, resultan compatibles con la actividad de comercialización de estupefacientes que se le atribuye.
Ahora bien, a pesar de que dichas investigaciones no permitieron determinar con precisión el contenido de cada uno de los objetos intercambiados, no puede perderse de vista que los comportamientos fueron advertidos en distintas oportunidades, lo que descartaría que se tratara de encuentros ocasionales carentes de relevancia para la presente investigación y, por su parte, la circunstancia de que cada uno de los indicios examinados pueda admitir, aisladamente considerado, una explicación alternativa no impide que su apreciación integral permita sustentar razonablemente la hipótesis acusatoria.
Para mayor abundamiento, cabe remarcar los resultados obtenidos durante la diligencia de allanamiento practicada en el domicilio de Ybáñez, los cuales, a mi entender, contribuyen a reforzar la hipótesis acusatoria.
Conforme surge del acta de procedimiento incorporada a la investigación (14/03/2025), en el inmueble del nombrado se procedió al secuestro de aproximadamente 1012 gramos de marihuana, distribuidos en distintos recipientes y envoltorios, así como también de balanzas de precisión, recortes de nylon con vestigios de dicha sustancia, teléfonos celulares y la suma de $6.451.480 en efectivo, cuyos billetes se encontraban acondicionados en fajos con bandas elásticas.
En este contexto, si bien la defensa sostiene que la cantidad de sustancia incautada y el dinero hallado no permiten acreditar, por sí solos, una finalidad comercial, lo cierto es que tales extremos no pueden examinarse de manera aislada, sino en relación con los restantes elementos incorporados a la causa.
Ello así, pues la considerable cantidad de material estupefaciente secuestrado, sumada a la existencia de instrumentos de pesaje y elementos aptos para su fraccionamiento y embalaje, adquiere particular relevancia cuando se la vincula con los movimientos previamente documentados por el personal policial.
De este modo, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, no se advierte que el magistrado de grado haya sustentado su decisión exclusivamente en la cantidad de sustancia incautada o en la existencia de dinero en efectivo, sino en una valoración conjunta de las circunstancias que rodearon la investigación y de los resultados obtenidos durante las diligencias practicadas.
Por otra parte, en cuanto al cuestionamiento relativo a la falta de justificación de la procedencia del dinero secuestrado, corresponde señalar que dicha circunstancia no puede ser interpretada como una obligación del imputado de demostrar su origen lícito, pues ello importaría desconocer las garantías constitucionales que rigen el proceso penal.
Sin embargo, lo anterior no impide que el hallazgo de una suma considerable de dinero, en las condiciones descriptas, pueda ser ponderado como un elemento indiciario más dentro del conjunto probatorio, sin atribuirle por sí solo carácter concluyente respecto de su vinculación con la actividad ilícita investigada.
Finalmente, en cuanto al agravio vinculado con la problemática de consumo de estupefacientes que presentaría el imputado, considero que tampoco habrá de prosperar.
En efecto, si bien la defensa invoca como antecedente una resolución dictada por esta Alzada en el marco de la Causa Nº 8794, mediante la cual se autorizó a Ybáñez a concurrir al Centro Provincial de Atención (CPA) a fin de continuar un tratamiento psicológico relacionado con su problemática de consumo, entiendo que dicha circunstancia no resulta incompatible con el desarrollo de una actividad de comercialización de estupefacientes.
Ello así, pues la condición de consumidor de sustancias estupefacientes no excluye, por sí misma, la posibilidad de desarrollar simultáneamente actividades vinculadas con su comercialización.
En este sentido, aun cuando el antecedente jurisdiccional señalado por el recurrente constituya un elemento que debe ser ponderado, ello no lleva a concluir, sin hesitación alguna, que la totalidad de la sustancia secuestrada en poder del nombrado estuviera destinada exclusivamente a su consumo personal, tal como lo pretende la Defensa.
Por el contrario, insisto, la cantidad de material estupefaciente incautado, la presencia de instrumentos de pesaje y elementos aptos para su fraccionamiento dentro del domicilio del encartado, así como los movimientos documentados durante las tareas investigativas, constituyen circunstancias que, apreciadas conjuntamente, permiten sostener razonablemente la finalidad comercial atribuida.
En consecuencia, considero las quejas introducidas por el apelante no logran conmover la resolución recurrida, toda vez que los elementos probatorios reunidos resultan suficientes, con el grado de conocimiento exigible en esta etapa procesal, para disponer la elevación de la causa a juicio respecto de Ybáñez, sin perjuicio de la valoración definitiva que corresponda efectuar durante el debate oral.
En efecto, la plataforma fáctica alcanza -al presente- para pasar a la siguiente etapa, donde el mérito cargoso de las constancias referidas será una cuestión relativa a la valoración probatoria que el sentenciante realizará al momento de analizar el contenido de la misma y su poder convictivo de acuerdo a su sana crítica (confr. LP 36089 RSD-812-10 S 20-5-2010).
El sobreseimiento constituye la culminación del proceso y su dictado debe fundarse en el convencimiento de que se presenta alguno de los supuestos expresamente previstos por la ley (Art. 323 del CPP), sea por la objetiva y fundada determinación de que existe una situación encuadrable en tales normas, o de que no podrá alcanzarse un mínimo cuadro probatorio que provoque la razonada convicción que aquellas reglas no deben ser aplicadas. (Tribunal Casación Pcia. de Buenos Aires, Sala 2, 20408 RSD-6-6 S 7-2-2006).
En síntesis, no se verifican en este estadío procesal, las condiciones para el dictado del sobreseimiento solicitado por la Defensa Particular respecto de su ahijado procesal, medida que requiere un grado de certeza sobre la causal en que se funda, que no se advierte en el caso de marras.
Por todo lo expuesto, voto por la afirmativa.
A la misma cuestión, el Sr. Juez, Dr. Martín M. MORALES , por análogos fundamentos, vota en igual sentido.
A la TERCERA CUESTIÓN , la Sra. Jueza, Dra. Gladys M. HAMUÉ, dijo:
De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
I. Declarar admisible el remedio impugnativo impetrado (arts. 337, 421, 439, 441, 442 y ccs. del CPP).
II. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa y, en consecuencia, confirmar la resolución impugnada.
Es mi voto.
A la misma cuestión, el Sr. Juez, Dr. Martín M. MORALES , por análogos fundamentos vota en igual sentido.
Con lo que terminó el presente Acuerdo dictándose la siguiente:
I. Declarar admisible el remedio impugnativo impetrado (arts. 337, 421, 439, 441, 442 y ccdts. del CPP).
II. Desestimar el recurso en tratamiento y, en consecuencia, confirmar el resolutorio que rechaza la oposición a la requisitoria de citación a juicio respecto del imputado Cristian Sebastián Ybañez , cuyas demás circunstancias personales son de figuración en autos y, en consecuencia, no hace lugar al sobreseimiento del mismo, disponiendo elevar a juicio la presente IPP N° 12-00-002014-24/00, en orden a los delitos de comercio de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real, en los términos del art. 5 inc. c), de la Ley 23.737 y del art. 55 del CP, de tramite por ante laUFIyJ N° 9 (Unidad de Coordinación de Estupefacientes) y el Juzgado de Garantías N° 1 Departamental (arts. 323 a contrario sensu, 337 del CPP) - ( Causa Nº 9062-2026 del Registro de esta Alzada).
Regístrese. Ofíciese. Oportunamente, devuélvase.-
Firmas
Funcionario firmante: MORALES Martin Miguel - JUEZ
Funcionario firmante: HAMUE Gladys Mabel - JUEZ
Funcionario firmante: ANNAN Horacio Daniel - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 368-2026
Fin de la sentencia