Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2026-34010653-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad formulado por la parte actora, con costas.
2Confirmar la Resolución RESOL-2026-231-E-ARCA-ADSALO#SDGOAI, dictada en las actuaciones administrativas EX-2023-00494888- -AFIPSRRODVMENT#SDGCTI, mediante la cual se rechazó la repetición de la suma de dólares estadounidenses dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y tres con setenta centavos -u$s 18.443,70- correspondiente al permiso de embarque 16057EC01010401E, con costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-69680947-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 17 de Julio de 2026 GRANOS SA Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez, con la Presidencia del Vocal nombrado en segundo término (la Vocalía de la 14a. Nominación se encuentra vacante), a fin de resolver en los autos caratulados “COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, expediente EX- 2026-34010653- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Mediante RE-2026-34008785-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA e interpone recurso de apelación contra la resolución RESOL-2026-231-E-ARCA-ADSALO#SDGOAI recaída en las actuaciones administrativas EX-2023-00494888- -AFIPSRRODVMENT#SDGCTI, mediante la cual no se hace lugar a la solicitud de devolución de u$s18443,70 vinculado al Permiso de Embarque (“PE”) 16057EC01010401E con más intereses -importe pagado en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 133/15-. Realiza una descripción de los antecedentes y de la actividad que desarrolla la empresa. Seguidamente fundamenta el recurso y argumenta graves inconsistencias en la resolución.
Entiende que la División Aduanera resolvió denegar las solicitudes de repetición apartándose del procedimiento establecido por el propio Código Aduanero (“CA”), utilizando fundamentos poco claros y disuasivos que tergiversaron lo requerido por la Compañía. Manifiesta que el acto administrativo para ser válido, requiere ser causado y expresar en forma concreta las razones que lo motivan, debiendo encontrar pleno sustento en el derecho aplicable. Agrega que el debido proceso impone la adecuada tutela del derecho del administrado a ser oído, a ofrecer pruebas y a poder producirlas correspondientemente, circunstancia que no ha sido tenida en cuenta en las actuaciones apeladas. Señala que el fundamento de las acciones interpuestas en sede administrativa se mantiene en el presente recurso, y es la configuración de un enriquecimiento sin causa por parte de la administración.
Hace mención de que dichos importes fueron improcedentes por haber sido calculados en base a una alícuota establecida mediante decreto, situación que, de acuerdo a los preceptos expuestos y las decisiones de la Corte Suprema (“CSJN”) respecto de hechos de idéntica naturaleza, contraviene principios básicos de máxima jerarquía de la Constitución (“CN”) entre otros, el principio de legalidad tributaria. Este principio implica que la imposición de tributos sólo puede efectuarse mediante la sanción de una ley formal del Congreso. Cita el fallo “Camaronera” y argumenta que la CSJN consideró que el actual art. 76 de la CN -posterior a la reforma- prohíbe la delegación legislativa, permitiéndola únicamente en casos de emergencia pública y en materia de administración, bajo ciertas condiciones, lo que resulta ratificado por el art. 99 inc. 3 del mismo texto legal.
Añade que habiendo llegado la CSJN a la conclusión de que los derechos de exportación tienen naturaleza tributaria, su imposición jamás podría ser realizada a través de un decreto del PEN: ello es contradictorio a los principios, derechos y garantías establecidos en la CN. Menciona los arts. 76 y 99, inc. 3 de la CN, cuyo texto prohíbe específicamente al PEN emitir disposiciones de carácter legislativo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, salvo circunstancias excepcionales y nunca cuando se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. Plantea la invalidez de las leyes 25.561 y 22.415 para dotar de legalidad a la resolución 11/02.
Expresa que el decreto en cuestión no fue consecuencia de una delegación válida ni obtuvo ratificación por ley formal del Congreso (tampoco el tratamiento de la ley 26.122); en consecuencia, las alícuotas fijadas por el decreto 793/18 devinieron ilegítimas por incumplir el principio constitucional de legalidad en materia tributaria. Realiza una síntesis de lo argumentado. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Mediante IF-2026-61872380-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso que le fuera conferido y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una reseña de los antecedentes normativos. Argumenta que la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera” es desacertada. Cita los artículos 664 y 755 del CA, y jurisprudencia que hace a su derecho. Explica que la delegación establecida por el art. 755 se justifica en las cambiantes circunstancias de la economía que ameritan en determinadas situaciones, la adopción de medidas cuya oportunidad es incompatible con los tiempos del debate que normalmente requiere el dictado de una ley. Manifiesta que la actora no optó correctamente por la vía procesal en relación con su pretensión atento a que, en definitiva, lo que discute es la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto 133/15, debiendo haber interpuesto demanda contenciosa ante la Justicia Federal. Señala que el Tribunal Fiscal no tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad, en virtud de lo establecido por el art. 1164 del CA. En subsidio, solicita se rechace la repetición intentada, atento a que la actora no acreditó haber cargado con el costo de los derechos de exportación cuya devolución reclama. Indica que, en el hipotético caso que se hiciera lugar a la repetición, corresponde aplicar el Fallo “Cencosud” y los artículos 811 y 812 del CA. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y pide que se confirme la resolución apelada, con expresa imposición de costas a la actora.
III. Con fecha 17.07.26 se elevan los autos a esta Sala “E” y se llaman a sentencia.
IV. Las actuaciones administrativas EX-2023-00494888- -AFIPSRRODVMENT#SDGCTI se inician con fecha 14.03.23 con la solicitud de repetición de los tributos pagados en relación al PE16057EC01010401E. Con fecha 19.06.25 se tiene por efectuada la presentación y se intima a la firma a acreditar personería y domicilio SINEA. Lo que la parte cumple, con fecha 24.09.25 se tiene por iniciado el procedimiento (IF-2025-03537570-ARCA-SSUMADSALO#SDGOAI). Con fecha 29.09.25 se tiene por deducido el procedimiento de repetición (PV-2025-03593208-ARCA-ADSALO#SDGOAI) y no se hace lugar a la prueba informativa. Se agrega print de pantalla del Sistema Informático Malvina (SIM) y el sobre contenedor del PE. Con fecha 20.10.25 se emite el informe técnico (IF-2025-03842355-ARCA-SITEDVOPSL#SDGOAI) y con fecha 04.11.25 el informe de pago (IF-2025-04019425-ARCA-SAYFADSALO#SDGOAI). Con fecha 06.11.25 se tiene por deducido el procedimiento de repetición (PV-2025-04044727-ARCA-ADSALO#SDGOAI) y no se hace lugar a la prueba informativa. La parte interpone recurso de revocatoria, la que le es rechaza con fecha 03.02.26 (RESOL-2026- 64-E-ARCA-ADSALO#SDGOAI). Sin más trámite, con fecha 09.03.26 se dicta la resolución RESOL-2026-231-E- ARCA-ADSALO#SDGOAI, por cual se rechaza el recurso de revocatoria y, asimismo, la repetición solicitada. Las actuaciones administrativas EX-2023-00494888- -AFIPSRRODVMENT#SDGCTI no contienen documentos embebidos.
V. En primer lugar, corresponde tratar los agravios expuestos por la actora en cuanto a los planteos de inconsistencias de la resolución aduanera apelada y la solicitud de nulidad formulada (puntos IV.a.- y IV.c.- del recurso de apelación). Del análisis de los antecedentes, no surge que en sede aduanera se hubieren producido errores o vicios, que causaren a la actora una indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia. Nótese, que la actora contó con la suficiente oportunidad para ofrecer y producir toda la prueba que evaluare pertinente en esta sede a fin de ejercer su derecho de defensa. Asimismo, se observa que la resolución aduanera apelada en autos, fue dictada conforme lo establecido por el art. 7 de ley 19.549, contando con los requisitos esenciales del acto administrativo. En consecuencia, conforme a lo expuesto, no corresponde hacer lugar a las nulidades planteadas por la recurrente, con costas.
VI. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -RESOL-2026-231-E-ARCA-ADSALO#SDGOAI-, en cuanto rechaza la solicitud de devolución de derechos de exportación interpuesta por la firma COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS SA, se ajusta a derecho.
La actora solicita la devolución de la suma de u$s18443,70, que según refiere habría abonado en demasía con relación al permiso de embarque (PE) 16057EC01010401E. Mediante tal PE documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 1507.10.00.100Q –A granel (Ley 21.453) – Aceite en bruto, incluso desgomado ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE- abonando los derechos de exportación establecidos por el decreto 133/15 que fijó, para esa PA, una alícuota del 27% (Ver art. 1 y Anexo I del referido decreto).
De modo liminar, cabe precisar que las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta -21.09.16 para el PE de autos- conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La actora manifiesta que la única normativa que tuvo refrenda legislativa -y sería por ende constitucional- fue el decreto 509/07 (BO: 23.05.07), que según refiere estableció una alícuota del 24% para la PA objeto de autos (Ver art. 16 y Anexo XIV del referido decreto).
VI.1. Corresponde señalar, en primer lugar, que con posterioridad al decreto 509/07 se dictó la resolución 369/07 (BO: 09.11.07), que estableció para la PA de autos una alícuota de derechos de exportación del 32%. Posteriormente, se pretendió implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08)-, y luego variables –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 64/08 (BO: 02.06.08)-. Más tarde, se dictó la resolución 182/08 (BO: 21.07.08), mediante la cual se restableció para la PA de autos la alícuota de derechos de exportación del 32% que había sido establecida por la mencionada resolución 369/07.
Sobre la validez constitucional del iter normativo descripto precedentemente, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema en “Camaronera Patagónica”, esta Sala E se ha expedido, de modo unánime, en la causa “LDC ARGENTINA S.A. c/Dirección General de Aduanas s/apelación” Expte. 38.204-A, a cuyos fundamentos remito y los cuales se consideran integrando la presente sentencia.
En lo que aquí interesa, tal decisorio ratifica que la resolución (MEyP) 369/07 (BO: 09.11.07) –posterior al decreto 509/07 (BO: 23.05.07)- posee una validez constitucional que se remonta al 16.01.08, oportunidad en la cual fue inequívocamente ratificada por la ley 26.351, en cuanto tuvo como fin asegurar la recaudación del aumento de alícuotas dispuesto por la mencionada resolución (ver puntos VI.2., VI.3. y VI.4. del citado fallo).
Dicha vigencia y validez legal de la alícuota del 32% establecida por la resolución MEyP 369/07 fue ininterrumpida, salvo en el periodo en que se implementaron las llamadas alícuotas móviles (resoluciones -MEyP- 125/08 y 64/08, de reconocido rechazo legislativo), siendo reestablecidas por la resolución 182/08; esto último como consecuencia del dictado del decreto 1176/08 (BO: 21.07.08), que cristalizó la voluntad del Congreso de rechazar la resolución 125/08 para retornar al régimen de alícuotas previo.
En conclusión, la alícuota del 32% establecida por la resolución 369/07 para la mercadería ubicada en la PA de autos posee validez constitucional y legal desde el 16.01.08 y hasta el 17.12.15 (salvo el período de alícuotas móviles de la resolución 125/08), fecha la última en la cual el decreto 133/15 fijó una alícuota del 27%, reduciendo la del 32%. Cabe destacar que por los fundamentos expuestos en el referido precedente de esta Sala E “LDC ARGENTINA S.A.” Expte. 38.204-A las resoluciones 369/07 y 182/08, como la alícuota del 32% son constitucionalmente válidas, en tanto cumplieron con el test de constitucionalidad fijado por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica” del 15.04.14.
VI.2. Dicho lo anterior, el decreto 133/15 -impugnado en estos autos- redujo la alícuota establecida para la PA de autos del 32% (constitucionalmente válida conforme los fundamentos expuestos supra, al haber sido fijada por las resoluciones 369/07 y 182/08) al 27% -alícuota efectivamente abonada por la actora-. Siendo ello así no se advierte en el caso ninguna afectación al derecho de propiedad de la actora.
Por el contrario, para que se vea afectado dicho derecho -por violación al principio de legalidad en materia tributaria- se requiere una incidencia lesiva del Poder Ejecutivo sobre tal derecho. En el caso tenemos una alícuota constitucional y legal previa -del 32%- que, con la resolución impugnada, fue reducida por el PEN al 27%, beneficiando así a la actora que vio disminuida su carga tributaria de aquella que legalmente percibía el Poder Ejecutivo.
La intervención del Congreso para modificar alícuotas de derechos de exportación no resulta ineludiblemente exigible -en general y respetando siempre el principio de igualdad- cuando tal modificación -o el de otro elemento esencial del tributono incide o lesiona el derecho de propiedad de los contribuyentes afectados por tal modificación. Es lo que sucede en este caso, donde el Poder Ejecutivo -unilateralmente- redujo la alícuota y la carga tributaria consecuente que el contribuyente pagaba. En el caso, el derecho de propiedad del contribuyente, por efecto de la reducción de alícuotas legales, pasó a gozar de una mayor plenitud, expandiéndose respecto de la medida en la que -legalmente- estaba afectado previo a la intervención del Poder Ejecutivo; el Poder Ejecutivo alivió su carga fiscal con el dictado del decreto 133/15. En consecuencia, corresponde rechazar los agravios expuestos por la actora respecto de la denegatoria de la repetición que intentó -por ser defectuoso su planteo jurídico- y confirmar la resolución apelada.
VII. Costas: En relación a las costas, atento a que se aplica jurisprudencia del tribunal que data del 22.02.23 ("LDC Argentina S.A." Expte. 38.204 y "Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A." EX-2020-563974379- -APN-SGASAD#TFN) deben imponerse a la actora vencida (art. 1163 del CA).
VIII. Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2. Confirmar la resolución RESOL-2026-231-E-ARCA-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas EX-2023-00494888- -AFIPSRRODVMENT#SDGCTI, con costas a la actora.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos expuestos en los Considerandos I al IV del voto del Dr. Juan Manuel Soria.
II. Que adhiero a los argumentos expuestos en el Considerando V -y a su conclusión- respecto del rechazo del planteo de nulidad efectuado por la parte actora, con costas conforme al art. 1163 del Código Aduanero.
III. Que, en particular, adhiero al argumento -y conclusión- expuesto en el punto VI.2 del voto del Vocal preopinante, en cuanto considera que el Decreto 133/15, al reducir la alícuota establecida para la posición arancelaria de autos del 32% al 27% -alícuota efectivamente abonada- produjo un claro beneficio a la actora, por lo que no se advierte en el caso ninguna afectación a su derecho de propiedad.
IV. Que, dicho ello, y en relación con el permiso de embarque involucrado en autos y el reclamo de devolución rechazado, corresponde señalar que no resulta factible extender al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Camaronera Patagónica S.A.” -Fallos: 337:388-.
Ello así, toda vez que dicha causa versó sobre hechos acaecidos en el año 2002, bajo un marco normativo y circunstancias sustancialmente diversas a las aquí examinadas.
En el sub examine, en cambio, el Decreto 133/15 se inserta en un plexo jurídico posterior, en el cual el Poder Legislativo declaró vigentes las facultades delegadas mediante la Ley 26.939, se encontraba operativo el régimen de control parlamentario previsto por la Ley 26.122 y, además, la alícuota aplicada -27%- resultó inferior a la anteriormente vigente para la posición arancelaria de la mercadería documentada.
V. Que, en relación con las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación, corresponde estar a la doctrina legal -art. 151 de la Ley 11.683- fijada con fecha 26 de abril de 2022 por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN, dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, en donde, por mayoría, se acordó lo siguiente: “ARTÍCULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero”.
VI. Que, en relación con la presunta vulneración del principio de reserva legal planteada por la recurrente, debemos tener presente que, al momento de los hechos de autos -y en la actualidad-, estas normas constitucionales interactuaban conjuntamente con la Ley 26.939, que, al declarar la vigencia de la Ley 22.415, declaró, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas y en los términos allí consignados, y, fundamentalmente, con la Ley 26.122 -publicada en el Boletín Oficial el 28 de julio de 2006-, que estableció un mecanismo de control y aprobación posterior por parte del Congreso de la Nación de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en ejercicio de facultades delegadas. Al respecto, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto; a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional -conforme doctrina de la Corte Suprema en “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”, entre muchos otros-. La Ley 26.122, publicada en el Boletín Oficial el 28 de julio de 2006 e incorporada al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 6 de agosto de 2006, reviste importancia central para comprender el tratamiento que, a partir de esa fecha, corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa. Estos decretos, si bien mantienen fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Se trata de una norma que procura conciliar los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad.
La Corte Suprema tiene dicho que “las normas de la Constitución y de toda ley deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad” -CSJN, 23/04/1956, “Grisolía, Francisco M.”, LL 82-690-.
Corresponde efectuar una diferenciación conceptual: una cosa es establecer o fijar la alícuota de un tributo y otra distinta es aprobar o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente en virtud de una delegación, pero sujeta a la aprobación del órgano delegante.
Respecto del primer supuesto rige el principio de irretroactividad de la ley, de modo que la alícuota fijada solo resulta aplicable desde la publicación de la norma. En el segundo supuesto, en cambio, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su posterior aprobación.
Se trata de normas condicionadas o dictadas ad referendum de su aprobación por parte del órgano delegante investido de competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El art. 17 de la Ley 26.122, aplicable al caso, establece que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad con lo establecido por el art. 2 del Código Civil -actual art. 5 del Código Civil y Comercial de la Nación-, es decir, que resultan plenamente eficaces desde su dictado y publicación mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los decretos del Poder Ejecutivo dictados en ejercicio de facultades delegadas gozan de validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y esa eficacia se mantiene en tanto el órgano delegante, el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
En este punto debe tenerse presente que el art. 18 de la Ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba habilitado para intervenir y controlar lo actuado.
VII. Por último, cabe destacar que las cuestiones planteadas en el presente caso son análogas a las resueltas por el Tribunal Fiscal de la Nación en el fallo plenario antes mencionado, dictado el 26 de abril de 2022 mediante IF-2022- 40809437-APN-VOCXIX#TFN, en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”.
En dicho pronunciamiento, por mayoría, se fijó la siguiente doctrina legal (obligatoria en los términos del art. 151 de la Ley 11.683): “ARTÍCULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero”.
VIII. En relación con las costas, por la forma en que se resuelve y atento a que el fallo plenario de este Tribunal que resulta aplicable al caso es de fecha anterior a la interposición del presente recurso, corresponde imponerlas a la parte actora, conforme al art. 1163 del Código Aduanero.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la parte actora, con costas.
2. Confirmar la Resolución RESOL-2026-231-E-ARCA-ADSALO#SDGOAI, dictada en las actuaciones administrativas EX-2023-00494888- -AFIPSRRODVMENT#SDGCTI, mediante la cual se rechazó la repetición de la suma de dólares estadounidenses dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y tres con setenta centavos -u$s 18.443,70- correspondiente al permiso de embarque 16057EC01010401E, con costas a la actora.
En virtud de la votación precedente, SE
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la parte actora, con costas.
2. Confirmar la Resolución RESOL-2026-231-E-ARCA-ADSALO#SDGOAI, dictada en las actuaciones administrativas EX-2023-00494888- -AFIPSRRODVMENT#SDGCTI, mediante la cual se rechazó la repetición de la suma de dólares estadounidenses dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y tres con setenta centavos -u$s 18.443,70- correspondiente al permiso de embarque 16057EC01010401E, con costas a la actora.
Regístrese, notifíquese, y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Juárez por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA)
Date: 2026.07.17 17:07:18 ART Date: 2026.07.17 17:26:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.07.17 17:26:42 -03:00
Fin de la sentencia