Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 107532572-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del juicio (cfr. fs. 3), la trascendencia económica que para el interesado revistió la cuestión en debate, la calidad y eficacia de la tarea profesional y la etapa cumplida, SE FIJAN los honorarios del Dr. Javier Zunino en la suma de $2.479.800 que equivalen a 40UMA y, con fundamento en pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE ESTABLECEN sus honorarios, por las tareas cumplidas en la alzada, en la suma de $743.940 que equivalen a 12UMA (art. 16, 19, 21, 29, 30 y cc. de la ley 27423; Res. SGA 2910/24).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
Expte. nro. 45740/2023 "COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA (TF 107532572-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
Buenos Aires, de diciembre de 2024.- MLF Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que el Tribunal Fiscal declaró la nulidad del Protocolo de Análisis LAB N° 91.549 y de todo lo actuado en consecuencia y, por consiguiente, dejó sin efecto la Resolución Nº 284/2019 (AD CAMP) dictada en la Actuación Nº 12578-190-2013, por la que la Aduana de Campana: (1) absolvió a la empresa Compañía Argentina de Granos SA y al despachante de aduanas (Mosqueda, Javier Fabián) de la infracción prevista y penada en el art. 954 inc. b) del C.A.; (2) las condenó al pago de una multa de $324.706,55 por el inc. a) de la norma mencionada y se las intimó el pago de u$s63.025,34 en concepto de derechos de exportación. Impuso las costas a la DGA (v. sentencia a fs. 383/391 del DEO: 12219900 recibido el 11/12/2023, a cuya foliatura se hará referencia en lo sucesivo).
El pronunciamiento fue apelado por el Fisco Nacional, cuyo recurso fue concedido a fs. 407/408 (punto 2) y fundado a fs. 432/444; los agravios fueron replicados a fs. 457/470.
II. Que dos son las cuestiones que han sido discutidas y resueltas en el caso y que suscitan las quejas del apelante. Por un lado, si la interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal fue oportuna y, por otro, si la resolución sancionatoria resulta nula por no haber seguido el procedimiento establecido en la Resolución General N° 1582/03.
III. Que, en cuanto a tempestividad del recurso interpuesto ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde puntualizar que el Fisco planteó que el recurso ante el Tribunal Fiscal fue interpuesto fuera del plazo legal (art. 1133 del CA) ya que el 6/12/19 remitió al domicilio electrónico constituido por la exportadora la notificación del dictado de la Resolución N° 284/19 (AD CAMP) mediante SICNEA pero la actora no ingresó al sistema a tomar conocimiento de dicha notificación, lo cual motivó que la notificara mediante edicto, considerando que se trata de un medio de notificación permitido por el art. 1013 CA.
IV. Que, para resolver en favor de la oportunidad del recurso, el Tribunal Fiscal tuvo en cuenta las constancias de la Actuación Nº 12578-190- 2013, agregada a partir de fs. 126; de ellas surge que:
(1) la firma exportadora constituyó domicilio electrónico y procesal (v. fs. 170/180 y 189);
(2) la cédula electrónica nro. 19008NOTI046614H cursada al CUIT 30552587827 (ADHERIDO) por la que se intentó notificar a la firma de la Res. 284/19 y su aprobación, dio resultado negativo ya que su estado dice “PLAZO SUPERADO al 20/12/19” (cfr. impresión de pantalla de “SICNEA – Visualización de Cédula” del 20/03/20 a fs. 262)
(3) se publicó la Resolución 284/19 en el Boletín Oficial Nº 34.328 del 13/03/20 (v. fs. 264).
En función de estos antecedentes, señaló que el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA) fue implementado por la AFIP a fin de comunicar y notificar los actos inherentes a los procesos de gestión y control mediante el dictado de la Resolución General AFIP 3474/2013 (BO 10/04/2013), que fue modificada parcialmente por las Resoluciones Generales AFIP 3600/2014 (BO 11/03/2014), 4070/2017 (BO 9/6/2017), 4966/2021 (BO 16/04/2021).
Así, la reglamentación vigente a ese momento preveía en el Punto 2 del Capítulo II. “Procedimiento” del Anexo 1 para los Operadores de comercio exterior - sujetos comprendidos en el SICNEA- que:
“2.1.3. El administrado o la persona debidamente autorizada podrá acceder al sub-módulo ´Oficina de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras` las VEINTICUATRO (24) horas del día, durante todo el año.
”2.1.4. En este sub-módulo estarán disponibles los actos a comunicar o notificar. ”2.1.5. Los actos se considerarán comunicados o notificados el día que se acceda al submódulo “Oficina de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras”.
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”2.1.6. A fin de acreditar la existencia y materialidad de la comunicación o notificación, el sistema registrará dichos eventos en el submódulo de “Certificación” y posibilitará la emisión de una constancia que se podrá imprimir.
”2.1.7. Cuando existan notificaciones cursadas se tendrá un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos para ingresar al sub-módulo “Oficina de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras”, a fin de notificarse del respectivo acto. ”2.1.8. La falta de ingreso en el plazo indicado en el punto anterior producirá la inhabilitación transitoria para operar con los servicios informáticos que determine este Organismo.
”2.1.9. Vencido el plazo indicado en el punto 2.1.7 sin que el administrado se haya notificado mediante el SICNEA, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos inmediatos siguientes el área competente deberá notificar el o los actos en cuestión mediante la forma prevista en el Artículo 1013, inciso c) del Código Aduanero...”. Así, el tribunal de la instancia anterior consideró que la notificación de la resolución a través de publicación de edicto en el Boletín Oficial no se ajustó al procedimiento específico previsto a esa fecha por el inciso “c” del art. 1013 del C.A. ya que la firma se había presentado en el sumario y poseía -a la fecha de la notificación- domicilio electrónico y domicilio legal especial constituido. En consecuencia, entendió que la exportadora recién fue válidamente notificada de la resolución apelada con la presentación del 06/10/22 (art. 1013 inciso “b” del CA).
V. Que, frente a ello, sostiene el recurrente que la actora ha incurrido en una clara actitud negligente y maliciosa al no ingresar al SICNEA a tomar conocimiento de las notificaciones efectuadas al domicilio electrónico. Manifiesta que esta actitud, que sólo tiene por objeto obstruir el normal desenvolvimiento del proceso o retardar su decisión, no puede ser respaldada; explica que, ante esa situación y para resguardar el derecho de defensa de la firma, el servicio aduanero optó por la notificación mediante una publicación en el Boletín Oficial, medio de notificación que se encuentra expresamente habilitado por el art. 1013 CA.
Pone de resalto que, en el momento de efectuarse la notificación por edicto (marzo de 2020) la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia y que la cantidad de casos de la enfermedad comenzaba a aumentar y el aislamiento social se constituía como la única opción viable para mitigar la propagación de la enfermedad, por lo que un notificación física en papel implicaba un riesgo tanto para el oficial notificador como para el personal de la actora. En dicho contexto, postula que requerir que la notificación se realice mediante cédula papel resulta un exceso ritual, máxime al considerar que la propia actora denunció su domicilio electrónico, pero jamás procedió a apertura las notificaciones allí efectuadas.
Sostiene que, ante el fracaso de la notificación en el domicilio constituido, se presume que este ya no es el “domicilio conocido”. Entiende que la notificación debe ser admitida si cumple su finalidad y no genera un perjuicio al destinatario, aun cuando no fue realizada en el domicilio real, constituido o electrónico y reitera que la parte interesada, expresamente constituyó su domicilio electrónico, que voluntariamente optó por no revisar, aun sabiendo la existencia de un procedimiento infraccional en su contra en trámite, y tampoco revisó el boletín oficial, pese a tener la obligación legal también de efectuarlo.
Finaliza advirtiendo que si el destinatario quisiera cuestionar la eficacia de la notificación a través de una solicitud de nulidad procesal, cargará con los recaudos propios de tal petición (principio de convalidación, trascendencia, finalidad, especificidad) y tendrá que justificar la fuerza mayor que le impidió acceder a la notificación electrónica efectivamente realizada y en su caso, a la publicación de edicto realizada.
VI. Que, al confrontar las quejas del apelante con los argumentos que fundan la sentencia apelada se advierte que las manifestaciones por las que pretende fundar su recurso no constituyen la crítica concreta y razonada que exige el art. 265 del código procesal.
Ello es así, pues las razones que esgrime prescinden del argumento central que sostiene la decisión, esto es, que ante el resultado negativo de la notificación electrónica, la reglamentación vigente (RG 3474/13) ordenaba la aplicación del inciso “c” del art. 1013 del código aduanero, por lo que la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III notificación por edictos no se ajustó al procedimiento específico previsto, teniendo en cuenta que la firma se había presentado en el sumario y poseía -a la fecha de la notificación- domicilio electrónico y domicilio legal especial constituido.
Por lo demás, cabe agregar que la norma reglamentaria mencionada preveía especialmente el supuesto en que el sujeto a notificar no ingresara al sistema (punto 2.1.8 del punto 2, capítulo II, Anexo 1).
En consecuencia, se debe confirmar lo decidido en este punto.
VII. Que, en lo que concierne a la nulidad del procedimiento por incumplimiento de la RG 1582/03, corresponde puntualizar que la mercadería exportada en el caso fue documentada mediante el permiso de embarque (PE) N° 13 008 EC01 004673, en el que se consignó la posición arancelaria (PA) 2309.90.90.900T “Los demás (R. 2012/93 ex – ANA) Las demás - Las demás PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES”, y se abonaron derechos de exportación a la alícuota del 5%.
Estimó el servicio aduanero que debió haber sido clasificada en la P.A. 2304.00.10.100B, y que deberían haberse pagado derechos de exportación al 32%; ello, dado el resultado del Protocolo de Análisis LAB Nº 91.549 del Instituto Técnico de Examen de Mercaderías (ITEM), según el cual la muestra “se trata de una mezcla de granulometría heterogénea constituida por harina de soja desgrasada y maíz molido. Se observa la presencia de cloruros y de carbonatos agregados; más las demás características mencionadas en el informe. No es posible cuantificar las estructuras vegetales debido al alto grado de molienda que presenta la muestra; no obstante ello es posible inferir mediante observación de campos ópticos que el componente mayoritario es la harina de soja desgrasada” (v. fs. 139/140).
VIII. Que, para declarar la nulidad de lo actuado, el Tribunal Fiscal tuvo en cuenta que la muestra fue tomada el 16/4/2013 y que, en atención a las especiales características del producto exportado y al tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y la apelación ante el Tribunal Fiscal, las irregularidades en las que incurrió el servicio aduanero al no notificar el resultado del análisis no pueden ser subsanadas al apelar la resolución administrativa. Advirtió que pese a que la firma recurrente ofreció prueba pericial técnica el 26/02/2015 al contestar la vista conferida en el sumario y volvió a solicitarla en su presentación del 10/08/2018, sin embargo, el servicio aduanero no se expidió sobre dicha prueba.
Destacó que la representatividad de la muestra, es decir, la posibilidad de reflejar en forma fidedigna las características de la mercadería en cuestión, es el principio básico sobre el cual se encuentra estructurado el procedimiento previsto en la normativa aplicable de modo tal que, desaparecida esa representatividad, el análisis de la muestra deviene inútil.
Por ello, concluyó que el tiempo transcurrido entre la extracción de la muestra, el resultado de la práctica del análisis pertinente y su notificación a la parte interesada, socavó la posibilidad de control de la prueba, base para formular la resolución atacada. Ello, sumado a la imposibilidad técnica de repetir dicho acto, fulminando de nulidad el Protocolo de Análisis LAB N° 91.549, toda vez que los resultados de la prueba unilaterales obtenidos por la Administración conculcan el debido derecho de defensa en juicio, base de nuestro sistema de derecho y reconocido por la Constitución Nacional. En consecuencia, declaró la nulidad absoluta del Protocolo de Análisis LAB N° 91.549 y de todo lo actuado en consecuencia y, por consiguiente, dejó sin efecto la resolución apelada.
IX. Que en sustento de su recurso, sostiene el Fisco que la actora, luego de ser notificada, no solicitó la nulidad del protocolo en el plazo legal dispuesto por el art. 1051 del CA, por lo que tácitamente lo ha consentido. Señala que, en efecto, la nulidad -en el sentido aplicado por el a quo- nunca fue invocada durante la sustanciación del procedimiento en sede administrativa. Añade que, para que prospere la declaración de nulidades procesales, se requiere la existencia de un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando -como en el caso- se adopta en el sólo cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso de ritual no compatible con el buen servicio de justicia (v. doctrina de Fallos: 327:2315 y sus citas, entre otros).
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Además, recuerda la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (Fallos 205:549, 247:52 entre muchos otros). Así, destaca que según surge del acta de extracción, la actora cuenta con un juego de las muestras, el cual tiene la obligación de mantener en buen estado, por lo que, a todo evento, si el análisis efectuado fuera nulo, el Tribunal Fiscal debió haber ordenado un nuevo análisis sobre dicha muestra (tal como lo solicitó la actora en su prueba) subsanando aquel presunto error invocado. Concluye así en que, al no haberlo hecho, también resulta arbitraria la sentencia.
X. Que tampoco en este tópico las manifestaciones del apelante son suficientes a los fines requeridos por el art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial.
En efecto; el Fisco se ha limitado a afirmar dogmáticamente que la exportadora consintió tácitamente el resultado del análisis, que no procede la nulidad por la nulidad misma y que, a todo evento, las irregularidades podrían haber sido posteriormente subsanadas.
Soslaya que en la sentencia se ha puesto de resalto que las muestras fueron tomadas en abril de 2013 (v. fs. 138), la exportadora tomó conocimiento de los resultados al ser notificada en febrero de 2015 de la vista ordenada en el sumario (v. fs. 153) y que el servicio aduanero omitió proveer el pedido formulado en el punto IV del descargo para que se repitiera el análisis (v. fs. 177/178), solicitud reiterada en el año 2018, v. fs. 211/212, que también quedó sin respuesta.
En función de estos antecedentes, consideró el Tribunal Fiscal que, atendiendo a las especiales características del producto exportado y al tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y su notificación a la interesada, se ha afectado su derecho de ejercer el control de la prueba, lo cual, sumado a la pérdida de representatividad de la muestra con la consiguiente imposibilidad técnica de repetir el análisis, derivó en la afectación al debido derecho de defensa de la sumariada.
El recurrente no se ha ocupado eficazmente de refutar estas cuestiones en forma concreta y razonada.
Por ello, y dado que tampoco se ha puesto en evidencia una errada o irrazonable valoración de los elementos fácticos del caso por parte del Tribunal Fiscal de la Nación (art. 1180 del Código Aduanero; CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA”, expte. nro. 6774/2015, del 15/12/16; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA”, nro. 37638/2017, del 4/10/18; “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA”, nro. 5609/2016, del 21/6/19; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA”, nro. 3084/2020, del 5/5/21; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA”, nro. 10/2019, del 22/7/22 y “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA”, nro. 27458/22, del 27/12/22; y Sala IV de esta Cámara, causas “Maritime Shipping Agency SRL”, nro. 2708/12, del 26/6/12 y “Abbot Laboratories Argentina SA”, nro. 7625/19, del 29.8.19 y sus citas, entre muchos otros), corresponde también desestimar este aspecto de la apelación deducida (en sentido análogo, cfr. esta Sala, “BMW ARGENTINA SA (TF 32633461-A) c/ DGA”, expte. nro. 11134/2022, del 6/10/2022; “AR ZINC SA (TF 34589-A) c/ DGA”, expte. nro. 25225/2023, del 14/9/2023 y “AR ZINC SA-TF 34669-A c/ DGA”, nro. 71756/2022, de la misma fecha; Sala IV de esta Cámara, causas “BMW ARGENTINA SA (TF 36044780-A) c/ DGA”, expte. nro. 11137/2022, del 18/8/2022; “AR ZINC SA (TF 34585-A) c/ DGA”, nro. 33088/2023, del 14/9/2023; “ALE Y CIA SA (TF 11381628-A) c/ DGA, nro. 34626/2023, del 19/9/2023; “GRUPO PILAR SA (TF 80302386-A) c/ DGA, nro. 36818/2023, del 24/10/2023 y esta Sala en su actual integración, causas “AR ZINC SA (TF 34562-A) c/ DGA”, expte. nro. 39620/2023, del 30/4/2024 y nro. 41266/2023, del 19/11/2024).
XI. Que las costas deben ser soportadas por el vencido (art. 1163 del CA y art. 68, primer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
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Por ello, SE RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del juicio (cfr. fs. 3), la trascendencia económica que para el interesado revistió la cuestión en debate, la calidad y eficacia de la tarea profesional y la etapa cumplida, SE FIJAN los honorarios del Dr. Javier Zunino en la suma de $2.479.800 que equivalen a 40UMA y, con fundamento en pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE ESTABLECEN sus honorarios, por las tareas cumplidas en la alzada, en la suma de $743.940 que equivalen a 12UMA (art. 16, 19, 21, 29, 30 y cc. de la ley 27423; Res. SGA 2910/24).
Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite -en la instancia anterior- su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Salasuscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán, quien integra este Tribunal en los términos de la Ac. 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia