Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2024-52775565-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución RESOL-2024-239-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas 17134-1776-2017/85, con costas a la actora (Art. 1163 del CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-26507744-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 13 de Marzo de 2026 DE GRANOS S.A.
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Juan Manuel Soria, y Christian González Palazzo (como subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14ª Nominación), con la presidencia de la Sala a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos " COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A. C/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación", EX-2024-52775565- -APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
I. El 21.05.24 mediante el RE-2024-52774554-APN-SGASAD#TFN, la actora por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2024-239-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada por la Aduana de San Lorenzo, recaída en el expediente administrativo SIGEA N° 17134- 1776 – 2017/85, mediante la cual no se hace lugar a la solicitud de devolución de USD 86.876,00 en concepto de supuestas diferencias de derechos de exportación vinculado al Permiso de Embarque (“PE”) 12057EC01007178R oficializado el 08.08.12, y conforme fecha de cierre de venta según ley 21.453 el 02.07.12, con más sus intereses – el importe fue pagado en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo mediante Resolución del Ministerio de Economía Nro. 182/08-, incoada por la firma "COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A.”. Hace una breve descripción de los antecedentes y de la actividad que desarrolla la empresa. Seguidamente fundamenta el recurso y argumenta graves inconsistencia en la resolución. En su presentación, la recurrente se agravia de los derechos de exportación fijados mediante la Resolución ME N°182/08, manifestando que dichos tributos resultan ilegítimos, conforme el art. 99, inc. 3° de la C.N. Entiende que el fallo de la Corte Suprema "Camaronera Patagónica" brindó lineamientos claros para el efectivo cumplimiento del principio de legalidad y reserva de ley que la resolucion atacada no cumple. Relata que, mediante la Res. 182/2008 se incrementaron las alícuotas de los Derechos de Exportación correspondientes a la posición arancelaria de los bienes exportados en las operaciones comprometidas, que no contaron con autorización ni ratificación por parte del PLN, resultando inaplicables por ser contrarias al ordenamiento jurídico aplicable. Afirma que corresponde se aplique la alícuota de derechos de exportación nominal del 24% que establece el Decreto N° 509/2007 para la mercadería 1507.10.00.100 Q. Expresa que la tasa de interés fijada por el art. 3 de la Resolución N° 314 (modificada por la Resolución 841/2010) es violatoria del derecho de igualdad, razonabilidad, seguridad jurídica y legalidad. Cita jurisprudencia, hace reserva de plantear el caso federal, solicita que se haga lugar at recurso de apelación interpuesto y deje sin efecto la resolucion recurrida, con costas.
II. El 17.10.24, por medio del IF-2024-113647345-APN-DTD#JGM la representante fiscal contesta el traslado del recurso. Luego de hacer una negativa genérica, contesta el traslado conferido. Manifiesta que la actora realiza una interpretación desacertada del Fallo "Camaronera" y afirma que en dicho precedente se expone que las leyes 22.415 y 25.561 "no establecieron los recaudos mínimos del tributo" y que no existió una "clara política legislativa" distinto al presente caso, que los recaudos establecidos por la normativa se han cumplido, porque las resoluciones atacadas han sido dictadas en el marco de las funciones que acuerda el Poder Ejecutivo en los artículos 664 y 755 del Código Aduanero y con la limitación determinada por el art. 666 del citado cuerpo legal. Cita jurisprudencia y explica que la Resolución ME N° 182/2008 y el decreto 100/12 se dictaron en función de lo previsto en la Ley 22.415, en la Ley de Ministerios y sus modificaciones, y en caso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2752/1991 y 2275/1994 y sus modificatorios. Expresa, con relación a la tasa de interés, que en autos corresponde la aplicación de la Resoluci6n Ministerial N° 314/2004 y recién a partir del 1° de agosto de 2019 la Resoluci6n N° 598/2019 y no retroactivamente como plantea la firma exportadora. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolucion apelada, con costas.
III. Que la Actuación SIGEA N° 17134-1776-2017/85 se inicia el 22.12.17, con la solicitud de devolución de derechos de exportación abonados en el PE 12057EC01007178R por la suma de USD 86.876,00. A continuación, luce planilla SIM, luego, la Sección Inspección Simultanea informa que, no correspondería hacer lugar a la repetición solicitada ya que no se considera competente para resolver la cuestión de supremacía de leyes. Seguidamente, se rechaza la producción de prueba informativa y pericial contable por inconducente y dilatoria. A continuación la firma presentó una acción de revocatoria, luego, se dictó la resolución RESOL-2024-239-E- AFIP-ADSALO#SDGOAI que viene a apelar ante este Tribunal.
IV. El 24.02.26 se elevan los autos a la Sala "E” y EL 25.02.26 se los pasa a sentencia.
V. De acuerdo a la índole de las cuestiones planteadas, en primer lugar, corresponde tratar los agravios expuestos en el punto IV. a.- del escrito de apelación, titulado GRAVES INCONSISTENCIAS EN LA RESOLUCIÓN RESOL- 2024- 239- E- AFIP- ADSALO # SDGOAI conjuntamente con el agravio expuesto en el punto IV. c.- del escrito de apelación, titulado PLANTEA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN COMO DEFENSA DE FONDO. En tales condiciones, es preciso resaltar que el análisis de las circunstancias en relación a dichos planteos, no puede efectuarse en forma mecánica, sino sopesando la gravedad de las irregularidades expuestas y la posibilidad de su subsanación en cada caso en concreto.
Es así que, en el caso de autos, no se constata que en sede aduanera se hubieren producido errores o vicios, que causaren a la actora una indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia.
Así las cosas, es claro que la actora contó con la suficiente oportunidad para ofrecer y producir toda la prueba que evaluare pertinente en esta sede a fin de ejercer su derecho de defensa. Al respecto, es relevante señalar que la CSJN ha sostenido en reiteradas oportunidades que la violación de la garantía constitucional contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa judicial posterior (Fallos, 205:549, 247:52, 267:393, y “RECKITT BENCKISER S.A.”, expte. N° 22.419- A, 13.08.07) entre otros.
En cuanto a las presuntas inconsistencias e irregularidades respecto a la fundamentación de la resolución aduanera, debe señalarse que la Resolución N° RESOL-2024-239-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada en el sumario, aparece fundada, en cuanto a la exposición de los hechos, causa, motivación y derecho aplicable (conf. Art. 7° de la LNPA) y el hecho de que los argumentos allí expuestos hayan resultado contrarios a la posición de la actora de ninguna manera permiten considerar la nulidad de la misma.
En consecuencia, conforme a lo expuesto, no corresponde hacer lugar a las nulidades planteadas, con costas.
VI. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada RESOL-2024-239-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI de la Aduana de San Lorenzo, en cuanto denegó la devolución de la suma pretendida por la firma COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A. en concepto de diferencia de derechos de exportación abonados con relación al PE 12057EC01007178R, correspondiente al expte. SIGEA 17134-1776-2017/85, se ajusta a derecho. La actora documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 1507.10.00.100Q –A granel (Ley 21.453) – Aceite en bruto, incluso desgomado ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE- abonando los derechos de exportación establecidos por la resolución 182/08 (BO: 21.07.08) que fijó, para esa PA, una alícuota del 32% (Ver art. 1 y Anexo de la referida de la resolución). De modo liminar, cabe precisar que las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta -02.07.12 para el PE de autos- conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La actora toma como válidos los tributos del decreto 509/07 que establecían una alícuota del 24%, reclamando una diferencia del 8%.
Corresponde señalar, que con posterioridad al decreto 509/07 (BO: 23.05.07) se dictó la resolución 369/07 (BO: 09.11.07), que estableció para la PA de autos una alícuota de derechos de exportación del 32%. Posteriormente, se pretendió implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08)-, y luego variables –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 64/08 (BO: 02.06.08)-. Más tarde, se dictó la Resolución 182/08 (BO: 21.07.08), mediante la cual se restableció para la PA de autos la alícuota de derechos de exportación del 32% que había sido establecida por la mencionada Resolución 369/07. Cabe destacar que la Res. 182/08 se dicta en cumplimiento de lo dispuesto en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 755 de la Ley Nº 22.415 (Código Aduanero), por el Artículo 19 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, por el Artículo 2º del Decreto Nº 1176/08 y por los Decretos Nros. 2752 de fecha 26 de diciembre de 1991 y 2275 de fecha 23 de diciembre de 1994.
Que en primer lugar, la ley 25.561 (BO: 07.01.02) en cuanto declaró la emergencia cambiaria y económica que motivó la creación por el Congreso del derecho de exportación y la delegación en el Poder Ejecutivo de las facultades legislativas para fijar las alícuotas, fue prorrogada por el Congreso mediante las leyes 25.972 (BO: 17.12.2004); 26.077 (BO: 10.01.2006); 26.204 (BO: 20.12.2006); 26.339 (BO: 04.01.2008); 26.456 (BO: 16.12.2008); 26.563 (BO: 22.12.2009); 26.729 (BO: 28.12.2011); 26.896 (BO: 22.10.13) y 27.200 (BO:
04.11.15. que extendió su vigencia hasta el 31.12.17.
En tal sentido, durante un periodo de 15 años desde su creación y mediante sus sucesivas prórrogas existió una indubitable y clara voluntad del Congreso de gravar con derechos de exportación a las operaciones de este tipo. Las regulaciones legales del Congreso, especiales y específicas, se dispusieron además sin perjuicio del régimen general de delegación legislativa de la ley constitucional 26.122 (sancionada por el Congreso conforme la manda del art. 99 inc. 3 cuarto párrafo de la Constitución), vigente desde el 28.07.06 para todas las normas delegadas dictadas por el PEN -es decir previo al dictado del decreto 509/07 y cuyos fundamentales arts. 17 y 24 establecen la vigencia de las normas delegadas dictadas por el PEN desde su entrada en vigencia y hasta su ratificación o derogación por parte del Congreso. En caso de ratificación de la norma delegada por el Congreso, tal ratificación tiene efecto retroactivo y aún en el caso de su derogación, los efectos de tal acto derogatorio son prospectivos.
VII. Que atento los diversos planteos efectuados por la recurrente, corresponde en este punto dejar sentado que conforme lo dispuesto en el artículo 1164 del C.A., el Tribunal Fiscal de la Nación no puede pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiera declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso este Tribunal podrá seguir la interpretación del Alto Tribunal.
VIII. Que en relación a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.”.
IX. Que en relación a la presunta vulnerabilidad del Principio de Reserva Legal planteado por la recurrente, debemos tener presente que al momento de los hechos de autos -y en la actualidad-, estas normas constitucionales interactuaban en forma conjunta al declarar la “vigencia” de la ley 22.415, ha declarado, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas, y en los términos en ella consignados, y fundamentalmente, con la ley 26.122 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 28-07-2006) que, precisamente, ha establecido un mecanismo adecuado de control y aprobación “a posteriori” (con posterioridad) del Congreso de la Nación, de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la C.S.J.N. que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (Conforme doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
La ley 26.122, que se publicó en el Boletín Oficial el 28/07/2006 y que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 06/08/2006, es de nuclear importancia para comprender el tratamiento que a partir de esa fecha corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa, los cuales, a partir de entonces, si bien mantienen la fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior por parte de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Es una norma central, que concilia los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad. La C.S.J.N. tiene dicho que “Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía, Francisco M. LL, 82, 690) (el subrayado me pertenece).
Corresponde en primer lugar efectuar una diferenciación y precisión conceptual: una cosa es establecer o fijar una alícuota de un tributo y otra muy distinta es “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Con respecto al primer supuesto, rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación.
Se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El artículo 17 de la ley 26.122, aplicable al caso de autos, establece precisa-mente que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil (actual Art. 5° del Código Civil y comercial de la Nación), es decir, que son plenamente válidos desde su dictado y publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los Decretos del Poder Ejecutivo, dictados en el ejercicio de facultades delegadas, gozan de plena validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y la misma se mantiene en tanto y en cuanto, el órgano delegante, el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
Debe tenerse presente que la Ley de Presupuesto de la Nación, habitualmente denominada “ley de leyes”, tiene precisamente por función establecer las pautas de recaudación, entre ellas, los derechos de exportación, que van a solventar -entre muchos otros- los gastos de la nación.
En definitiva, se ha cumplido con la finalidad procurada por la ley 26.122, esto es, que el Congreso de la Nación apruebe lo actuado en el marco de las facultades delegadas.
En este punto debe tenerse presente que el artículo 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba claramente habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
X. Cabe destacar que, las cuestiones planteadas en el presente caso, son análogas a lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en el fallo Plenario como he comentado ut-supra, donde se aplicó la siguiente doctrina con fecha 26/04/2022, mediante IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- - APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.
XI. Por último, corresponde aclarar que no es factible extender -como lo solicita la parte actora- al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122) y producida la convalidación legislativa de las alícuotas establecidas por el Poder Ejecutivo.
XII. Que en virtud de lo expuesto, los derechos de exportación fijados en la Res. 182/08 del Ministerio de Economía y Producción con sustento en la Emergencia Económica resulta legítimamente exigible y correctamente abonados al momento de documentarse la exportación a consumo 12057EC01007178R, correspondiendo, en consecuencia, confirmar la Resolución RESOL-2024-239-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI en cuanto deniega la acción de repetición interpuesta por la actora COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A. Por las mismas razones, el planteo referido a moneda/tipo de cambio deviene abstracto, en la medida en que presupone la procedencia de la repetición, la cual se rechaza.
XIII. En relación a las costas, por la forma en que se resuelve, considero que las mismas deben ser impuestas a la actora vencida en conformidad a lo dispuesto en el art. 1163 del C.A..
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2. Confirmar la Resolución RESOL-2024-239-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI de la Aduana de San Lorenzo, correspondiente al SIGEA 17134-1776-2017/85, al momento de documentarse la exportación a consumo 12057EC01007178R, con costas (art. 1163 del C.A.).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Me remito a los considerandos I a IV del voto del Dr. Héctor H. Juárez.
II. Adhiero al voto del Dr. Juárez en cuanto al rechazo del planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
III. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -RESOL-2024-239-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI-, en cuanto rechaza la solicitud de devolución de derechos de exportación interpuesta por la firma COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA, se ajusta a derecho.
La actora solicita la devolución de la suma de u$s86.876 que, según refiere, habría abonado en demasía con relación al permiso de embarque (PE) 12057EC01007178R. Mediante tal PE documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 1507.10.00.100Q –A granel (Ley 21.453) – Aceite en bruto, incluso desgomado ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE- abonando los derechos de exportación establecidos por la resolución 182/08 (BO: 21.07.08) que fijó, para esa PA, una alícuota del 32% (Ver art. 1 y Anexo de la referida de la resolución). De modo liminar, cabe precisar que las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta -02.07.12 para el PE de autos- conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La actora cuestiona la validez de todas las resoluciones, por los fundamentos que expone, que remiten al precedente de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15.04.14.
IV. Corresponde señalar, en primer lugar, que con posterioridad a la resolución ME 35/02 se dictó la resolución MEyP 10/07 (BO: 12.01.07), que estableció para la PA de autos un derecho de exportación adicional del 4%, llevando la alícuota al 24%. Posteriormente, mediante el decreto 509/07 (BO: 23.05.07) se mantuvo, para la PA de autos, el derecho de exportación adicional creado por la mencionada resolución MEyP 10/07, fijándose en consecuencia una alícuota de derechos de exportación del 24% (Ver art. 16 y Anexo XIV del referido decreto). Luego se dictó la resolución 369/07 (BO: 09.11.07), que estableció para la PA de autos una alícuota de derechos de exportación del 32%. Posteriormente, se pretendió implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08)-, y luego variables –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 64/08 (BO: 02.06.08)-. Más tarde, se dictó la resolución 182/08 (BO: 21.07.08), mediante la cual se restableció para la PA de autos la alícuota de derechos de exportación del 32% que había sido establecida por la mencionada resolución 369/07.
Sobre la validez constitucional del iter normativo descripto precedentemente, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema en “Camaronera Patagónica”, esta Sala E se ha expedido, de modo unánime, en la causa “LDC ARGENTINA SA c/ Dirección General de Aduanas s/apelación” Expte. 38.204-A, sentencia del 22.02.23, a cuyos fundamentos remito y los cuales se consideran integrando la presente sentencia.
En lo que aquí interesa, tal decisorio ratifica que la resolución (MEyP) 369/07 (BO: 09.11.07) –posterior al decreto 509/07 (BO: 23.05.07)- posee una validez constitucional que se remonta al 16.01.08, oportunidad en la cual fue inequívocamente ratificada por la ley 26.351, en cuanto tuvo como fin asegurar la recaudación del aumento de alícuotas dispuesto por la mencionada resolución (ver puntos VI.2., VI.3. y VI.4. del citado fallo). Dicha vigencia y validez legal de la alícuota del 32% establecida por la resolución MEyP 369/07 fue ininterrumpida, salvo en el periodo en que se implementaron las llamadas alícuotas móviles (resoluciones - MEyP- 125/08 y 64/08, de reconocido rechazo legislativo), siendo restablecidas por la resolución 182/08; esto último como consecuencia del dictado del decreto 1176/08 (BO: 21.07.08), que cristalizó la voluntad del Congreso de rechazar la resolución 125/08 para retornar al régimen de alícuotas previo.
En conclusión, la alícuota del 32% establecida por la resolución 369/07 para la mercadería ubicada en la PA de autos posee validez constitucional y legal desde el 16.01.08. Siendo la fecha de cierre de venta de la mercadería del PE de autos (12057EC01007178R) posterior al 16.01.08 –es el 02.07.12, ver en el PE agregado a las actuaciones administrativas- deben rechazarse los agravios de la actora en cuanto a la invalidez de la alícuota del 32 % aplicable.
Cabe destacar que por los fundamentos expuestos en el referido precedente de esta Sala E “LDC ARGENTINA SA” Expte. 38.204-A, las resoluciones 369/07 y 182/08, como la alícuota del 32% son constitucionalmente válidas, en tanto cumplieron con el test de constitucionalidad fijado por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica” del 15.04.14.
En consecuencia, corresponde rechazar los agravios expuestos por la actora respecto de la denegatoria de la repetición que intentó -por ser defectuoso su planteo jurídico- y confirmar la resolución apelada.
V. Costas: En relación a las costas, atento a que se aplica jurisprudencia del tribunal que data del 22.02.23 ("LDC Argentina S.A." Expte. 38.204 y "Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A." EX-2020-563974379- -APN- SGASAD#TFN) deben imponerse a la actora vencida (art. 1163 del CA).
VI. Por todo lo anterior, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2. Confirmar la resolución RESOL-2024-239-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas 17134-1776-2017/85, con costas a la actora.
El Dr. Christian González Palazzo dijo:
Adhiero al voto del Dr. Soria.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución RESOL-2024-239-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas 17134-1776-2017/85, con costas a la actora (Art. 1163 del CA).
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese. Suscriben la presente los Dres. Héctor H. Juárez, Juan Manuel Soria y Christian González Palazzo (Vocal subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación) -conf. art. 52 del Reglamento de Procedimientos del TFN-).
Date: 2026.03.13 11:23:19 ART Date: 2026.03.13 19:34:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Subrogante Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.03.13 20:26:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.13 20:27:25 -03:00
Fin de la sentencia