Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2023-149527349-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de falta de legitimación de la actora, sin costas.
2Confirmar la resolución RESOL-2023-525-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas 17134-60-2023, con costas a la actora (art. 1163 del C.A.).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-31399790-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 26 de Marzo de 2025 GRANOS SA Se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E” Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados “COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, expediente EX-2023-149527349- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que mediante RE-2023-149526829-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA e interpone recurso de apelación contra la resolución RESOL-2023-525-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-60-2023, mediante la cual no se hace lugar a la solicitud de devolución de u$s5.965.31 vinculado al Permiso de Embarque (“PE”) 17057EC01004173Y con más intereses -importe pagado en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 133/15-. Manifiesta que el Decreto 133/15 por el cual se establecieron aquellas alícuotas, no respeta el principio de legalidad y reserva en materia tributaria establecido por la propia Constitución Nacional (“CN”), habiendo sido ilegítima su aplicación, la cual ha lesionado gravemente los derechos de propiedad y libre ejercicio de la industria lícita que amparan a la Compañía, al mismo tiempo de configurar un enriquecimiento sin causa en favor del Fisco Nacional.
Describe la actividad que desarrolla la compañía en el país y su posición a nivel internacional. Entiende que la resolución que aquí se apela tiene graves inconsistencias, entre otras, que la División Aduanera resolvió denegar las solicitudes de repetición apartándose del procedimiento establecido por el propio CA y utilizó fundamentos poco claros y disuasivos que tergiversaron lo estrictamente requerido por la Compañía. Para ello, agrega que el acto administrativo para ser válido, requiere ser causado y expresar en forma concreta las razones que lo motivan, debiendo, a su vez, encontrar pleno sustento en el derecho aplicable. Añade que el debido proceso impone la adecuada tutela del derecho del administrado a ser oído, a ofrecer pruebas y a poder producirlas correspondientemente, circunstancias que no han sido tenidas en cuenta en las actuaciones que se apelan.
Pone de manifiesto que la cuestión de inconstitucionalidad jamás fue una tarea requerida a la División Aduanera, toda vez que como ya se lo ha indicado, tal estudio ya fue oportunamente realizado por la CSJN, correspondiendo al juez administrativo la aplicación del entendimiento dispuesto por ese máximo tribunal en virtud del derecho de igualdad. Cita el decreto 618/1997 a los fines de recordar las funciones que le competen al Señor Administrador. Continúa sus argumentos y expresa que el fundamento de las acciones interpuestas en sede administrativa se mantienen en el presente recurso, y es la configuración de un enriquecimiento sin causa por parte de la Administración, debiendo recordarse que dicha figura prohíbe a las personas el enriquecerse a expensas de otros sujetos sin que medie una justa causa toda vez que ello resulta ilegal por confiscatorio de la propiedad, y que tales consideraciones han sido sostenidas en el tiempo por la Corte.
Sostiene que resulta plenamente aplicable al caso la doctrina del fallo Camaronera Patagónica. En base ello, concluye que los derechos de exportación son tributos y, conforme su naturaleza, su creación y aplicación deberá en todos los casos sujetarse a los principios básicos del derecho tributario. Entiende que corresponde aplicar del Principio de Legalidad y Reserva, según los cuales no puede existir tributo sin ley previa que así lo determine, siendo ello estricta consecuencia de las determinaciones de nuestra Carta Magna. Expresa ausencia de una norma que lo ratifique con posterioridad, a como así también la falta de subsanación a través de leyes posteriores. Destaca que el Decreto 509/2007, si contó con la aprobación de las Cámaras (Resolución 41/2007 de Senadores y Resolución 49/2007 de Diputados) conforme el procedimiento de la ley 26.122, pero no así el Decreto 133/15 que nunca tuvo la aprobación del Poder Legislativo de la Nación.
Confecciona un cuadro, del que surge que por aplicación del Decreto 509/2007 correspondería abonar una alícuota del 24% y que, conforme aplicación del Decreto 133/2015, se abonó una alícuota del 27%, habiendo una diferencia del 3% en lo abonado a favor de la compañía. Hace mención de la ineficaz delegación legislativa contemplada en el art. 755 del CA. Asimismo, plantea la nulidad, absoluta e insanable, de la resolución objeto del presente, en orden a su insuficiente motivación y vulneración del debido proceso. Cita jurisprudencia. Plantea su derecho a mantener incólume el crédito tributario, sosteniendo que la prohibición de actualización de los créditos fiscales y la tasa de interés aplicable a los casos de repetición afectan su derecho de propiedad y violan los principios constitucionales de igualdad, legalidad, razonabilidad y seguridad jurídica.
Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que mediante IF-2024-26185012-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso que le fuera conferido y, previa intimación cursada, acompaña las actuaciones administrativas SIGEA 17134-60- 2023. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su reconocimiento. Asimismo, desconoce toda prueba documental aportada por la contraria que no coincida con la obrante en las actuaciones administrativas. Reseña los hechos y la normativa aplicable: arts. 724, 725 y 755 del CA, Resolución 11/02 del Ministerio de Economía, decretos 509/2007, 349/2016 793/2018, 865/2018 y ley 27.467, explayándose en relación a todo ello y a la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera”, la cual considera desacertada y entiende no recepta el análisis completo de la sentencia allí dictada, ni tampoco el sentido que le dio la Corte Suprema. Cita jurisprudencia de este tribunal en los autos “Transportadora de Gas del Sur S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ Recurso de apelación”, Expte. 38.422-A, como así también los más recientes precedentes jurisprudenciales relativos al citado decreto 793/18, que le dieron razón a su mandante, entre otros el fallo dictado por la Sala “G”, en los autos caratulados “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. C/ DGA. S/ Apelación”, Expte. EX-2020- 15395348--APN-SGASAD#TFN, del 18.02.21, que cita y da por reproducido. Refiere a la limitación de este tribunal para declarar la inconstitucionalidad solicitada e indica que dicho planteo no podría prosperar en razón a lo normado por el artículo 1164 del CA. Agrega que la contraria plantea como único argumento la inconstitucionalidad de normas jurídicas, entendiendo que, conforme la normativa transcripta, esté Tribunal no debería expedirse al respecto. En subsidio, solicita se rechace la repetición intentada, atento a que la actora no acreditó haber cargado con el costo de los derechos de exportación cuya devolución reclama. Indica que, en el hipotético caso que se hiciera lugar a la repetición, corresponde aplicar el Fallo “Cencosud” y los artículos 811 y 812 del CA. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y pide que se confirme la resolución apelada, con expresa imposición de costas a la actora.
III. Que con fecha 20.02.25 se elevan los autos a esta Sala “E” y se llaman a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas 17134-60-2023 se inician con fecha 02.01.23 con la solicitud de repetición de los tributos pagados en relación al PE17057EC01004173Y. Se agrega print de pantalla carga / edición de expedientes, resumen de devolución cargada y SIM junto con la nota 556/2023 “Sección Sumarios” de fecha 29.08.23. A fs. 32 con fecha 04.09.23 se emite el informe técnico (IF-2023-02107593-AFIP-SEISDVOSAL#SDGOAI) y a fs. 33 el informe de pago (IF-2023-02152124-AFIP-SEFIADSALO#SDGOAI). A fs. 34 con fecha 26.09.23 se tiene por presentada a la firma y no se hace lugar la prueba informativa y pericial ofrecida. A fs. 40/41 la parte interpone recurso de revocatoria. Sin más trámite, con fecha 22.11.23 se dicta la resolución RESOL-2023-525-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, por cual se rechaza el recurso de revocatoria y, asimismo, la repetición solicitada (fs. 42/45).
V. En primer lugar, respecto al planteo de la Aduana de falta de legitimación de la actora para repetir los tributos, considero que debe rechazarse con fundamento en que la Aduana no prueba su pretensión del modo fehaciente que exige su procedencia sustancial.
VI. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -RESOL-2023-525-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI-, en cuanto rechaza la solicitud de devolución de derechos de exportación interpuesta por la firma COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS SA, se ajusta a derecho.
La actora solicita la devolución de la suma de u$s5.965.31, que según refiere habría abonado en demasía con relación al permiso de embarque (PE) 17057EC01004173Y. Mediante tal PE documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 1507.10.00.100Q –A granel (Ley 21.453) – Aceite en bruto, incluso desgomado ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE- abonando los derechos de exportación establecidos por el decreto 133/15 que fijó, para esa PA, una alícuota del 27% (Ver art. 1 y Anexo I del referido decreto).
De modo liminar, cabe precisar que las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta -27.04.17 para el PE de autos- conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La actora manifiesta que la única normativa que tuvo refrenda legislativa -y sería por ende constitucional- fue el decreto 509/07 (BO: 23.05.07), que según refiere estableció una alícuota del 24% para la PA objeto de autos (Ver art. 16 y Anexo XIV del referido decreto).
VII.1. Corresponde señalar, en primer lugar, que con posterioridad al decreto 509/07 se dictó la resolución 369/07 (BO: 09.11.07), que estableció para la PA de autos una alícuota de derechos de exportación del 32%. Posteriormente, se pretendió implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08)-, y luego variables –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 64/08 (BO: 02.06.08)-. Más tarde, se dictó la resolución 182/08 (BO: 21.07.08), mediante la cual se restableció para la PA de autos la alícuota de derechos de exportación del 32% que había sido establecida por la mencionada resolución 369/07.
Sobre la validez constitucional del iter normativo descripto precedentemente, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema en “Camaronera Patagónica”, esta Sala E se ha expedido, de modo unánime, en la causa “LDC ARGENTINA S.A. c/Dirección General de Aduanas s/apelación” Expte. 38.204-A (sentencia que puede verse en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2023/04/EXPTE-N%C2%B038.2 04-A.pdf), a cuyos fundamentos remito y los cuales se consideran integrando la presente sentencia.
En lo que aquí interesa, tal decisorio ratifica que la resolución (MEyP) 369/07 (BO: 09.11.07) –posterior al decreto 509/07 (BO: 23.05.07)- posee una validez constitucional que se remonta al 16.01.08, oportunidad en la cual fue inequívocamente ratificada por la ley 26.351, en cuanto tuvo como fin asegurar la recaudación del aumento de alícuotas dispuesto por la mencionada resolución (ver puntos VI.2., VI.3. y VI.4. del citado fallo).
Dicha vigencia y validez legal de la alícuota del 32% establecida por la resolución MEyP 369/07 fue ininterrumpida, salvo en el periodo en que se implementaron las llamadas alícuotas móviles (resoluciones -MEyP- 125/08 y 64/08, de reconocido rechazo legislativo), siendo reestablecidas por la resolución 182/08; esto último como consecuencia del dictado del decreto 1176/08 (BO: 21.07.08), que cristalizó la voluntad del Congreso de rechazar la resolución 125/08 para retornar al régimen de alícuotas previo.
En conclusión, la alícuota del 32% establecida por las resoluciones 369/07 y 182/08 para la mercadería ubicada en la PA de autos posee validez constitucional y legal desde el 16.01.08 y hasta el 17.12.15 (salvo el período de alícuotas móviles de la resolución 125/08), fecha la última en la cual el decreto 133/15 fijó una alícuota del 27%, reduciendo la del 32%. Cabe destacar que por los fundamentos expuestos en el referido precedente de esta Sala E “LDC ARGENTINA S.A.” Expte. 38.204-A (https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2023/04/EXPTE-N%C2%B038.204 -A.pdf) las resoluciones 369/07 y 182/08, como la alícuota del 32% son constitucionalmente válidas, en tanto cumplieron con el test de constitucionalidad fijado por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica” del 15.04.14.
VII.2. Dicho lo anterior, el decreto 133/15 -impugnado en estos autos- redujo la alícuota establecida para la PA de autos del 32% (constitucionalmente válida conforme los fundamentos expuestos supra, al haber sido fijada por las resoluciones 369/07 y 182/08) al 27% -alícuota efectivamente abonada por la actora-. Siendo ello así no se advierte en el caso ninguna afectación al derecho de propiedad de la actora.
Por el contrario, para que se vea afectado dicho derecho -por violación al principio de legalidad en materia tributaria- se requiere una incidencia lesiva del Poder Ejecutivo sobre tal derecho. En el caso tenemos una alícuota constitucional y legal previa -del 32%- que, con la resolución impugnada, fue reducida por el PEN al 27%, beneficiando así a la actora que vio disminuida su carga tributaria de aquella que legalmente percibía el Poder Ejecutivo.
La intervención del Congreso para modificar alícuotas de derechos de exportación no resulta ineludiblemente exigible -en general y respetando siempre el principio de igualdad- cuando tal modificación -o el de otro elemento esencial del tributono incide o lesiona el derecho de propiedad de los contribuyentes afectados por tal modificación. Es lo que sucede en este caso, donde el Poder Ejecutivo -unilateralmente- redujo la alícuota y la carga tributaria consecuente que el contribuyente pagaba. En el caso, el derecho de propiedad del contribuyente, por efecto de la reducción de alícuotas legales, pasó a gozar de una mayor plenitud, expandiéndose respecto de la medida en la que -legalmente- estaba afectado previo a la intervención del Poder Ejecutivo; el Poder Ejecutivo alivió su carga fiscal con el dictado del decreto 133/15. En consecuencia, corresponde rechazar los agravios expuestos por la actora respecto de la denegatoria de la repetición que intentó -por ser defectuoso su planteo jurídico- y confirmar la resolución apelada.
VIII. Costas: En relación a las costas, atento a que se aplica jurisprudencia del tribunal que data del 22.02.23 ("LDC Argentina S.A." Expte. 38.204 y "Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A." EX-2020-563974379- -APN-SGASAD#TFN) deben imponerse a la actora vencida (art. 1163 del CA).
IX. Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Rechazar la excepción de falta de legitimación de la actora, sin costas.
2. Confirmar la resolución RESOL-2023-525-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas 17134-60-2023, con costas a la actora (art. 1163 del CA).
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos expuestos en los Considerandos I al IV del Voto del Dr. Juan Manuel Soria.
II. Que adhiero a los argumentos expuestos en el Considerando V -y a su conclusión- respecto al rechazo del planteo de la Aduana de falta de legitimación de la actora para repetir los tributos, sin costas.
III. Que, asimismo, y en particular, adhiero al argumento expuesto en el punto VI.2 de su voto en cuanto considera que el decreto 133/15, al reducir la alícuota establecida para la PA de autos del 32% al 27% -alícuota efectivamente abonadaprodujo un claro beneficio a la actora, por lo que no se advierte en el caso ninguna afectación a su derecho de propiedad.
IV. Dicho ello, cabe aclarar que, a criterio del suscripto, no es factible extender al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122) y producida la convalidación legislativa.
V. Que en relación a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “ Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.”.
VI. Que en relación a la presunta vulnerabilidad del Principio de Reserva Legal planteado por la recurrente, debemos tener presente que al momento de los hechos de autos -y en la actualidad-, estas normas constitucionales interactuaban en forma conjunta al declarar la “vigencia” de la ley 22.415, ha declarado, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas, y en los términos en ella consignados, y fundamentalmente, con la ley 26.122 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 28-07-2006) que, precisamente, ha establecido un mecanismo adecuado de control y aprobación “a posteriori” (con posterioridad) del Congreso de la Nación, de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la C.S.J.N. que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (Conforme doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
La ley 26.122, que se publicó en el Boletín Oficial el 28/07/2006 y que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 06/08/2006, es de nuclear importancia para comprender el tratamiento que a partir de esa fecha corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa, los cuales, a partir de entonces, si bien mantienen la fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior por parte de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Es una norma central, que concilia los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad.
La C.S.J.N. tiene dicho que “Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía, Francisco M. LL, 82, 690) (el subrayado me pertenece).
Corresponde en primer lugar efectuar una diferenciación y precisión conceptual: una cosa es establecer o fijar una alícuota de un tributo y otra muy distinta es “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Con respecto al primer supuesto, rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación.
Se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El artículo 17 de la ley 26.122, aplicable al caso de autos, establece precisa-mente que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil (actual Art. 5° del Código Civil y comercial de la Nación), es decir, que son plenamente válidos desde su dictado y publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los Decretos del Poder Ejecutivo, dictados en el ejercicio de facultades delegadas, gozan de plena validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y la misma se mantiene en tanto y en cuanto, el órgano delegante, el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
En este punto debe tenerse presente que el artículo 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba claramente habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
VII. Por último, cabe destacar que, las cuestiones planteadas en el presente caso, son análogas a lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en el fallo Plenario como he comentado ut-supra, donde se aplicó la siguiente doctrina con fecha 26/04/2022, mediante IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. …”.
VIII. En relación a las costas, por la forma en que se resuelve y atento que el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica al caso es de fecha anterior a la interposición del presente recurso, resulta procedente imponer las costas a la parte actora (art. 1163 del C.A.).
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar la excepción de falta de legitimación activa planteada por el fisco a la parte actora, sin costas.
2. Confirmar la resolución RESOL-2023-525-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas 17134-60-2023, con costas (art. 1163 del C.A.).
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE
1. Rechazar la excepción de falta de legitimación de la actora, sin costas.
2. Confirmar la resolución RESOL-2023-525-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas 17134-60-2023, con costas a la actora (art. 1163 del C.A.).
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Juárez por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.03.26 13:42:17 -03:00 Date: 2025.03.26 13:48:08 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.26 13:48:09 -03:00
Fin de la sentencia