Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 149511457-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de la RESOL-2023-535-E-AFIP -ADSALO#SDGOAI y; consecuentemente, reconocer el derecho de dicha parte a obtener el reintegro reclamado en relación con el permiso de embarque N° 17057EC01005781U, con más sus respectivos intereses;
2Imponer las costas de ambas instancias a la demandada por resultar Alta en sistema: 01/04/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V vencida (artículo 68, primera parte, del CPCCN); y 3) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 17931/2025 “COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA (TF 149511457-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de marzo de 2026.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que a través de la resolución de fojas 233/238 -de las actuaciones administrativas- la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la RESOL-2023-535-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo, en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17134-45-2023. A través de dicho acto administrativo se había rechazado el reclamo de repetición de la suma total de U$D 20.812,50 en concepto de derechos de exportación presuntamente abonado en demasía, correspondiente al permiso de embarque N° 17057EC01005781U, oficializado en fecha 12/07/2017. Impuso las costas en el orden causado.
Para así decidir, consideró que la repetición pretendida carecía de sustento en tanto la alícuota del 27% aplicada en el caso -conforme el Decreto N° 133/15- no vulneraba el principio de legalidad tributaria ni el derecho de propiedad invocados por la actora (arts. 17 y 19 de la CN). Ello por cuanto consideró que con anterioridad al dictado de dicha norma se encontraba vigente una alícuota del 32% establecida por la Resolución (MEyP) N° 369/07.
II. Que contra dicha decisión, la parte actora interpuso un recurso de apelación a fojas 242/269 -de las actuaciones administrativas- y expresó agravios en esa misma oportunidad, los que no fueron replicados por su contraria.
En su presentación, cuestionó que se hubiera confirmado la validez de la RESOL-2023-535-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI de la Aduana de San Lorenzo. Afirmó que la doctrina sentada por el Tribunal Fiscal en el plenario “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.” no resulta trasladable al sub lite.
En esa línea, sostuvo que el Tribunal a quo efectuó una errónea interpretación del marco normativo aplicable a los derechos de exportación cuestionados, al considerar válido el Decreto N° 133/15 pese a que -a su criterio- tal norma habría sido dictada en violación de los principios de legalidad y reserva de ley en materia impositiva. Alta en sistema: 01/04/2026 III.- Que a fojas 4/11 -de las presentes actuaciones, en soporte digital- de la presente causa tomó intervención el Sr. Fiscal General. En lo relativo a los agravios de la parte actora indicó que -a su parecer- el caso debía resolverse con arreglo a los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 337:388.
IV. Que la cuestión a resolver resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa N° 51.458/19, caratulada “Gut Metal SRL C/ EN-AFIP s/Dirección General de Aduanas”, del 5 de mayo de 2022, a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. Asimismo, dicha sentencia se encuentra firme en tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó con fecha 10/10/2023 la queja y el recurso extraordinario allí interpuestos.
En esa oportunidad, este tribunal, por aplicación del precedente "Camaronera Patagónica" de la CSJN (Fallos: 337:388) decidió que resultaba incompatible con el texto constitucional la fijación de derechos de exportación por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que la Ley Nº 27.467 que había pretendido convalidarlos sólo pudo haber tenido el efecto de instituir los mencionados tributos ex nunc. Razones de economía procesal hacen aconsejable seguir la doctrina de los fallos de la Corte Suprema cuando ella se refiere a asuntos análogos al que es materia de decisión, sin perjuicio de la posibilidad de que la parte interesada pueda invocar nuevos argumentos y razones que no hayan sido examinadas y justifiquen una solución distinta, situación que en el caso no se presenta (Fallos 212:51, considerandos 4° a 6°; 307:1094, considerando 2°, 315: 2386, considerando 7°, 325:2723, 332:1488, considerando 3° del dictamen del procurador al que se remitió la Corte en su totalidad, 334:582). Dicho criterio fue mantenido por este Tribunal en casos similares al presente (conf. esta Sala in re: “Bunge Argentina SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. N° 22912/2023, del 12/11/2024; “LDC Argentina SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. N° 13180/2024, del 06/03/2025; “LDC Argentina SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. N° 13171/2024, del 13/08/2025; “LDC Argentina SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo” Expte. N° 2535/2025, del 02/10/2025; “LDC Argentina SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. N° 38748/2025, del 19/03/2026; entre otros).
Alta en sistema: 01/04/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V A ello cabe agregar, que la Sala IV de este Fuero se expidió en causas análogas al sub lite en el marco de los autos “Molino Cañuelas SACIFIA (TF 39853-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. N° 25930/2025, del 02/09/2025; y “Molino Cañuelas SACIFIA (TF 138475558-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. N° 20586/2024, del 15/04/2025. En tales oportunidades, se declaró la inconstitucionalidad del Decreto N° 133/15 -aquí cuestionado- y se admitió la repetición de la diferencia porcentual reclamada “[…] toda vez que por su intermedio se creó una carga tributaria y se fijó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa o base de delegación suficiente; incursionando de esta manera el Poder Ejecutivo Nacional en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación”.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos en los precedentes referidos, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocar la resolución apelada, declarar la nulidad de la RESOL-2023-535-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el permiso de embarque N° 17057EC01005781U.
V. Que en cuanto a la manera en que deben ser convertidas a pesos las sumas reconocidas en restitución, cabe señalar en la causa 1242. XLIX “Cencosud S.A. (TF 29.535-A) c/DGA”, del 15 de mayo de 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló con respecto al artículo 20 de la Ley N° 23.905 que “…surge claramente de su texto que ella regula, por una parte, la moneda en que se determinarán los tributos aduaneros adeudados por los contribuyentes y, por la otra, los instrumentos que pueden emplearse para su cancelación. Sin embargo, como adecuadamente lo señala la señora Procuradora Fiscal en su dictamen, en modo alguno se refiere a la forma en que se determinarán o calcularán los importes que debe restituir la Aduana por los tributos cobrados en exceso, ni tampoco la moneda que debe emplearse para su cancelación”. Agregó que de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas correspondientes resultaba que las sumas cuya repetición fuera admitida habían sido abonadas por la parte actora en pesos “…producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 20 de la ley 23.905”, y concluyó que la suma indebidamente percibida debía ser Alta en sistema: 01/04/2026 restituida en la misma moneda en que había sido efectuado el pago pues “…no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos en los términos del decreto 214/02…” e invocó en tal sentido el precedente E.222. XLI. “Editorial Perfil S.A.”, del 12 de agosto de 2008.
En consecuencia, la restitución de la suma reconocida en la sentencia deberá hacerse considerando el tipo de cambio del momento del pago, de conformidad con lo resuelto en el citado precedente.
VI. Que el reintegro al que da derecho esta decisión deberá ser comprensivo de los accesorios devengados a partir del momento establecido en el artículo 811 del Código Aduanero, calculados a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina -expresamente prevista para estos casos desde el dictado de la Resolución Nº 598/19 del entonces Ministerio de Hacienda de la Nación (cfr. artículo 4º), [conf. esta Sala, causa Nº 55842/2019 “Sancor Cul c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” sentencia del 17 de junio de 2021; y sus citas].
Asimismo, a partir del 1° de septiembre de 2022 corresponderá aplicar la tasa de interés prevista en la Resolución N° 559/2022 del Ministerio de Economía; a partir del 01/02/2024 la tasa de interés prevista en la Resolución N° 3/2024 del Ministerio de Economía (art. 4); a partir del 1º de marzo de 2025 la tasa de interés establecida en la Resolución Nº 199/2025 y a partir del 1º de julio de 2025 la tasa de interés dispuesta en la Resolución Nº 823/2025.
VII. Que en cuanto a las costas del proceso, toda vez que la demandada ha resultado vencida y que no se advierten razones para apartarse del principio objetivo de la derrota, corresponde imponerlas a su cargo en ambas instancias (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de la RESOL-2023-535-E-AFIP -ADSALO#SDGOAI y; consecuentemente, reconocer el derecho de dicha parte a obtener el reintegro reclamado en relación con el permiso de embarque N° 17057EC01005781U, con más sus respectivos intereses; 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada por resultar Alta en sistema: 01/04/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V vencida (artículo 68, primera parte, del CPCCN); y 3) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Se deja constancia de que la Vocalía N° 15 de esta Sala se encuentra vacante (art. 109 RJN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 01/04/2026
Fin de la sentencia