Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, sin costas.
2Confirmar la Resolución N.º 39/22, recaída en la Actuación SIGEA N.º 17114-7812-2018, en relación a los PE N.º 13008EC01004427X, 13008EC01004502O, 13008EC01004818M, 13008EC01005031A, 13008EC01005124D, 13008EC01005191H, 13008EC01006180G, 13008EC01006117G, 13008EC01006310B, 13008EC01006253H, 13008EC01006305F, 13008EC01006025E, 13008EC01008365N, 13008EC01009203F, 13008EC01009754Z, 13008EC01009960P, 13008EC01010092D, 13008EC01009756S, 13008EC01009964T, 13008EC01009755R, 13008EC01009963S, 13008EC01011797Z, 13008EC01011787P, 13008EC01015461X, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-89647677-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 14 de Agosto de 2025 S.A.
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht; Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver el expediente EX-2022-29124436- APN-SGASAD#TFN caratulada “COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A. c/ D.G.A. s/ APELACIÓN”.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el RE-2022-29120918-APN-SGASAD#TFN la firma “COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A.” interpone recurso de apelación contra la Resolución N.º 39/22, dictada el 09/02/2022, recaída en la Actuación SIGEA N.º 17114- 7812-2018, por la cual resuelve no hacer lugar a la devolución de USD 8.650.355,79.- pretendida por la recurrente y abonada en concepto de derechos de exportación establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 100/12 en relación a los PE N.º 13008EC01004427X, 13008EC01004502C, 13008EC01004818M, 13008EC01005031A, 13008EC01005124D, 13008EC01005191H, 13008EC01006180G, 13008EC01006117G, 13008EC01006310B, 13008EC01006253H, 13008EC01006305F, 13008EC01006025E, 13008EC01008365N, 13008EC01009203F, 13008EC01009754Z, 13008EC01009960P, 13008EC01010092D, 13008EC01009756S, 13008EC01009964T, 13008EC01009755R, 13008EC01009963S, 13008EC01011797Z, 13008EC01011787P, 13008EC01015461X. En primer lugar, plantea la nulidad de la resolución por la transgresión del debido proceso. En cuanto al fondo de la causa, indica que los derechos de exportación que pagó son carentes de toda legalidad por haber sido establecidos mediante un decreto que no se encontraba amparado por el velo de la delegación legislativa, el que tampoco fue, posteriormente convalidado a través de una Ley formal emanada del Poder Legislativo Nacional, circunstancia que transgrede los principios generales de la imposición tributaria y el propio orden republicano de gobierno de la Nación. En base a esos argumentos, sostiene que se configuro un enriquecimiento sin causa por parte de la Administración, por lo que solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a la inconstitucionalidad de la norma por aplicación de la doctrina emanada por la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica”. Cita abundante jurisprudencia al respecto. Finalmente, indica que se deberá devolver el capital ingresado indebidamente en dólares estadounidenses o en pesos al tipo de cambio oficial del día anterior a su efectivo pago con más los intereses correspondientes. Ofrece prueba, hace reserva de plantear el Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. En el IF-2022-76752542-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso. Hace la negativa genérica de rigor y efectúa una breve reseña de los hechos. En relación con el planteo de nulidad, sostiene que carece de fundamento, toda vez que el acto administrativo recurrido reúne los requisitos esenciales de validez -competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad- y no se ha vulnerado el derecho de defensa, el cual fue plenamente ejercido por la actora en esta instancia. En respaldo de esta posición, cita jurisprudencia. Respecto de la cuestión de fondo, examina el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Camaronera Patagónica S.A.” y considera que la interpretación que realiza la recurrente resulta desacertada, por cuanto omite un análisis integral del fallo y desvirtúa el sentido que le asignó el Alto Tribunal. En ese sentido, destaca que el criterio sentado en “Camaronera” no resulta aplicable al presente caso, toda vez que la Resolución N.º 11/2002 (sobre la que recayó dicho pronunciamiento) fue dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N.º 26.122 (27/07/2006). A continuación, transcribe los argumentos expuestos por este Tribunal en los autos caratulados “Transportadora del Gas del Sur S.A.”, Expte. N.º 38.422-A, en los que se analizó la validez del Decreto N.º 793/2018, fundamentos que considera aplicables al presente caso, mutatis mutandi. Asimismo, recuerda que este Tribunal carece de competencia para declarar la inconstitucionalidad de normas, conforme lo dispuesto en el artículo 1164 del Código Aduanero, y solicita la aplicación del criterio sentado en el plenario “Petroquímica Comodoro Rivadavia c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, dictado el 26/04/2022 en el expediente TF N.º EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN. Finalmente, y en forma subsidiaria, peticiona que, en caso de hacerse lugar a la repetición solicitada, se aplique el criterio establecido por la Corte Suprema en la causa “Cencosud S.A.”, en concordancia con lo previsto en los artículos 811 y 812 del Código Aduanero. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. La Actuación SIGEA N.º 17114-7812-2018 incorporado en el IF-2022-76752856-APN-DTD#JGM, se inicia a fs. 1/30 con la solicitud de devolución de derechos de exportación presentada por la recurrente en relación a los PE N.º 13008EC01004427X, 13008EC01004502C, 13008EC01004818M, 13008EC01005031A, 13008EC01005124D, 13008EC01005191H, 13008EC01006180G, 13008EC01006117G, 13008EC01006310B, 13008EC01006253H, 13008EC01006305F, 13008EC01006025E, 13008EC01008365N, 13008EC01009203F, 13008EC01009754Z, 13008EC01009960P, 13008EC01010092D, 13008EC01009756S, 13008EC01009964T, 13008EC01009755R, 13008EC01009963S, 13008EC01011797Z, 13008EC01011787P, 13008EC01015461X. A fs. 186 se emite el informe técnico de la Sección Inspección Simultánea en donde indica que, no corresponde acceder a lo solicitado, dado que se han abonado los derechos de exportación con la alícuota del 35% respectivamente en el marco de la normativa vigente en ese periodo (Ley 25561) resultando todos los cumplidos conforme. Asimismo, a fs. 190/212 consta el Dictamen Jurídico, que concluye en igual sentido, señalando que no corresponde hacer lugar a la repetición solicitada, y a fs. 216/218 se dicta la Resolución apelada en autos.
IV. En la PV-2022-100370193-APN-VOCXIX#TFN se abre la causa a prueba, que obra agregada en el RE-2023- 53717139-APN-DTD#JGM (informe pericial) y en los IF-2023-34262611-APN-SGASAD#TFN e IF-2023-102307394-
APNSGASAD#TFN (contestaciones de oficio). Los antecedentes administrativos se encuentra en soporte digital y obran embebidos en el IF-2022-76752856-APNDTD#JGM. En la PV-2025-27684622-APN-VOCXIX#TFN se cierra el período probatorio. A continuación se elevan los autos a la sala G, que los pone a disposición de las partes para alegar. Posteriormente, se pasan los autos a sentencia.
V. En tales condiciones, considero relevante recordar que los jueces no están obligados a tratar todos los argumentos de las partes, sino tan sólo aquellos que resulten pertinentes para decidir la cuestión planteada, ni tampoco ponderar todos los elementos y pruebas aportados al juicio, bastando los que sean conducentes para fundar las conclusiones (Fallos: 278:271; 291:390; 300:584, entre muchos otros).
VI. En virtud de la naturaleza de las cuestiones planteadas, corresponde, en primer término, abordar el agravio relacionado con la nulidad de la resolución apelada, fundado en una presunta transgresión al debido proceso. Cabe recordar que, para que prospere un planteo de nulidad, debe acreditarse la existencia de un vicio o la violación de una forma procesal sustancial, o bien la omisión de un acto cuya ausencia impida el cumplimiento del fin perseguido por la ley y genere una situación de indefensión. En ese sentido, la jurisprudencia ha sido constante en sostener que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican concretamente las defensas de las que el impugnante se habría visto privado, debiendo, además, fundarse en un interés jurídico y no en una mera invocación formal de nulidad. En consecuencia, quien las alega debe aportar elementos que acrediten, al menos prima facie, el perjuicio sufrido, si se pretende la anulación de lo actuado (ver, entre otros: “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, Fallos 318:1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, Fallos 324:151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96).
En tal sentido, el análisis de la procedencia de una nulidad no debe efectuarse de manera mecánica, sino a partir de la ponderación de la gravedad de la irregularidad invocada y de la posibilidad de su subsanación en el caso concreto. En el presente caso, no se advierte que la resolución recurrida haya incurrido en un vicio procesal de entidad suficiente para configurar una situación de indefensión. Por el contrario, del análisis de las actuaciones administrativas surge que a fs. 186 obra el informe técnico de la Sección Inspección Simultánea, en el cual se concluyó que no correspondía acceder a lo solicitado, por cuanto los derechos de exportación habían sido abonados conforme a la alícuota del 35%, establecida por la normativa vigente al momento de los hechos (Ley 25.561). A su vez, dicho análisis fue complementado por el Dictamen Jurídico agregado a fs. 190/212, que concluyó en igual sentido. En virtud de ello, y tras el análisis de los hechos y del marco normativo aplicable, la resolución resolvió rechazar el recurso de repetición interpuesto por la parte actora. En consecuencia, lejos de evidenciarse un defecto sustancial en la tramitación administrativa, los antecedentes obrantes en la causa acreditan el cumplimiento del procedimiento y la debida fundamentación del acto recurrido, por lo que el agravio vinculado con la nulidad carece de sustento.
En ese marco, y a mayor abundamiento, corresponde señalar que la actora contó en esta instancia con plena oportunidad para ejercer adecuadamente su derecho de defensa, ofrecer prueba y controvertir los antecedentes administrativos. Ello se desprende, entre otros elementos, del informe pericial agregado en el RE-2023-53717139-APN-DTD#JGM, así como de las contestaciones de oficio obrantes en los informes IF-2023-34262611-APN-SGASAD#TFN e IF-2023-102307394-
APN-SGASAD#TFN.
Por tanto, no se configura, una afectación sustancial de garantías constitucionales. En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que no se verifica una violación del artículo 18 de la Constitución Nacional cuando la eventual restricción puede ser subsanada en una etapa judicial posterior (Fallos: 205:549; 247:52; 267:393, entre otros).
En virtud de lo expuesto, no corresponde declarar la nulidad como manifiesta ni reconocerla como de previo y especial pronunciamiento, conforme lo dispuesto en el artículo 1149 del Código Aduanero. En consecuencia, el planteo debe ser rechazado, toda vez que las supuestas deficiencias alegadas no generaron una situación de indefensión ni un perjuicio irreparable en esta instancia.
Por último, en lo que respecta a las costas, cabe señalar que si bien el agravio fue objeto de tratamiento, la actora no lo presentó como una excepción procesal autónoma, sino como un argumento accesorio dentro de su impugnación del acto apelado, tendiente a obtener su revocación. En consecuencia, al no haberse generado una actividad procesal diferenciada sobre esta cuestión, no corresponde imponer costas al respecto.
VII. Respecto al fondo del asunto, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), en el cual por mayoría, los Vocales ACORDARON fijar la siguiente doctrina legal:
ARTICULO 1º.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por la recurrente.
ARTICULO 2º.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.
VIII. En virtud de lo expuesto, y dado que al momento de la oficialización de los Permisos de Embarque N.º 13008EC01004427X, 13008EC01004502C, 13008EC01004818M, 13008EC01005031A, 13008EC01005124D, 13008EC01005191H, 13008EC01006180G, 13008EC01006117G, 13008EC01006310B, 13008EC01006253H, 13008EC01006305F, 13008EC01006025E, 13008EC01008365N, 13008EC01009203F, 13008EC01009754Z, 13008EC01009960P, 13008EC01010092D, 13008EC01009756S, 13008EC01009964T, 13008EC01009755R, 13008EC01009963S, 13008EC01011797Z, 13008EC01011787P y 13008EC01015461X se encontraba vigente el Decreto N.º 100/12 (B.O. 31/01/12), que fijó un derecho de exportación del 35% para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias allí indicadas, corresponde rechazar la pretensión de devolución de los derechos de exportación requerida.
IX. Las costas se decretan por su orden en virtud de la complejidad de la cuestión en trato.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, sin costas.
2. Confirmar la Resolución N.º 39/22, recaída en la Actuación SIGEA N.º 17114-7812-2018, en relación a los PE N.º 13008EC01004427X, 13008EC01004502O, 13008EC01004818M, 13008EC01005031A, 13008EC01005124D, 13008EC01005191H, 13008EC01006180G, 13008EC01006117G, 13008EC01006310B, 13008EC01006253H, 13008EC01006305F, 13008EC01006025E, 13008EC01008365N, 13008EC01009203F, 13008EC01009754Z, 13008EC01009960P, 13008EC01010092D, 13008EC01009756S, 13008EC01009964T, 13008EC01009755R, 13008EC01009963S, 13008EC01011797Z, 13008EC01011787P, 13008EC01015461X, con costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero en el fondo de lo resuelto en la cuestión planteada, excepto en cuanto a la imposición de las costas, que deberá soportar la vencida dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del C.A. (art. 1164 C.A.).
De conformidad al acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, sin costas.
2. Confirmar la Resolución N.º 39/22, recaída en la Actuación SIGEA N.º 17114-7812-2018, en relación a los PE N.º 13008EC01004427X, 13008EC01004502O, 13008EC01004818M, 13008EC01005031A, 13008EC01005124D, 13008EC01005191H, 13008EC01006180G, 13008EC01006117G, 13008EC01006310B, 13008EC01006253H, 13008EC01006305F, 13008EC01006025E, 13008EC01008365N, 13008EC01009203F, 13008EC01009754Z, 13008EC01009960P, 13008EC01010092D, 13008EC01009756S, 13008EC01009964T, 13008EC01009755R, 13008EC01009963S, 13008EC01011797Z, 13008EC01011787P, 13008EC01015461X, con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.08.14 10:59:36 ART Date: 2025.08.14 13:17:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.08.14 14:43:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.14 14:44:25 -03:00
Fin de la sentencia