Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 129574239-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de la Resolución MEyP nº 182/08 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el permiso de embarque nro. 12 057 EC01 008956 W, con más sus respectivos intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos V, VI y VII;
2Declarar inoficioso el tratamiento de la apelación del Fisco;
3Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación);
4Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA SA (TF 129574239
-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de abril de 2026.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, el 27 de mayo de 2025 la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, rechazó el recurso interpuesto por la firma actora y confirmó la Resolución n° 1207/24, dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo, en las actuaciones SIGEA nº 17134-1776 -2017/41 (v. páginas 335/340 del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN [DEO 21761452, agregado a la causa el 06/02/2026]). En ese acto se había rechazado el reclamo de repetición por la suma de U$S en concepto de derechos de exportación presuntamente abonados en demasía, correspondientes al permiso de embarque nº 12 057 EC01 008956 W. Para decidir como lo hizo el a quo explicó que las cuestiones planteadas en la causa resultaban sustancialmente análogas a las consideradas en el acuerdo plenario del 26/04/2022 dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), a cuyos fundamentos y conclusiones remitió.
Señaló que en el marco de aquél, la mayoría de los Vocales habían fijado la siguiente doctrina legal “ARTÍCULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente. ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTÍCULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto en el Decreto 793/2018 Alta en sistema: 17/04/2026 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. Concluyó, entonces, que debía rechazarse pedido de repetición de los derechos de exportación liquidados y pagados en relación con a la destinación referida en el primer párrafo, respecto de la mercadería involucrada en el caso.
II. Que, disconforme, la actora apeló el pronunciamiento reseñado y expresó agravios el 07/08/2025, los que fueron replicados por la contraria el 04/09/25 (v. páginas 348/366 y 383/389 del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN [DEO 21761452, agregado a la causa el 06/02/2026]).
La accionante afirma en su crítica que la decisión plenaria empleada como basamento de la sentencia recurrida no es aplicable en este caso, pues los actos que constituyeron los tributos cuestionados no fueron dictados ni siquiera por el Presidente. Además, afirma que la decisión adoptada en tal sentido se aparta de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Afirma que en el caso únicamente resultaba válida y aplicable aquella norma que, a la fecha del cálculo del tributo, contaba con la debida legalidad, sea ya originaria o mediante ratificación posterior por parte del Congreso de la Nación –particularmente, el Decreto N° 509/2007 que modificó la Nomenclatura Común del Mercosur–. Explica que con posterioridad fueron dictadas una serie de resoluciones ministeriales y decretos que modificaron la alícuota de los derechos de exportación, pero que nunca fueron aprobadas por una ley formal del Congreso (entre ellas, la resolución MEyP n° 182/08 cuestionada en autos). En tales condiciones, expresa que oportunamente solicitó la devolución de la diferencia resultante entre el Alta en sistema: 17/04/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V 24% pagado en concepto de derechos de exportación aprobado legalmente y la mayor alícuota que debió pagar por aplicación de la cuestionada resolución.
Señala que la norma delegante contenida en el artículo 755 del Código Aduanero, no cumple los recaudos constitucionales exigidos para ser considerada una norma delegante válida (arg. art. 76, CN). Explica, además, que en cualquier caso la fijación de tributos mediante actos del Poder Ejecutivo –aún mediante reglamentos delegados- comporta una violación del principio de reserva de ley, inquebrantable en materia tributaria (arg. arts. 4, 17, 52, 75, inc. 1, CN) y, en consecuencia, una transgresión del orden de prelación normativo consagrado por el constituyente.
Plantea que tampoco fueron respetadas las condiciones para subdelegar la facultad que otorga el artículo 755 del Código Aduanero en el Ministerio de Economía y Producción, y que la resolución en cuestión fue dictada por un órgano incompetente, lo que también determinaba su nulidad.
Por eso, asegura que la decisión recurrida se contrapone a la doctrina sentada por la Corte federal en el caso “Camaronera Patagónica”. Y solicita que se ordene la devolución de los importes equivalentes a la diferencia entre los derechos exigidos por la Aduana y los que correspondía pagar, según la alícuota establecida por Decreto n° 509/07.
III. Que también el Fisco apeló la decisión reseñada en el primer considerando. Expresó sus agravios el 27/08/25, los que no fueron replicados por la contraria (v. páginas 376/380 del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN [DEO 21761452, agregado a la causa el 06/02/2026]).
Se queja de la distribución de costas de la instancia previa.
IV. Que a fs. 21/23 tomó intervención el Sr. Fiscal General. En lo relativo a los agravios de la actora indicó que –a su Alta en sistema: 17/04/2026 parecer- el caso debía resolverse con arreglo a los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 337:388.
V. Que –en cuanto aquí interesa- la Resolución MEyP n° 182/2008 (BO 21/07/2008) modificó el anexo XIV del Decreto 509/07 y estableció para la posición arancelaria 1507.10.00.100 Q, involucrada en el PE nro. 12 057 EC01 008956 W, un derecho de exportación del 32% (el permiso de embarque consigna el número de declaración jurada de venta al exterior realizada por la empresa -12 001 DJVE 00012558 W-, e indica que la ventas fue celebrada el día 28/08/2012, tiempo en el cual regía el reglamento reseñado) (v. páginas 267/268 del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN) Cabe señalar que no es posible identificar una ley formal que, a la fecha en que fue cerrada la venta de la exportación aquí involucrada, haya otorgado rango legal a la alícuota fijada en la referida resolución (arg. Sala V, en la causa nº 1475/2025, caratulada “LDC Argentina SA (TF 39203-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 23 de septiembre de 2025 y su aclaratoria del 08 de octubre de 2025, causa n° 13.171/2024, caratulada “LDC Argentina SA (TF 53027068- A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 12 de agosto de 2025 y Sala IV, en la causa nº 42.533/2023, caratulada “Compañía Argentina de Granos SA (TF 78943355-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 25 de junio de 2024) y en la causa n°36.809/2023 caratulada “Molino Cañuelas SACIFIA (TF 56397479-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 30 de noviembre de 2023.
Finalmente, corresponde destacar que la actora realizó el pago de los derechos en sede administrativa tomando en consideración la alícuota del 32% que el sistema liquidó al tiempo de documentar el aludido permiso de embarque (por aplicación de lo establecido en la cuestionada resolución), y que su pretensión se limita al reintegro de la suma representativa de la diferencia entre la mencionada alícuota y la del 24% fijada en Decreto n° 509/07.
Alta en sistema: 17/04/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V VI.- Que la cuestión a resolver resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa n° 51.458/19, caratulada “Gut Metal SRL C/ EN-AFIP s/Dirección General de Aduanas”, del 5 de mayo de 2022, a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. Asimismo, dicha sentencia se encuentra firme en tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó con fecha 10/10/2023 la queja y el recurso extraordinario allí interpuestos. En esa oportunidad, este tribunal, por aplicación del precedente "Camaronera Patagónica" de la CSJN decidió que resultaba incompatible con el texto constitucional la fijación de derechos de exportación por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que aun si aquellos eran “convalidados” por una ley formal del Congreso –lo que no ocurre en el caso-, esta sólo podía tener el efecto de instituir los mencionados tributos ex nunc. Lo mismo cabe predicar respecto de la fijación de esos derechos por una resolución ministerial cuyo contenido no recibió nunca aquella “ratificación” congresual.
Razones de economía procesal hacen aconsejable seguir la doctrina de los fallos de la Corte Suprema cuando ella se refiere a asuntos análogos al que es materia de decisión, sin perjuicio de la posibilidad de que la parte interesada pueda invocar nuevos argumentos y razones que no hayan sido examinadas y justifiquen una solución distinta, situación que en el caso no se presenta (Fallos 212:51, considerandos 4° a 6°; 307:1094, considerando 2°, 315: 2386, considerando 7°, 325:2723, 332:1488, considerando 3° del dictamen del procurador al que se remitió la Corte en su totalidad, 334:582).
En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de la Resolución MEyP n° 182/08 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el permiso de embarque nro. 12 057 EC01 008956 W, cuyo pago –por lo demás- no fue desconocido en autos por la demandada (v. en igual sentido, Sala I causa n° 15.359/2024 "LDC Argentina SA (TF 38369-A) c/ DGA Alta en sistema: 17/04/2026 s/recurso directo de organismo externo", del 7/03/2025; Sala II, causa n° 1904/2024 “LDC Argentina SA (TF 38.925-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 6/12/2024; Sala IV, causa n° 48.061/2023 “LDC Argentina SA (TF 80575027-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 7/03/2024; entre otros).
La restitución de la sumas reconocidas deberá hacerse considerando el tipo de cambio del momento del pago, ya que de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa C.1242.XLIX “Cencosud S.A. (TF 29.535-A) c/DGA”, del 15 de mayo de 2014, la Dirección General de Aduanas deberá restituir a la firma exportadora el importe liquidado en dólares en el respectivo permiso de embarque, al tipo de cambio vigente a la fecha en que los referidos derechos fueron pagados.
VII. Que el reintegro al que da derecho esta decisión deberá ser comprensivo de los accesorios devengados a partir del momento establecido en el artículo 811 del Código Aduanero, calculados a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina -expresamente prevista para estos casos desde el dictado de la Resolución Nº 598/19 del entonces Ministerio de Hacienda de la Nación (cfr. artículo 4º) [conf. esta Sala, causa nº 55842/2019 “Sancor Cul c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” sentencia del 17 de junio de 2021; y sus citas].
Posteriormente, deberán ser adicionados de conformidad con la tasa de interés prevista en la Resolución N° 559/2022 del Ministerio de Economía, vigente desde el 01/09/2022; a partir del 01/02/2024 a la tasa de interés prevista en la Resolución N° 3/2024 del Ministerio de Economía (art. 4); desde el 1° de marzo de 2025 de conformidad con la tasa prevista en la Resolución del Ministerio de Economía n° 199/25 y; a partir del 1° de julio de 2025, según la tasa prevista en la Resolución del Ministerio de Economía n° 823/25.
VIII. Que en virtud de la conclusión alcanzada resulta inoficioso el tratamiento del recurso del Fisco Nacional. Alta en sistema: 17/04/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de la Resolución MEyP nº 182/08 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el permiso de embarque nro. 12 057 EC01 008956 W, con más sus respectivos intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos V, VI y VII; 2) Declarar inoficioso el tratamiento de la apelación del Fisco; 3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); 4) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Se deja constancia de que la Vocalía nº 15 de esta Sala se encuentra vacante (artículo 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y; oportunamente, devuélvase.
Pablo GALLEGOS FEDRIANI Guillermo F. TREACY Alta en sistema: 17/04/2026
Fin de la sentencia