Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 16831107-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
43629/2025 “COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS SA (TF 16831107-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, abril de 2026.
VISTA:
La elevación del expediente TF 16831107-A (v. DEO del 17/11/25) “a fin de considerar el recurso de apelación interpuesto por la actora el 05/02/2025 (v. IF-2025-12725000- APN-DTD#JGM) concedido el 24/07/2025 (v. PV-2025-80806361-APNVOCXV#TFN) contra la sentencia dictada el 10/12/2024, en cuanto confirma la Resolución N° RESOL2023-513-E- AFIP-ADROSA#SDGOAI, con costas por su orden (v. IF-2024-135326660-
APNVOCXV#TFN)” (cfr. nota en la pág. 362 del expte. electrónico, donde también consta que la recurrente expresió agravios en plazo y que el Fisco Nacional contestó el traslado conferido); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría: (i) rechazó la nulidad planteada por la recurrente, con costas; (ii) confirmó la resolución RESOL-2023-513-E-AFIP-ADRO- SA#SDGOAI en cuanto había denegado la devolución de una diferencia de derechos de exportación (USD 258.456,00), abonada con relación al permiso de embarque 15052EC01002940H y en los términos de la resolución 181/08 del entonces Ministerio de Economía y Producción, con costas por su orden.
Para resolver como lo hizo sobre la cuestión de fondo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN), donde se fijó que: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.
Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la validez constitucional de la citada resolución MEyP 181/08, respecto de la cual entendió extensibles aquellas conclusiones mutatis mutandi, y rechazó la repetición.
La mayoría distribuyó las costas de la cuestión principal por su orden, atento las particularidades de la cuestión debatida y el hecho de que se la resolviese por argumentos no expuestos por las partes.
2. Que, principalmente, la actora sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Explicó que la resolución MEyP 181/08 resultaba inválida dado que no tenía sustento en una ley que hubiese establecido pautas claras para fijar derechos de exportación como los que se aplicaron, y tampoco tuvo expresa ratificación legislativa. Citó jurisprudencia en sustento de su posición.
Precisó que, de acuerdo con la doctrina sentada en dicho fallo, correspondía invalidar la citada resolución, que establecía una alícuota del 32% en concepto de derechos de exportación para la mercadería comprendida en el caso (correspondiente a la PA 2304.00.10.100B). No obstante, insistió en que no perseguía la devolución íntegra de lo abonado, sino únicamente la diferencia entre dicha alícuota y la que, a su entender, resultaba aplicable conforme al decreto 509/07 (24%), por considerar que este último era el único instrumento normativo que contaba con una convalidación legislativa suficientemente concreta y determinable, en los términos exigidos por la Corte en el citado precedente (v. esp. p. 313, expte. cit.).
3. Que, el 3/12/25, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
4. Que, ante todo, es importante tener en cuenta que en el presente caso la actora consintió expresamente la alícuota del 24% de derechos de exportación que, para la mercadería involucrada, surgiría de la aplicación del decreto 509/07; ello así, en la inteligencia de que este último contaba con aprobación legislativa (v. pp. 36 y 313, expte. cit.).
5. Que, la cuestión relativa a si la resolución MEyP 181/08 cumplió con el principio de reserva de ley a la luz de la doctrina de “Camaronera Patagónica”, ya fue examinada por esta Sala en la causa 86501/18 “Finning Argentina SA c/ En – M Hacienda – AFIP – DGA s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 17/5/22; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente (v. esp. consid. 10)— se remite por razones de brevedad.
Asimismo, se remite a lo expuesto en la causa 36809/23 “Molino Cañuelas SACIFIA (TF 56397479-A) c/ DGA”, sentencia del 3/10/23, considerando 7°, en punto a la falta de convalidación legislativa de la alícuota del 32% para la PA 2304.00.10.100B al momento imponible de la destinación involucrada en esta actuación (23/4/15, v. p. 202, expte.cit.). Por lo allí expuesto, no caben dudas de la invalidez constitucional de la resolución MEyP 181/08, toda vez que por su intermedio se creó una carga tributaria y se fijó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa o base de delegación suficiente; incursionando de esta manera el Poder Ejecutivo Nacional en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación. Además, porque —de conformidad con la señalada doctrina de la Corte— tampoco es posible identificar una ley formal que, al momento imponible de la exportación involucrada en el caso, hubiese otorgado rango legal a la alícuota establecida por la aludida resolución ministerial, en la porción que aquí se discute. Por ese motivo, se revoca lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación y se admite la devolución de la diferencia de derechos pretendida.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
43629/2025 “COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS SA (TF 16831107-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
6. Que, al revocarse la decisión en los términos antes referidos, corresponde examinar la defensa que había opuesto el Fisco con relación a la moneda en que debería ordenarse la devolución de la diferencia de derechos de exportación (v. pp. 255, expte. cit.). Al respecto, corresponde remitir a lo resuelto por la Corte federal en la causa C.1242.XLIX “Cencosud SA (TF 29535-A) c/ DGA”, sentencia del 15/5/14, y estar al importe efectivamente abonado en pesos que surge de las actuaciones administrativas (cfr. esta Sala, causa 39315/11 “SA La Hispano Argentina Curtiembre y Charol”, resol. del 15/12/15; entre otras).
7. Que, por consiguiente, corresponde hacer lugar al recurso de la parte actora, revocar la decisión apelada, declarar la inconstitucionalidad de la resolución MEyP 181/08 y admitir la repetición de la diferencia de derechos de exportación pretendida con respecto al permiso de embarque 15052EC01002940H, más sus intereses, y con el alcance dispuesto en el considerando 6º de la presente. ASÍ SE RESUELVE.
8. Que, en atención al modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado sustancialmente vencido (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párr., y 279 del CPCCN). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia