Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CLXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.269 FOLIO Nº 041/043 PROT. ELECT. JR101 417I.261
Río Gallegos, 18 de septiembre de 2026.-
La presente causa caratulada: “COMISARIA SEGUNDA S/ INVESTIGA LESIONES EN ACCIDENTE DE TRANSITO”, Expte. Nº C-15.771/24 Apelación/Causa JR Nº 10342/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 165/172 y vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Pto. San Julián, Dr. L.P.P., quien en el punto 1-) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de L.A.G., en orden al delito de “Lesiones Graves Culposas por conducción antirreglamentaria de un automotor" (art. 94 bis del CP); y en tanto en el punto 2-) trabó embargo sobre bienes libres del procesado por la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000).-
Que a fs. 181/182, la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 188 sostuvo el recurso (cód. validación 952c2f54) y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna.-
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable.-
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la parte recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.-
II. Del agravio referido a la ausencia de imputación objetiva y ruptura del nexo causal por exclusiva culpa de la víctima (Auto-puesta en peligro): La defensa sostuvo que en los delitos culposos no basta con verificar mecánicamente la infracción a una norma reglamentaria de tránsito (como la prioridad de paso en avenidas), sino que es indispensable constatar si el resultado es la concreción del riesgo jurídicamente desaprobado por el conductor o si, por el contrario, fue determinado por la propia víctima.-
De las constancias de autos surge de manera irrefutable que el adolescente I.N.H.C. de P. fue el único creador del riesgo que determinó el siniestro:
1. Falta de idoneidad y habilitación legal:
contaba con 16 años de edad, carecía por completo de licencia nacional de conducir y manejaba una moto de 110 cc, lo cual está expresamente prohibido por la legislación vigente.-
2. Intoxicación severa al volante: el examen de urgencia arrojó resultado POSITIVO para COCAINA Y MARIHUANA; conducir bajo los efectos simultáneos de estupefacientes y psicotrópicos elimina los reflejos, la percepción del tiempo y espacio, y la capacidad psicofísica mínima para dominar el vehículo de menor porte.-
Agregó, que su asistido no pudo prever de ninguna manera que un conductor en semejante estado de intoxicación aparecería en la encrucijada de forma temeraria.-
III. Arbitraria valoración de la prueba testimonial (Principio de Confianza): adujo que el Juzgado para dictar el procesamiento minimizó las declaraciones de los testigos presenciales directos que se encontraban en el lugar del hecho -fs. 30 y vta. y fs. 31 y vta.-.-
Argumentó que la prioridad de paso de la avenida pierde vigencia cuando un vehículo ya ha ingresado y casi pasado la intersección con el aval conductivo de quien circulaba por la vía principal.-
Que, abocados al estudio de los agravios vertidos por la defensa técnica, adelantamos que los mismos no habrán de prosperar.-
Entendemos, yerra la apelante al sostener que la atribución de responsabilidad responda a una aplicación mecánica de las normas reglamentarias de tránsito o que el resultado haya sido determinado exclusivamente por la conducta de la víctima I.N.H.C. de P; si bien es exacto que en los delitos culposos se exige la comprobación de la relación de determinación entre la conducta imprudente y el resultado lesivo, en el caso de autos la aplicación de la regla de la supresión hipotética permite concluir que, de haber el imputado respetado la prioridad de paso de la encrucijada y mantenido el debido dominio de su rodado (arts. 39 y 41 de la Ley 24.449), el impacto y las consecuentes lesiones no habrían acaecido (Criterio seguido en Apelación N° 10264/26).-
Por otro lado, deben rechazarse de plano los planteos referidos a la minoría de edad, falta de licencia e intoxicación por estupefacientes en la persona del damnificado como causales de eximición de responsabilidad penal.-
Ha sido criterio inveterado e inalterable de esta Alzada que el instituto de la "concurrencia o compensación de culpas" resulta inaplicable en el fuero penal, dada la naturaleza pública de la pena (confr. Apelaciones N° 8393/23, 9041/24, 9437/25, 9595/25, 10.070/26 y 10.076/26, entre muchas otras).- Las infracciones cometidas por la víctima no neutralizan ni desplazan la violación del deber objetivo de cuidado en que incurriera el imputado.-
Tampoco puede el encausado ampararse en el principio de confianza cuando ha sido él mismo quien transgredió las normas de cuidado que le imponían extremar la precaución al ingresar a la intersección.-
Finalmente, en lo atinente a la tacha de arbitrariedad en la valoración de los testimonios de fs. 30/31 y vta., se observa que el A Quo ha efectuado una ponderación armónica e integral de la prueba conforme a la sana crítica racional.-
Cabe recordar a la parte recurrente que en esta incipiente etapa procesal basta un grado de probabilidad respecto a la existencia del hecho y la responsabilidad del imputado a los fines del art. 289 del CPP, estándar que luce plenamente abastecido por los elementos objetivos de cargo reunidos en el legajo (Postura arguida en Apelación N° 10015/26).-
En tal sentido, se considera que este tipo de pronunciamiento sólo exige un juicio de probabilidad acerca de la materialidad del hecho y la participación del imputado, donde los elementos de cargo prevalezcan sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho. No se trata de un pronunciamiento definitivo, sino de una resolución de carácter provisional que no causa estado, bastando para su dictado que la acción penal se encuentre debidamente fundada en derecho.- Por todo lo expuesto, corresponde confirmar el auto de procesamiento recurrido.-
IV. Embargo: indicó que si bien el monto de la cautelar consistente en pesos cincuenta mil ($ 50.000) luce pequeño, la medida resulta infundada y arbitraria a sus efectos legales; ya que el imputado es un adulto mayor de 71 años, jubilado y con domicilio fijo, resultando evidente la total inexistencia de peligro en la demora o de riesgo de insolvencia para afrontar las costas del proceso.-
Solicitó que se suspendan los embargos dispuestos hasta el pronunciamiento de esta Alzada y que se revoque el auto de procesamiento, o bien, que se dicte el sobreseimiento del Sr. G..-
El planteo de la defensa no tendrá acogida favorable en esta instancia ordinaria.-
Sobre esta cuestión cabe referir que el Código Procesal Penal, de manera imperativa y obligatoria, establece que el Juez -al dictar el auto de procesamiento- ordenará el embargo de bienes del imputado, cumpliendo el auto apelado con las reglas establecidas en el Art. 499 del CPP. En tal sentido, la jurisprudencia unánime y mayoritaria de esta Alzada tiene resuelto de manera pacífica que: “A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado ” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV, fecha 17/09/2009, La Ley Online, cita: TR LA LEY AR/JUR/44048/2009).-
Asimismo, y en coincidencia con lo sostenido por otros tribunales, se ha señalado que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de lo señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).-
Por consiguiente, las alegaciones de la defensa en cuanto a la precaria condición patrimonial del procesado devienen legalmente irrelevantes al momento de mensurar la cautelar.-
Asimismo, resulta oportuno precisar que el texto de la ley de rito alude a que la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso.-
En orden a la gravedad del ilícito de lesiones graves culposas endilgado al encartado, la modalidad y la consecuente entidad del daño a garantizar, el monto ordenado de pesos cincuenta mil ($ 50.000) se exhibe razonable, prudente y en modo alguno puede calificarse como desproporcionado -textual- o carente de motivación, toda vez que el Juez de grado explicitó detalladamente en los considerandos de fs. 172 y vta. los rubros a los cuales se encontraba destinada dicha medida precautoria.- Consecuentemente, se confirmará el embargo decretado por resultar justo y ajustado a derecho.-
V. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
VI. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosadoa fs. 165/172 y vta. de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia