Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2023-149515196-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución RESOL-2023-519-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas 17134-46-2023.
2Imponer las costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-21940650-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 28 de Febrero de 2025 GRANOS SA Se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E” Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Miguel N. Licht (como subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14ª nominación) con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados “COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, expediente EX-2023-149515196- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que mediante RE-2023-149514786-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA e interpone recurso de apelación contra la resolución RESOL-2023-519-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-46-2023, mediante la cual no se hace lugar a la solicitud de devolución de u$s11.863,125 vinculado al Permiso de Embarque (“PE”) 17057EC01003303X con más intereses -importe pagado en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 133/15-. Manifiesta que el Decreto 133/15 por el cual se establecieron aquellas alícuotas, no respeta el principio de legalidad y reserva en materia tributaria establecido por la propia Constitución Nacional (“CN”), habiendo sido ilegítima su aplicación, la cual ha lesionado gravemente los derechos de propiedad y libre ejercicio de la industria lícita que amparan a la Compañía, al mismo tiempo de configurar un enriquecimiento sin causa en favor del Fisco Nacional.
Describe la actividad que desarrolla la compañía en el país y su posición a nivel internacional. Entiende que la resolución que aquí se apela tiene graves inconsistencias, entre otras, que la División Aduanera resolvió denegar las solicitudes de repetición apartándose del procedimiento establecido por el propio CA y utilizó fundamentos poco claros y disuasivos que tergiversaron lo estrictamente requerido por la Compañía. Para ello, agrega que el acto administrativo para ser válido, requiere ser causado y expresar en forma concreta las razones que lo motivan, debiendo, a su vez, encontrar pleno sustento en el derecho aplicable. Añade que el debido proceso impone la adecuada tutela del derecho del administrado a ser oído, a ofrecer pruebas y a poder producirlas correspondientemente, circunstancias que no han sido tenidas en cuenta en las actuaciones que se apelan.
Pone de manifiesto que la cuestión de inconstitucionalidad jamás fue una tarea requerida a la División Aduanera, toda vez que como ya se lo ha indicado, tal estudio ya fue oportunamente realizado por la CSJN, correspondiendo al juez administrativo la aplicación del entendimiento dispuesto por ese máximo tribunal en virtud del derecho de igualdad. Cita el decreto 618/1997 a los fines de recordar las funciones que le competen al Señor Administrador. Continúa sus argumentos y expresa que el fundamento de las acciones interpuestas en sede administrativa se mantienen en el presente recurso, y es la configuración de un enriquecimiento sin causa por parte de la Administración, debiendo recordarse que dicha figura prohíbe a las personas el enriquecerse a expensas de otros sujetos sin que medie una justa causa toda vez que ello resulta ilegal por confiscatorio de la propiedad, y que tales consideraciones han sido sostenidas en el tiempo por la Corte.
Sostiene que resulta plenamente aplicable al caso la doctrina del fallo Camaronera Patagónica. En base ello, concluye que los derechos de exportación son tributos y, conforme su naturaleza, su creación y aplicación deberá en todos los casos sujetarse a los principios básicos del derecho tributario. Entiende que corresponde aplicar del Principio de Legalidad y Reserva, según los cuales no puede existir tributo sin ley previa que así lo determine, siendo ello estricta consecuencia de las determinaciones de nuestra Carta Magna. Expresa ausencia de una norma que lo ratifique con posterioridad, a como así también la falta de subsanación a través de leyes posteriores. Destaca que el Decreto 509/2007, si contó con la aprobación de las Cámaras (Resolución 41/2007 de Senadores y Resolución 49/2007 de Diputados) conforme el procedimiento de la ley 26.122, pero no así el Decreto 133/15 que nunca tuvo la aprobación del Poder Legislativo de la Nación.
Confecciona un cuadro, del que surge que por aplicación del Decreto 509/2007 correspondería abonar una alícuota del 24% y que, conforme aplicación del Decreto 133/2015, se abonó una alícuota del 27%, habiendo una diferencia del 3% en lo abonado a favor de la compañía. Hace mención de la ineficaz delegación legislativa contemplada en el art. 755 del CA. Asimismo, plantea la nulidad, absoluta e insanable, de la resolución objeto del presente, en orden a su insuficiente motivación y vulneración del debido proceso. Cita jurisprudencia. Plantea su derecho a mantener incólume el crédito tributario, sosteniendo que la prohibición de actualización de los créditos fiscales y la tasa de interés aplicable a los casos de repetición afectan su derecho de propiedad y violan los principios constitucionales de igualdad, legalidad, razonabilidad y seguridad jurídica.
Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que mediante IF-2024-40563044-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso que le fuera conferido y acompaña las actuaciones administrativas SIGEA 17134-46-2023. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una reseña de los antecedentes normativos. En primero lugar, manifiesta que la actora no optó correctamente por la vía procesal en relación con su pretensión, atento a que en definitiva lo que discute es la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Decreto 133/15, debiendo haber interpuesto demanda contenciosa ante la Justicia Federal. En segundo lugar, en cuanto a la validez de la resolución que se ataca, argumenta que surge de las actuaciones administrativas que la resolución aduanera se encuentra dictada con sustento en los hechos, antecedentes y el derecho allí analizados y que en las mismas se expresan en forma concreta las razones que llevaron a su formulación, así como los hechos y el derecho en los que se fundan. Aclara que el servicio aduanero solo aplica, percibe y fiscaliza tributos dispuestos por normativa, pero no puede ejercer un control constitucional de las normas que los determinan. Aduce que la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera” es desacertada. Cita los artículos 664 y 755 del CA, y jurisprudencia que hace a su derecho. Explica que la delegación establecida por el art. 755 se justifica en las cambiantes circunstancias de la economía, que ameritan en determinadas situaciones la adopción de medidas cuya oportunidad es incompatible con los tiempos del debate que normalmente requiere el dictado de una ley. Señala que el Tribunal Fiscal no tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad, en virtud de lo establecido por el art. 1164 CA. En relación al planteo efectuado por la contraria respecto a la tasa de interés aplicable, se remite a lo que establece el CA en relación a los intereses aplicables en los procedimientos de repetición y cita el art. 811 y 812. Solicita el rechazo del planteo de actualización de los créditos fiscales peticionada por la actora. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
III. Que con fecha 06.12.24 se elevan los autos a esta Sala “E” y se llaman a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas 17134-46-2023 se inician con fecha 02.01.23 con la solicitud de repetición de los tributos pagados en relación al PE17057EC01003303X. Se agrega print de pantalla carga / edición de expedientes, resumen de devolución cargada y SIM junto con la nota 559/2023 “Sección Sumarios” de fecha 29.08.23. A fs. 32 con fecha 04.09.23 se emite el informe técnico (IF-2023-02106912-AFIP-SEISDVOSAL#SDGOAI) y a fs. 33 el informe de pago (IF-2023-0211927-AFIP-SEFIADSALO#SDGOAI). A fs. 34 con fecha 26.09.23 se tiene por presentada a la firma y no se hace lugar la prueba informativa y pericial ofrecida. A fs. 40/41 la parte interpone recurso de revocatoria. Sin más trámite, con fecha 22.11.23 se dicta la resolución RESOL-2023-519-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, por cual se rechaza el recurso de revocatoria y, asimismo, la repetición solicitada (fs. 42/46).
V. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -RESOL-2023-519-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI-, en cuanto rechaza la solicitud de devolución de derechos de exportación interpuesta por la firma COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS SA, se ajusta a derecho.
La actora solicita la devolución de la suma de u$s11.863,125, que según refiere habría abonado en demasía con relación al permiso de embarque (PE) 17057EC01003303X. Mediante tal PE documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 1507.10.00.100Q –A granel (Ley 21.453) – Aceite en bruto, incluso desgomado ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE- abonando los derechos de exportación establecidos por el decreto 133/15 que fijó, para esa PA, una alícuota del 27% (Ver art. 1 y Anexo I del referido decreto).
De modo liminar, cabe precisar que las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta -19.04.17 para el PE de autos- conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La actora manifiesta que la única normativa que tuvo refrenda legislativa -y sería por ende constitucional- fue el decreto 509/07 (BO: 23.05.07), que según refiere estableció una alícuota del 24% para la PA objeto de autos (Ver art. 16 y Anexo XIV del referido decreto).
VI.1. Corresponde señalar, en primer lugar, que con posterioridad al decreto 509/07 se dictó la resolución 369/07 (BO: 09.11.07), que estableció para la PA de autos una alícuota de derechos de exportación del 32%. Posteriormente, se pretendió implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08)-, y luego variables –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 64/08 (BO: 02.06.08)-. Más tarde, se dictó la resolución 182/08 (BO: 21.07.08), mediante la cual se restableció para la PA de autos la alícuota de derechos de exportación del 32% que había sido establecida por la mencionada resolución 369/07.
Sobre la validez constitucional del iter normativo descripto precedentemente, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema en “Camaronera Patagónica”, esta Sala E se ha expedido, de modo unánime, en la causa “LDC ARGENTINA S.A. c/Dirección General de Aduanas s/apelación” Expte. 38.204-A (sentencia que puede verse en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2023/04/EXPTE-N%C2%B038.2 04-A.pdf), a cuyos fundamentos remito y los cuales se consideran integrando la presente sentencia.
En lo que aquí interesa, tal decisorio ratifica que la resolución (MEyP) 369/07 (BO: 09.11.07) –posterior al decreto 509/07 (BO: 23.05.07)- posee una validez constitucional que se remonta al 16.01.08, oportunidad en la cual fue inequívocamente ratificada por la ley 26.351, en cuanto tuvo como fin asegurar la recaudación del aumento de alícuotas dispuesto por la mencionada resolución (ver puntos VI.2., VI.3. y VI.4. del citado fallo).
Dicha vigencia y validez legal de la alícuota del 32% establecida por la resolución MEyP 369/07 fue ininterrumpida, salvo en el periodo en que se implementaron las llamadas alícuotas móviles (resoluciones -MEyP- 125/08 y 64/08, de reconocido rechazo legislativo), siendo reestablecidas por la resolución 182/08; esto último como consecuencia del dictado del decreto 1176/08 (BO: 21.07.08), que cristalizó la voluntad del Congreso de rechazar la resolución 125/08 para retornar al régimen de alícuotas previo.
En conclusión, la alícuota del 32% establecida por la resolución 369/07 para la mercadería ubicada en la PA de autos posee validez constitucional y legal desde el 16.01.08 y hasta el 17.12.15 (salvo el período de alícuotas móviles de la resolución 125/08), fecha la última en la cual el decreto 133/15 fijó una alícuota del 27%, reduciendo la del 32%. Cabe destacar que por los fundamentos expuestos en el referido precedente de esta Sala E “LDC ARGENTINA S.A.” Expte. 38.204-A (https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2023/04/EXPTE-N%C2%B038.204 -A.pdf) las resoluciones 369/07 y 182/08, como la alícuota del 32% son constitucionalmente válidas, en tanto cumplieron con el test de constitucionalidad fijado por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica” del 15.04.14.
VI.2. Dicho lo anterior, el decreto 133/15 -impugnado en estos autos- redujo la alícuota establecida para la PA de autos del 32% (constitucionalmente válida conforme los fundamentos expuestos supra, al haber sido fijada por las resoluciones 369/07 y 182/08) al 27% -alícuota efectivamente abonada por la actora-. Siendo ello así no se advierte en el caso ninguna afectación al derecho de propiedad de la actora.
Por el contrario, para que se vea afectado dicho derecho -por violación al principio de legalidad en materia tributaria- se requiere una incidencia lesiva del Poder Ejecutivo sobre tal derecho. En el caso tenemos una alícuota constitucional y legal previa -del 32%- que, con la resolución impugnada, fue reducida por el PEN al 27%, beneficiando así a la actora que vio disminuida su carga tributaria de aquella que legalmente percibía el Poder Ejecutivo.
La intervención del Congreso para modificar alícuotas de derechos de exportación no resulta ineludiblemente exigible -en general y respetando siempre el principio de igualdad- cuando tal modificación -o el de otro elemento esencial del tributono incide o lesiona el derecho de propiedad de los contribuyentes afectados por tal modificación. Es lo que sucede en este caso, donde el Poder Ejecutivo -unilateralmente- redujo la alícuota y la carga tributaria consecuente que el contribuyente pagaba. En el caso, el derecho de propiedad del contribuyente, por efecto de la reducción de alícuotas legales, pasó a gozar de una mayor plenitud, expandiéndose respecto de la medida en la que -legalmente- estaba afectado previo a la intervención del Poder Ejecutivo; el Poder Ejecutivo alivió su carga fiscal con el dictado del decreto 133/15. En consecuencia, corresponde rechazar los agravios expuestos por la actora respecto de la denegatoria de la repetición que intentó -por ser defectuoso su planteo jurídico- y confirmar la resolución apelada.
VII. Costas: En relación a las costas, deben imponerse en el orden causado atento las particularidades de la cuestión debatida y no haberse resuelto la disputa con base en argumentos expuestos por las partes (art. 1163 del CA).
VIII. Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Confirmar la resolución RESOL-2023-519-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas 17134-46-2023.
2. Imponer las costas por su orden.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos expuestos en los Considerandos I al IV del Voto del Dr. Juan Manuel Soria.
II. Que, en particular, adhiero al argumento expuesto en el punto VI.2 de su voto en cuanto considera que el decreto 133/15, al reducir la alícuota establecida para la PA de autos del 32% al 27% -alícuota efectivamente abonada- produjo un claro beneficio a la actora, por lo que no se advierte en el caso ninguna afectación a su derecho de propiedad.
III. Que a más de ello, cabe aclarar que, a criterio del suscripto, no es factible extender al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122) y producida la convalidación legislativa.
IV. Que en relación a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.”.
V. Que en relación a la presunta vulnerabilidad del Principio de Reserva Legal planteado por la recurrente, debemos tener presente que al momento de los hechos de autos -y en la actualidad-, estas normas constitucionales interactuaban en forma conjunta al declarar la “vigencia” de la ley 22.415, ha declarado, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas, y en los términos en ella consignados, y fundamentalmente, con la ley 26.122 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 28-07-2006) que, precisamente, ha establecido un mecanismo adecuado de control y aprobación “a posteriori” (con posterioridad) del Congreso de la Nación, de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la C.S.J.N. que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (Conforme doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
La ley 26.122, que se publicó en el Boletín Oficial el 28/07/2006 y que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 06/08/2006, es de nuclear importancia para comprender el tratamiento que a partir de esa fecha corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa, los cuales, a partir de entonces, si bien mantienen la fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior por parte de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Es una norma central, que concilia los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad.
La C.S.J.N. tiene dicho que “Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía, Francisco M. LL, 82, 690) (el subrayado me pertenece).
Corresponde en primer lugar efectuar una diferenciación y precisión conceptual: una cosa es establecer o fijar una alícuota de un tributo y otra muy distinta es “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Con respecto al primer supuesto, rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación.
Se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El artículo 17 de la ley 26.122, aplicable al caso de autos, establece precisa-mente que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil (actual Art. 5° del Código Civil y comercial de la Nación), es decir, que son plenamente válidos desde su dictado y publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los Decretos del Poder Ejecutivo, dictados en el ejercicio de facultades delegadas, gozan de plena validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y la misma se mantiene en tanto y en cuanto, el órgano delegante, el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
En este punto debe tenerse presente que el artículo 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba claramente habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
VI. Por último, cabe destacar que, las cuestiones planteadas en el presente caso, son análogas a lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en el fallo Plenario como he comentado ut-supra, donde se aplicó la siguiente doctrina con fecha 26/04/2022, mediante IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. …”.
VII. En relación a las costas, por la forma en que se resuelve y atento que el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica al caso es de fecha anterior a la interposición del presente recurso, resulta procedente imponer las costas a la parte actora (art. 1163 del C.A.).
Por lo expuesto, VOTO POR:
Confirmar la Resolución RESOL-2023-519-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada en el Expte. Administrativo SIGEA 17134-46-2023, con costas (art. 1163 del C.A.).
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
En aplicación del Fallo Plenario dictado por este Tribunal con fecha 26/04/2022 (IF-2022-408-09437-
APNVOCXIX#TFN), en los autos “Petroquimica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito, adhiero al Voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE
1. Confirmar la resolución RESOL-2023-519-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas 17134-46-2023.
2. Imponer las costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Licht por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.02.28 12:33:49 -03:00 Date: 2025.02.28 12:55:05 -03:00 Miguel Nathan Licht Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.02.28 12:59:46 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.28 12:59:47 -03:00
Fin de la sentencia