Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala I · Causa 1-76014-2026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de apelación subsidiario incoado el 06.08.2026 por la heredera de la coejecutada contra las providencias de fecha 03.08.2026 y 04.08.2026.
2Imponer las costas de Alzada a la apelante en su condición de vencida (arts. 68 y 69 del CPCC); difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad. (art. 31 de la ley 14.967).
1-76014-2026 -
" COMITE DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO LEY 12726/12790 Y MODIFICATORIAS C/ SUCESORES DE WAGNER DE JOAQUIN ROSA Y SUCESORES DE BLANCO RAUL ARMANDO S/ COBRO EJECUTIVO CON GARANTIA HIPOTECARIA "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
En la ciudad de Azul reunidos los integrantes de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Departamental:
I. Se radican las actuaciones con motivo del recurso de apelación subsidiario incoado en la presentación del 06.08.2026 por la heredera de la coejecutada contra las providencias de fecha 03.08.2026 y 04.08.2026. La primera ordenó intimar a la parte actora en los términos del art. 315 del CPCC y en la segunda la tuvo por cumplida de la intimación y se libró el edicto a fin de emplazar a los herederos del coejecutado fallecido.
En el auto de fecha 06.08.2026 se rechazó la revocatoria, se concedió la apelación en relación y se confirió traslado de los fundamentos, los que recibieron réplica de la actora en la presentación de fecha 13.08.2026.
II. De las constancias de autos resulta que el 17.02.2020 se dejó sin efecto un despacho dictado ese mismo día por el que se había ordenado una intimación en los términos del art. 315 del CPCC como así también una cédula librada a tales efectos (por error) el 06.02.2020.
Tiempo después, el 28.03.2025 se presentó la apelante, dedujo planteo de nulidad de la ejecución con sustento en normas del derecho del consumo, opuso excepciones y ofreció prueba.
Más adelante, con miras a citar a los herederos del coejecutado mediante edictos (conf. lo ordenado en el despacho de fecha 11.08.2025), en la presentación del 25.09.2025 la actora solicitó el libramiento del edicto para luego realizar el pago del timbrado correspondiente para su publicación en el diario "En Línea Noticias" de Olavarría. Ese día, se libró el edicto a publicarse en el diario en cuestión .
Desde allí, transcurrió un período de inactividad de aproximadamente diez meses, ante lo cual la recurrente efectuó la presentación del 03.08.2026 por la que solicitó se decrete la caducidad de instancia, lo que motivó el dictado del auto de fecha 03.08.2026 que ordena la intimación, que viene apelada.
El día siguiente, 04.08.2026, la parte actora manifiesta la intención de continuar el proceso y acompaña comprobante de pago correspondiente al timbrado para la publicación del edicto ante el "Boletín oficial" y solicitó se libre por Secretaría el edicto pertinente; lo que así se cumplió con el libramiento del edicto de fecha 04.08.2026 dirigido al "Boletín Oficial "; día que también se tuvo por cumplido a la actora con la intimación del día 03.08.2026.
En el memorial, expresó la apelante que le agravia se convalide una boleta de pago y que nada se diga respecto del destino, diligenciamiento y resultado del oficio de edictos ordenado en el último movimiento de fecha 26.09.2025 dirigido al medio local.
Aduce que debió declararse directamente la caducidad sin ordenarse una nueva intimación previa.
Respecto de la segunda providencia que tuvo por cumplida la intimación indica que hay una falta de control del expediente; que el beneficio excepcional de la intimación previa ya se encontraba agotado pues con fecha 05.02.2020 ya se había ordenado de oficio la intimación establecida en el art. 315 del CPCC, que es por única vez.
Apunta que el borrador del edicto acompañado el 04.08.2026 no sanea el proceso pues el acuse de caducidad congela la instancia.
Considera también que hay ineficacia procesal por los edictos no informados en autos; que diez meses transcurrieron desde el edicto librado por el juzgado en el último movimiento del 25.09.2025, cuando pagar, publicar los edictos y acreditar dicha publicación en el expediente es carga de la actora.
Entiende que al haber acusado la caducidad el 03.08.2026, el derecho a convalidar o registrar actuaciones precluyó de forma definitiva.
Solicitó se corra traslado al agente fiscal para que se pronuncie sobre la nulidad absoluta de la ejecución.
En la contestación del memorial, manifiesta la actora que la intimación dispuesta en el auto de fecha 03.08.2026 es la primera pues la anterior de fecha 05.02.2020 fue dejada sin efecto.
Asimismo, que la providencia de fecha 04.08.2026 tuvo por correctamente cumplida intimación pues hizo lo que la ley manda hacer esto es, manifestar el interés de continuar con el trámite y acompañar el edicto a fin de impulsar la acción oportunamente ordenada.
Sostiene al respecto que el pago y la solicitud de libramiento del edicto no importan una "purga retroactiva" sino la propia actividad de impulso procesal exigida por la ley; luego que el acuse de caducidad no "congela" la instancia ni impide el control judicial previo que exige el art. 315 del CPCC y por último, que no existe gravamen irreparable, por lo que no resulta procedente la vía recursiva.
Radicado el expediente en esta instancia se confirió vista al Fiscal General en la providencia de fecha 02.09.2026, quien emitió dictamen en la presentación de fecha 09.09.2026 en donde manifestó que las circunstancias que deben estudiarse en el presente caso, no son especialmente aquellas que se refieren y justifican la intervención del Ministerio Público Fiscal, por tratarse de una cuestión que queda al prudente arbitrio judicial y no afecta intereses tutelados por este Ministerio Público Fiscal toda vez que se trata de un instituto del derecho procesal ajeno al micro sistema que defiende los derechos de los consumidores.
III. Efectuada la reseña anterior, cabe adentrarse ahora a dar solución al asunto.
A tales efectos, cabe recordar que la jurisdicción apelada es de orden público y el Tribunal de Alzada debe pronunciarse, incluso de oficio, sobre la procedencia formal del recurso y examinar, si el apelante tiene calidad de parte, interés en su interposición, si ha sido deducido en término y bien o mal concedido, sin estar obligado ni por la voluntad de las partes, ni por la concesión hecha por el Juez inferior, por más que se halle consentido (Colombo, "Cód. Proc." T. II, págs. 468; y causas de este Tribunal nº 51611, nº 51919, nº 51955, nº 54246, nº 54906, entre muchas otras).
Así las cosas, en relación a la primera cuestión apelada, cabe consignar que se trata de una providencia previa en el procedimiento de declaración de caducidad de instancia, por cuanto lo que allí se ordenó es la intimación prevista en el art. 315 del CPCC para que manifieste su intención de continuar con la acción y produzca actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento de decretarse la caducidad de instancia; y, en relación a este tipo de providencias este tribunal se ha expedido sobre su inapelabilidad
En efecto, sobre el particular, ya hemos dicho que "en el marco propio del instituto de caducidad de instancia, la única hipótesis susceptible de apelación resulta aquella en la que ésta se decreta (Art. 317 CPCC), lo que no resulta asimilable al supuesto de marras. Ello, sin perjuicio de que ante un futuro decreto de caducidad de instancia y la consiguiente deducción de un recurso de apelación, esta sala pueda analizar sobre la pertinencia y temporalidad de la providencia de fecha 11.03.2025." (esta Sala, causas nº 73798 y 73799, ambas "Banco Credicoop" del 17.06.2025; y recientemente en causa nº 75993, "Zabaleta" del 20.10.2026).
Respecto a la segunda providencia que tuvo por cumplida la intimación, cabe colegir que ha de seguir la misma suerte que la anterior, pues se trata también de una providencia previa en el procedimiento de declaración de caducidad de instancia.
En este marco, importa señalar que no se advierten en el caso circunstancias especiales que ameriten apartarnos del criterio de la inapelabilidad; toda vez que a la luz de la reseña efectuada en el apartado anterior, no se observan las irregularidades a las que refiere la apelante, puesto que, la intimación ordenada en el despacho del 03.08.2026 se trata de la única intimación a la que refiere el art. 315 del CPCC (al haberse dejado sin efecto la ordenada el 17.02.2020); y por cuanto la acreditación del pago para la publicación del edicto en el Boletín Oficial constituye un acto procesal útil para la prosecución de la instancia. (art. 315 del CPCC).
En consecuencia, cabe declarar mal concedido el recurso de apelación.
IV. En cuanto a las costas se imponen al apelante en orden a la doctrina receptada por esta Sala según la cual "Las costas generadas como consecuencia de un recurso de apelación que la Cámara declara mal concedido, deben ser impuestas al recurrente" (Fenochietto - Arazi "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación-comentado y concordado Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, T° I. Pág. 298 con cit. CNCom. Sala C 28/8/91 Revista Doctrina Judicial, 1992-1-1126; esta Sala, causa nº 65.419, "May" del 18.02.2020, nº 65463, "Fonseca" del 27.02.2020, entre otras).
Por todo ello, se resuelve : 1) Declarar mal concedido el recurso de apelación subsidiario incoado el 06.08.2026 por la heredera de la coejecutada contra las providencias de fecha 03.08.2026 y 04.08.2026. 2) Imponer las costas de Alzada a la apelante en su condición de vencida (arts. 68 y 69 del CPCC); difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad. (art. 31 de la ley 14.967). Regístrese, notifíquese en forma electrónica (conf.art.10 del Reglamento para presentaciones y notificaciones electrónicas (SCBA. Ac.4039 del 14/10/2021) y oportunamente devuélvase a la instancia de origen.-
MAL CONCEDIDO
Firmas
Funcionario firmante: COMPARATO Lucrecia Ines - JUEZ
Funcionario firmante: LOUGE EMILIOZZI Esteban - JUEZ
Funcionario firmante: CARRASCO Yamila - JUEZ
Funcionario firmante: MINVIELLE Emilio Fernando - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 811-2026
Fin de la sentencia