Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 39630-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la apelación deducida por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar -conforme fuera motivo de agravios- la resolución del 28/2/2020 dictada por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación por medio de la cual dejara sin efecto la resolución DI VACD 62/2018 y, a fin de cuentas, los cuarenta y ocho cargos impugnados en autos; y
2Tratar la apelación deducida contra la regulación de honorarios practicada el 5/9/2022 a favor de los profesionales intervinientes en autos en defensa de la exportadora y regular los emolumentos correspondientes a esta instancia judicial (Considerando XIII).
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2023.-
VISTOS estos autos 21.352/2023 caratulados “Compañía Agroindustrial La Oriental SA (TF 39.630-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y
I. El servicio aduanero fiscalizó los permisos de embarque código “12 038 EC01 003768 R”, “12 038 ECO1 006059 N”, “12 038 EC01 007970 Z”, “12 038 EC01 008907 R”, “12 038 EC01 013435 J”, “12 038 EC01 015489 U”, “13 038 ECO01 028606 Z”, “13 038 EC01 028809 V”, “14 938 EC91 999226 F”, “14 038 ECO1 000816 K”, “14 038 EC01 001591 L”, “14 038 EC01 002785 R”, “14 038 EC01 003483 N”, “14 038 ECO1 004450 X”, “14 038 EC01 006518 P”, “14 038 EC01 008117 M”, “14 038 EC01 008913 Z”, “14 038 EC01 009859 D”, “14 03E CO1 010700 D”, “14 038 EC01 013182 K”, “14 038 EC01 013753 Y”, “14 038 EC01 014422 X”, “14 038 EC01 014874 T”, “14 038 EC01 015420 H”, “14 038 EC01 015870 Z”, “14 038 EC01 016339 R”, “14 038 EC01 017034 K”, “14 038 EC01 018047 P”, “14 038 EC01 018655 U”, “14 038 EC01 019154 P”, “14 038 EC01 020348 M”, “14 038 EC01 021209 J”, “14 038 EC01 023018 J”, “14 038 EC01 023892 T”, “14 038 EC01 025711 L”, “15 038 EC01 000866 Z”, “15 038 EC01 002129 K”, “15 038 EC01 004766 T”, “15 038 EC01 005564 Z”, “15 038 EC01 008663 T”, “15 038 EC01 009236 Z”, “15 038 EC01 010759 S”, “15 038 EC01 012653 N”, “15 038 EC01 014279 T”, “15 038 EC01 015379 V”, “15 038 EC01 018134 N”, “15 038 EC01 020763 Y” y “15 038 EC01 023286 R”, por medio de los cuales Compañía Agroindustrial La Oriental SA exportó mercadería catalogada como “soja desactivada” hacia la República de Chile.
Producto de dicha tarea, mediante los cargos FE 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 13/2017, 14/2017, 15/2017, 16/2017, 17/2017, 18/2017, 19/2017, 20/2017, 21/2017, 22/2017, 23/2017, 24/2017, 25/2017, 26/2017, 27/2017, 28/2017, 29/2017, 30/2017, 31/2017, 32/2017, 33/2017, 34/2017, 35/2017, 36/2017, 37/2017, 38/2017, 39/2017, 40/2017, 41/2017, 42/2017, 43/2017, 44/2017, 45/2017 y 46/2017, así como por los cargos VE 61/2017 y 62/2017, el servicio aduanero determinó los derechos que -en su entendimiento- debería haber abonado Compañía Agroindustrial La Oriental SA por los cuarenta y ocho permisos de embarque fiscalizados, y le reclamó un total de U$S2.139,419,96 por diferencias entre lo así calculado y lo efectivamente abonado, con más intereses a calcular en los términos del artículo 794 del Código Aduanero.
Dicho ajuste se sustentó en el informe técnico SE CLSU 5/2017, emitido por la Sección Cereales, Oleaginosas y Subproductos, dependiente de la División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca. Por dicho documento, se destacó que, en el marco de las tareas de fiscalización de ciertas destinaciones de exportación de soja desactivada, clasificada en la posición arancelaria NCM “1201.90.00.110B”, exportadas por Compañía Agroindustrial La Oriental SA durante el período 2012-2015, se advirtió:
-que el valor en aduana de la mercadería objeto de las exportaciones analizadas no podría ser en ningún caso inferior al costo de adquisición de la materia prima;
-que una correcta valoración debía comprender el costo de adquisición de la materia prima, la mano de obra y los gastos incurridos, con más el margen de contribución respectivo;
-que la información brindada por la exportadora presentaba inconsistencias relevantes en la determinación del costo de adquisición de la mercadería objeto de análisis, como así también de los gastos vinculados al proceso productivo;
-que se verificaba un valor declarado sensiblemente menor al que hubiera correspondido, habida cuenta que para la mercadería analizada no podía admitirse un precio inferior al oficial FOB establecido por la autoridad de aplicación, con más los costos del proceso y el margen de utilidad; situación que justificaba acudir a los métodos de valoración previstos en la normativa vigente;
-que no resultaba posible establecer la base imponible de conformidad al precio pagado o por pagar, motivo por el cual debían aplicarse los métodos alternativos de determinación de la base de valoración previstos en el artículo 748 del Código Aduanero, debiendo optarse por el consagrado en su literal e), que refiere al valor obtenido a partir del costo de producción, tomando en consideración las modalidades inherentes a la exportación; y -que, la aplicación de tal criterio de valoración, determinaba un ajuste sobre la base del precio FOB oficial vigente al momento del registro de las destinaciones, con más los costos de mano de obra, gastos directos e indirectos de fabricación y el margen de utilidad reconocido por la empresa en los respectivos estados contables. Cuestionados por la exportadora los cuarenta y ocho cargos, por resolución DI VACD 62/2018, el titular de la Dirección Valoración y Comprobación Documental rechazó -en parte- la impugnación intentada, confirmando la procedencia de los ajustes, pero recalculando el monto reclamado, que fue elevado a U$S2.297.054,62, con más los intereses a computar en los términos del artículo 794 del Código Aduanero (conf. esp. fs. 75/127 del hipervínculo incluido en este párrafo). Para así resolver, tras destacar que la Sección Cereales, Oleaginosas y Subproductos le informara que no existía vinculación en las operaciones fiscalizadas en los términos previstos en el artículo 742 del Código Aduanero, el funcionario administrativo decisor hizo propios los términos del nuevo informe técnico SE CLSU 40/2018, en función del cual, entendió que:
-el precio de transacción podía ser objetado como base de valoración y como expresión del valor imponible, cuando existieran notorias y significativas diferencias con los precios corrientes en el momento de la valoración; en el caso, con las exportaciones de mercadería similar competitiva que documentaran sus exportaciones, en el orden del 7,14% por encima del precio oficial, es decir, por encima del precio oficial fijado para la materia prima que se utilizaba en el proceso productivo de la soja desactivada;
-el ajuste practicado no partía de la idea de considerar que el precio estuviera influido por la vinculación, respondiendo el ajuste a su comparación con un precio internacional de la materia prima involucrada (poroto de soja), que en modo alguno perdiera su individualidad, sino que - mas bien, por el contrario- fue sometido a un proceso ulterior, en el que intervinieron mano de obra y gastos directos e indirectos, propios de dicho proceso, para luego ser comparada con mercadería similar competitiva; determinando ello la desestimación del precio documentado por la empresa fiscalizada;
-resultaba inconsistente la documentación aportada por la exportadora en el marco del estudio de valor, que fuera dejada de lado por consignar márgenes de contribución que oscilaban entre el 0,3% y el 15%, algo claramente arbitrario y carente de fundamentación técnica; y -los márgenes de utilidad fueron recabados de los balances generales de la exportadora, con fecha de cierre al 30/6/2011, 30/6/2012, 30/6/2013, 30/6/2014, estados económicos auditados por el mismo profesional que suscribiera la certificación contable acompañada por la firma fiscalizada.
Luego, con referencia a las notas DV CLSP 52/2018 y DE VADE 435/2018, resaltó:
-que el costo de la materia prima utilizada en el proceso productivo se encontraba constituido por el precio internacional de la soja, que más allá del proceso término al que resulta sometida, no pierde su individualidad como poroto de soja;
-que el precio internacional no podía ser tildado de arbitrario o ficticio, ya que surgía de los criterios para la fijación de los precios FOB oficiales, con arreglo a lo previsto en la resolución SAGPyA 331/2001;
-tomando un permiso de embarque a los fines de graficar la situación, que el valor imponible de la soja desactivada, incluyendo los costos de fasón y merma arrojaba un total de U$S265,15 por tonelada, y, a esa isma fecha, el precio oficial (valor imponible) del mismo poroto de soja -previo a calentarlo- era de U$S352;
-que si la fiscalizada hubiese exportado el poroto de soja, ya sea de producción propia o adquirido en el mercado interno, sin ningún proceso adicional, la renta fiscal habría sido un 31% superior; -que el ajuste de valor para la mercadería soja desactivada fue practicado entendiendo que el valor imponible de un commodity sometido a un proceso industrial de generación de valor agregado no podía ser inferior al precio oficial de dicho bien que, de haberlo vendido directamente, hubiera tributado un monto sensiblemente superior;
-que, respecto de lo alegado en punto a que el ajuste debió practicarse conforme a los precios vigentes a la fecha de cierre de venta y no según aquellos correspondientes a la fecha de oficialización de la exportación para consumo, conforme surgía de las planillas obrantes en el Anexo A de fs. 3005/3007 de las actuaciones administrativas, confeccionado por la División Cereales, Oleaginosas y Subproductos, el recálculo de las liquidaciones si se siguiera tal criterio, arrojaría una liquidación adicional para la exportadora de U$S157.684,48;
-que la determinación de un precio oficial no solo se erigía como base de cálculo para determinada mercadería sino que, siguiendo a la autoridad de aplicación, resultaban de relevancia en materia de precios de referencia sobre productos de exportación granarios (sic) argentinos; y -que el precio FOB oficial resultaba la única base de tributación establecida para la exportación de mercadería en la República Argentina y no incluye los derechos de exportación, sino que conforma la base para su cálculo.
A lo dicho, el funcionario decisor añadió que, conforme resaltara la División Impugnaciones en su dictamen, el valor imponible de exportación constituía una noción teórica, cuya finalidad quedó plasmada en el artículo 745 del Código Aduanero, según el cual, el objeto de la definición del valor imponible era permitir, en todos los casos, el cálculo de los derechos de exportación sobre la base del precio al que cualquier vendedor podría entregar la mercadería que se exportara, en los lugares a que se refería el artículo 736 del Código Aduanero, como consecuencia de una venta efectuada entre un vendedor y un comprador independientes uno del otro; concepto de alcance general, aplicable haya sido o no la mercadería objeto de un contrato de compraventa y cualesquiera fueran las condiciones del contrato.
En este contexto, la autoridad firmante del acto bajo referencia explicó que el servicio aduanero podía apartarse del valor imponible declarado cuando no reflejara el precio de venta al que cualquier vendedor podría entregar la mercadería que se exportara, como consecuencia de una venta entre un comprador y un vendedor independiente uno del otro; previendo al efecto el artículo 748 del Código Aduanero, entre otros métodos alternativos de valoración, el obtenido a partir del costo de producción, tomando en consideración las modalidades inherentes a la exportación.
Con asiento en lo antes expuesto, destacó que, a partir de la noción teórica de valor establecida en el artículo 745 del Código Aduanero, en ejercicio de la facultad de la Aduana de apartarse del precio pagado o por pagar como base de valoración prevista en el artículo 748 del citado compendio normativo, la autoridad aduanera, en el caso, encontró motivos suficientes para no considerar el valor imponible declarado por la exportadora como base idónea de valoración, por no importar el precio de venta al que cualquier vendedor podría entregar la mercadería que se exportara como consecuencia de una venta entre un comprador y un vendedor independiente.
Sentado ello, la autoridad decisora apuntó que tal como explicara la recurrente, en tanto las destinaciones fiscalizadas fueron realizadas al amparo de la ley 21.453, debía, conforme lo normado en su artículo 6°, a los fines de la liquidación de los derechos de exportación reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaran o beneficiaran la exportación de las mercaderías en trato, debía aplicarse los regímenes tributarios, alícuotas, aranceles y base imponible vigente a la fecha de cierre de cada venta; motivo por el cual dispuso reliquidar los cargos formulados y motivo de impugnación. A continuación, precisó que conforme el criterio establecido por el Alto Tribunal en autos V.312.L.XLV “Volkswagen Argentina SA”, según lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 23.905, los derechos de importación y de exportación, así como los demás tributos que gravaran las importaciones y exportaciones, se determinan en dólares estadounidenses, aplicándose para su conversión el tipo de cambio vigente al día anterior a la fecha de efectivo pago.
A su vez, desestimó todo planteo relativo a la tasa de interés aplicable al caso, debiendo estar a las previsiones de la resolución general AFIP 3271/2012.
Por último, en punto al planteo de inconstitucionalidad de los derechos de exportación reclamados con asiento en la doctrina resultante del fallo del Alto Tribunal dictado en autos “Camaronera Patagónica SA”, sostuvo que dicha petición excedía de sus potestades como “juez administrativo” (sic), siendo de tratamiento exclusivo por parte del Poder Judicial.
Con asiento en todo lo apuntado, resaltando compartir el criterio vertido en los informes reseñados y referidos, y destacando que resultaría irrazonable pensar que una mercadería cuya materia prima estuviera constituida por un commodity con precio FOB oficial que debía ser sometido a un proceso productivo, que exigía inversión en mano de obra y gastos directos e indirectos, arrojara al ser exportada un valor FOB sensiblemente inferior al FOB oficial de la materia prima utilizada, el titular de la Dirección de Valoración y Comprobación Documental, consideró suficientemente justificado apartarse del valor imponible declarado por la exportadora como base idónea de valoración, dando prevalencia al valor obtenido a partir del costo de producción, tomando en consideración las modalidades inherentes a la exportación, conforme lo normado por el artículo 738, literal e), del Código Aduanero; debiendo -por tanto, tal como se adelantara- rechazarse parcialmente la impugnación impetrada y modificar el monto de los cargos, según la reliquidación oportunamente propiciada a fs. 3006 de las actuaciones labradas.
Disconforme con lo resuelto, Compañía Agroindustrial La Oriental SA interpuso recurso de apelación por ante el Tribunal Fiscal de la Nación (conf. esp. fs. 3/62 del hipervínculo incluido en este párrafo). En sustancial síntesis, tras explicar que era una empresa dedicada a la producción agroindustrial, en especial del tipo industrial (incluyendo actividades de acopio y servicios, producción de alimentos balanceados y desactivados de soja), tambo, ganadería y agricultura, así como también explicar el proceso productivo de la soja desactivada, sostuvo:
-que la mercadería fiscalizada, clasificada bajo la posición arancelaria SIM “1201.90.00.110B”, que se encontraba sujeta al régimen dispuesto por ley 21.453, fue exportada hacia la República de Chile, siendo su comprador la firma Graneles de Chile SA, con quien no se encontraba vinculada societariamente;
-que, a la fecha de las operaciones, la mercadería exportada no tenía valor FOB oficial, no existiendo controversia al respecto; -que la mercadería exportada era el resultado de un proceso industrial llevado a cabo en sus instalaciones a partir de porotos de soja de su propia producción, así como también de adquiridos en el mercado interno a un precio consensuado con el vendedor local, teniendo en cuenta el “Precio Pizarra Rosario”;
-que no existía vinculación con sus compradores del exterior, hecho admitido por la Aduana en el marco de las actuaciones administrativas;
-que conforme lo normado por el artículo 747 del Código Aduanero, no correspondía descartar el precio pagado o por pagar como base de valoración y recurrir a los métodos previstos en el artículo 748 del Código Aduanero, atento a la ausencia de vinculación, extremo admitido por nota SE CLSU 40/2018, y por encontrarse probado que el precio declarado no difería de los precios de mercado;
-que oportunamente acreditó la falta de vinculación con sus compradores extranjeros, el costo de adquisición de la materia prima, el costo de producción, el procedimiento para la determinación de precio de venta de la soja desactivada y la razonabilidad de su margen de ganancias; -que resultaba improcedente la metodología de ajuste utilizada, dado que, si bien la Aduana posee facultades para realizar un estudio de valor y elegir el método de valoración, ha de respetar las pautas legales para el ejercicio de tales facultades, so pena de incurrir en una desviación de poder; debiendo ajustarse a lo dispuesto por el artículo 748 inciso e), del Código Aduanero;
-que los costos considerados en el informe técnico en el que se basara el ajuste, resultaban incorrectos, mal pudiendo, bajo el método de valor previsto en el artículo 748, literal e), del Código Aduanero, reemplazar el costo de adquisición de la materia prima (poroto de soja) utilizada en el proceso de producción por su valor FOB oficial, puesto que, en caso de la soja adquirida a terceros, el precio oficial no era el precio al que los productores vendían sus productos en el mercado interno, mientras que, en el caso de soja de producción propia, la propia Aduana reconocía que el FOB oficial podría ser superior al costo;
-que los precios FOB oficiales constituían la base imponible para el pago de derechos de exportación, comprendiendo los derechos de exportación, por lo que en caso de utilizárselos como reemplazo del valor de adquisición, se estarían adicionando derechos de exportación al costo de producción;
-que el informe técnico bajo referencia en el acto impugnado se habría apartado de lo dispuesto por el artículo 6° de la ley 21.453, según el cual correspondía determinar la base imponible para el cálculo de los derechos de exportación teniendo en cuenta la fecha de cierre de venta, lo que fuera admitido por la Aduana mediante nota 52/2018, siendo reformulados los cargos teniendo en cuenta el FOB oficial del poroto de soja de la fecha de cierre de venta de cada operación; -que los márgenes de ganancia seguidos resultaban improcedentes por no resultar los específicos de la actividad de desactivado de soja, que no era su única actividad productiva, y habiendo sido extrapolados márgenes del período fiscal finalizado en 31/6/2014 a operaciones documentadas en el período fiscal comprendido entre el 1/7/2014 y el 31/7/2015;
-que resultaba irrazonable que el porcentaje de ajuste aplicado fuera idéntico para las operaciones documentadas entre 2013 y 2015 por el hecho que los márgenes de utilidad de tales períodos no resultaban idénticos entre sí;
-que el ajuste resultaba arbitrario toda vez que la fórmula de cálculo utilizada para determinar el porcentaje de corrección utilizado no surgía de las actuaciones administrativas, lo que le impedía ejercer acabadamente su derecho de defensa;
-que, en definitiva, se encontraba acreditada la falta de vinculación con sus compradores extranjeros, la real conformación del costo de adquisición de la materia prima, el costo de producción de la soja desactivada, el procedimiento seguido para la determinación de su precio de venta y la razonabilidad de su margen de ganancias;
-que la comparación del valor de la mercadería declarado en los permisos de embarque ajustados con el valor de exportación de mercadería idéntica, efectuado mediante la nota 40/2018 no debía ser tenida en cuenta a los efectos de la valoración por resultar un argumento incorporado con posterioridad a la formulación de los cargos y, asimismo, por fundarse en antecedentes que no obraban agregados en el expediente administrativo;
-que la nota DV CLSP 52/2018 desconocía que la soja desactivada era una mercadería con una posición SIM y un tratamiento tributario diferente al del poroto de soja común, y que, al admitir que correspondía tener en cuenta la fecha de cierre de venta como momento imponible y reliquidar los cargos, admitía implícitamente que éstos estaban viciados de nulidad, privándolos de efectos interruptivos de la prescripción; -que bajo el régimen de la ley 21.453, correspondía valorar la mercadería que no contaba con FOB oficial mediante la aplicación de los artículos 734 a 749 del Código Aduanero, conforme lo dispuesto por la resolución ex SAGyP 331/2001 y la instrucción general SGLyTA 43/2004; y -que se encontraban prescriptos los reclamos resultantes de los cargos 1/2017 a 6/2017.
Planteó la nulidad del informe técnico SE CLSU 5/2017, de la nota SE CLSU 40/2018, de la nota DV CLSP 52/2018 y de la resolución DI VACD 62/2018 y los cargos formulados.
Concluyó al respecto que los precios de exportación declarados en los permisos de embarque fiscalizados debían ser aceptados como base de valoración y que la resolución 62/2018 debía ser revocada toda vez que una conclusión contraria implicaba una violación manifiesta al principio de legalidad en materia tributaria y al derecho de propiedad.
A todo evento, postuló la inaplicabilidad del artículo 20 de la ley 23.905, así como de la resolución general AFIP 3271/2012; que la tasa del 3% mensual establecida por la resolución MEyFP 841/2010 resultaba irrazonable por vulnerar la garantía de igualdad.
Luego, por aplicación de la doctrina resultante del fallo del Alto Tribunal dictado en autos “Camaronera Patagónica SA”, planteó la inconstitucionalidad de los derechos de exportación exigidos; destacando al efecto que el Tribunal Fiscal de la Nación se encontraba facultado para expedirse en tal sentido.
Al fin de que procediera su pretensión recursiva, ofreció prueba documental y solicitó la producción de informativa y pericial contable.
II. Por resolución del 28/2/2020, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación admitió la apelación deducida por Compañía Agroindustrial La Oriental SA y, en consecuencia, dejó sin efecto la resolución DI VACD 62/2018 y, a fin de cuentas, los cuarenta y ocho cargos impugnados, con costas a cargo de la AFIP - DGA conforme lo normado por el artículo 1143 del Código Aduanero (ver esp. fs. 21/32 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
En sustancial síntesis, la mencionada Sala consideró que el ajuste practicado por el servicio aduanero se encontraba erróneamente fundado tanto en sus aspectos fácticos como jurídicos, dado que no fueron aportadas ni mencionadas las operaciones o listados de precios internos respecto de los cuales podría efectuarse un examen de valor o la constatación de la diferencia de valor endilgada respecto de los costos de producción, habiéndose la AFIP - DGA limitado a construir analógicamente su ajuste con base en os valores teóricos FOB oficiales de la materia prima soja, que reflejaban un promedio de precios internacionales o de mercados internos de destino y que, por ello, no podían considerarse ni verdaderos precios ni admisibles como costos de adquisición en los términos del artículo 748, literal e), del Código Aduanero; todo lo cual torna nulos e ilegítimos a los cargos formulados a la exportadora.
Para concluir ello, el organismo administrativo con facultades jurisdiccionales destacó y explicó:
-que no se encontraba controvertida la falta de vinculación de la actora con el comprador del exterior, la inclusión de la mercadería en el régimen establecido por ley 21.453 y la inexistencia de precios FOB oficiales para la mercadería exportada;
-que según el artículo 6° de la ley 21.453, a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaran o beneficiaran la exportación de las mercaderías a que se refiere la norma bajo referencia, resultarían de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible (precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigentes a la fecha de cierre de cada venta; -que la instrucción general SGLyTA 43/2004 previó que para determinar la base de liquidación de los derechos de exportación, correspondía aplicar lo dispuesto en el punto 5°, apartado a), del anexo de la resolución SAGPyA 331/2001, esto es lo normado por los artículos 734 a 749 del Código Aduanero a los fines de establecer el valor de la mercadería en cuestión;
-que el servicio aduanero fundó el ajuste de valor de los cuarenta y ocho permisos de embarque en función de lo normado por el artículo 748, inciso e), del Código Aduanero, según el cual, cuando el precio pagado o por pagar no constituyera una base idónea de valoración a los fines de determinar el valor imponible en forma correcta, el servicio aduanero podrá apartarse del mismo, en cuyo caso corresponderá utilizar como base de valoración la que mejor se adecuara de las previstas a continuación, entre estas, el valor obtenido a partir del costo de producción, tomando en consideración las modalidades inherentes a la exportación; -que según el informe técnico de la Aduana, respecto de la mercadería involucrada en autos, no podía admitirse un precio inferior al oficial FOB establecido por la autoridad de aplicación, al que debía adicionarse los costos del proceso y el margen de utilidad; a cuyos efectos consideró procedente adicionar al valor FOB oficial de la soja vigente a la fecha de oficialización de los permisos de embarque, los costos de producción y márgenes de utilidad reconocidos por la empresa en los respectivos estados contables de la actora, para el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2015; indicando, a su vez, haber recurrido a los estados contables de la actora y a la cotización conocida del mercado de granos respectivo; y, asimismo, advertir -sin mayores fundamentos- que el costo de adquisición de la materia prima (soja) no podía ser inferior a su valor FOB oficial y que únicamente en aquellos casos en los que la materia prima, resultaba de producción propia, podría admitirse un valor inferior al precio oficial FOB, circunstancia que no se verificaría en la especie; -que por la resolución apelada, con asiento en lo dispuesto por la Nota 52/2018, ajustó el fundamento de los cargos, determinando que el valor FOB oficial del poroto de soja a considerar como base del ajuste debía ser el vigente a la fecha de cierre de venta declarado para cada declaración jurada de venta al exterior (DJVE);
-que conforme lo pusiera de manifiesto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “YPF SA (TF 27.508-A) c/DGA”, fallo del 1/10/2013, el Código Aduanero establece los métodos aplicables para determinar el valor en aduana de las mercaderías exportadas, que constituye la base de cálculo para la aplicación de los derechos de exportación ad valorem; refiriendo la definición de valor adoptada el precio al que cualquier vendedor podría entregar la mercadería que se exportara como consecuencia de una venta efectuada entre un vendedor y un comprador independiente, configurando el precio pagado o por pagar la base principal de valoración; no obstante lo cual, los artículos 746, 747 y 748 de dicho cuerpo normativo regulaban la facultad de la Aduana de apartarse del precio de transacción cuando éste no constituyera una base idónea de valoración;
-que para la procedencia de ajustes de valor como el de autos, es decir, en los términos del artículo 748, inciso e), del Código Aduanero, el servicio aduanero debió disponer de antecedentes que difirieran notoriamente del precio pagado o por pagar, pudiendo exigir del exportador que justificara su precio de transacción bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable;
-que si bien para fundar la procedencia del ajuste, en el caso, el servicio aduanero resaltó que se verificaban notorias diferencias con exportadores de mercadería similar competitiva, que habrían documentado sus exportaciones en el orden del 7,14% por encima del precio oficial, tales operaciones comparables no fueron agregadas y siquiera referidas en las actuaciones administrativas, ni en ninguno de los diversos informes practicados;
-que la recurrente acompañó un estudio de precios del que surgía que sus valores de exportación resultaban superiores o tenían una diferencia en menos no superior al 12% respecto de los declarados por otros exportadores para mercadería idéntica;
-que si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció cierto margen de discrecionalidad a la Aduana para determinar el valor de las mercancías exportadas, bajo las normas del Código Aduanero antes referidas, los actos administrativos que contienen tales determinaciones, dada su condición, no se encontraban exentos de cumplir con los recaudos de validez exigidos por la ley 19.549, entre estos, el relativo a la motivación, que no se encontraría cumplido por los cargos determinados ni la resolución apelada.
Es que, continuó en su razonamiento la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, conforme lo indicara el Alto Tribunal en autos “YPF SA”:
i) contrariamente a lo que sostuviera la AFIP - DGA, el mercado de granos al que correspondía recurrir a efectos de analizar los costos de adquisición de la materia prima para la producción de soja desactivada nunca podía ser el mercado de destino de la mercadería o el mercado internacional, que fueron los usados para practicar su ajuste (precios FOB oficiales que se fijan conf. el Anexo de la Resolución SAGPyA 331/2001, solamente para la materia prima soja, careciendo la soja desactivada de precio teórico FOB oficial; y tomando en cuenta los precios de la Bolsa de Chicago, plaza FOB en el Golfo de México, mercados CYF en el puerto de Rotterdam y mercados FOB en los puertos de la República Federativa de Brasil); correspondiendo acudir al mercado interno en el que los precios, como costo de adquisición de la actora, se determinaban, teniendo en cuenta el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda en la plaza correspondiente, en este caso, la plaza de Rosario; y ii) la AFIP - DGA asumió sin fundamento jurídico o probatorio alguno que, en ningún caso, el costo de la materia prima podía resultar inferior al precio oficial FOB determinado por la autoridad de aplicación, sumado a que para la mercadería analizada no podía admitirse un precio inferior al oficial FOB establecido por la autoridad aplicación, al que debía adicionarse los costos del proceso y el margen de utilidad y que únicamente en aquellos casos en los que la materia prima, resultaba de producción propia, podría admitirse un valor inferior al precio oficial FOB, circunstancia que no se verifica en el presente caso; razonamiento que no se correspondía con la real estructura de costos que correspondía analizar de conformidad con el método de valor previsto en el artículo 748, inciso e), del Código Aduanero en el que la autoridad aduanera fundara su ajuste. -que, por lo demás, a efectos de probar su estructura de costos, la actora acompañó las facturas de compra de la materia prima, constancia de tenencia de granos, informes de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario, publicaciones de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas; así como también, produjo contundente prueba pericial contable sobre sus costos de producción, tomando en consideración las concretas modalidades inherentes a sus exportaciones, en los términos del artículo 748, inciso e), del Código Aduanero; demostrando así que la mercadería exportada mediante los permisos de embarque fiscalizados incluía como materia prima soja de su propia producción.
-que, por su lado, el Fisco Nacional no expuso fundamentos en función de los cuales la estructura de costos aportada y demostrada por la actora -en base a tal amplio y sólido plexo probatoriopudiera ser rebatida o soslayada, no habiendo sido objetada la pericia contable producida a fs. 154/172; de modo que no fue demostrado por la AFIP - DGA que los precios de exportación de la actora, suficientemente validados por la prueba producida, no constituyeran una base idónea de valoración, ni el motivo por el que su estructura de costos relativa a tales precios podría ser descartada por el Fisco en base a precios teóricos oficiales FOB de su materia prima (soja), referida a mercados de destino, no habiendo tampoco valorado la prueba aportada por la exportadora respecto a la existencia de soja de su propia producción.
III. Disconforme con lo resuelto, la AFIP - DGA interpuso recurso de apelación, fundando oportunamente su pretensión (conf. esp. fs. 33/39 del hipervínculo incluido en este párrafo). En sustancial síntesis, apuntó:
i) que la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación habría efectuado una errónea y arbitraria interpretación de la prueba y de los hechos de la causa, que justificaba apartarse de la regla prevista en el artículo 1180 del Código Aduanero.
En este sentido, siempre con referencia al informe pericial practicado en autos, destacó que:
-en los puntos 3° y 4°, se explicó cómo conformar el precio de la soja desactivada a partir de liquidaciones que surgirían de facturas pro-forma, sin desagregar cada uno de los elementos que la componen y sin efectuar ningún tipo de comprobación que justificara tal afirmación;
-en los puntos 5°, 6° y 7° del informe pericial, el dictaminante infirió que el “Precio Pizarra Rosario” del poroto de soja, que se adquiría como insumo, derivaba de cotizaciones diarias y públicas de la Bolsa de Cereales de Rosario, información publicada por la Cámara Arbitral, inferencia que -en su entendimiento- carecía de sustento documental y de datos ciertos que lo acreditaran.
-idéntica consideración -en cuanto a la falta de justificación suficiente- correspondía efectuar en lo que refiere al punto 10 del peritaje bajo referencia, relativo al contraflete o prima que la actora habría considerado a los fines de fijar el precio de exportación de los porotos de soja desactivada;
-según el punto 14, el componente de humedad para establecer el valor o volumen neto a considerar en la operatoria no contaba con parámetros o referencias formales al efecto, por lo que debía ser desestimado como un elemento con incidencia en la determinación del precio de exportación;
-conforme la respuesta al punto 27, la empresa no tenía una estructura de costos independientes para diferenciar aquellos supuestos en los que el componente soja fuese de propia producción o bien adquirida a terceros; y -conforme la información resultante de los puntos 34, 35 y 36, los márgenes de utilidad considerados al fin de realizar el ajuste de valor, guardaban efectiva correspondencia con los recabados de los balances comerciales para los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, siendo que de la pericia no surgirían los costos y márgenes diferenciales correspondientes a cada actividad que la empresa desarrollaba.
Luego, en lo que respecta a la existencia de antecedentes válidos para controvertir el precio de transacción de conformidad con el artículo 748 del Código Aduanero, habiendo sido utilizada la cotización internacional del poroto de soja sin mediar proceso de desactivación para determinar el costo del insumo sobre el cual se practicaron el resto de los ajustes -estimados en el orden del 7,14% de conformidad con las exportaciones de mercadería similar registradas por parte de otros operadores y que en ningún caso fueron inferiores a los valores FOB oficiales determinados para el bien en cuestión-, tras recordar el alcance del artículo 745 del mentado cuerpo normativo, puntualizó que los cereales y oleaginosas tributaban conforme el régimen previsto en la ley 21.453, de modo que resultaba correcto que el precio del poroto de soja que luego fuera objeto de ajuste, fuese considerado sobre la base antes apuntada.
Al respecto, agregó que del relevamiento formulado durante el proceso de fiscalización surgieron notorias diferencias en menos con relación a exportaciones de mercadería similar competitiva que no podían ser justificadas en la especie.
Apuntó que los fundamentos de hecho y de derecho en los que se basaran los cargos formulados surgían claramente de las actuaciones administrativas labradas; por manera que carecía de asidero lo así argumentado por el pronunciamiento recurrido.
Postuló que la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación no analizó ni explicó porqué la exportadora comercializaba mercadería que requería un proceso industrial específico (tendiente a la desactivación del poroto de soja) a un precio inferior al FOB oficial establecido por la autoridad de aplicación para dicho bien sin el proceso incorporado, lo cual no podía sostenerse por aplicación del principio de realidad económica, máxime siendo que tal supuesto no se verificaba respecto de otros exportadores de igual mercadería.
Las razones hasta aquí apuntadas, bastaban -en su entendimiento- para revocar el pronunciamiento recurrido.
Sin perjuicio de ello, para el hipotético caso en que fueran desestimados los argumentos previamente reseñados, se agravió del modo en que fueron distribuidas las costas, solicitando que se modificara lo decidido y se distribuyeran tanto las relativas a la actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación como las relativas a la instancia judicial, en el orden causado; ello atento a la complejidad técnica de la materia involucrada y la ausencia de precedentes jurisprudenciales al respecto. Dicha presentación fue replicada por la exportadora, quien -en definitiva- solicitó su desestimación (conf. esp. fs. 42/63 del hipervínculo incluido en este párrafo).
IV. A pedido de parte, por resolución del 5/9/2022, en cuanto aquí interesa, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios de los profesionales intervinientes en autos en defensa de la exportadora, siendo únicamente apelados por entenderlos bajos (conf. esp. fs. 1/2 y 4/5 del hipervínculo incluido en este párrafo).
Se deja constancia que, pese a haber sido debidamente notificado de la mentada regulación de honorarios, el Fisco Nacional no apeló la regulación de honorarios practicada.
V. Precisados los antecedentes del caso, en primer término, cuadra señalar que las consideraciones vertidas por la AFIP - DGA en su presentación recursiva tendientes a cuestionar el peritaje practicado resultan el fruto de una reflexión tardía y, por tal motivo, insusceptibles de ser consideradas a los fines de revisar el pronunciamiento apelado. En efecto, de la compulsa de la causa en soporte papel que se tiene a la vista, se advierte que, del peritaje practicado por la contadora pública designada en autos (obrante a fs. 154/172) el vocal instructor de la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación dispuso correr traslado a las partes (conf. fs. 173).
Y, al respecto, el Fisco Nacional, debidamente notificado mediante cédula (conf. fs. 179 y vuelta), guardó silencio, omitiendo formular impugnación alguna respecto del informe pericial, o bien solicitar que el dictaminante lo aclarara o ampliara sus explicaciones y conclusiones. A ello, añádase que, al tiempo de alegar respecto de la prueba producida y colectada, la AFIP - DGA, de forma muy genérica, se limitó a sostener que las probanzas no lograban desvirtuar los argumentos expuestos al tiempo de contestar el traslado del recurso de apelación que diera lugar a la intervención al Tribunal Fiscal de la Nación, entendiendo que “no arroja luz alguna a la resolución de la causa” (sic), debiendo -por tanto- confirmarse los cargos impugnados (fs. 189 y vuelta).
Así las cosas, los argumentos propuestos por la AFIP - DGA a los fines de atacar el peritaje practicado en autos, informe cuyas consideraciones fueron valoradas por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación para adoptar la decisión recurrida, resultan improcedentes por haber sido tardíamente introducidos (conf. -mutatis mutandi- arg. artículo 277 del CPCCN).
VI. Sentado ello, recuérdese que la ponderación que el Tribunal Fiscal de la Nación haga de los hechos, constituye una cuestión fáctica que no cabe, en principio, rever en esta instancia en atención a la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (conf. artículo 1180 del Código Aduanero).
Por consiguiente, en la medida en que no se advierta un error de magnitud suficiente, no corresponderá examinar la ponderación que de las cuestiones de hecho se hayan efectuado, toda vez que resultan del ejercicio por ese organismo jurisdiccional de sus facultades propias a fin de apreciar las pruebas (confr. CSJN, en Fallos: 300:985; y esta Sala, en autos 3485/2020 “Just International Latam SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 26/5/2020 y sus citas; entre otros).
VII. En la especie, evaluado lo decidido, a la luz de los agravios formulados por el Fisco Nacional, no se advierte la existencia de error o arbitrariedad que amerite dejar de lado la pauta normada en el artículo 1180 del Código Aduanero que se acaba de recordar y, consecuentemente, revaluar lo acontecido en autos, acceder al recurso intentado y revocar lo decidido.
En efecto, en su pronunciamiento, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación examinó acabadamente los antecedentes del caso y la prueba rendida, precisando en primer término los tópicos no controvertidos, para luego, con asiento en los lineamientos resultantes del pronunciamiento del Alto Tribunal en autos “YPF SA”, dar cuenta de las falencias de orden motivacional de los cuarenta y ocho cargos -y su acto confirmatorio- por medio de los cuales el servicio aduanero practicó un ajuste de valor respecto de la mercadería involucrada (poroto de soja desactivado), para finalmente destacar lo acreditado por la exportadora al fin de justificar la adecuación de lo declarado y, en paralelo, resaltar la omisión del Fisco Nacional de echar por tierra la estructura de costos aportada y demostrada por la actora, advirtiendo al efecto la falta de objeción al peritaje contable practicado; razones que llevaron al decisor a considerar que la AFIP - DGA no demostró que los precios de exportación, suficientemente validados por la prueba producida, no constituyera una base idónea de valoración, ni el motivo por el cual la estructura de costos de la empresa fiscalizada, relativa a tales precios, podría ser descartada en base a precios teóricos oficiales FOB de su materia prima -soja- referida a mercados de destino, no habiendo tampoco sido considerada la documentación tendiente a demostrar la existencia de soja de propia producción. Todo ello, máxime siendo que la autoridad aduanera se habría apartado del criterio de valoración base consagrado por el Código Aduanero, a cuyos efectos, necesariamente, debía sustentar la incorrección del declarado por Compañía Agroindustrial La Oriental SA. En particular, tal como se reseñara en el Considerando II, por el pronunciamiento recurrido, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación puso de manifiesto:
a) la ausencia de controversia en torno a la falta de vinculación de la actora con el comprador del exterior, la inclusión de la mercadería en el régimen establecido por ley 21.453 y la inexistencia de precios FOB oficiales para la mercadería exportada;
b) que para la procedencia de ajustes de valor como el efectuado en la especie, en los términos del artículo 748, inciso e), del Código Aduanero, el servicio aduanero debió disponer de antecedentes que difirieran notoriamente del precio pagado o por pagar, pudiendo exigir del exportador que justificara su precio de transacción bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable;
c) que las operaciones comparables en las que el servicio aduanero fundó la procedencia del ajuste, no fueron agregadas y siquiera referidas en las actuaciones administrativas, ni en ninguno de los diversos informes practicados;
d) que la recurrente acompañó un estudio de precios del que surgía que sus valores de exportación resultaban superiores o tenían una diferencia en menos no superior al 12% respecto de los declarados por otros exportadores para mercadería idéntica;
e) que los cargos -y su acto confirmatorio- carecían de motivación suficiente, puesto que mal podía acudirse al mercado de destino de la mercadería o el mercado internacional a efectos de evaluar los costos de adquisición de la materia prima para la producción de soja desactivada, tal como hiciera la autoridad aduanera al practicar el ajuste;
correspondiendo -en cambio- examinar el del mercado interno, en el que los precios, como costo de adquisición de la actora, se determinaban, teniendo en cuenta el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda en la plaza correspondiente, en el caso, de la plaza de Rosario (Provincia de Santa Fé);
f) que el razonamiento seguido por la AFIP - DGA para justificar el ajuste (básicamente: que el costo de la materia prima no podía resultar inferior al precio oficial FOB; que para la mercadería analizada no podía admitirse un precio inferior al oficial FOB establecido por la autoridad aplicación, al que debía adicionarse los costos del proceso y el margen de utilidad; y que únicamente en aquellos casos en los que la materia prima, resultara de producción propia, podría admitirse un valor inferior al precio oficial FOB, circunstancia que no se verificaba en el presente caso), no se correspondía con la real estructura de costos que correspondía analizar de conformidad con el método de valor previsto en el artículo 748, inciso e), del Código Aduanero;
g) que, a efectos de demostrar su estructura de costos, la actora acompañó y produjo basta prueba (facturas de compra de la materia prima, constancias de tenencia de granos, informes de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario, publicaciones de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas; sumado al peritaje contable practicado por ante el Tribunal Fiscal de la Nación que reflejaba información en punto a sus costos de producción, tomando en consideración las concretas modalidades inherentes a sus exportaciones involucradas en autos, en los términos del artículo 748, inciso e), del Código Aduanero), que daba cuenta que la mercadería exportada mediante los permisos de embarque fiscalizados incluía como materia prima soja de su propia producción; y h) que el Fisco Nacional no expuso fundamentos por los cuales la estructura de costos aportada y demostrada por la actora, pudiera ser rebatida o soslayada, no habiendo sido objetada la pericia contable producida; mal pudiendo tener por corroborada la tesitura fiscal en orden a que los precios de exportación de la actora, no constituyeran una base idónea de valoración, así como tampoco el descarte de la estructura de costos relativa a tales precios con base en precios teóricos oficiales FOB de su materia prima (soja), referida a mercados de destino, sumado a las probanzas en orden a la existencia de soja de propia producción. Al respecto, al margen de la tardía introducción del cuestionamiento respecto de las conclusiones alcanzadas por la experta contable, el Fisco Nacional no esbozó argumentos concretos y valederos que echen por tierra tales consideraciones; las cuales, a pesar que por la postulación recursiva bajo estudio se haya referido lo contrario, dan cuenta de la existencia de razones suficientemente fundadas para echar por tierra la motivación exteriorizada por la autoridad aduanera al formular los cargos por medio de los cuales efectuara el ajuste respecto de las cuarenta y ocho destinaciones de exportación oficializadas por Compañía Agroindustrial La Oriental SA.
VIII. Así las cosas, se concluye que los argumentos traídos a conocimiento de este Tribunal en modo alguno tienen aptitud para reabrir la valoración de los hechos y, en función de ello, revisar la conclusión alcanzada en consecuencia por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación relativa -en definitiva- a que el ajuste practicado por el servicio aduanero fue erróneamente fundado tanto en sus aspectos fácticos como jurídicos, dado que no fueron aportadas ni mencionadas las operaciones o listados de precios internos respecto de los cuales podría efectuarse un examen de valor o la constatación de la diferencia de valor endilgada respecto de los costos de producción, habiendo la AFIP - DGA limitado su actuar a construir analógicamente su ajuste con base en los valores teóricos FOB oficiales de la materia prima soja, que reflejaban un promedio de precios internacionales o de mercados internos de destino y que, por ello, no podían considerarse ni verdaderos precios ni admisibles como costos de adquisición en los términos del artículo 748, literal e), del Código Aduanero; todo lo cual torna nulos e ilegítimos a los cargos formulados a la exportadora.
Lo dicho, y a falta de argumentos de mayor estructura y desarrollo, determinan el rechazo del pedido de revisión de lo decidido por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación y, por consiguiente, la confirmación de la decisión de anular los cuarenta y ocho cargos oportunamente identificados, así como su acto confirmatorio.
IX. Cuadra precisar que lo decidido, en modo alguno importa expedirse en punto a la corrección de lo declarado por la exportadora, sino estrictamente en lo referente a la falta de aptitud crítica del recurso del Fisco Nacional a los fines de desvirtuar la solución alcanzada por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación en lo que respecta a la indebida justificación del ajuste practicado por el servicio aduanero mediante los cargos impugnados y el criterio sostenido por la resolución que los confirmara.
X. Lo expuesto, basta para desestimar -en cuanto fue motivo de agravios- la apelación del Fisco Nacional en cuanto al fondo del asunto y, en consecuencia, confirmar la decisión de anular los cargos FE 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 13/2017, 14/2017, 15/2017, 16/2017, 17/2017, 18/2017, 19/2017, 20/2017, 21/2017, 22/2017, 23/2017, 24/2017, 25/2017, 26/2017, 27/2017, 28/2017, 29/2017, 30/2017, 31/2017, 32/2017, 33/2017, 34/2017, 35/2017, 36/2017, 37/2017, 38/2017, 39/2017, 40/2017, 41/2017, 42/2017, 43/2017, 44/2017, 45/2017 y 46/2017, y VE 61/2017 y 62/2017, así como la resolución DI VACD 62/2018 que desestimara su impugnación administrativa.
XI. Luego, en punto a las costas relativas a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, motivo de agravio subsidiario de la AFIP - DGA, atento a que lo que aquí se decide determina la confirmación de lo resuelto por dicho organismo administrativo con facultades jurisdiccionales, y en tanto no se advierten razones valederas para apartarse del principio objetivo de la derrota consagrado en el artículo 1163 del Código Aduanero, corresponde desestimar la pretensión de modificar la distribución dispuesta por el pronunciamiento bajo revisión.
XII. Por aplicación de igual principio y por análogas razones, las costas de esta instancia judicial, también han de ser soportadas por la AFIP - DGA, vencida (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN).
XIII. Decidido ello, a fin de tratar el recurso interpuesto contra la regulación de honorarios practicada por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, cabe recordar que mediante dicha tarea se busca compensar de modo adecuado la actividad desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa; a cuyos efectos ha de ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Para lograr una retribución equitativa y justa, no resulta conveniente la aplicación automática de los porcentajes previstos en la ley de arancel, en la medida en que las cifras que se alcancen mantengan una evidente e injustificada desproporción con la labor desplegada. Tal proceder, limita la misión del juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etcétera (conf. esta Sala, en autos 29.975/2013 “Securitas Argentina SA c/PNA - Disp. 647/12 (Expte. S02: 38.567/12)”, resol. del 18/3/2014 y su cita; entre otros); razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (conf. CSJN, Fallos, 270:388; 296:124, entre otros).
Contempladas estas directivas, en atención a la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados -conf. fs. 1 (F4, resolución DI VACD 62/2018), convertido a pesos, lo resuelto el 28/2/2020 y precedentemente-, dado el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del pleito durante las tres etapas del pleito cumplidas, corresponde confirmar -en lo que fue materia de recurso- los honorarios regulados a favor del doctor Eduardo Mallea y de la doctora María Laura Bacigalupo, por su actuación en la dirección letrada y representación de la exportadora (conf. artículos 14,16, 20, 21, 24, 29, 44, inciso b), y concordantes y citados de la ley 27.423).
Por las tareas efectuadas ante esta instancia judicial, atento el resultado obtenido, corresponde regular en la suma de dos millones trescientos ochenta y ocho mil doscientos cuarenta y tres pesos ($2.388.243; equivalentes a 123,50 UMA) y un millón trescientos veinticuatro mil seiscientos cincuenta y tres pesos ($1.324.653; equivalentes a 68,50 UMA) los emolumentos del doctor Eduardo Mallea y de la doctora María Laura Bacigalupo, letrado apoderado y patrocinante, respectivamente, actuantes en la defensa de la exportadora (conf. artículos 14, 20, 24, 29, 30 y concordantes de la ley 27.423).
El importe del Impuesto al valor agregado (IVA) integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog.", resol. del 16/7/1996).
Para el caso de que el profesional no hubiera denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
En consecuencia, el Tribunal
1. desestimar la apelación deducida por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar -conforme fuera motivo de agravios- la resolución del 28/2/2020 dictada por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación por medio de la cual dejara sin efecto la resolución DI VACD 62/2018 y, a fin de cuentas, los cuarenta y ocho cargos impugnados en autos; y 2°) tratar la apelación deducida contra la regulación de honorarios practicada el 5/9/2022 a favor de los profesionales intervinientes en autos en defensa de la exportadora y regular los emolumentos correspondientes a esta instancia judicial (Considerando XIII). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia