Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 28973837-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la apelación deducida por Compañía Argentina de Granos S.A., revocar el pronunciamiento del 26/03/2025 dictado por la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la Resolución RESOL-2024-105-E- AFIP – ADSALO#SDGOAI, declarar -en el caso- la inconstitucionalidad del decreto 133/15 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la exportadora, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos VII y VIII; y
2Disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
CAF 037645/2025
“COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA (TF 28973837-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 6 de marzo de 2026.- VS VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, con fecha 07/02/2024, el Sr. Jefe de Departamento Aduana San Lorenzo dictó la “RESOL-2024-105-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI”, en las actuaciones SIGEA Nº 17134-17-2023, mediante la cual rechazó la petición de la empresa Compañía Argentina de Granos S.A. en virtud de la cual solicitaba la devolución de derechos de exportación abonados indebidamente por exigencia del Decreto 133/2015, en relación a la operación de exportación a consumo documentada mediante la Destinación nro. 17057EC010515K (v. fs.56/58, fs.162/190 y fs. 245/247 del expediente administrativo, identificado como DEO: 20319853- Tribunal Fiscal de la Nación, agregado al Sistema de Gestión Judicial Lex100 con fecha 03/10/2025).
II. Que, contra lo así decidido, la parte actora solicitó la revisión de la Resolución Fallo nro. 105/2024 dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo (ver fs. 5/54 del expediente administrativo, supra mencionado), ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.
En función de lo expuesto llegaron las actuaciones a la Sala la “E”, la cual con fecha 26/03/2025, confirmó la resolución aduanera en cuanto rechazó la acción de repetición intentada por Compañía Argentina de Granos S.A., con costas a la actora vencida (v. esp. fs. 275/280 del expediente administrativo, identificado como DEO: 20319853 - Tribunal Fiscal de la Nación, agregado al Sistema de Gestión Judicial Lex100 con fecha 03/10/2025).
Para así decidir, el tribunal sostuvo que: “el decreto 133/15 -impugnado en estos autos redujo la alícuota establecida para la PA de autos del 32% (constitucionalmente válida conforme los fundamentos expuestos supra, al haber sido fijada por las resoluciones 369/07 y 182/08) al 27% -alícuota efectivamente abonada por la actora-. Siendo ello así no se advierte en el caso ninguna afectación al derecho de propiedad de la actora”.
Consideró además – a criterio de uno de los vocales –, que no era factible extender al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Camaronera Patagónica S.A.” (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122) y producida la convalidación legislativa; y las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación, estableció que corresponde estar a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por ese Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022- 40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.”.
Finalmente, impuso las costas a la actora vencida (art. 1163 del CA).
III. Que, contra dicho pronunciamiento, con fecha 05/05/2025 interpuso recurso de apelación la parte actora y lo fundó en ese acto (fs.286/315). Asimismo, estos fueron replicados por la contraria el 02/06/2025 (fs. 322/326) -ver nota de elevación del expediente administrativo, supra mencionado a fs.330.-.
IV. Que, con fecha 17/11/2025 el Sr. Fiscal General emitió su dictamen. En sustancial síntesis, señaló que la cuestión planteada resulta sustancialmente análoga a la examinada en el dictamen recaído el día 9 de octubre de 2025 en la causa “COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A. (TF 52792061-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, CAF 36923/2025, a cuyos términos se remitió.
V. Apelación de Compañía Argentina de Granos S.A.:
En ajustada síntesis, señala la recurrente que el Tribunal Fiscal de la Nación sostuvo la validez de la resolución aduanera n° 105 luego de estudiar las distintas fuentes que presuntamente legitimaron al Dto. 133/2015 y concluir que los derechos de exportación abonados por su parte resultaban exigibles; además que juzgó que las cuestiones planteadas en estos autos son sustancialmente análogas a las consideradas en el Plenario dictado en la causa “Petrolquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (en adelante, “Plenario”) en fecha 26.04.2022 y, consecuentemente entendió aplicable al caso la doctrina legal establecida en aquél acuerdo plenario. A partir de aquella doctrina legal, ese Tribunal resolvió confirmar la Resolución Fallo de la Aduana de San Lorenzo que rechazó la pretensión de devolución de los derechos abonados en demasía por mi mandante en relación a los Permisos de Embarque 17057EC01005150K.
De otra parte, realizó un sumario de los fundamentos brindados por los vocales del Tribunal Fiscal de la Nación.
Indicó que existe una clara inconsistencia de fundamentos aplicados al caso, toda vez que el Tribunal Fiscal de la Nación aplica un Plenario que versaba sobre la aplicación de derechos de exportación fijados por el Decreto 793/18, utilizando una aplicación análoga con los derechos de exportación instaurados por el Decreto 133/15. Destacó que el Tribunal Fiscal declaró la validez del Decreto emitido por un Órgano carente de facultades legisferantes y que, ni siquiera había sido concebida por medio de una delegación y que aplicó el antecedente Plenario al presente caso cuando a luz de las circunstancias relatadas en los hechos, ya existía en nuestra jurisprudencia una decisión de la Excma. CSJN, anterior al Plenario y siendo una decisión final del Alto Tribunal, que declaró la invalidez de derechos de exportación fijados mediante una norma del PEN.
Manifestó que la aplicación del precedente “Camaronera Patagónica S.A.
c/ Ministerio de Economía y otros s/amparo”, cuanto menos resultaba ajustada a derecho, toda vez que fue analizado por una instancia judicial, con facultades jurisdiccionales y de controles de constitucionalidad, que versaban sobre aumento de alícuotas de derechos de exportación fijadas por un Ministerio que de manera ilegítima había exacerbado sus facultades.
En ese sentido, indicó que el fallo “Camaronera Patagónica S.A.” realiza un análisis particular del caso de la Resolución 11/02 bajo el marco del ordenamiento constitucional y legal vigente en el año 2002 (cuando todavía no se había dictado la Ley 26.122), donde órganos administrativos resolvieron la fijación de las alícuotas de derechos de exportación, sin contar con facultad expresa o mediando convalidación posterior por parte del Poder Legislativo (PLN).
Señaló que la identidad entre los supuestos controvertidos en “Camaronera”, en “Petroquímica Comodoro” y en los presentes autos, a pesar de estar en crisis normas distintas –Resolución 11/02 (correspondiente al caso “Camaronera”), Decreto 793/18 (correspondiente al caso “Petroquímica Comodoro”), Decreto 133/15 (correspondientes a la apelación iniciada por la Compañía)–, torna necesario aplicar las mismas soluciones a todas las causas y obliga al Tribunal (conforme el artículo 1.164) a declarar la invalidez de aquellas normas, toda vez que de lo contrario una solución divergente con la de la CSJN en aquel precedente, constituiría un verdadero alzamiento de ese Tribunal contra la autoridad institucional de los precedentes de la Corte Suprema.
Pondera que, de la lectura del recurso de apelación interpuesto por su parte, lo que se pretende es el reconocimiento y restitución de la suma de U$S 61.008,75.- más sus accesorios, que indebidamente ingresó a las arcas del Fisco Nacional, en concepto de pago espontáneo de Derechos de Exportación, por haberse calculado en base a las alícuotas dispuestas por el decreto 133/15, calificados como carentes de toda licitud, por no respetar el Principio de Legalidad y Reserva en materia tributaria.
Resalta que, tal como ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia – en especial las Cámaras federales y por sobre todo la CSJN–, el artículo 755 resulta insuficiente como norma legal delegante general respecto de las alícuotas de los derechos de exportación, por no ajustarse al artículo 76 de la Constitución Nacional. Puntualiza que, el artículo 755, como norma delegante, debe contener un plazo para el ejercicio de las facultades delegadas y delinear una clara política legislativa estableciendo baremos mínimos y máximos para las alícuotas.
Apunta que, el dictado de la Ley 26.122 no modificó el escenario imperante luego de la reforma constitucional de 1994. En efecto, esa Ley, en lo que a la “delegación legislativa” concierne, establece los recaudos a seguir una vez ejercida la facultad delegada por el PEN; es decir, los procedimientos posteriores que habrán de ventilarse para arribar a la aprobación o rechazo por parte del PLN de aquella norma dictada por el PEN.
Pone de relieve que, el ilegítimo decreto que incrementó los derechos de exportación se dictó en función de lo previsto en la Ley 22.415, art. 755, y en el art. 99, inc. 1) de la Constitución Nacional. Como puede observarse, no existe en ninguno de los Considerandos de la norma un argumento legal subyacente que sirva de causa fuente a la fijación de alícuotas de derechos de exportación por parte del PEN. Tan cierto resulta ello incluso habiéndose invocado la Ley 22.415, pues en lo que refiere al C.A., la CSJN tuvo a bien sostener en el precedente “Camaronera”, que “En efecto, ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecen, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trata”.
Precisa que, fueron pocas las normas convalidadas por el PLN, tal como el decreto 509/07 que tuvo intervención y conocimiento con aprobación de ambas Cámaras y, en tal caso ese acto legislativo sólo autorizaba las alícuotas que se fijaron en ese acto y no en ninguno otro posterior. Interpreta que cualquier tipo de interpretación que se hiciera extensiva para un incremento de alícuotas resultaría ilegítimo puesto que, el PLN, teniendo el poder de representación de la voluntad popular, jamás se expidió sobre un incremento mediante las normas del PEN aquí impugnadas.
Puntualiza que, la norma en crisis es el decreto 133/15, no habiéndose invocado ni aludido en ningún momento al decreto 793/18 objeto de debate de los autos “Petroquímica Comodoro”, por lo cual se desconoce la aplicación del mismo. Afirma que es claro que la doctrina sentada respecto a esta tercer cuestión en el Plenario carece de toda razón y fundamento, si se tiene en cuenta que el Tribunal Fiscal debe declarar la invalidez de las normas que emanan de órganos administrativos cuando aquellos carecen de facultades para regular en materia tributaria toda vez que así lo dispuso el más Alto Tribunal en el Precedente “Camaronera Patagónica”, debiendo los Vocales seguir la interpretación efectuada por aquél (conforme artículo 1.164 CA). Incluso, es tal la identidad entre el caso “Camaronera” que, según aduce, no existe ningún tipo de margen de dudas.
Agrega que, en ese sentido, es vasta la jurisprudencia que ha declarado la nulidad absoluta e insanable de aquellas normas, haciendo expresa aplicación del precedente “Camaronera”, para así resolver.
El decreto 133/15 comprende a las exportaciones que su parte realizó durante el año 2017, correspondientes a la posición arancelaria 1507.10.00.100Q. En efecto, incrementó las alícuotas de los derechos de exportación correspondientes a las posiciones arancelarias de los bienes exportados en las operaciones comprometidas, que no contaron con autorización ni ratificación por parte del PLN, resultando inaplicables por ser contrarias al ordenamiento jurídico aplicable.
Observa que, en suma, el decreto 133/15 carece de toda validez si se tiene en cuenta: a) que ha sido dictada por un órgano que carece de competencias legislativas para regular en materia tributaria; b) que no ha mediado norma delegante que confiera facultades tributarias a los órganos administrativos, habilitándolos a regular las alícuotas de los derechos de exportación aplicables a las mercaderías que exporta la Compañía; c) que aunque se sostuviera que las facultades surgen del C.A., aquella norma resulta insuficiente para cumplir con las exigencias emergentes del art. 76 de la Constitución; d) que no ha mediado posterior convalidación por parte del PLN. Entiende que resulta inconstitucional la pretendida aplicación de alícuotas de Derechos de Exportación establecidos en decretos que carecen de una “delegación” o posterior ratificación legislativa, en la medida en que vulneran el Principio de Legalidad en materia tributaria y se oponen a la doctrina fijada por la CSJN en el Precedente “Camaronera Patagónica S.A.”.
Esgrime que el PEN estableció modificaciones en las alícuotas de los Derechos de Exportación correspondientes a la posición arancelaria de los bienes exportados en la operación comprometida, que no contó con autorización ni ratificación por parte del PLN, resultando inaplicable por ser contraria al ordenamiento jurídico aplicable.
Consideró que únicamente resultaba válida y aplicable aquella norma que, a la fecha del cálculo del tributo, contaba con la debida legalidad, sea ya originaria o mediante ratificación posterior por parte del Congreso PLN –particularmente, el decreto N° 509/07 que modificó la Nomenclatura Común del Mercosur–.
Concluyó que, conforme a los argumentos expuestos de hecho y de derecho puede afirmarse sin hesitación que la norma del PEN en crisis resulta dictada autónomamente, correspondiendo declarar su nulidad absoluta e insanable. Por último, rechazó la imposición de costas a su parte, toda vez que debe repararse en que ha actuado sobre la base de una razonable convicción acerca del derecho que defendió.
Señaló que resulta comprensible y razonable esperar que su parte entendiera que le asiste razón en sus pretensiones en tanto existe jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal, en particular los autos “Camaronera Patagónica” que han versado sobre circunstancias idénticas a las de marras y en las que se ha reconocido que los derechos de exportación son tributos y, que de acuerdo a la Constitución Nacional sólo el Congreso de la Nación puede crearlos o modificarlos.
Bajo este entendimiento es que persiguió la devolución de aquellos importes indebidamente percibidos por el organismo recaudador, a la espera de que dicha pretensión fuera acogida favorablemente por la primera instancia puesto que, el último intérprete de nuestra Constitución había establecido claras máximas en lo que respecta a la materia y correspondía que se hubiera hecho lugar a las excepciones al principio de derrota e impuesto las costas por su orden.
VI. Que no se encuentra controvertida la operatoria bajo trato, ni los elementos resultantes de la declaración aduanera, las características de la mercadería involucrada, su posición arancelaria; limitándose la controversia suscitada, atento los términos del reclamo seguido, a determinar si se ajusta a derecho el pago de derechos de exportación conforme lo normado por la Resolución Fallo nro. 105/2024 impugnada en autos.
Al punto, resulta atinado mencionar que según surge de la documentación acompañada, en el caso, la firma actora, exportó bajo la destinación N° 17057EC0105150K, oficializada el 22/06/2017, mercadería declarada bajo la posición arancelaria “1507.10.00.100Q”, abonando derechos de exportación según una alícuota del 27% de su valor FOB.
VII. Que puesto ello de relieve, en el sub examine la firma actora reclama el reintegro de la diferencia entre lo abonado en concepto de derechos de exportación por aplicación del decreto 133/15 y lo que, en su entendimiento, hubiera correspondido de aplicar la norma correcta, esto es, lo previsto por el decreto 509/07, precepto anterior en el tiempo que contaría con el suficiente respaldo normativo en los términos de “Camaronera Patagónica SA”.
En tales condiciones, la cuestión a resolver en estos actuados resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa “COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA (TF 149500872-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, expte. N° 22874/2024, sentencia del 30/10/2025 (ver específicamente Considerandos V a XI), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. El texto íntegro del pronunciamiento puede ser consultado en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar). En esa oportunidad, este tribunal, por aplicación del precedente "Camaronera Patagónica" de la CSJN decidió que resultaba incompatible con el texto constitucional la fijación de derechos de exportación por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que la norma posterior que había pretendido convalidarlos sólo pudo haber tenido el efecto de instituir los mencionados tributos ex nunc. Por lo que, en definitiva, corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad - en el caso- del Decreto Nº 133/15 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa, al oficializar el despacho de exportación denunciado (oficializado el 22/06/2017), cuyo pago -por lo demás- no fue desconocido en autos por la demandada (en el mismo sentido Sala V, in re, expte. 51.458/2019, “Gut Metal SRL c/EN -AFIP s/Dirección General de Aduanas”, sentencia del 6/05/2021).
VIII. Que, sentado lo anterior, en lo atinente a la moneda en que habrá de cancelarse la obligación, en atención a los claros y precisos términos del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Cencosud SA - TF 9.535-A c/DGA", del 15/05/2014), cabe remitir –en lo que fuese pertinente–, a lo decidido por este Tribunal en la causa “COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA”, del 03/10/2025 (considerando XII), más arriba citada, entre otros.
Y, en orden al alcance de la condena, se dispone que el reintegro deberá ser comprensivo de los intereses devengados desde la petición administrativa de repetición y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), a calcular según las tasas vigentes para cada período (esta Sala, “COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS SA”, cit., Considerando XIII).
IX. Que, finalmente, en atención al modo en que se decide, y al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) admitir la apelación deducida por Compañía Argentina de Granos S.A., revocar el pronunciamiento del 26/03/2025 dictado por la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la Resolución RESOL-2024-105-E- AFIP – ADSALO#SDGOAI, declarar -en el caso- la inconstitucionalidad del decreto 133/15 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la exportadora, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos VII y VIII; y 2º) disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia