Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 149488739-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir los agravios formulados por la firma actora y revocar el pronunciamiento apelado;
2Declarar la inconstitucionalidad de los derechos de exportación establecidos sin sustento legal por el decreto 133/2015;
3Reconocer el derecho de la firma actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación que abonó en exceso al oficializar el permiso de embarque n° 17057EC01004275R;
4Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada; y 5. Declarar insustancial el tratamiento de los agravios de la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas.
22871/2024 “Compañía Argentina de Granos SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
En Buenos Aires, a los 15 días del mes de julio del año 2025, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “Compañía Argentina de Granos SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución n° 523/2023 dictada por el jefe del departamento de la aduana de San Lorenzo que había rechazado el pedido de devolución de los derechos de exportación abonados por la firma actora.
Para así decidir, sostuvo diversos argumentos:
i. “En virtud del fallo plenario […] dictado en la causa […] ‘Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación’ […] este Tribunal Fiscal por mayoría […] acordó fijar la siguiente doctrina legal: ‘ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia 1 el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467’”.
ii. “A los fines de la resolución de la litis resulta plenamente aplicable […] la posición legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, en tanto la operatoria dispuesta por el Decreto Nro. 133/2015 […] y sus sucesivas modificatorias […] resulta similar, mutatis mutandi, a aquella establecida en el Decreto Nro. 793/2018, cuya validez ha sido expresamente receptada en la doctrina plenaria de referencia, por lo que resulta ajustado a derecho confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma recurrente, en relación a la destinación involucrada en autos”.
iii. Las costas deben ser distribuidas en el orden causado “atento a que se resuelve en base a una decisión Plenaria de este Tribunal y a la complejidad de la cuestión debatida, en virtud de la cual las partes pudieron considerarse con derecho a litigar”.
II. La firma actora y la parte demandada apelaron y expresaron agravios.
1. La firma actora exhibe las siguientes objeciones que fueron replicadas:
i. “El artículo 755, como norma delegante, debe contener un plazo para el ejercicio de las facultades delegadas y delinear una clara política legislativa estableciendo baremos mínimos y máximos para las alícuotas. En ese sentido, resulta admisible que el Congreso delegue en el PEN facultades circunscriptas a ciertos aspectos cuantitativos de la obligación tributaria, pero siempre que ello se encuentre en el marco de una clara política legislativa con plazo para su ejercicio”.
ii. “El ilegítimo Decreto que incrementó los derechos de exportación se dictó en función de lo previsto en la Ley 22.415, art. 2 22871/2024 “Compañía Argentina de Granos SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
755, y en el art. 99, inc. 1) de la Constitución Nacional […] no existe en ninguno de los Considerandos de la norma un argumento legal subyacente que sirva de causa fuente a la fijación de alícuotas de derechos de exportación por parte del PEN”.
iii. “El PEN no puede ejercer facultades legislativas de modo autónomo, sin ley delegante que habilite su ejercicio. Tal exigencia constitucional se agrava cuando se trata de facultades materialmente tributarias, que conllevan la cuantificación de obligaciones de tal clase, gobernadas por el Principio de Legalidad. En ese sentido, de la lectura pormenorizada de las leyes que invocan las normas impugnadas en sus Considerandos no surge delegación legislativa alguna al PEN para fijar las alícuotas de derechos de exportación”.
iv. “La inexistencia de normas delegantes en tales leyes torna ilusorio el cumplimiento integral del art. 76 de la Constitución, que requiere expresamente una ley formal que, de modo claro, habilite al PEN al ejercicio de facultades legislativas —en el caso la fijación de alícuotas de derechos de exportación— estableciendo una base legal para su ejercicio y un plazo fijado para ello”.
v. “El decreto 133/2015 carece de toda validez si se tiene en cuenta: a) que ha sido dictado por un órgano que carece de competencias legislativas para regular en materia tributaria; b) que no ha mediado norma delegante que confiera facultades tributarias a los órganos administrativos, habilitándolos a regular las alícuotas de los derechos de exportación aplicables a las mercaderías que exporta la Compañía; c) que aunque se sostuviera que las facultades surgen del C.A., aquella norma resulta insuficiente para cumplir con las exigencias emergentes del art. 76 de la Constitución; d) que no ha mediado posterior convalidación por parte del PLN respecto de aquél”.
