Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2022-65183676-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones 410/22, 410 bis/22, 411/22, 412/22, 413/22, 423/22 y 424/22 dictadas por el Administrador de la Aduana Bahía Blanca en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17652-2-2019, 17652-9-2019, 17652-10- 2019, 17652-11-2019, 17652-12-2019, 17652-21-2019 y 17652-22-2019.
2Imponer las costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-48356792-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 10 de Mayo de 2024 65183676-APN-SGASAD#TFN TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez (la Vocalía 14a. Nominación se encuentra vacante), a fin de resolver en los autos caratulados “Compañía Argentina de Granos S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ APELACIÓN” EX-2022-65183676-APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: La firma Compañía Argentina de Granos S.A. se presenta e interpone recurso de apelación contra las resoluciones 410/22, 410 bis/22, 411/22, 412/22, 413/22, 423/22 y 424/22 dictadas por el Administrador de la Aduana Bahía Blanca en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17652-2-2019, 17652-9-2019, 17652-10-2019, 17652-11-2019, 17652-12-2019, 17652-21-2019 y 17652-22-2019. Mediante tales resoluciones se resolvió rechazar las solicitudes de devoluciones de derechos de exportación supuestamente pagados en demasía, por un monto total de U$S 94.374,59. Explica que con motivo de exportaciones oficializadas mediante los permisos de embarque PE 12003EC01004933E, 12003EC01005197H; 12003EC01005196G, 12003EC01005195F, 12003EC01005194E, 12003EC01005193D y 12003EC01005192C, ingresó indebidamente el monto reclamado en concepto de pago espontaneo de los derechos que gravaron 20 operaciones de exportación a consumo registradas durante el período fiscal 2012 y que, según refiere, se hallaron mal calculados en base a alícuotas carentes de licitud, toda vez que la Resolución 26/08 estableció la alícuota cuestionada no respetando el principio de legalidad y reserva en materia tributaria.
Efectúa una breve descripción de las actividades de la empresa y relata los hechos que dieron lugar al presente recurso. Luego, procede a expresar sus fundamentos indicando que el procedimiento mediante el cual se denegó la repetición de tributos excedió los plazos lógicos de resolución, ya que obtuvo un decisorio formal después de 4 años de la interposición del escrito inicial. Expresa que el acto administrativo apelado carece de causa y motivación, atento a que se limitó a remitir a dictámenes jurídicos, desentendiéndose de lo solicitado y tergiversando sus dichos a través de una confusión intencional del objeto del reclamo con los fundamentos que le dieron sustento. Refiere que el objeto de la cuestión nunca fue la declaración de inconstitucionalidad de la resolución conjunta que estableció las alícuotas que gravaron las exportaciones, sino la demostración del enriquecimiento sin causa de parte del fisco nacional, lo que configuraría la obligatoria devolución de esos importes percibidos en exceso.
Agrega que esta instancia tampoco debe expresarse respecto de la inconstitucionalidad de la resolución conjunta 26/08, ya que dicha tarea fue realizada por la CSJN. Realiza su interpretación de lo establecido en el decreto 618/97, concluyendo que es potestad expresa de la DGA y particularmente, de la Sra. Administradora en su rol de juez administrativo, el aplicar las normas legales correspondientes al efecto de la devolución de los importes reclamados. Posteriormente, manifiesta que la resolución conjunta que estableció las alícuotas abonadas no ostentó la legalidad debida y carece por tanto de licitud, lo que configura el enriquecimiento sin causa por parte del fisco nacional. Refiere al precedente “Camaronera Patagónica” de la CSJN, argumentando que resulta de aplicación al presente caso.
Explica la doctrina emergente del mencionado precedente, concluyendo que al analizar la resolución conjunta que establece las alícuotas que sustentaran el cálculo de los tributos abonados a la luz del fallo “Camaronera” se vislumbra su ilegalidad. Manifiesta que la única normativa que tuvo refrendo legislativo, y sería por ende constitucional, fue el decreto 509/2007, por lo que ante cualquier gabela pagada en demasía, por aplicación de una alícuota superior al 27,5%, corresponde su inmediata devolución. Se refiere a la naturaleza tributaria de los derechos de exportación, lo que genera como consecuencia insoslayable su apego al principio de legalidad determinado por las Constitución (“CN”).
Se expresa sobre el principio de legalidad en materia tributaria y la posibilidad de que se practique la delegación legislativa, detallando su alcance y los requisitos para su ejercicio. Reseñando el precedente “Camaronera” continúa indicando que las leyes 25.561, 26.217, 26.732 y 22.415 son invalidas para dotar de legalidad a la resolución 11/02. Refiere a la cláusula transitoria octava de la CN, relativa a la aplicación de su art. 76 y al test de constitucionalidad elaborado por la Corte en el mencionado caso “Camaronera”. Recuerda que la mencionada cláusula tuvo por objeto dar validez a todas aquellas normas delegadas, por un plazo adicional de 5 años más, intentando así que con el paso del tiempo todas aquellas medidas que fueren materia legislativa fueran reguladas directamente por el poder legislativo, eliminando lo improcedente de la delegación efectuada previo a la reforma del año 1994.
Realiza una síntesis de sus fundamentos, destacando los puntos más relevantes de su análisis, y procede a explicar las implicancias legales del fallo “Camaronera”, así como su aplicación a las operaciones de la compañía, para concluir que ingresó sumas de dinero en exceso a las arcas del fisco nacional, hecho que configuró un enriquecimiento sin causa, y que ellas merecen ser restituidas a su propietaria. Refiere que el art. 755 del CA se trata de una delegación legislativa ineficaz, por contener lineamientos extremadamente abiertos e indeterminados que contraponen los principios de materia tributaria. Solicita que la devolución requerida sea realizada con la incorporación de los intereses devengados hasta el momento de su efectivo pago y en dólares estadounidenses.
En subsidio, peticiona que para el caso en que la devolución se realice en pesos, se aplique la tasa prevista en la Comunicación 14.290 del BCRA y se reconozca la desvalorización monetaria. Reitera los fundamentos expuestos en sede administrativa, ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se haga lugar a la solicitud de repetición, con costas.
II. Contestación de la Aduana: Previo emplazamiento, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido (IF-2022- 112043786-APN-DTD#JGM). Efectúa una breve reseña de los hechos y niega todas y cada una de las manifestaciones invocadas por la contraria, así como la documentación acompañada, que no sean objeto de su reconocimiento. Sostiene cada uno de los argumentos obrantes en los informes técnicos y la resolución aduanera. Procede luego a contestar el traslado, expresándose en primer lugar sobre la inaplicabilidad de la garantía del plazo razonable y la improcedencia del planteo de nulidad. Sobre la cuestión de fondo, explica que ante la Aduana de Bahía Blanca no existió liquidación ni pago de tributo alguno, por lo que el rechazo de la repetición intentada se ajusta a derecho.
Manifiesta que la actora realiza una interpretación desacertada del fallo “Camaronera Patagónica” que no recepta el análisis completo de dicha sentencia ni el sentido que quiso darle la CSJN. Realiza su interpretación respecto del mencionado precedente, destacando el contexto normativo existente en ese momento e indicando que aún no había sido dictada la ley 26.122. Expresa que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o norma es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerado la última ratio de orden jurídico. Agrega que la realidad del comercio internacional, traducida en la velocidad del intercambio de mercaderías como en el vertiginoso cambio coyuntural exterior, justifican la delegación en cabeza del Poder Ejecutivo a los efectos de establecer los aranceles y su quantum en función de los cambios producidos en el contexto internacional.
Cita jurisprudencia que hace a su derecho. Refiere que el Congreso declaró la validez del decreto 509/07 mediante las resoluciones 41/07 de la Cámara de Senadores y 49/07 de la Cámara de Diputados, y que es en el marco de tal decreto que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado a realizar aclaraciones, modificaciones y excepciones que correspondan, en los términos de su competencia. Luego indica que conforme el art. 1164 del CA las sentencias de este tribunal no podrán contener pronunciamientos sobre la falta de validez constitucional de las leyes y solicita la aplicación, mutatis mutandi, del fallo plenario dictado en fecha 26.04.22, por entender que resulta aplicable al presente caso. De manera subsidiaria, solicita se rechace la repetición intentada atento a que la actora no habría acreditado haber cargado con el costo de los derechos de exportación cuya devolución reclama.
Explica que la actora trata de repetir un impuesto que por su naturaleza es trasladable y que en ningún momento demostró no haber trasladado el costo de los derechos de exportación que reclama. Desconoce los montos reclamados y solicita la aplicación del fallo “Cencosud”. Por último, se expresa sobre la tasa de interés aplicable, solicitando que para el caso de que se hiciere lugar a la repetición intentada se aplique lo dispuesto en los arts. 811 y 812 del CA. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva de caso federal y solicita se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal:
El 14.11.2022 se abre la causa a prueba. El 26.10.2023 se cerró el período probatorio. El 25.04.2024 se elevan los autos a la Sala “E”. El 6.05.2024 se llaman los autos a sentencia.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduana: Las actuaciones administrativas SIGEA 17652-2-2019, 17652-9-2019, 17652-10-2019, 17652-11-2019, 17652-12-2019, 17652-21-2019 y 17652-22-2019 se inician, todas, con la interposición de la acción de repetición por parte de Compañía Argentina de Granos S.A., a fin de obtener la restitución de las sumas que considera abonadas en exceso en concepto de derechos de exportación. Luego obran los informes emitidos por la Sección Sumarios, a los cuales se agregan las respectivas destinaciones. A continuación, luce nueva nota de la Sección Sumarios y el informe de la Sección Económico Financiera, detallando los importes abonados en concepto de derechos de exportación. Posteriormente, obran los informes emitidos por Inspección Simultánea, donde se indica que importes correspondería devolver en caso de que se haga lugar a la solicitud de la actora. Más tarde, se tiene por presentada a la firma actora y por iniciado el procedimiento de repetición. Luego se agregan los dictámenes jurídicos emitidos por la División Aduana Bahía Blanca, que concluyen que no correspondería hacer lugar a la devolución intentada. Por último, obran las resoluciones aquí apeladas, y que rechazan las solicitudes de devolución intentadas.
V. Decisión del caso: Corresponde resolver en autos si las resoluciones apeladas, que denegaron la devolución de las sumas pretendidas por la firma Compañía Argentina de Granos S.A., en concepto de diferencia de derechos de exportación abonados con relación a los PE 12003EC01004933E, 12003EC01005197H, 12003EC01005196G, 2003EC01005195F, 12003EC01005194E, 12003EC01005193D y 12003EC01005192C, se ajustan a derecho.
Mediante tales PE la actora documento la exportación de mercadería ubicada en la PA 1001.99.00.110W –A granel, con hasta 15% de embolsado (Ley 21.453) Trigo Pan, excepto el de baja proteína (contenido proteico inferior a 10,5%, calculado sobre una base de 13,5% de humedad) Los demás – Los demás: TRIGO Y MORC AJO (TRANQUILLÓN)- abonando los derechos de exportación establecidos por la resolución conjunta (MEyFP) 26/08 y 28/08 (BO: 23.12.08) que fijó, para esa PA, una alícuota del 23% (Ver art. 1 y Anexo de la referida de la resolución).
De modo liminar, cabe precisar que las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la vigente a la fecha de cierre de venta -07.12.11 y 09.02.12 para los PE de autos- conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La alícuota aplicada automáticamente por el SIM fue pues, para tales fechas, la del 23%, de la resolución conjunta (MEyFP) 26/08 y 28/08 –conforme el art. 1 y su Anexo-, publicadas en el Boletín Oficial el 23.12.08, en las que está incluida la PA 1001.99.00.110W.
La actora cuestiona la validez de dicha resolución conjunta, por los fundamentos que expone, que remiten al precedente de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15.04.14. En esta línea, manifiesta que la única normativa que tuvo refrenda legislativa -y sería por ende constitucional- fue el decreto 509/07 (BO: 23.05.07), el cual según refiere estableció una alícuota del 20% para la PA objeto de autos.
V.1. No se comparte la interpretación de la actora, para el caso concreto, del precedente “Camaronera Patagónica” de la Corte Suprema. Corresponde señalar, en primer lugar, que, con posterioridad al decreto 509/07 se dictó la resolución 369/07 (BO: 09.11.07), que estableció para la PA de autos una alícuota de derechos de exportación del 28%. Posteriormente, se pretendió implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08). Más tarde, y de manera previa al dictado de la resolución conjunta (MEyFP) 26/08 y 28/08 –aquí cuestionada-, se dictó la resolución 182/08 (BO: 21.07.08), mediante la cual se restableció para la PA de autos la alícuota de derechos de exportación del 28% que había sido establecida por la mencionada resolución 369/07.
Sobre la validez constitucional del iter normativo descripto precedentemente, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema en “Camaronera Patagónica”, esta Sala E se ha expedido, de modo unánime, en la causa “LDC ARGENTINA S.A. c/Dirección General de Aduanas s/apelación” Expte. 38.204-A (sentencia que puede verse en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2023/04/EXPTE-N%C2%B038.204- A.pdf), a cuyos fundamentos remito y los cuales se consideran integrando la presente sentencia.
En lo que aquí interesa, tal decisorio ratifica que la resolución (MEyP) 369/07 (BO: 09.11.07) –posterior al decreto 509/07 (BO: 23.05.07)- posee una validez constitucional que se remonta al 16.01.08, oportunidad en la cual fue inequívocamente ratificada por la ley 26.351, en cuanto tuvo como fin asegurar la recaudación del aumento de alícuotas dispuesto por la mencionada resolución (ver puntos VI.2., VI.3. y VI.4. del citado fallo).
Dicha vigencia y validez legal de la alícuota del 28% establecida por la resolución MEyP 369/07 fue ininterrumpida, salvo en el periodo en que se implementaron las llamadas alícuotas móviles (resoluciones -MEyP- 125/08 y 64/08, de reconocido rechazo legislativo), siendo reestablecidas por la resolución 182/08; esto último como consecuencia del dictado del decreto 1176/08 (BO: 21.07.08), que cristalizó la voluntad del Congreso de rechazar la resolución 125/08 para retornar al régimen de alícuotas previo.
En conclusión, la alícuota del 28% establecida por la resolución 369/07 para la mercadería ubicada en la PA de autos posee validez constitucional y legal desde el 16.01.08 y hasta el 23.12.08 (salvo el período de alícuotas móviles de la resolución 125/08), fecha esta última en la cual la resolución conjunta (MEyFP) 26/08 y 28/08 fijó una alícuota del 23% , reduciendo la del 28 %.
Cabe destacar que por los fundamentos expuestos en el referido precedente de esta Sala E “LDC ARGENTINA S.A.” Expte. 38.204-A (https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2023/04/EXPTE-N%C2%B038.204 -A.pdf) las resoluciones 369/07 y 182/08, como la alícuota del 28 % -previas a la resolución conjunta (MEyFP) 26/08 y 28/08- son constitucionalmente válidas, en tanto cumplieron con el test de constitucionalidad fijado por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica” del 15.04.14.
V.2. Es correcta la decisión de la Aduana de denegar la devolución de derechos de exportación, que fueron reducidos -no aumentados-. Dicho lo anterior, la resolución conjunta (MEyFP) 26/08 y 28/08 -impugnada en estos autos- redujo la alícuota establecida para la PA de autos del 28% (constitucionalmente válida conforme los fundamentos expuestos supra, al haber sido fijada por las resoluciones 369/07 y 182/08) al 23% -alícuota efectivamente abonada por la actora-. Siendo ello así no se advierte en el caso ninguna afectación al derecho de propiedad de la actora.
Por el contrario, para que se vea afectado dicho derecho -por violación al principio de legalidad en materia tributaria- se requiere una incidencia lesiva del Poder Ejecutivo sobre tal derecho. En el caso tenemos una alícuota constitucional y legal previa -del 28 %- que, con la resolución impugnada, fue reducida por el PEN al 23 %, beneficiando así a la actora que vio disminuida su carga tributaria de aquella que legalmente percibía el Poder Ejecutivo.
La intervención del Congreso para modificar alícuotas de derechos de exportación no resulta ineludiblemente exigible -en general y respetando siempre el principio de igualdad- cuando tal modificación -o el de otro elemento esencial del tributono incide o lesiona el derecho de propiedad de los contribuyentes afectados por tal modificación. Es lo que sucede en este caso, donde el Poder Ejecutivo -unilateralmente- redujo la alícuota y la carga tributaria consecuente que el contribuyente pagaba. En el caso, el derecho de propiedad del contribuyente, por efecto de la reducción de alícuotas legales, pasó a gozar de una mayor plenitud, expandiéndose respecto de la medida en la que -legalmente- estaba afectado previo a la intervención del Poder Ejecutivo; el Poder Ejecutivo alivió su carga fiscal con el dictado de la resolución conjunta (MEyFP) 26/08 y 28/08. En consecuencia, corresponde rechazar los agravios expuestos por la actora respecto de la denegatoria de la repetición que intentó -por ser defectuoso su planteo jurídico- y confirmar las resoluciones apeladas. En este punto no es ocioso recordar, frente a la posición de la Aduana sobre el principio constitucional de legalidad en materia tributaria (que impediría una reducción de impuestos sin ley), que dicho principio está consagrado por la Constitución para limitar el ejercicio por el estado de su potestad impositiva; fue establecido en protección del patrimonio de los particulares y de la igualdad entre ellos. Dicho principio de legalidad en materia impositiva resulta inoponible a las variaciones generales en menos de las alícuotas de derechos de exportación -o de los impuestos en general-, salvaguardado que sea el principio de igualdad entre los contribuyentes, en relación a la carga tributaria que se alivia. El principio funciona como una garantía y límite en la afectación del derecho de propiedad de los contribuyentes, no existe para asegurar ingresos al estado como pretende la Aduana. Toda la inteligencia tributaria de la Constitución se articula sobre la protección del derecho de propiedad inviolable de sus ciudadanos (art. 17) y, aún, de los meros habitantes (arts. 16 y 20), así como la protección de los derechos civiles y del progreso económico de la sociedad.
V.3. Precedentes “Finning” y “Molino Cañuelas” de la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. Finalmente, no resulta desconocido que, si bien la sentencia de esta Sala E en el caso “LDC Argentina S.A.” fue consentida por las partes, un pronunciamiento análogo -causa “Molino Cañuelas SACIFIA” del 22.02.23 (https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2023/07/EX-2020-56397479-AP N-SGASAD- TFN.pdf)- fue revocado por la Sala IV de la Excma. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal (sentencia del 03.10.23 ( http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=erfPAIqyJl%2BDC40xBOsHlO7d0RtXbd6YMZnMRo9SVT E%3D&tipoDoc=sentencia&cid=60516, causa “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 56397479-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” Expte. 36809/2023).
Esta Sala E, en su sentencia del caso “MOLINO CAÑUELAS” sostuvo la validez constitucional de la Resolución (MEP) 181/08 -análoga y paralela a la de autos 182/08- con fundamento en la doble ratificación legislativa que precedió a su dictado. En efecto, cuando la Resolución (MEP) 181/08 (BO 21.07.08) fijó la alícuota del 30 % para la PA NCM 2306.30.10. no hizo otra cosa que restablecer el nivel de alícuotas de la Resolución (MEyP) 368/07 (BO: 09.11.07, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/130000-134999/134327/norma.htm) . Dichas alícuotas de la Resolución (MEyP) 368/07 habían tenido una doble ratificación legislativa: (i) cuando se dictó la ley 26.351 (BO: 16.01.08), cuyo objetivo explícito fue asegurar la recaudación de las alícuotas fijadas por las resoluciones (MEyP) 368 y 369 del año 2007 (BO: 09.11.07) y; (ii) cuando se suscitó en el Congreso un amplio debate -que culminó con su rechazorespecto a la ratificación legislativa de la Resolución 125/08 (BO: 12.03.08) que sustituía a las alícuotas fijadas por las resoluciones 368 y 369 del año 2007 por un régimen de alícuotas móviles. El rechazo explícito del Congreso a ratificar la Resolución 125/08 llevaba implícito su conformidad con el régimen de alícuotas previo (que el Congreso ya había asegurado con la ley 26.351); así lo entendió el propio Poder Ejecutivo, dictando el decreto 1176/08 por el que instruyó a que se restablecieran los niveles de alícuotas de las resoluciones 368 y 369 del 2007, lo que se materializó con el dictado de las resoluciones (MEyP) 181 y 182 del año 2008.
En tal sentido y respecto a los fundamentos de la Sala IV de la Cámara para revocar la sentencia de esta Sala en el caso “Molino Cañuelas” sobre la invalidez constitucional de Resolución 181/08 (según su interpretación de la jurisprudencia “Camaronera Patagónica”) debe recordarse que el Congreso es una asamblea política; no es un órgano judicial que se expresa en términos jurídicos técnicos. En tal sentido sus actos debe interpretarse de modo general y amplio, no estricta o formalmente. En tal sentido, siendo claramente determinable la voluntad del Congreso de ratificar -en dos oportunidades, además- los niveles de alícuotas de las resoluciones 368 y 369 del año 2007 -finalmente cristalizado en las resoluciones 181 y 182 del año 2008- no cabe a los órganos judiciales anular tan clara voluntad legislativa en base a su interpretación de un precedente de la Corte Suprema. Máxime cuando dicha jurisprudencia de la Corte Suprema (“Camaronera Patagónica”) admite una interpretación -la de esta Sala E- que no anula dicha voluntad legislativa -manifiesta e indubitable- respecto a la fijación de un determinado nivel de alícuotas de derechos de exportación.
En tal sentido, sin perjuicio del respeto que nos merecen las decisiones de la Sala IV referidas a la invalidez constitucional de la Resolución (MEyP) 181/08 (casos “Finning Argentina SA c/ EN – M Hacienda – AFIP – DGA s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 17.05.22, Expte. 86501/18) y el aquí referido “Molino Cañuelas”) ella no conmueve los fundamentos de esta Sala en cuanto a la indubitable voluntad del Congreso de ratificar las resoluciones (MEyP) 368/07 y 369/07, cristalizado en las resoluciones (MEyP) 181/08 y 182/08, de lo que se sigue la plena validez constitucional de tales alícuotas desde el 16.01.18, fecha de publicación en el Boletín Oficial de la ley 26.351; todo ello en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso “Camaronera Patagónica”.
V.4. Atento el modo en que se resuelve resulta inoficioso expedirse sobre el resto de las cuestiones controvertidas (e.g.: procedencia de la repetición de sumas por derechos de exportación que no fueron soportadas por el exportador sino trasladadas a un tercero).
VI. Costas: En relación a las costas, deben imponerse en el orden causado atento las particularidades de la cuestión debatida y no haberse resuelto la disputa con base en argumentos expuestos por las partes (art. 1163 del CA).
VII. Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Confirmar las resoluciones 410/22, 410 bis/22, 411/22, 412/22, 413/22, 423/22 y 424/22 dictadas por el Administrador de la Aduana Bahía Blanca en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17652-2-2019, 17652-9-2019, 17652-10- 2019, 17652-11-2019, 17652-12-2019, 17652-21-2019 y 17652-22-2019.
2. Imponer las costas por su orden.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto precedente.
En virtud de la votación precedente, por unanimidad, SE
1. Confirmar las resoluciones 410/22, 410 bis/22, 411/22, 412/22, 413/22, 423/22 y 424/22 dictadas por el Administrador de la Aduana Bahía Blanca en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17652-2-2019, 17652-9-2019, 17652-10- 2019, 17652-11-2019, 17652-12-2019, 17652-21-2019 y 17652-22-2019.
2. Imponer las costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, archívese y firme que quede la presente, remítanse las actuaciones administrativas a la DGA por Secretaría General de Asuntos Aduaneros.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Juárez, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA)
Date: 2024.05.10 12:35:09 -03:00 Date: 2024.05.10 13:20:19 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.10 13:20:20 -03:00
Fin de la sentencia