Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 18284936-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad —en el caso— de la Resolución 182/2008 (ex MEyP) y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos VII, VIII y IX,
2Desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y
3Disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
La Dra. María Claudia Caputi no suscribe la presente, por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
3866/2025.-
“Compañía Argentina de Granos SA (TF 18284936-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2025.
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento del 5/09/2024, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la Resolución n° RESOL-2023-521-E-AFIP- ADROSA#SDGOAI, suscripta por el Sr. Administrador de la Aduana de Rosario (AD ROSA) con fecha 21 de diciembre de 2023, recaída en la Actuación Administrativa SIGEA Nro. 12542-3184-2018, en cuanto dispuso denegar el pedido de devolución de derechos de exportación formulados por la firma Compañía Argentina de Granos SA. Con costas por su orden. Para así decidir, el organismo administrativo con facultades jurisdiccionales aplicó la doctrina resultante de la decisión plenaria del Tribunal Fiscal de la Nación adoptada en autos “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, resol. del 26/4/2022, según la cual:
-dicho organismo administrativo con facultades jurisdiccionales se encontraba imposibilitado de declarar la inconstitucionalidad de una norma, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente; -el Poder Ejecutivo Nacional se encontraba facultado para establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero;
En tales condiciones, consideró que resultaba de aplicación el fallo citado toda vez que la operatoria dispuesta por la Resolución Nro. 182/2008 del ex Ministerio de Economía y Producción (B.O. 21/7/2008) y sus sucesivas modificatorias —que fijara derechos de exportación a las posiciones arancelarias allí estipuladas— resulta similar, mutatis mutandi, a aquella establecida en el Decreto Nro. 793/2018, cuya validez —según entendió— ha sido expresamente receptada en la doctrina plenaria de referencia.
Por último, por unanimidad, estimó que las costas debían imponerse por su orden, en virtud de la complejidad de la cuestión en trato ( v. págs. 316/19 del DEO: 17508315 -Tribunal Fiscal de la Nación, incorporado con fecha 12/03/2025).
II. Que, disconforme con lo resuelto, ambas partes interpusieron recurso de apelación, la parte actora con fecha 17/10/2024, fundándolo el día 7/11/2024, y el 17/10/2024 lo hizo el Fisco Nacional, quien lo fundó en ese acto.
Corridos los pertinentes traslados, la parte actora con fecha 12/11/2025 replicó los fundamentos de su contraria, y el Fisco Nacional hizo lo suyo con fecha 3/12/2024 (ver nota de elevación de las actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación).
Con fecha 15/10/2025 emitió su dictamen el señor Fiscal General.
III. Apelación de la actora:
En primer lugar, realiza un sumario de los fundamentos brindados por los vocales del Tribunal Fiscal de la Nación.
Expone que, resulta manifiesta la inaplicabilidad de la doctrina legal sentada en el Plenario al caso de autos, siendo imperioso se haga un análisis pormenorizado de la Resolución N° 182/2008 (ex MEyP) y de las circunstancias del caso.
Destaca la clara inconsistencia de fundamentos aplicados al caso, toda vez que el Tribunal Fiscal de la Nación aplica un Plenario que versaba sobre la aplicación de derechos de exportación fijados por el Decreto 793/18, utilizando una aplicación análoga con los derechos de exportación instaurados por la Resolución N° 182/2008 (ex MEyP). Empero cabe destacar que, en rigor de lo expuesto ese Tribunal Fiscal declaró la validez del Decreto emitido por un órgano carente de facultades legisferantes y que, ni siquiera había sido concebida por medio de una delegación. Critica que el Tribunal Fiscal se haya limitado a reproducir la doctrina plenaria que, a su juicio, se aparta de “Camaronera Patagónica”, validando la utilización de normas constitucionales que refieren a la potestad exclusiva del Congreso de la Nación para crear o modificar tributos; normas que instauran el principio de reserva de ley o legalidad en materia tributaria que, según comprende ha sido vulnerado a través de la emisión de la Resolución N° 182/2008 (MEP).
De ese modo, expone sus fundamentos para afirmar la invalidez de la resolución cuestionada.
Cita jurisprudencia a modo de respaldo de sus argumentos.
Concluye que, conforme a los argumentos expuestos de hecho y de derecho puede afirmarse sin hesitación que la norma del PEN en crisis resulta dictada autónomamente, correspondiendo declarar su nulidad absoluta e insanable.
IV. Apelación de la parte demandada:
La recurrente cuestionó, únicamente, el modo en que fueron distribuidas las costas.
Para dar fundamento a su postura, destacó que el fallo recurrido confirma en su totalidad la resolución aduanera, por lo tanto, correspondía estar a lo así previsto por el artículo 68 del CPCCN y en el artículo 1163 del Código Aduanero.
V. Que no se encuentra controvertida la operatoria bajo trato, ni los elementos resultantes de la declaración aduanera, las características de la mercadería involucrada, su posición arancelaria; limitándose la controversia suscitada, atento los términos del reclamo seguido, a determinar si se ajusta a derecho el pago de derechos de exportación conforme lo normado por la resolución 182/2008 (ex MEyP), impugnada en autos.
Al punto, resulta atinado mencionar que según surge de la documentación acompañada, en el caso, la firma actora, exportó bajo la destinación N° 13052EC01000935H, oficializadas el 30/01/2013, abonando derechos de exportación según una alícuota del 32% de su valor FOB. Por la presente, la accionante, reclamó la devolución de la diferencia entre lo abonado en concepto de derechos de exportación por aplicación de la resolución ex MEyP 182/2008 y lo que, en su entendimiento, hubiera correspondido de aplicar la norma correcta, esto es, lo previsto por el decreto 509/2007, precepto anterior en el tiempo que contaría con el suficiente respaldo normativo en los términos de “Camaronera Patagónica SA”.
VI. Que sentado ello, cuadra referir que:
-por Decreto N° 509/2007 el Poder Ejecutivo de la Nación fijó los derechos de exportación para las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR que se consignan en las TRES (3) planillas del Anexo XIV del decreto (art. 16), y mantuvo la vigencia de los Decretos Nros. 310/2002, 809/2002 y 645/2004, de la Resolución No 526/2002 y las Resoluciones Nros. 335, 336 y 337 del 2004, entre otras (art. 17), de acuerdo a las alícuotas establecidas en el Anexo XV (art. 18). Por su parte, en el artículo 19 fijó “para las mercaderías no alcanzadas por las disposiciones de los Artículos 16 a 18 precedentes, un derecho de exportación del CINCO POR CIENTO (5%)”. En cuanto aquí interesa, para la posición arancelaria 2304.00.10 se fijó una alícuota del 24%. El Decreto fue convalidado por la Cámara de Senadores de la Nación el 22/8/07 (B.O. 10/10/2007) y por la Cámara de Diputados de la Nación el 28/11/07 (B.O. 10/12/2007).
- por la Resolución ex MEyP 182/2008 (publicada en el BORA del 21/7/2008), el ex Ministerio de Economía y Producción fijó para la posición arancelaria “1001.90.90” nuevamente una alícuota del 28% y para la posición arancelaria “1507.10.00” nuevamente una alícuota del 32%.
VII. Que puesto ello de relieve, en el sub examine la firma actora reclama el reintegro de los derechos de exportación que —según sostiene — fueron indebidamente liquidados en exceso por aplicación de la alícuota indicada fijada en virtud de la resolución ex MEyP 182/2008, cuya validez constitucional cuestiona, por entender que dicho decreto carecía de una delegación legislativa válida para establecer tributos.
En tales condiciones, la cuestión a resolver en estos actuados resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa “LDC Argentina SA (TF 38.925-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, expte. N° 1.904/2024, sentencia del 6/12/2024 (ver específicamente Considerandos XI a XVI), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. El texto íntegro del pronunciamiento puede ser consultado en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar).
En esa oportunidad este Tribunal, aplicando el precedente “Camaronera Patagónica”, resolvió que el Poder Ejecutivo carecía de facultades para fijar derechos de exportación como lo hiciera en el caso, pues el artículo 755 del Código Aduanero no constituye una norma delegante válida en ausencia de una ley del Congreso que establezca los elementos esenciales del tributo. Se especificó que el aspecto cuantitativo de los derechos de exportación establecidos por la Resolución N° 182/2008 (ex MEyP) respondió de manera exclusiva a su decisión discrecional, sin contar con el imprescindible respaldo de una “clara política legislativa”, que fijara la totalidad de los aspectos cuantitativos del impuesto, materia reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Nación. Por lo que, en definitiva, corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad —en el caso— de la Resolución N° 182/2008 (ex MEyP) y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados en exceso, al oficializar el despacho de exportación denunciado (30/01/2013), cuyo pago —por lo demás— no fue desconocido en autos por la demandada (en el mismo sentido Sala IV del Fuero en autos 41.274/2023 “Molinos Río de la Plata SA (TF 39.038-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 8/8/2023).
VIII. Que, sentado lo anterior, en lo atinente a la moneda en que habrá de cancelarse la obligación, en atención a los claros y precisos términos del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Cencosud SA - TF 29.535-A c/DGA", del 15/05/2014), cabe remitir –en lo que pertinente–, a lo decidido por este Tribunal en la causa “Molfino Hermanos S.A. (TF 32275313-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, expte. N° 13.598/2025, sentencia del 4/07/2025 (ver específicamente Considerando XII), entre otros.
IX. Que, definida la moneda de pago, en orden al alcance de la condena, la cuestión a resolver en estos actuados resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa 20.372/2024 caratulada “Viterra Argentina SA (TF 2299742-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 30/12/2024 (considerando XVII), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.
X. Que sentado ello, y con relación al planteo de inconstitucionalidad de la resolución n° 314/04, cabe señalar que, respecto de la resolución ME n° 314/04 (art. 3°), este Tribunal ha sostenido, en numerosas oportunidades que, dicha resolución, en su art. 3º establece una tasa de interés del 0,50% mensual para los casos en que el Fisco debe reintegrar lo abonado en forma indebida por el contribuyente y, por otro lado, fija en su art. 1º los intereses resarcitorios en un 2% mensual; porcentaje que ulteriormente fue elevado por la resolución 841/10 a un 3% mensual. De acuerdo a ello, corresponde remitirse a lo resuelto por este Tribunal en la causa nro. 3.596/2025 caratulada “Viterra Argentina SA (TF 60904132-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo” del 20/05/2025, (considerando XIV), cuyos fundamentos resultan íntegramente aplicables al presente, en tanto se declaró la inconstitucionalidad de la resolución MECON nro. 314/04 por resultar irrazonable y lesiva para el patrimonio del contribuyente.
En dicho precedente –en lo sustancial– se estableció que, frente a la desproporción generada por la diferencia entre los intereses fijados a favor del Fisco y los previstos para los contribuyentes, correspondía aplicar la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (Comunicado N° 14.290) desde la fecha de la solicitud de repetición hasta el 1/08/2019 y, a partir de entonces, se aplicará hasta el efectivo pago, la tasa prevista en la Resolución Nº 598/2019.
De ese modo, se declara la inconstitucionalidad de la tasa establecida en el art. 3° de la resolución ME nº 314/2004 –actualizada por la resol. ME nº 841/2010– aplicable en los casos de devolución, reintegro o compensación de tributos, correspondiendo disponer en este caso, la aplicación de la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (Comunicado Nº 14.290), que regirá desde la fecha de la solicitud de repetición hasta el 1/08/2019 y, a partir de entonces, se aplicará hasta el efectivo pago, la tasa prevista en la Resolución Nº 598/2019 (ver esta Sala, in re, expte.: 25. 216/2023, “Oleaginosa Moreno Hermanos SA (TF 36646-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 14/07/2023 y expte. n° 44.036/2023, “Molinos Río de la Plata SA (TF 92681777-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 5/04/2024, entre otros).
Por lo tanto, el reintegro deberá ser comprensivo de los intereses devengados desde que fueran formuladas las peticiones de repetición en sede administrativa y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), a calcular según las tasas vigentes a cada período.
X. Que, finalmente, en atención al modo en que se decide, y al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero). Estas mismas circunstancias determinan -de por sí- el rechazo de la apelación del Fisco Nacional.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad —en el caso— de la Resolución 182/2008 (ex MEyP) y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos VII, VIII y IX, 2º) desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y 3º) disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
La Dra. María Claudia Caputi no suscribe la presente, por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia