Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 29124436-A
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 4883/2026 “COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS SA (TF 29124436-A)
c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 7 de abril de 2026.
VISTA:
La elevación del expediente TF 29124436-A (v. DEO del 24/2/26) para tratar “el recurso de apelación interpuesto por la actora el 17/09/2025 (v. IF-2025-103308001-APN- DTD#JGM), concedido el 19/09/2025 (v. PV-2025-104635046-APNVOCXIX#TFN) contra la sentencia dictada el 14/08/2025, en cuanto confirma la Resolución N° 39/22 recaída en la Actuación SIGEA Nº 17114-7812-2018, con costas por su orden (v. INLEG-2025-89647677- APN-VOCXIX#TFN). Por su parte, el fisco nacional contestó agravios el 13/10/2025 (v. IF- 2025- 113554391-APN-DTD#JGM)” (v. nota en la pág. 676 del exp. electrónico); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó la resolución 39/22, dictada en las actuaciones SIGEA 17114-7812-2018, en cuanto había denegado la devolución de una diferencia de derechos de exportación, abonada en los términos del decreto 100/12 y con relación a los permisos de embarque 13008EC01004427X, 13008EC01004502O, 13008EC01004818M, 13008EC01005031A, 13008EC01005124D, 13008EC01005191H, 13008EC01006180G, 13008EC01006117G, 13008EC01006310B, 13008EC01006253H, 13008EC01006305F, 13008EC01006025E, 13008EC01008365N, 13008EC01009203F, 13008EC01009754Z, 13008EC01009960P, 13008EC01010092D, 13008EC01009756S, 13008EC01009964T, 13008EC01009755R, 13008EC01009963S, 13008EC01011797Z, 13008EC01011787P, 13008EC01015461X.
Para resolver como lo hizo, en lo que ahora interesa señalar, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN), donde se fijó que: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo Nacional puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467 (4/12/18).
Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la validez constitucional de la norma con arreglo a la cual se habían abonado los derechos de exportación del caso, a la que hizo extensivas aquellas conclusiones y rechazó la repetición.
La mayoría distribuyó las costas por su orden dada la complejidad de la cuestión.
2. Que, en lo principal, la actora sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
En tal sentido, precisó que, con arreglo a la doctrina de aquel precedente, se debió invalidar el decreto aquí impugnado; que estaba vigente al momento de registro de las operaciones y fijaba una alícuota del 35% en concepto de derechos de exportación para la mercadería comprendida en la posición arancelaria 1201.90.00.190C. No obstante, insistió en que no perseguía la devolución íntegra de lo abonado, sino únicamente la diferencia entre dicha alícuota y la que, a su entender, resultaba aplicable conforme al decreto 509/07 (27,5%), por considerar que este último era el único instrumento normativo que contaba con una convalidación legislativa suficientemente concreta y determinable, en los términos exigidos por la Corte en el citado precedente.
Finalmente, pidió que la restitución de la diferencia se dispusiese en pesos, tal como lo prescribe la jurisprudencia de la Corte federal (doctr. causa “Cencosud”), pero con su actualización conforme los índices elaborados por el INDEC, debido a la inflación y la devaluación sufrida por la moneda de curso legal, además de los intereses correspondientes en los términos del artículo 811 del Código Aduanero.
3. Que, el 25/3/26, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
4. Que corresponde aclarar que, como principio y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 726 del Código Aduanero, es aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente a la fecha de registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo. A su vez, a los fines de la liquidación de tales derechos en aquellas operaciones que se hubiesen registrado al amparo del régimen especial de la ley 21.453, resulta de aplicación la alícuota vigente a la fecha de cierre de cada venta (art. 6º). Más allá de lo expuesto, en este caso la actora consintió el importe equivalente a la alícuota del 27,5% que le hubiese correspondido abonar por aplicación del decreto 509/07, en la inteligencia de que ese nivel de imposición contaba con aprobación legislativa y había sido legítimamente percibido por el Fisco (v. p. 652, expte. cit.).
Por lo tanto, el alcance de la presente repetición queda circunscripto a la diferencia porcentual reclamada (que es del 7,5% con relación a la alícuota del 35%, y no del 8% como se consigna en el memorial); diferencia, ésta, que no se discute que corresponde al incremento de alícuota dispuesto para la PA del caso por el decreto 100/12 (v. pp. 376, 386 y concordantes, expte. cit.).
5. Que la cuestión de fondo ya fue analizada por este Tribunal en la causa 45070/23 “Molinos Rio de la Plata SA (TF 39607-A) c/ DGA”, sentencia del 11/4/24; cuyos considerandos 6° y 7° se dan por reproducidos por razones de brevedad.
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 4883/2026 “COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS SA (TF 29124436-A)
c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
En consecuencia, se declara la invalidez constitucional del decreto 100/12, toda vez que por su intermedio se creó una carga tributaria y se fijó una alícuota de derechos de exportación para la mercadería involucrada en esta actuación sin que existiese una clara política legislativa o base de delegación suficiente; incursionando de esta manera el Poder Ejecutivo Nacional en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación. Además, porque –de conformidad con la doctrina de Fallos: 337:388– tampoco es posible identificar una ley formal que, a la fecha de registro de las exportaciones del caso, hubiese otorgado rango legal al porcentaje de imposición establecido por esa norma, en la porción que aquí se discute.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 100/12 y admitir la repetición de la diferencia porcentual reclamada con relación a los PE 13008EC01004427X, 13008EC01004502O, 13008EC01004818M, 13008EC01005031A, 13008EC01005124D, 13008EC01005191H, 13008EC01006180G, 13008EC01006117G, 13008EC01006310B, 13008EC01006253H, 13008EC01006305F, 13008EC01006025E, 13008EC01008365N, 13008EC01009203F, 13008EC01009754Z, 13008EC01009960P, 13008EC01010092D, 13008EC01009756S, 13008EC01009964T, 13008EC01009755R, 13008EC01009963S, 13008EC01011797Z, 13008EC01011787P, 13008EC01015461X; más los intereses del artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
6. Que, en cuanto al modo en que se determinarán los importes a restituir por la Aduana y la moneda que debe emplearse para su cancelación, corresponde estar a lo resuelto por la Corte en la causa C.1242.XLIX “Cencosud SA (TF 29535-A) c/ DGA”, sentencia del 15/5/14.
Allí interpretó que el artículo 20 de la ley 23.905 regula la moneda en que se determinarán los tributos aduaneros adeudados por los contribuyentes y los instrumentos que pueden emplearse para su cancelación, pero “en modo alguno se refiere a la forma en que se determinarán o calcularán los importes que debe restituir la Aduana por tributos cobrados en exceso, ni tampoco la moneda que debe emplearse para su cancelación” (consid. 6º). Más adelante, precisó: “la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues —de acuerdo con la doctrina del precedente E.222.XLI. "Editorial Perfil S.A.", sentencia del 12 de agosto de 2008—, en las condiciones indicadas, no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos…” (consid. 7º).
En consecuencia, la diferencia a restituir deberá determinarse en pesos y sobre la base del importe efectivamente abonado que surge de las actuaciones administrativas (doctr. esta Sala, causa 39315/11 “SA La Hispano Argentina Curtiembre y Charol”, resol. del 15/12/15; entre otras). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
7. Que el restante planteo de la actora no puede ser atendido por cuanto conllevaría a un desconocimiento de las normas dispuestas por el legislador con posterioridad la sanción del Código Aduanero, a través de las cuales se instauró la prohibición de indexación, mediante las leyes 23.928 y 25.561 (doctr. esta Sala, causa 63190/19 #39711755#453561747#20250429093906554 “Industrial And Commercial Bank Of China c/ AFIP – DGI s/Dirección General Impositiva”, sent. del 7/11/23). Además, no efectuó en el memorial un análisis riguroso que compruebe de qué forma esas normas resultan lesivas de sus derechos constitucionales en el caso concreto, como hubiese sido necesario acreditar, dada la naturaleza de la decisión pretendida (doctr. Fallos: 270:124; 301:1062; 327:5605; 328:1416, entre otros). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE 8°) Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y, oportunamente, devuélvase.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia