Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2024-18462738-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución RESOL-2024-524-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas 12542-4389-2020/1.
2Con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2026-55642044-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 4 de Junio de 2026 S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, los Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Juan M. Soria, a fin de resolver en los autos caratulados “COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente N° EX-2024-18462738- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que mediante RE-2024-18459946-APN-SGASAD#TFN se presenta por apoderado la firma COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 524 de la Aduana de Rosario de fecha 21 de diciembre de 2023, dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12542- 4389 - 2020/1, conforme la cual se rechazó la devolución de USD 507.216,48, abonados en concepto de pago espontáneo de los derechos que gravaron la exportación n° 15052EC01004471X, 15052EC01004470H y 15052EC01004463J. Afirma que la Resolución N° 181/2008 (MEP) que estableció las alícuotas no resultó respetar el principio de legalidad y reserva en materia tributaria establecido por la propia Constitución Nacional, habiendo sido ilegítima su aplicación. Se refiere a los antecedentes del caso y el giro comercial de la firma. Sostiene que la resolución dictada por el Sr. Administrador de esa Aduana presenta deficiencias ostensibles en su motivación, adoleciendo de arbitrariedad y falta de motivación. Plantea plantear la nulidad, absoluta e insanable, de la resolución objeto del presente, en orden a su insuficiente motivación y vulneración del debido proceso. Considera que se afectó el debido proceso impone la adecuada tutela del derecho del administrado a ser oído, a ofrecer pruebas y a poder producirlas correspondientemente. Realiza consideraciones respecto de la normativa involucrada, citando doctrina y jurisprudencia al respecto, y la tasa de interés aplicable a efectos de la devolución. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita Se haga lugar a lo solicitado en las acciones de repetición interpuestas oportunamente por la compañía, ordenando la devolución de las sumas reclamadas.
II. Mediante IF-2024-47926480-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado conferido. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Se refiere a los hechos y el procedimiento promovido por la contraria. Contesta los agravios planteados por la firma. Realiza el análisis de la normativa involucrada, la jurisprudencia y doctrina relacionada. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Mediante PV-2024-49033903-APN-VOCXVII#TFN se declaró la causa de puro derecho. Mediante IF-2025-46636255-APN-VOCXVII#TFN se elevaron los autos a la Sala “F” y quedaron en estado de dictar sentencia.
IV. Que, las actuaciones administrativas 12542-4389-2020/1 –fecha de origen 09/01/2023- se iniciaron con la presentación de la firma aquí recurrente solicitando devolución de lo abonado en relación a los derechos de exportación abonados en virtud de las operaciones documentadas mediante las destinaciones nros. 15052EC01004471X, 15052EC01004470H y 15052EC01004463J. En este sentido, mediante las operaciones involucradas, se documentó –oficializando las operaciones en fecha 17/06/2015- la exportación de la mercadería ubicada en la PA. 2304.00.10.100B consistente en “TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DE ACEITE DE SOJA”, con la alícuota del 32% en concepto de derechos.
A fs. 55 se agrega la liquidación en relación a las destinaciones involucradas.
En fecha 21/12/2023 se dicta la Resolución RESOL-2023-524-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, mediante la cual se rechaza el pedido de devolución incoado, apelada en esta instancia.
V. Visto ello, corresponde determinar si es ajustada a derecho la resolución que aquí se apela. Previo a todo, corresponde analizar el planteo de nulidad formulado por la actora.
Examinada la tramitación en instancia administrativa, considero que no se constata en el sumario error o vicio de tal magnitud que amerite la tacha de nulidad por causar a la agraviada indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia, por lo cual, atento a la posibilidad de la recurrente de ofrecer y producir –en esta instancia jurisdiccional- prueba con toda amplitud y exponer todos los argumentos que estimen convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Por ello, corresponde rechazar el pedido de nulidad efectuado, máxime cuando, en caso de existir la restricción de la defensa en juicio en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la C.N. no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar dicha restricción en una etapa jurisdiccional posterior (Fallos, 205-549, 247-52 consid. 1º., 267-393 consid. 12 y otros), porque de este modo se satisface la exigencia de la defensa en juicio “ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos, 205-549, consid. 5º y sus citas). Ello sin costas. En cuanto al fondo de la cuestión, los hechos que dieron origen a la presente radican en la solicitud de devolución presentada por firma recurrente solicitó por ante el servicio aduanero que, según refiere, habría abonado en demasía en concepto de los derechos de exportación con relación a las operaciones documentadas mediante los permisos de embarque (PE) 15052EC01004471X, 15052EC01004470H y 15052EC01004463J, siendo la alícuota pagada del 32%.
Preliminarmente, corresponde realizar dos aclaraciones.
Respecto de la primera, relativa a la aplicación del plenario dictado por este Tribunal, considero que dicho acuerdo se limita únicamente a los procedimientos de repetición del Decreto 793/2018 y teniendo en cuenta que en los presentes actuados el procedimiento se refirió a la Resolución N° 181/2008, no corresponde realizar aplicación automática de dicho acuerdo al tema planteado, sino analizar la cuestión en base a la normativa involucrada y, en caso de corresponder, a la luz de los lineamientos fijados por el Máximo Tribunal al respecto.
En cuanto a la segunda, relativa al quantum de la alícuota cuestionada, cabe señalar que la actora reconoce la validez de la exigencia tributaria fijada por el Decreto N° 509/2007 en un 24%, cuestionando, en definitiva, el incremento del 8% que ostenta la fijada por la resolución puesta en crisis. Adentrándose al thema decidendum, el recorrido normativo que corresponde trazar parte del Decreto 509/07, a continuación del cual fue dictada la Resolución 368/07 (BO: 09.11.07), que estableció una alícuota de derechos de exportación del 32%. Posteriormente, se pretendió implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la Resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08)-, y luego variables –mediante el dictado de la Resolución (MEyP) 64/08 (BO: 02.06.08)-. Con el dictado de la resolución 181/08 (BO: 21.07.08), se restableció para la posición arancelaria involucrada en autos de autos la alícuota de derechos de exportación del 32% que había sido establecida por la mencionada Resolución 368/07.
Ahora bien, determinado el marco del análisis, cabe señalar que la temática que debemos abordar fue examinada y resuelta por el Máximo Tribunal en el caso “CAMARONERA PATAGÓNICA”.
En el precedente citado los magistrados fijaron los lineamientos para definir si una norma mediante la cual el Poder Ejecutivo fija derechos de exportación cumple con el estándar constitucional –lo que otorgaría legalidad a dicha exigencia tributaria- o si, por el contrario, se excedió las atribuciones otorgadas a tal poder conforme la forma republicana de gobierno, invalidando de este modo la alícuota establecida mediante el actuar infundado.
Más allá de que en el precedente referido se declaraba la inaplicabilidad de dos resoluciones dictadas por el Ministerio de Economía, particularmente las N° 11/02 y N° 150/02, lo que nos concierne del fallo del Máximo Tribunal es que se entendió que dichas resoluciones eran violatorias de los arts. 76 y 99 inc 3 de la Constitución Nacional, toda vez que el Poder Ejecutivo no podía dictar normas de carácter legislativo en materia tributaria, resaltando que, en cuanto a la división de competencias entre los poderes del Estado, la interpretación de dichos artículos debía ser estricta.
En lo que refería a la delegación para la creación del tributo contenido en la resolución 11/02 -legislación delegada dictada con sustento en la legislación delegante preexistente a la reforma de la Constitución Nacional de 1994-, la Corte consideró inadmisible la normativa reseñada durante el período en que no contó con la ratificación del Congreso de la Nación, pero la reconoció como válida a posteriori de la ratificación efectuada, por cuanto a partir de allí existió una voluntad por parte del legislador lo suficientemente clara como para darle entidad legal idónea y poseer validez en los términos establecidos por el artículo 76 de la CN. En definitiva, la Corte invalidó parcialmente y hacia el pasado la norma ministerial por considerarla carente de respaldo legal y la convalidó desde la aprobación legislativa hacia el futuro.
Nuestra Carta Magna prohíbe la delegación legislativa en el poder ejecutivo, expresando en su art. 76 que “…Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca…”. Asimismo, el art. 99 inc. 3 señala: “…El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros…”.
Por su parte, en la ley 26.122 se establece que: "…las bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado no pueden ser objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo…", y que el "…Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente…",“… las Cámaras se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional…”.
Lo reseñado precedentemente conforma un mecanismo de revisión –posterior- a las normas delegadas por el PEN, pudiendo aprobarlas o rechazarlas. Esto significa que, si bien el Congreso delega facultades legislativas, también las controla posteriormente a través del mecanismo antedicho.
Por lo expuesto, teniendo en consideración que la Resolución N° 181/2008 modificó el elemento cuantitativo del tributo -parte estructural del impuesto- y que el mismo no fue posteriormente validado por el Congreso, se afectó el principio de legalidad tal como se estableció la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” donde, conforme lo referido precedentemente, se estableció el estándar de ratificación por el Congreso de una norma delegada nula de nulidad absoluta e insanable por inexistencia de norma delegante o incumplimiento de los requisitos del art. 76 de la Constitución. La tesitura expuesta por el suscripto y el fundamento principal utilizado para definir la suerte de la cuestión debatida en autos, son idénticos a los esgrimidos por la Alzada en los casos donde se examinó la situación fáctica equivalente a la de autos.
En tal sentido, la SALA IV falló en el Expte. nº CAF 86501/2018/CA1: “FINNING ARGENTINA SA C/ EN - M HACIENDA - AFIP - DGA S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO” señalando que “…la norma aquí cuestionada no se ajusta a los parámetros señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación queda completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo, con mella irreversible de la garantía constitucional señalada. En efecto, ni el art. 755 del Código Aduanero ni la Ley de Ministerios en que se funda la delegación legislativa que da base a la Resolución 181, fijan una escala, un límite mínimo y máximo, o algún otro parámetro que permita determinar la alícuota del derecho de exportación. Por último, cabe destacar que, a diferencia de lo analizado por la Corte en el considerando 11 del referido precedente “Camaronera Patagónica”, la resolución aquí cuestionada no fue ratificada o aprobada posteriormente por una ley emitida por el Congreso Nacional.
En función de lo expuesto, entiendo que corresponde declarar la invalidez de la Resolución 181, impugnada en autos. Ello, toda vez que no cumple con los presupuestos legales y constitucionales requeridos para que opere eficazmente ya que carece de sustento legal, al crear una carga tributaria y fijar una alícuota de derechos de exportación en materia reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso Nacional, sumado a la falta de una clara política legislativa que permita el ejercicio de tal atribución.”.
Asimismo, en la causa 36809/2023 “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 56397479-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, la misma Sala sentenció que “…en definitva, no caben dudas de la invalidez constitucional de la resolución MEyP 181/08, toda vez que por su intermedio se creó una carga tributaria y se fijó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa o base de delegación suficiente; incursionando de esta manera el Poder Ejecutivo Nacional en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación. Además, porque –de conformidad con la señalada doctrina del Máximo Tribunal– tampoco es posible identificar una ley formal que, al momento imponible de las exportaciones involucradas en el caso, hubiese otorgado rango legal a la alícuota establecida por la aludida resolución ministerial, en la porción que aquí se discute.”. Por su parte, Sala II entendió en el expediente n° 26814/2025 caratulado “Compañía Argentina de Granos SA (TF 52840304-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” que “…la cuestión a resolver en estos actuados resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa “Compañía de Granos SA (TF 16791058-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, expte. N° 3.598/2025, sentencia del 19/06/2025 (ver específicamente Considerandos VI a XI), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. El texto íntegro del pronunciamiento puede ser consultado en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar).
En esa oportunidad este Tribunal, aplicando el precedente “Camaronera Patagónica”, resolvió que el Poder Ejecutivo carecía de facultades para fijar derechos de exportación como lo hiciera en el caso, pues el artículo 755 del Código Aduanero no constituye una norma delegante válida en ausencia de una ley del Congreso que establezca los elementos esenciales del tributo. Se especificó que el aspecto cuantitativo de los derechos de exportación establecidos por la Resolución N° 181/2008 (MEP) respondió de manera exclusiva a su decisión discrecional, sin contar con el imprescindible respaldo de una “clara política legislativa”, que fijara la totalidad de los aspectos cuantitativos del impuesto, materia reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Nación. Por lo que, en definitiva, corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad —en el caso— de la Resolución N° 181/2008 (MEP) y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados en exceso, al oficializar el despacho de exportación denunciado (10/09/2013), cuyo pago —por lo demás— no fue desconocido en autos por la demandada (en el mismo sentido Sala IV del Fuero en autos 41.274/2023 “Molinos Río de la Plata SA (TF 39.038-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 8/8/2023).”.
Por ello, lo expuesto me lleva a concluir que en este caso corresponde declarar la invalidez de la exigencia tributaria realizada en base a la Resolución N° 181/2008, y hacer lugar a la devolución de la diferencia entre la alícuota del 24% -correspondiente en los términos del Decreto 509/07- y la del 32% -abonada-.
VI. Que, en relación a la moneda en que debe efectuarse la devolución, siendo pacifica la jurisprudencia al respecto, siguiendo los lineamientos del precedente de la C.S.J.N. “CENCOSUD” -("Cencosud SA - TF 29.535-A c/DGA", del 15/05/2014)-, y teniendo en consideración que la actora abonó los tributos en pesos –véase el VEP acompañado a tal efecto en oportunidad de solicitar la devolución-, no cabe duda alguna que corresponde reintegrar la misma moneda que la que abonó la firma.
Que, definida la moneda de pago, el reintegro deberá ser comprensivo de los intereses devengados desde la petición administrativa de repetición y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), calculado según las tasas vigentes correspondientes a cada período, conforme a la reglamentación emitida al respecto.
VII. En cuanto a las costas del proceso, las mismas deben imponerse al Fisco por cuanto no encuentro razones para apartarme del principio general de la derrota (art. 1163 del C.A.).
Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Revocar la Resolución RESOL-2023-524-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas n° 12542-4389-2020/1.
2. Costas al Fisco.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que respecto a los hechos traídos a estudio, corresponde remitirse “brevitatis causae” a la descripción realizada en el voto que antecede.
II. Que, sentado ello, cabe destacar el artículo 151 de la ley 11.683 establece expresamente, en relación a este Tribunal Fiscal, que “...Cuando una cuestión de derecho haya sido objeto de pronunciamientos divergentes por parte de diferentes salas, se fijará la interpretación de la ley que todas las salas deberán seguir uniformemente de manera obligatoria, mediante su reunión en plenario...” (el subrayado me pertenece).
III. Que, bajo tales premisas, corresponde destacar que en fecha 26 de abril de 2022, en virtud del Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, la competencia aduanera de este Tribunal Fiscal por mayoría -el suscripto no participó del referido Acuerdo por encontrarse en uso de licencia- acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
IV. Que, por ende, teniendo en expresa consideración lo ordenado en el referido artículo 151 de la ley 11.683, y sin perjuicio de la opinión en contrario sostenida por el suscripto in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA” (EX-2020-24711043- -APN-SGASAD#TFN), del 22 de diciembre de 2021 y “Bunge Argentina S.A” (Expte. Nro. 36.695-A), del 7 de febrero de 2022, entre muchos otros, a los fines de la resolución de la litis resulta plenamente aplicable la posición legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, en tanto la operatoria dispuesta por la normativa impugnada en autos, que fijara derechos de exportación a las posiciones arancelarias allí estipuladas resulta similar, mutatis mutandi, a aquella establecida en el Decreto Nro. 793/2018, cuya validez ha sido expresamente receptada en la doctrina plenaria de referencia, por lo que resulta ajustado a derecho confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma recurrente, en relación a la destinación involucrada en autos.
V. Que atento a que se resuelve en base a una decisión Plenaria de este Tribunal y a la complejidad de la cuestión debatida en virtud de la cual las partes pudieron considerarse con derecho a litigar, corresponde imponer las costas por su orden.
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar la Resolución aduanera apelada en autos.
2. Costas por su orden.
ASÍ LO VOTO.-
El Dr. Soria dijo:
I. Me remito a los considerandos I a IV del voto del Dr. González Palazzo.
II. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -RESOL-2024-524-E-AFIP- ADROSA#SDGOAI -, en cuanto rechaza la solicitud de devolución de derechos de exportación interpuesta por la firma COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA, se ajusta a derecho.
La actora solicita la devolución de la suma de U$S507.216,48, que según refiere habría abonado en demasía con relación a los permisos de embarque (PE) 15052EC01004471X, 15052EC01004470H y 15052EC01004463J. Mediante tales PE documentó la exportación de la mercadería ubicada en la PA 2304.00.10.100B –HARINA DE TORTAS-LEY.21453-Y DEMAS RESIDUOS DE LA EXTRACCION DE ACEITE DE SOJA-, abonando los derechos de exportación establecidos por la resolución 181/08 (BO:
21.07.08. que fijó, para esa PA, una alícuota del 32% (Ver art. 1 y Anexo de la referida resolución). De modo liminar, cabe precisar que las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta -28.04.15 y 22.05.15 para el PE de autos- conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La actora cuestiona la validez de toda la normativa dictada con posterioridad al decreto 509/07, por los fundamentos que expone, que remiten al precedente de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15.04.14. En esta línea, manifiesta que la única normativa que tuvo refrenda legislativa -y sería por ende constitucional- fue el mencionado decreto 509/07 (BO: 23.05.07), el cual según refiere estableció una alícuota del 24% para la PA objeto de autos.
III.1. Corresponde señalar, en primer lugar, que con posterioridad al decreto 509/07 (BO: 23.05.07) se dictó la resolución 368/07 (BO: 09.11.07), que estableció para la PA de autos una alícuota de derechos de exportación del 32%. Posteriormente, se pretendió implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08)-, y luego variables –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 64/08 (BO: 02.06.08)-. Más tarde, se dictó la resolución 181/08 (BO: 21.07.08), mediante la cual se restableció para la PA de autos la alícuota de derechos de exportación del 32% que había sido establecida por la mencionada resolución 368/07.
Sobre la validez constitucional del iter normativo descripto precedentemente, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema en “Camaronera Patagónica”, esta Sala E se ha expedido, de modo unánime, en la causa “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. c/Dirección General de Aduanas s/apelación” EX -2020- 56397479-APN-SGASAD#TFN, sentencia del 22.02.23, a cuyos fundamentos remito y los cuales se consideran integrando la presente sentencia.
En lo que aquí interesa, tal decisorio ratifica que la resolución (MEyP) 368/07 (BO: 09.11.07) –posterior al decreto 509/07 (BO: 23.05.07)- posee una validez constitucional que se remonta al 16.01.08, oportunidad en la cual fue inequívocamente ratificada por la ley 26.351, en cuanto tuvo como fin asegurar la recaudación del aumento de alícuotas dispuesto por las mencionadas resoluciones (ver puntos VI.2., VI.3. y VI.4. del citado fallo).
Dicha vigencia y validez legal de la alícuota del 32% establecida por la resolución MEyP 368/07 fue ininterrumpida, salvo en el periodo en que se implementaron las llamadas alícuotas móviles (resoluciones - MEyP- 125/08 y 64/08, de reconocido rechazo legislativo), siendo reestablecida por la resolución 181/08; esto último como consecuencia del dictado del decreto 1176/08 (BO: 21.07.08), que cristalizó la voluntad del Congreso de rechazar la resolución 125/08 para retornar al régimen de alícuotas previo. En conclusión, la alícuota del 32% establecida por las resoluciones 368/07 y 181/08 para la mercadería ubicada en la PA de autos posee validez constitucional y legal desde el 16.01.08. Tal vigencia se extiende hasta el 17.12.15, fecha la última en la cual el decreto 133/15 fijó una alícuota del 27%, reduciendo la del 32%. Siendo la fecha de cierre de venta de la mercadería del PE de autos del 28.04.15 y 22.05.15, deben rechazarse los agravios de la actora en cuanto a la invalidez de la alícuota del 32% aplicable. Cabe destacar que por los fundamentos expuestos en el referido precedente de esta Sala E “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.” EX -2020-56397479-APN-SGASAD#TFN las resoluciones 368/07 y 181/08, como la alícuota del 32%, son constitucionalmente válidas, en tanto cumplieron con el test de constitucionalidad fijado por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica” del 15.04.14. En consecuencia, corresponde rechazar los agravios expuestos por la actora respecto de la denegatoria de repetición que intentó -por ser defectuoso su planteo jurídico- y confirmar la resolución apelada.
IV. Sin perjuicio de todo lo expuesto, a los fines de alcanzar la mayoría necesaria para dictar sentencia, y coincidiendo la resolución sustantiva propiciada por mi voto con la solución dispositiva -prescindente de todo examen constitucional- del plenario del tribunal del 26.04.22, voto, en los mismos términos que el Dr. Garbarino, por su aplicación, imponiendo las costas por su orden.
V. Por todo lo anterior VOTO POR:
Confirmar la resolución RESOL-2024-524-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas 12542-4389-2020/1, con costas por su orden.
Así lo voto.-
Que, en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución RESOL-2024-524-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas 12542-4389-2020/1.
2. Con costas por su orden.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal Títular de la Vocalía de la 17a Nominación), Pablo A. Garbarino (Vocal Títular de la Vocalía de la 16a Nominación) y Juan M. Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a Nominación).
Date: 2026.06.01 09:04:59 -03:00 Date: 2026.06.01 11:13:21 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.04 15:21:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.04 15:22:28 -03:00
Fin de la sentencia