Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 31.986-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la nulidad planteada por la actora, sin costas.
2Confirmar la Resolución DE PRLA Nº 3613/12, en cuanto condena a la firma COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A., en la Actuación Nº 12192-1231-2011, al pago de una multa equivalente a la suma de $ 125.905,59.-, en relación con la DJVE Nº 10 001 DJVE 002226 L en los términos del art. 9º de la ley 21.453, art. 969 y 1122 del C.A., con costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2021-38488049-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 3 de Mayo de 2021 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”; expediente N° 31.986-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución (DE PRLA) Nº 3613/2012, dictada el por el Jefe del Departamento Legales Aduaneros, mediante la cual se condenó a la firma Compañía Argentina de Granos S.A., en los términos del art. 969 del C.A., Ley 21.453 y 1122 del C.A, al pago de una multa equivalente a la suma de $ 125.905,59.-, en relación con la DJVE Nº 10 001 DJVE 002226 L.
II. Fundamentos de la apelación (fs.11/17vta.): Se presenta por medio de apoderada, COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) Nº 3613/2012, dictada el por el Jefe del Departamento Legales Aduaneros. Señala que respecto de la DJVE 002226 L fue aprobada por 1.500 toneladas de maíz P.A 1005.90.10.190Y., el consignatario de la operación era CORN PRODUCTS CHILE INDUCORN S.A (comprador exterior), sin embargo, dicha operación fue anulada por el comprador el 19/05/2010, como consecuencia del terremoto ocurrido el 27/02/2010 en Chile la cual causo daños estructurales edilicios y de las maquinarias de la empresa. Manifiesta que el 20/05/2010 se solicito ante la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) la prórroga de la DJVE en cuestión, expediente 97961569699. Señala que la operación pactada se torno de imposible cumplimiento atento a la anulación de la operación por parte del comprador. Entiende que implica un supuesto de fuerza mayor e inimputable a la recurrente, supuesto estipulado en el art. 731 del C.A. Cita doctrina y jurisprudencia. Manifiesta que el art. 9 de la ley 21.453 prevé que se darán por cumplidas las operaciones cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador.
Se agravia en cuanto a la Resolución Nº 3613/2012, manifiesta la inexistencia de la infracción prevista en el art. 969 del C.A. debido a que no pudo cumplir con la operación comprometida en la DJVE citada, por razones de fuerza mayor atento a la paralización de la planta en LLAY LLAY en Chile, (hechos de un tercero, anulación de la operación por parte del comprador del exterior). En consecuencia, manifiesta que en el caso resulta de aplicación la excepción de la obligación de exportación prevista en el art. 731 del C.A., asi como la falta de responsabilidad infraccional por la ausencia completa de culpa y de responsabilidad (art. 902 C.A.), entendiendo que la pena de multa deberá ser dejada sin efecto, por las razones expuestas. Asimismo, plantea la nulidad por falta de congruencia en la resolución, atento a que se le formula la acusación por un hecho y se lo condena por otro, en violación al art. 18 de la C.N. Subsidiariamente, solicita la aplicación de la multa mínima del art. 969 del C.A y la atenuación de la multa en los términos de lo previsto en los arts. 915/917 del C.A. Hace reserva del caso federal. Ofrece prueba. Solicita que se haga lugar al recurso de apelación, con costas a la demandada.
III. Contestación del traslado (fs. 33/36): La representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora en autos y acompaña las actuaciones administrativas de la presente causa.
Efectúa un sucinto relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora que no sean de su expreso reconocimiento o que no surjan de las actuaciones administrativas de la causa. Analiza que según el art. 731 del C.A., las causales para su aplicación deben ser suficientes a los fines de exonerarlo al pago de una multa, circunstancia que, afirma, no sucede en el caso de autos. Señala que la recurrente no solicitó la correspondiente prórroga de la DJVE denunciada, ni tampoco existe acto administrativo que diera por cumplida la exportación comprometida.
Expone que, la firma apelante esgrimió como causal exculpatoria, el terremoto acontecido en Chile sin embargo, pese a esta situación, la recurrente no obro con diligencia como “un buen hombre de negocios”, teniendo en cuenta los plazos a los cuales estaba sometida.
Manifiesta en cuanto a la aplicación de la ley penal más benigna, que es un error considerar que el art. 969 del C.A, y la Ley 21.453 regulan el mismo régimen, por lo cual, considera que resulta inaplicable la pena del 10% por estar dirigida otra conducta de otro régimen. Cita doctrina.
Finalmente, ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se dicte sentencia rechazándola apelación interpuesta, con expresa imposición de costas.
IV. Que obra a fs. 1 de la Actuación SIGEA Nº 12192-1231-2011 la cedula de notificación de fecha 14/10/2011 mediante la cual se notifica que “…en orden al incumplimiento de la Resolución General AFIP Nº 1365/2002, deberá presentar la correspondiente documentación cancelatoria o en su defecto autorización de anulación aprobada por la Unidad de Coordinación y Evolución de Subsidios al Consumo Interno (Ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario), debidamente certificadas, sobre las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior-Ley 21.453- detalladas a continuación: 10001DJVE002226L”. Notificada a fs. 2 con fecha 21/10/2011. A fs. 3 obra print de pantalla Consulta de DJVE.10001DJVE002226L. A fs. 4 y 8/18 obra presentación de la recurrente. A fs. 19 obra print de pantalla listado de ingreso de la denuncia DJVE 002226L por la no exportar el 90% de la cantidad declarada en la DJVE. A fs. 20 obra Acta de Denuncia Nº 11001009703, con fecha 01/12/2011. A fs. 21 obra Nota 3069/11 (DV REEX). A fs. 22 se liquidó el monto de multa mínima. A fs. 23 se aperturó el sumario y se corrió vista de todo lo actuado a la parte recurrente, notificado 16/04/2012 (a fs. 27). A fs. 31/33vta., obra descargo de la recurrente. Finalmente, a fs. 35/39vta. se dictó la Resolución (DE PRLA) Nº 3613/2012, apelada en autos.
V. Que el art. 969 del CA, dispone: “Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731 será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en Aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada”. Que, por su parte, el art. 9° de la ley 21.453 preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador. ”El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada. ”Para la conversión de divisas a moneda nacional de curso legal a fin de calcular las multas referidas se tomará el tipo de cambio comprador más alto vigente el día del vencimiento de la declaración jurada”. Que si bien la autoridad de aplicación de la ley 21.453 era la Junta Nacional de Granos, este organismo fue disuelto por el art. 36, Anexo I del decreto 2284/91, por lo cual mediante la Resolución de la ex ANA Nº 1791/92 creó en el ámbito de esta administración “el registro de las declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) a que hace referencia la citada ley y que el mismo actúe como ente descentralizado para lograr un mejor control de las operaciones e ingreso de los tributos que genere la exportación de los bienes involucrados en dichas declaraciones” (ver primer párrafo, Considerando de la Res. Nº 1791/92).
Que el art. 20 inc. a) de dicha Resolución dispuso que “El período de embarque de las DJVE gozará de una prórroga automática de sesenta (60) días corridos para cumplimentar el embarque del tonelaje declarado, a cuyo término operará el vencimiento de las mismas”.
Que, para llevarse a cabo el cumplimiento de las operaciones por cualquier circunstancia que implicase una demora, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, como organismo de aplicación debía otorgar las prórrogas que solicitaran los interesados, a tenor del art. 18 de la referida Resolución. En su art. 20 inc. b) dispuso que “En aquellos casos fortuitos o de fuerza mayor registrados con anterioridad al vencimiento del plazo de la DJVE, se otorgará, a pedido de parte y por acto expreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca una prórroga extraordinaria de (60) sesenta días corridos. Esta última constancia deberá asentarse en el correspondiente sector, que contempla a tal fin el formulario OM-2098 por la Aduana de Registro”. Que el art . 3º del Decreto 1177/92( modificado por Decreto Nº 734/07, y Decreto Nº 764/08, establece que "…El Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior de los productos a que se refiere el Artículo 1º deberá efectuarse el día hábil siguiente a aquel que se hubiese cerrado la venta correspondiente. Dicha declaración sólo podrán realizarla quienes estén inscriptos como exportadores ante la Dirección General de Aduanas de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y ante la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO, organismo descentralizado en el ámbito de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del citado Ministerio. Los datos que deben contener las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior y el plazo máximo dentro del cual se debe establecer su período de embarque será fijado por la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO. El plazo máximo que se establezca sólo podrá prorrogarse mediante acto expreso de la citada Oficina, si se hubiere configurado un caso fortuito o fuerza mayor dentro de la vigencia de la Declaración Jurada de Venta al Exterior". (el resaltado me pertenece).
VI. Que corresponde dirimir si la multa aplicada a la firma COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A., mediante la resolución aquí apelada, se encuentra ajustada a derecho o no.
Que no se encuentra controvertido que mediante la DJVE Nº. 10 001 DJVE 002226 L, oficializada el 02/03/2010, en los términos de la ley 21.453, la actora comprometió la exportación de 1500 toneladas de granos – MAIZ ENTERO-(P.A. 1005.90.10.190 Y), valor F.O.B. unitario U$S 162 y un F.O.B. total de U$S 243.000, cuyo vencimiento opero el 28/04/2010, no habiendo cumplido con la exportación del 90% de la mercadería. Que al respecto la recurrente sostiene que la misma no fue cumplida en razón del terremoto acontecido el 27/02/10 en Chile, el cual causo severos daños estructurales físicos y en las maquinarias de la empresa - compradora extranjera- CORN PRODUCTS CHILE INDUCORN S.A, motivo por el cual cancelo la operación de exportación.
Que conforme surge de las actuaciones administrativas a fs. 16 obra nota de fecha 19/05/2010 de la firma CORN PRODUCTS CHILE INDUCORN S.A., mediante la cual cancela la operación en trato, como consecuencia de los daños en su planta de Llay Llay la cual informa se encuentra paralizada.
Que a fs. 15 de las act. adm., obra nota de fecha 20/05/2010 dirigida a la ONCCA, por medio de la cual solicita la prórroga de la DJVE 2226 L correspondiente al ROE 100035857/46007 como consecuencia de la cancelación del contrato MAR1209 por parte de la empresa chilena debido al terremoto del 27/02/2010. Dicha nota fue presentada con fecha 21/05/2010, en la ONCAA, (conforme surge sello en la misma).
Que la recurrente invoca en su defensa que el incumplimiento fue ocasionado por una cuestión de fuerza mayor ajena a la empresa y refiere a los arts. 731 del CA y 9 de la ley 21.453.
Que, el supuesto exculpatorio que describe el art. 731 del C.A establece que “Cuando el exportador acreditare fehacientemente que no ha podido exportar en los plazos, formas y condiciones contemplados en el art. 730 por razones de caso fortuito o de fuerza mayor, se podrá prorrogar el plazo correspondiente o exceptuarlo de dicha obligación de exportación".
Asimismo, para que opere dicha prorroga es necesario que el exportador la solicite dentro de la vigencia de la Declaración Jurada de Venta al Exterior, conforme así lo establece Decreto 1177/92 (modificado por Decreto Nº 734/07, y Decreto Nº 764/08), y el art.1° de la resol. SAGPA N° 384/96 (que modifica al art. 3° de la res. 685/92 ex SAGP), el plazo máximo de vigencia de la declaración jurada es de 360 días, dicho plazo incluye el período de embarque declarado por el exportador que en todos los casos es de 30 días corridos, con más la prórroga automática de 60 días corridos, a cuyo término operara el vencimiento de la DJVE.
A mayor abundamiento, la Resolución ONCCA 912/08 que también alude a la solicitud de prórroga en caso de fuerza mayor, señala que “Fíjase en CUARENTA Y CINCO (45) días corridos el plazo de validez del ROE VERDE para que el exportador oficialice las destinaciones de exportación ante la Dirección General de Aduanas. (…) El plazo de validez comenzará a correr a partir del día hábil siguiente a la fecha de la autorización conferida por la ONCCA, la que será comunicada mediante el sitio web "www.oncca.gov.ar" y sólo podrá prorrogarse mediante acto expreso de esta Oficina Nacional, si se hubiere configurado caso fortuito o fuerza mayor dentro del período de validez del ROE VERDE, entendiéndose por fuerza mayor, la falta de disponibilidad logística para el transporte de la mercadería, lo que deberá ser acreditado por el interesado al momento de la solicitud de la prórroga referida. A efectos de solicitar la mencionada prórroga, los interesados deberán adjuntar, junto con la solicitud y acreditando debidamente la personería invocada, las siguientes constancias documentales en copia certificada: a) ROE VERDE Declaración Jurada de Ventas al Exterior. b) Certificado de Aprobación ROE VERDE. c) Documentación respaldatoria de las causas que se aleguen como fundamento de la prórroga.".
Que frente a la situación ocurrida, terremoto en la Republica de Chile, -con fecha 27/02/2010- el cual afecto severamente al comprador extranjero, la recurrente debió haber solicitado con anterioridad al 28/04/2010 a la autoridad de aplicación, la prórroga extraordinaria prevista para casos fortuitos o de fuerza mayor. En consecuencia, la nota que obra agregada a fs.15 de las act. adm., en la que solicita prórroga, resulta extemporáneamente toda vez, que la misma data del 20/05/2010 cuando el vencimiento de la DJVE fue el 28/04/2010.
Que, conforme lo transcripto precedentemente y la documentación obrante en autos, no surge que la firma COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A. se haya encontrado comprendida en la causal de excepción a la que hace referencia el art. 731 del C.A. Cabe aquí recordar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, en autos Urruti de González" del día 01/12/92, que la prueba del caso fortuito está a cargo de quién la invoca (art. 377 del Código Procesal), y requiere la comprobación fehaciente del carácter imprevisible e inevitable del hecho o de los hechos a los que se adjudica la condición de causal de exoneración, lo que en la especie no se ha verificado.
Que por todo ello, la situación descripta por la actora no puede justificar la exclusión de responsabilidad. Que, el acogimiento al régimen de la ley Nº 21.453, que resulta de las DJVE en cuestión, fue voluntario, por el cual la recurrente debía cumplir ciertas obligaciones (exportar al menos el 90% de la mercadería declarada en el plazo reglado a tal fin), teniendo como contrapartida los beneficios otorgados por la normativa (tipo de cambio aplicable al momento de la fecha de cierre de la venta).
Que cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
Que tratándose de beneficios tributarios, se debe ser cuidadoso en la interpretación de modo tal de que, por vía interpretativa, no se consagren las excepciones como regla general y, por lo demás, debe tenerse en cuenta el contexto general de las leyes y de los fines que las informan (“Fallos” 264:152; 265:256, entre otros).
VII. Que, por otro lado, la actora plantea la nulidad de la resolución por falta de congruencia de la resolución dictada, en tanto acusa por una norma art. 969 del C.A y establece la sanción por otra, art. 9 de la Ley 21.453. Asimismo, manifiesta subsidiariamente, que la sanción que le correspondía aplicar seria la multa mínima que establece el art. 969 del C.A. (10% del valor de la mercadería no exportada) y no la que impusiera el servicio aduanero, esto es, la del 15% prevista por el art. 9 de la ley 21.543, atento al principio de la ley penal más benigna.
Que, cabe señalar, genéricamente, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
.Que, la Corte Suprema ha dicho que “son aplicables a las infracciones aduaneras las disposiciones generales del Código Penal, conforme a las cuales sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (‘Fallos’, 290-202, 5º considerando y sus citas)” (“SAFRAR Sociedad Anónima Franco Argentina de Automotores”, del 27/12/88, “Fallos”, 311-2779). Ello, sin perjuicio de la posición de la Excma. Corte Suprema respecto de la carga de la prueba referente a la presunción de culpabilidad ínsita en los elementos materiales del accionar del sujeto activo de la infracción. Que, cabe señalar, que ambos tipos infraccionales –art. 969 del C.A y art. 9 de la Ley 21453- reprimen la misma conducta: el incumplimiento del compromiso de exportación en los términos y cantidades asumidos. Sin embargo, efectuando un análisis de la normas en cuestión, el Código Aduanero (Ley 22.415) posterior a la Ley 21.453, formula en su exposición de motivos una expresa referencia a ésta, en la Sección IX, Título I, Capítulo Sexto, punto 4, diciendo textualmente que "El art.728 extiende la aplicación de los principios de los arts. 726 y 727 a todos los elementos utilizables para la liquidación de los derechos de exportación y para los demás tributos que gravan la exportación para consumo. Tal norma establece el régimen general en la materia para toda la mercadería de exportación. Ello no implica la derogación de la Ley 21.453, en atención a que se trata de un régimen especial." (el destacado me pertenece).
Que así las cosas, la ley 21.453 contiene varios institutos específicos y propios que rigen las ventas al exterior de productos de origen agrícola, debiendo entenderse que, para todas aquellas cuestiones no previstas, deberá ser aplicado el Código Aduanero, que es la legislación general de la materia, y subsidiaria del régimen de la ley 21.453.
Que la especificidad del régimen al que se acogió la actora deviene en inaplicable la multa mínima prevista en el art. 969 del CA, no pudiéndose entender a esta última norma como más benigna en virtud de referirse al régimen general, por cuanto esa infracción se refiere específicamente al “... régimen previsto en el art. 729” del C.A., y por ende al incumplimiento de “... la exportación en los plazos, forma y condiciones contemplados en el art. 730 ...”, del C.A. y, en cambio, en el caso de autos, el incumplimiento imputado se refiere, no a un (eventual) régimen de dicho art. 729 (que hubiera podido establecer el Poder Ejecutivo), sino concreta y específicamente al régimen legal de la ley 21.453. Por lo tanto la condena con fundamento en el referido art. 969 constituiría en el caso una (indebida y prohibida) incriminación, atento a que se trata de regímenes diferentes, siendo que la ley 21.453 se aplica a mercaderías y obligaciones inherentemente específicas -como lo son el tipo de mercaderías y el tonelaje mínimo de exportación-, habiéndose mantenido dicho régimen siendo que el Código Aduanero fue una norma posterior a ésta última, y según cité en su Exposición de Motivos el legislador tuvo presente su vigencia. Amén de ello, debe destacarse que el art. 969 del C.A. a pesar de no ser aplicable al régimen de autos, preveé una graduación de 10% al 20%, la que no puede ser aplicada antojadizamente y mucho menos bajo la premisa de que ello pudiere constituir “norma penal más benigna”.
Por lo tanto, resulta infortunado el argumento de la actora, toda vez que la sanción incurrida encuadra en el art. 9º de la mentada ley, que regula una sanción específica para los casos que ella tutela (sin perjuicio de que, en todo lo demás que no se encontrare legislado, rigen subsidiariamente las prescripciones del Código Aduanero) desplaza como norma especial a la norma general.
Que, no abunda aclarar que al correrse la vista a la parte actora, respecto del hecho por el cual se la imputó, bajo las dos normativas sancionatorias -arts. 969 del C.A. y 9º de la ley 21.453- ha podido articular ampliamente sus defensas en sede aduanera y por ante esta instancia. Amén de ello, cabe recordar que el juzgador, en rigor del principio de congruencia -que constituye en realidad un componente lógico-, puede otorgar al hecho o acusado una calificación jurídica distinta a la expresada en la acusación (iura novit curia), siempre y cuando no deje al acusado en estado de indefensión, lo que -como dije- no aconteció en autos.
Que, por ende, resultando ser un régimen específico que requiere una conducta específica, respecto de determinados productos especificados por la ley 21.453, no puede entenderse que se aplique el art. 969 del C.A. como norma penal más benigna.
Que conforme lo expuesto, la conducta que se imputa en autos se encuentra tipificada en el art. 9 de la ley 21453, “…El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada", norma sobre la base de la cual, en la corrida de vista del art. 1101 del CA se hace saber a la recurrente el monto mínimo de la multa, en los términos del art. 930 del CA.
Que a tenor de lo expuesto, no corresponde hacer lugar a la nulidad planteada por la actora, sin costas.
VIII. Que, sentado el marco normativo a aplicar, según se constata en el caso de autos, ha operado el vencimiento para la exportación de la mercadería documentada en la DJVE en trato, sin que se haya cumplido con la exportación del tonelaje mínimo del 90 % de maíz (mercadería comprendida en la ley 21.453), resultando, por lo tanto, ajustada a derecho la sanción aplicada por el servicio aduanero del 15% sobre el valor FOB de la mercadería en infracción, esto es, el mínimo de tonelaje por el régimen en cuestión se obliga la actora, equivalante a 1350 toneladas (1.500tn/90%=1.350tn).
Que en razón de ello, no cabe más que confirmar la Resolución aduanera aquí apelada, intimándose a la actora el saldo de la multa por la infracción en trato, por la suma de $ 125.905,59.-
IX. En cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la vencida (art. 1163 del C.A.).
Por todo lo expuesto, voto por:
1).- Rechazar la nulidad planteada por la actora, sin costas.
2).- Confirmar la Resolución DE PRLA Nº 3613/12, en cuanto condena a la firma COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A., en la Actuación Nº 12192-1231-2011, al pago de una multa equivalente a la suma de $ 125.905,59.-, en relación con la DJVE Nº 10 001 DJVE 002226 L en los términos del art. 9º de la ley 21.453, art. 969 y 1122 del C.A., con costas a la actora.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1).- Rechazar la nulidad planteada por la actora, sin costas.
2).- Confirmar la Resolución DE PRLA Nº 3613/12, en cuanto condena a la firma COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A., en la Actuación Nº 12192-1231-2011, al pago de una multa equivalente a la suma de $ 125.905,59.-, en relación con la DJVE Nº 10 001 DJVE 002226 L en los términos del art. 9º de la ley 21.453, art. 969 y 1122 del C.A., con costas a la actora.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente archívese. Date: 2021.05.03 10:03:29 ART Date: 2021.05.03 10:33:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.05.03 12:51:57 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.05.03 12:53:33 -03:00
Fin de la sentencia