Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 33124
Mar del Plata,
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 33124, y de cuyas constancias,
1. Que el Tribunal en lo Criminal n° 4 departamental, resolvió decretar de oficio la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 22 bis del CPP, por vulnerar la garantía constitucional del Juez natural, ordenando la realización de un único juicio para todos los imputados con la integración del Tribunal con un jurado popular.
2. Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación el Sr. Defensor particular del co encausado Luis Hugo Perea, letrado Horacio Mariano Ayesa.
Marca el recurrente que su asistido procesal optó ser sometido a juzgamiento por un Tribunal con jueces técnicos.
Señala que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional; acompañando criterios jurisprudenciales que consolidan su postura. Precisa que en el caso la declaración oficiosa de inconstitucionalidad del artículo 22 bis del CPP, dispuesta por el a quo, no encuentra motivación suficiente, ya que se enmarca en una postura que asume el colegiado argumentando la vulneración de la garantía constitucional del Juez Natural, pero afecta derechos y garantías constitucionales vigentes y previamente ejercidos por Luis Hugo Perea y otros coimputados que también optaron por ser juzgados por Tribunal de jueces técnicos: derecho a ser oído e igualdad ante la ley.
Expresa que el fundamento de la cuestión estriba en que el a quo no admite la existencia de dos juicios separados, extremo que no resiste análisis dado que en los supuestos de múltiples imputados donde alguno escoge la vía abreviada, precisamente, se produce un desdoblamiento de la causa.
Criticando el argumento relacionado al derecho no absoluto a renunciar a la garantía del juicio por jurados expuesta por los sentenciantes de origen, entiende que tal análisis encuentra un obstáculo previo puesto que la renuncia se abastece de otro derecho constitucional: el derecho a ser oído, el cual no es renunciable. Acompaña criterios doctrinarios sobre el tópico.
Apunta que la declaración de inconstitucionalidad oficiosa del artículo 22 bis del CPP vulnera el derecho de defensa en juicio y la arista práctica del derecho también constitucional a ser oído.
Hace hincapié en que, asimismo y especialmente, afecta la garantía constitucional de igualdad ante la ley, dado que la opción de uno solo de los coimputados de ser sometido a juicio por jurados provocó la declaración oficiosa de la inconstitucionalidad del artículo 22 bis del ritual. De no haber existido tal voluntad de uno, la situación en crisis no se hubiera provocado.
Entiende que en el caso procede, respetando la opción de los imputados en una misma causa, separar los procesos. Tal solución no afectaría los derechos que marca violentados en el caso.
Precisa que en el supuesto de Perea tiene motivos para realizar la elección de tribunal técnico, dado que ya posee una experiencia en ese sentido.
Haciendo la reserva del caso federal que entiende emerge en el supuesto de autos, requiere que este Tribunal haga lugar a su recurso.
3. Que también recurre aquél resolutorio el Sr. Defensor particular del encausado Gustavo Minaberrigaray, letrado Franco Martin Gorga.
Marca que su asistido renunció expresamente a la posibilidad de ser juzgado por un jurado popular siendo su deseo ser juzgado por jueces técnicos, tal como dispone el art. 22 bis CPP; y de igual modo actuaron los coimputados Perea, Torres, Natalia Distante y Carmen Distante. Siendo que sólo el coencausado Néstor Oscar Romeo manifestó su voluntad de someterse a un juicio por jurados populares.
Señala que conforme los fundamentos de la ley 14.543, el establecimiento del juicio por jurados fue entendido como un derecho del imputado y, como tal, enteramente renunciable; ello al punto que el rito trae una solución para el caso de múltiples encausados que realizan elecciones disímiles para su juzgamiento, y precisamente ella se decanta por el Juez técnico. Tal derecho puede ser ejercido o renunciado expresamente, pero en ningún modo impuesto compulsivamente como en el caso de autos.
Critica el auto de la instancia dado que no solo se aparta de lo dispuesto por la letra misma de la ley, sino que invierte la solución estipulada por el legislador para las presentes situaciones, tergiversando el derecho constitucional del encausado a ser juzgado por sus conciudadanos en una imposición normativa.
Trae a colación los distintos precedentes de esta Alzada cuando, declarando la inconstitucionalidad del artículo 22 bis del rito, se resuelve realizar los juicios respetando la voluntad manifestada por los encausados.
Asimismo acompaña legislación de otras provincias, denotando las distintas soluciones que se dieron a casos como el suscitado en autos.
Con todo concluye que en el supuesto emerge de manera palmaria la directa vulneración al derecho adquirido por Minaberrigaray quien, luego de haber renunciado de manera expresa y libre a la integración del órgano de juicio por parte de un jurado popular y elegido que su culpabilidad en los hechos sea determinada por jueces técnicos, es obligado a someterse a un debate oral llevado a cabo por un jurado íntegramente formado por conciudadanos que carecen de formación en leyes.
Marca que la realización de un único juicio para todos los coencausados, el cual debe a criterio del a quo ser llevado a cabo por medio de jurados populares, privilegia los derechos del imputado Romeo por sobre los derechos y garantías de los demás coencausados, obligándolos a someterse a una modalidad de juicio a la cual todos y cada uno renunció tal como la normativa aplicable le permite. Se atenta, de tal modo y de manera directa, al principio constitucional de igualdad ante la ley.
Afirma que las consecuencias no deseadas que puede producir el juzgamiento por separado de los imputados, deben encontrar solución por vía legislativa, pero en manera alguna puede jurisdiccionalmente crearse un modelo de juzgamiento a gusto del Tribunal de turno, optando por proteger los derechos de un imputado lesionando los derechos de los restantes, tal como se hizo en el presente caso.
Haciendo la expresa reserva del caso federal que entiende emerge en el presente, pide que este Tribunal revoque el auto impugnado, decretándose la inconstitucionalidad del Art. 22 bis, último párrafo, del ritual y ordenándose la realización de dos juicios independientes – Juicio por Jurados respecto del imputado Romeo y Juicio Técnico respecto de los imputados Minaberrigaray, Torres, Perea, E. Distante y N. Distante- en virtud de las voluntades manifestadas por parte de los encausados.
4. Que también interpuso apelación el Sr. Defensor particular del encausado Bruno Emanuel Torres, letrado Marcos Adrián Bouzas.
Precisa que su asistido, al igual que los restantes coencausados, en la etapa prevista procesalmente, escogió ser juzgado en autos por un juez técnico; ello a excepción de Néstor Oscar Romeo que decidió no hacer uso al derecho de renuncia y por tanto someterse a un jurado popular para que decida su situación en la causa.
Considera que debe respetarse la voluntad ya expresada por Torres, no existiendo motivos para que la decisión Romeo la afecte; tal como lo termina resolviendo el a quo.
Entiende que juzgar a todos los imputados por un jurado popular sería ir en contra lo dispuesto por el legislador, que había previsto justamente una solución totalmente contraria; y que el único motivo para no respetar la voluntad expresada por los imputados ante el Juez de Garantías, podía ser solamente que dicha decisión no haya sido libre.
Señala que a diferencia de otras soluciones legislativas, que acompaña y cita, la bonaerense prevé la no obligatoriedad y la consecuente posibilidad de renuncia a ser juzgado por un jurado popular. Acompaña los términos de los fundamentos de la ley 14543 sobre el punto.
Hace expreso hincapié a que el jurado de enjuiciamiento popular es ante todo un derecho del justiciable. Por ello emerge la posibilidad de renunciar al mismo. Trae doctrina sobre el punto.
Afirma que obligar a Torres a ser juzgado en una forma contraria a su voluntad, implica afectar el derecho de defensa que le asiste.
Por otro lado marca que el pronunciamiento de la instancia no solo declara la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 22 bis del CPP, sino que dispone realizar todo lo contrario a lo normado por dicho artículo; generándose de tal modo una afectación a los principios republicanos de gobierno, extralimitándose el a quo de sus funciones jurisdiccionales.
Desde otra perspectiva entiende que cuando el sentenciante de origen establece que juez natural resulta ser el jurado popular, en virtud de lo que norma la Constitución Nacional, y que por ello debe realizarse un sólo debate oral bajo esa modalidad de juzgamiento; como contracara decide que el jurado técnico ya no debiera ser quien dicte una sentencia contra el justiciable en ningún otro juicio criminal. Esta situación generaría una crisis institucional. Trae jurisprudencia y doctrina torno al tópico.
Para concluir considera que la solución del caso debiera ser la misma que el Tribunal de Casación provincial adoptó en el fallo “Díaz Villalba”, es decir el respeto a la voluntad de cada uno de los imputados de renunciar o no al juicio por jurados.
Formulando la reserva del caso federal que considera surge de autos, pide que esta Alzada revoque el auto de la instancia y ordene la realización de dos juicios independientes, es decir uno por jurados populares respecto del imputado Romeo y otro por jueces técnico con relación a Torres y los restantes coencausados.
5. Que asimismo la Sra. Defensora Oficial Gabriela Peña interpuso recurso de apelación contra el resolutorio dictado en la instancia, ello en favor de su asistida procesal, la coimputada Carmen Beatriz Distante.
Afirma que la opción de un coprocesado no puede necesariamente condicionar la voluntad del resto, especialmente tratándose de una garantía constitucional. Así, la resolución de origen resulta contraria a derecho, generando un agravio irreparable, pues vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa en juicio además del derecho al juez natural en perjuicio de su defendida, máxime cuando en el actual ordenamiento adjetivo se prevé la separación de juicios en el art. 340 del rito, por lo que tampoco existe obstáculo procesal para proceder en ese sentido.
Alega que la garantía del debido proceso legal está prevista fundamentalmente en favor del encausado. En autos, Carmen Beatriz Distante manifestó su expresa voluntad a ser juzgada por los jueces técnicos conforme la regulación legal vigente y plenamente acorde al derecho al juez natural de la causa; por ello la sentencia que decide declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se basa su petición expresa resulta infundada y violatoria al debido proceso e inobserva la doctrina legal de la CSJN contraria al ejercicio judicial del control de constitucionalidad si no media concreto requerimiento de la parte interesada.
Por otro lado, señala que el pronunciamiento que recurre resulta infundado y arbitrario dado que el argumento central empleado no alcanza a demostrar la colisión de la norma provincial con la Constitución Nacional. Sostiene que puntualmente no acredita la afectación al derecho al juzgamiento por el juez natural, que se alega como motivo de la declaración de inconstitucionalidad, cuando el imputado, en cuyo favor está consagrada a garantía, no se vio agraviado al respecto. Así, Distante optó por ejercer su derecho a ser juzgada por los jueces técnicos “designados por la ley antes del hecho de la causa” tal como lo establece expresamente el art. 18 de la Constitución Nacional. Decidir que la garantía de juez natural en el caso de los juicios criminales es el jurado popular, importa tanto como desconocer el carácter de juez natural a los tribunales orales en lo criminal que diariamente sentencian casos en la Provincia, y conllevaría la nulidad de tales sentencias. El Juez natural, en el caso de autos y conforme la opción ejercida por la imputada Carmen Distante en favor del juzgamiento por jueces técnicos, es el Tribunal en lo Criminal que resulte competente, sin que resulte legítimo imponerle una opción distinta.
Marca también que la sentencia impugnada extralimita la competencia jurisdiccional, pues genera una nueva norma al suplantar por vía judicial la intervención de jueces técnicos por jurados; claramente ello a es una función legislativa y ajena por completo al control judicial de constitucionalidad, por lo que la resolución vulnera el principio de legalidad.
Acompaña criterios jurispruedenciales en apoyo de los agravios que esgrime.
Con todo, y haciendo la expresa reserva del caso federal que considera presente en autos, pide que se revoque la resolución que decreta la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 22 bis del CPP, ordenando que su asistida procesal sea juzgada ante jueces profesionales tal como fue su libre y voluntaria elección.
1. Que a fin de precisar el tema a resolver se impone, en primer término, señalar que la cuestión del presente caso se relaciona con la eventual necesidad de realización de un sólo juzgamiento en aquéllos supuestos donde se establece la posibilidad de resolver la causa mediante juicio por jurados, existiendo varios imputados y donde los mismos escogen escenarios distintos para dirimir su situación: algunos optan por ser juzgados por un órgano técnico y otros por un jurado popular.
2. Que la propuesta de solución que marca el rito se encuentra en la última parte de su artículo 22 bis. Allí, se establece que "en caso de existir pluralidad de imputados, la renuncia de uno de ellos determinará la integración del Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 22"; ergo, entenderá en el caso y para todos los coencausados un Tribunal en lo Criminal.
Este desenlace del tópico en tratamiento, oportunamente conllevó a que dictáramos la inconstitucionalidad de la norma, en el entendimiento que afectaba la garantía de juez natural y de defensa en juicio (ver por todas c. 27.506 "Mansilla" de este Tribunal). También el ad quem se pronunció en similar sentido, tal como el propio a quo lo releva en el precedente "Diaz Villalba" de la Sala IV (c 83026); y recientemente en "Biasutti" dictado por la Sala II (C. 107.533) donde se establece la realización del juicio correspondiente de acuerdo a la modalidad escogida por cada encausado.
En función de la solución dada, en la práctica y en caso de darse el supuesto bajo análisis, se imponía la realización de un debate ante un jurado popular y otro distinto percibido por jueces técnicos, de acuerdo a la intención manifestada por cada encausado.
3. Que en esta oportunidad la cuestión a resolver si bien no dista del referido criterio expuesto en el mencionado precedente "Mansilla", lleva a un reexamen del tema con el fin de evitar disparidades de criterios entre las distintas Salas de esta Alzada. En este sentido se impone consignar que para arribar al análisis desarrollado en el presente se logró aunar criterios entre todos los componentes de esta Cámara.
Expuesto lo anterior, en primer lugar se debe recordar que el juicio por jurados se halla expresamente mencionado en tres artículos de nuestra Constitución Nacional: 24, 75 inc. 12 y 118, "De acuerdo con este diseño constitucional no puede dudarse que el juicio por jurados es una garantía indiscutible de todo habitante de este país frente al estado (art. 24 CN), pero a la vez... se trata de un derecho de la ciudadanía a intervenir directamente en las decisiones de la justicia (art. 75 inc. 12 CN); y el art. 118 de nuestra Carta Magna ordena obligatoriamente que todos los juicios criminales se realicen por jurados" (ver HARFUCH, Andrés "El juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires", Ed. Ad Hoc, Bs. As. 2013, p.134).
La CSJN en "Canales" (CS, 2/5/2019; causa 121.957), sentó que el diseño constitucional de la administración de justicia penal de nuestro país es, precisamente, el sistema de enjuiciamiento por jurados populares.
Luego la ley 14.543 activó la cláusula constitucional de operatividad del juicio por jurados. Así lo entendió el Tribunal de Casación Penal provincial desde el primer caso donde abordó cuestiones relacionadas al proceso de juicio por jurados: "La concreción por parte del Poder Legislativo provincial de la instauración del juicio por jurados en casos criminales, no puede tener vuelta atrás desde que, cumplido el cometido que manda la Constitución, se erige entonces como una garantía más de orden jerárquico superior que no podrá ser soslayada sin graves consecuencias para nuestro sistema republicano" (Sala I, causa 72016, "Mazzon, Marcos E. s/ recurso de casación", 26/02/2015). Y, lo ratificó en el precedente "Díaz Villalba" ( Sala IV, c. 83026 del 22/06/17) cuando expresó que "en nuestra provincia ese momento ha llegado con la sanción de la ley 14.543, con lo cual la manda constitucional ha cobrado plena operatividad en el territorio bonaerense, siendo que el punto de partida de todo análisis debe hacerse con la total vigencia de las disposiciones antes mencionadas".
Por otro lado, en el citado precedente "Canales", el máximo Tribunal de la República también entendió que, al menos de momento, resulta una competencia provincial legislar en materia de juicio por jurados.
4. Que en este contexto señalado, en la nueva evaluación de la cuestión, avanzamos en el sentido que la solución mas acorde a los derechos y garantías comprometidos, en caso de existir tal disparidad de elecciones respecto al juicio bajo el cual se dirimirá la situación, impone que se deba estar a la regla constitucionalmente prevista: y no cabe dudas que el juez natural del caso es el jurado popular.
Arribando a esta conclusión, efectivamente se revee el criterio sentado en "Mansilla". Así, a la ya declarada inconstitucionalidad del artículo 22 bis del CPP allí resuelta, ahora se añade una solución distinta puesto que se impone la realización de un solo juicio.
Efectivamente, debe efectuarse un solo escenario de juzgamiento porque: 1) el marco de competencia del jurado popular resulta la regla constitucionalmente marcada respecto a la garantía del juez natural para los casos que, en este inicio de operatividad de las claúsulas constitucionales, señaló el legislador provincial (delitos cuya pena máxima en abstracto exceda de 15 años de prisión o reclusiónó, tratándose de un concurso de delitos, algunos de ellos supere dicho monto); 2) en el caso no se ingresa dentro de las excepciones que el rito marca en su artículo 340 para la procedencia de la separación de juicios; 3) el legislador provincial (como premisa aunque con una solución inconstitucional) previó en el supuesto bajo análisis que el conflicto penal se dirima en un sólo escenario; 4) si bien el sometimiento a un jurado popular, efectivamente, puede ser un derecho renunciable para el imputado en pleno ejercicio de su libre voluntad, esta prerrogativa no puede afectar otras de similar jerarquía.
5. Así entonces, se impone analizar ese señalado derecho del encausado a renunciar a la integración del tribunal que lo va a juzgar con jurados populares.
En primer lugar, como ya se marcó arriba, el juicio por jurados en una de sus facetas conlleva un derecho individual (art. 24, CN) y además resulta tributario de la garantía de juez natural para los casos en que correspondiera su intervención (CN, 18 y 118; CPP 22 bis).
Su renuncia, por parte del imputado, si bien resulta admisible no es un
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