Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2024-52803489-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la RESOL-2024-248-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1776-2017/72, imponiendo las costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-57837423-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 29 de Mayo de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente EX- 2024-52803489- -APN-SGASAD#TFN;
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Que mediante RE-2024-52802304-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la RESOL-2024-248-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1776-2017/72, mediante la cual no se hace lugar a la solicitud de devolución de U$S 144.892,80 en relación con el P.E. 12057EC01003128X, con más intereses -importe pagado en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante la Resolución MEyP 181/2008-. Realiza una síntesis de lo acaecido en sede aduanera. Plantea la nulidad de la resolución apelada con fundamento en su falta de causa, motivación y vulneración del debido proceso, sobre la base de referirse a una normativa no cuestionada por ella y, por otro lado, al no haberse hecho lugar a las pruebas ofrecidas en la instancia aduanera.
Cita doctrina y jurisprudencia. Refiere a la doctrina legal sentada en el fallo “Camaronera”, el que considera aplicable al caso en trato. Indica que los derechos de exportación son tributos, por lo que resulta aplicable el principio de legalidad y reserva, de lo que deriva la imposibilidad del Poder Ejecutivo Nacional de dictar regulaciones tendientes a crear o modificar los mismos. Afirma que es doctrina de la CSJN que el PEN pueda excepcionalmente regular ciertos pormenores relativos a los tributos, lo que sólo podría configurarse en el caso en que el Poder Legislativo Nacional hubiese establecido previamente una política de actuación, delimitando los términos mínimos y máximos entre los cuales podrá oscilar la intervención del PEN, lo que no ha ocurrido en el caso.
Sostiene que ello tampoco se verifica en el caso del artículo 755 del Código Aduanero (“CA”), que se encuentra apartado del ordenamiento jurídico vigente. Agrega que nada impide –según tiene dicho la Corte Suprema- que se le otorgue legalidad a un decreto o resolución en materia tributaria que resulta ilegítimo, mediante su aprobación por una ley formal del poder legislativo, no obstante lo cual, tal jerarquía solo puede ser efectiva a partir de la entrada en vigencia de la ley, resultando por ende nulos desde su creación hasta su convalidación por parte del Poder Legislativo. Expone que la Resolución 181/08 no fue objeto de una delegación ni fue ratificado por una ley formal, por lo que las alícuotas allí establecidas devienen ilegítimas por apartarse del principio de legalidad y reserva en materia de tributaria, conforme la doctrina de la Corte Suprema.
Cita jurisprudencia en apoyo de sus dichos. En subsidio, refiere a la tasa de interés aplicable, la que sostiene debe mantener indemne el patrimonio del acreedor, para compensar la falta de utilización del capital. Agrega que, asimismo, corresponde se aplique el tipo de cambio vigente al momento de la devolución. Hace reserva de caso federal y solicita se haga lugar a la acción de repetición, ordenando la devolución de los importes reclamados, con costas.
II. Mediante IF-2024-86793389-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal y contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Expone que el recurso es improcedente por no estar basado en la normativa cuestionada en la instancia aduanera. Alega que la contraria optó por la vía recursiva incorrecta, toda vez que en definitiva lo que discute es la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas cuestionadas, por lo que corresponde el rechazo de su acción, ya que el Tribunal Fiscal no tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad, en virtud de lo establecido por el art. 1164 del CA. Cita jurisprudencia. Manifiesta que el planteo de nulidad de la actora resulta inadmisible, ya que conforme surge de las actuaciones, se cumplieron con todos los deberes y principios procesales aplicables a la materia. Aduce que la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera” es desacertada. Cita jurisprudencia que hace a su derecho. Explica que la delegación establecida por el art. 755 del CA se justifica en las cambiantes circunstancias de la economía, que ameritan en determinadas situaciones la adopción de medidas cuya oportunidad es incompatible con los tiempos del debate que normalmente requiere el dictado de una ley. En subsidio, solicita se rechace la repetición intentada por la contraria, en razón de que no acreditó haber cargado con el costo de los derechos de exportación que reclama. Solicita la aplicación del fallo “CENCOSUD” y de los artículos 811 y 812 del Código Aduanero, para el caso en que se haga lugar a la repetición intentada. Respecto a la tasa de interés aplicable, manifiesta que, a todo evento, es la prevista en el art. 811 del CA y desde la fecha allí establecida, la que ha fijado la Secretaría de Hacienda según lo dispuesto por el artículo 794 del CA. Ofrece prueba, efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
III. Que mediante PV-2024-87114597-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por presentada a la D.G.A. y por contestado el traslado que le fuera conferido. Asimismo, se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas. Con posterioridad, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1776-2017/72 se inician con la solicitud de repetición de los tributos pagados en relación con el PE 12057EC01003128X. A continuación, la División Económica Financiera informa los montos que la firma abonó en concepto de derechos de exportación Acto seguido, la Aduana provee la respectiva solicitud de repetición efectuada por CÍA. ARGENTINA DE GRANOS S.A. Finalmente, se dicta RESOL-2024-248-E- AFIP-ADSALO#SDGOAI, aquí apelada.
V. Que en primer lugar corresponde tratar la nulidad de la resolución apelada opuesta por la actora, con fundamento en su falta de causa, motivación y vulneración del debido proceso.
En tal sentido cabe precisar que no se advierte cuál es el agravio concreto invocado por la recurrente, ya que de la lectura de la resolución apelada se observa la expresión de los motivos que fundamentan el rechazo de la devolución intentada por la actora. Estos motivos –si bien pueden o no compartirse- excluyen considerar a la resolución apelada como carente de fundamentación.
Por otra parte, se advierte que en las actuaciones administrativas luce el informe técnico de la Sección Inspección Simultánea, el cual indica que, al momento de oficializar la destinación en trato, regía el Decreto 100/12 (vigente 31/01/12), que establecía una alícuota del 32% para la mercadería involucrada, la cual fue abonada conforme a esa normativa, en consecuencia, recomienda no hacer lugar a la devolución solicitada. Cabe señalar que igual alícuota cuestiona la recurrente.
Por su parte, en relación con la vulneración del debido proceso por haberse rechazado las pruebas ofrecidas en la instancia aduanera cabe señalar que, dada la posibilidad que tienen las partes, en esta instancia, de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Que ello así, corresponde rechazar el planteo efectuado por la actora en este sentido, ya que el vicio alegado no le causa indefensión o gravamen que no puede ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal.
Resulta así de aplicación al caso la doctrina de la CSJN, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros, Fallos: 205-549 y 267-393).
VI. En las condiciones indicadas, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/DGA s/recurso de apelación” (EX2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), en el cual por mayoría, los Vocales ACORDARON fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto por el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta e1 día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
VII. En virtud de lo señalado, debe rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados en relación de la operación de exportación 12057EC01003128X, basada en el cuestionamiento de la Resolución MEyP 181/2008.
VIII. Las costas deberán ser soportadas por la vencida dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del C.A. (art. 1164).
Por todo lo expuesto, voto por:
Confirmar la RESOL-2024-248-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134- 1776-2017/72, imponiendo las costas a la actora.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que respecto a los hechos traídos a estudio, corresponde remitirse “brevitatis causae” a la descripción realizada por el Vocal preopinante.
II. Que, sentado ello, cabe destacar el artículo 151 de la ley 11.683 establece expresamente, en relación a este Tribunal Fiscal, que “...Cuando una cuestión de derecho haya sido objeto de pronunciamientos divergentes por parte de diferentes salas, se fijará la interpretación de la ley que todas las salas deberán seguir uniformemente de manera obligatoria, mediante su reunión en plenario...” (el subrayado me pertenece).
III. Que, bajo tales premisas, corresponde destacar que en fecha 26 de abril de 2022, en virtud del Fallo Plenario IF- 2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, la competencia aduanera de este Tribunal Fiscal por mayoría -el suscripto no participó del referido Acuerdo por encontrarse en uso de licencia- acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
IV. Que, por ende, teniendo en expresa consideración lo ordenado en el referido artículo 151 de la ley 11.683, y sin perjuicio de la opinión en contrario sostenida por el suscripto in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA” (EX-2020- 24711043- -APN-SGASAD#TFN), del 22 de diciembre de 2021 y “Bunge Argentina S.A” (Expte. Nro. 36.695-A), del 7 de febrero de 2022, entre muchos otros, a los fines de la resolución de la litis resulta plenamente aplicable la posición legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, en tanto la operatoria dispuesta por la normativa impugnada en autos, que fijara derechos de exportación a las posiciones arancelarias allí estipuladas resulta similar, mutatis mutandi, a aquella establecida en el Decreto Nro. 793/2018, cuya validez ha sido expresamente receptada en la doctrina plenaria de referencia, por lo que resulta ajustado a derecho confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar el pedido de repetición de derechos de exportación formulado por la firma recurrente, en relación a la destinación involucrada en autos.
V. Que atento a que se resuelve en base a una decisión Plenaria de este Tribunal y a la complejidad de la cuestión debatida en virtud de la cual las partes pudieron considerarse con derecho a litigar, corresponde imponer las costas por su orden.
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar la Resolución aduanera apelada en autos.
2. Costas por su orden.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que sin perjuicio de mi opinión respecto del alcance de la doctrina Plenaria “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.” estimo que, como bien destaca el Dr. Segura, viendo que la estructuración de la pretensión de la actora está sentada sobre el cuestionamiento de la validez de una norma -Res. 181/08- en cuyo marco NO fue oficializada la destinación en trato, entiendo que aventurarme a desentrañar extra petitio el cuestionamiento constitucional de otra norma implicaría violentar el principio de congruencia que se erige como directriz del proceso y es por ello que comparto la solución que propone el Vocal instructor al entuerto.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
Confirmar la RESOL-2024-248-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1776-2017/72, imponiendo las costas a la actora.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia remítase a guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.05.28 10:28:35 -03:00 Date: 2025.05.29 15:31:32 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.05.29 20:46:38 -03:00 Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.29 20:46:39 -03:00
Fin de la sentencia