3 vi. “Resulta inconstitucional la pretendida aplicación de alícuotas de Derechos de Exportación establecidos en decretos que carecen de una “delegación” o posterior ratificación legislativa, en la medida en que vulneran el Principio de Legalidad en materia tributaria y se oponen a la doctrina fijada por la CSJN en el Precedente ‘Camaronera Patagónica S.A’”.
2. La parte demandada critica, únicamente, la distribución de las costas en el orden causado y solicita que sean impuestas íntegramente a la firma actora que resultó vencida.
III. Los agravios ofrecidos por la firma actora encuentran una adecuada respuesta en las consideraciones y en las conclusiones desarrolladas por esta sala en la causa “Compañía Argentina de Granos SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 3 de abril de 2025.
Debe, pues, admitirse los agravios de la firma actora y declararse la inconstitucionalidad de los derechos de exportación establecidos sin sustento legal por el decreto 133/2015, dejarse sin efecto la resolución n° 523/2023 dictada por el jefe del departamento de la aduana de San Lorenzo y reconocer el derecho de la firma actora a obtener el reintegro de los importes abonados en exceso de las alícuotas establecidas por el decreto 509/2007 con relación al permiso de embarque n° 17057EC01004275R (esta sala, causa “Compañía Argentina de Granos”, citada).
IV. A las sumas cuya restitución se reconoce deberá adicionarse los intereses a partir de la fecha de la presentación del escrito por el cual se reclamó la repetición (artículo 811 del Código Aduanero) hasta su efectivo pago.
De acuerdo con el artículo 812 del Código Aduanero y dado que la firma actora cuestionó la legitimidad de la tasa de interés 4 22871/2024 “Compañía Argentina de Granos SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
prevista en la resolución n° 314/2004 (Ministerio de Economía), corresponde aplicar la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina hasta el 31 de julio de 2019. A partir del 1° de agosto de 2019 deberá aplicarse la tasa que está prevista en el artículo 4º de las resoluciones nº 598/2019 (Ministerio de Hacienda), 559/2022 (Ministerio de Economía), y 3/2024 (Ministerio de Economía) —modificada por la resolución n° 199/2025 (Ministerio de Economía)—, según la vigencia temporal de esas normas (esta sala, causas “Enap Sipetrol Argentina SA (TF 60116678-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 17 de septiembre de 2024 y “LDC Argentina SA”, citada).
V. Las costas de ambas instancias deben ser impuestas a la parte demandada ya que resulta vencida (artículos 1163 del Código Aduanero, 68, primera parte, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
VI. Por consiguiente, es insustancial el tratamiento de las objeciones formuladas por la parte demandada sobre la forma en que fueron distribuidas las costas.
En mérito de las razones expuestas, propongo al acuerdo: 1. Admitir los agravios formulados por la firma actora y revocar el pronunciamiento apelado; 2. Declarar la inconstitucionalidad de los derechos de exportación establecidos sin sustento legal por el decreto 133/2015; 3. Reconocer el derecho de la firma actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación que abonó en exceso al oficializar el permiso de embarque n° 17057EC01004275R; 4. 5 Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada; y 5. Declarar insustancial el tratamiento de los agravios de la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas.
Las juezas Clara María do Pico y Liliana María Heiland adhieren al voto precedente.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1. Admitir los agravios formulados por la firma actora y revocar el pronunciamiento apelado; 2. Declarar la inconstitucionalidad de los derechos de exportación establecidos sin sustento legal por el decreto 133/2015; 3. Reconocer el derecho de la firma actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación que abonó en exceso al oficializar el permiso de embarque n° 17057EC01004275R; 4. Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada; y 5. Declarar insustancial el tratamiento de los agravios de la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia