Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 31986-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso interpuesto por la actora y confirmar, el decisorio apelado, en cuanto es materia de agravio, con costas (arts. 1163 del C.A. y 68 del C.P.C.C.N.) y
2Confirmar los honorarios y regular los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando XII.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
19.320/2021 Compañía Argentina de Granos SA – TF 31986-A c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 9 de septiembre de 2022.
VISTOS Y
I. Que mediante el pronunciamiento del 3/05/2021 el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó la nulidad planteada por la actora, sin costas. Confirmó la resolución DE PRLA n° 3613/12, en cuanto condena a la firma Compañía Argentina de Granos SA en la actuación n° 12192-1231- 2011, al pago de una multa equivalente a la suma de $125.905,59, en relación con la DJVE n° 10001DJVE002226L en los términos del art. 9 de la ley 21.453, art. 969 y 1122 del C.A., con costas a la actora. Para así resolver sostuvo que correspondía dirimir si la multa aplicada a la firma Compañía Argentina de Granos S.A. se encontraba ajustada a derecho o no.
Precisó que no se encontraba controvertido que mediante la 10001DJVE002226L, oficializada el 2/03/2010, en los términos del art. 9 de la ley 21.453, la actora comprometió la exportación de 1500 toneladas de granos- MAIZ ENTERO (PA 1005.90.10.190Y), valor F.O.B. unitario U$S 162 y un F.O.B. total de U$S 243.000, cuyo vencimiento operó el 28/04/2010, no habiendo cumplido con la exportación del 90% de la mercadería.
Refirió que la recurrente sostenía que la operación de exportación no fue cumplida en razón del terremoto acontecido el 27/02/10 en Chile, el cual había causado severos daños estructurales físicos y en las maquinarias de la empresa compradora extranjera Corn Products Chile Inducorn SA, motivo por el cual aquélla había cancelado la compra. Indicó que conforme surgía de las actuaciones administrativas con fecha 19/05/2010 la firma chilena había cancelado la operación en trato, como consecuencia de los daños en su planta, la cual informó se encontraba paralizada y que, con fecha 20/05/2010 su parte había dirigido una nota a la ONCCA solicitando la prórroga de la DJVE 2226L correspondiente al ROE 100035857/46007 como consecuencia de la cancelación del contrato MAR1209 por parte de la empresa chilena debido al terremoto del 27/02/2010. Dicha nota fue presentada con fecha 21/05/2010 en la ONCCA.
Señaló que el supuesto exculpatorio que describe el artículo 731 del Código Aduanero establece que “cuando el exportador acreditare fehacientemente que no ha podido exportar en los plazos, formas y condiciones contemplados en el artículo 730 por razones de caso fortuito o de fuerza mayor se podrá prorrogar el plazo correspondiente o exceptuar lo de dicha obligación de exportación”.
Añadió que para que opere dicha prórroga era necesario que el exportador la solicite dentro de la vigencia de la declaración jurada de venta al exterior, conforme lo establece el decreto 1177/92 y sus modificatorios.
Destacó que de la documentación obrante en autos no surgía que la firma exportadora se encuentre comprendida en la causal de excepción prevista en el artículo 731 del Código Aduanero. Pues la recurrente debió haber solicitado con anterioridad al 28/04/2010, a la autoridad de aplicación, la prórroga extraordinaria prevista para casos fortuitos o de fuerza mayor.
En tales condiciones, afirmó que, toda vez que la solicitud de prórroga databa del 21/05/10 la misma resultaba extemporánea. Concluyó que la situación descripta por la actora no podía justificar la exclusión de responsabilidad.
Manifestó que el acogimiento al régimen de la ley 21.453 fue voluntario por lo cual la recurrente debía cumplir ciertas obligaciones teniendo como contrapartida los beneficios otorgados por la normativa (tipo de cambio aplicable al momento de la fecha de cierre de la venta). Por otro lado, indicó que la actora planteaba la nulidad de la resolución por falta de congruencia de la resolución dictada, en tanto acusaba por una norma -artículo 969 del Código Aduanero- y establecía la sanción por otra, artículo 9° de la ley 21.453.
Adujo que, asimismo, la exportadora esbozaba que correspondía que se aplique la multa mínima que establece el artículo 969 del Código Aduanero (10% del valor de la mercadería no exportada) y no la que le impusiera el Servicio Aduanero, esto es la del 15% prevista por el artículo 9° de la ley 21.543, atento al principio de la ley penal más benigna. Al respecto, el tribunal a quo señaló que ambos tipos infraccionales -art. 969 del C.A. y art. 9° de la ley 21.453- reprimen la misma conducta:
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
el incumplimiento del compromiso de exportación en los términos y cantidades asumidos.
Ponderó que, sin embargo, efectuando un análisis de las normas en cuestión el Código Aduanero, posterior a la ley 21.453, formula en su Exposición de Motivos una expresa referencia a dicha ley, en la sección IX, título I, capítulo sexto, punto 4 diciendo textualmente que “[e]l artículo 728 extiende la aplicación de los principios de los artículos 726 y 727 a todos los elementos utilizables para la liquidación de los derechos de exportación y para los demás tributos que gravan la exportación para consumo. Tal norma establece el régimen general en la materia para toda la mercadería de exportación. Eso no implica la derogación de la ley 21.453 en atención a que se trata de un régimen especial”.
En este contexto, consideró que la ley 21.453 contenía varios institutos específicos y propios que regían las ventas al exterior de productos de origen agrícola debiendo entenderse que para todas aquellas cuestiones no previstas deberá ser aplicado el Código Aduanero que es la legislación general de la materia y subsidiaria del régimen de la ley 21.453.
Puntualizó que la especificidad del régimen al que se acogió la actora determinaba la inaplicabilidad de la multa mínima prevista en el artículo 969 del C.A. no pudiéndose entender a esta última norma como más benigna en virtud de referirse al régimen general por cuanto esa infracción se refiere específicamente al régimen previsto en el artículo 729 del Código Aduanero y por ende al incumplimiento de la exportación en los plazos forma y condiciones contemplados en el artículo 730 del Código Aduanero y, en cambio, en el caso de autos el incumplimiento imputado se refería no a un eventual régimen de dicho artículo 729 sino concreta y específicamente al régimen legal de la ley 21.453. En tales condiciones, entendió que la condena con fundamento en el artículo 969 del C.A. constituiría en el caso una indebida y prohibida incriminación atento a que se trataba de regímenes diferentes siendo que la ley 21.453 se aplica a mercaderías y obligaciones inherentemente específicas como son el tipo de mercaderías y el tonelaje mínimo de exportación, habiéndose mantenido dicho régimen, no obstante, que el código aduanero fue una norma posterior a esta última.
Añadió que debía destacarse que el artículo 969 del C.A. a pesar de no ser aplicable al régimen de autos preveía una graduación del 10 al 20% la que no podía ser aplicada antojadizamente y mucho menos bajo la premisa de que eso pudiera constituir “norma penal más benigna”. Consideró que toda vez que la sanción incurrida encuadraba en el artículo 9° de la ley 21.453 que regulaba una sanción específica para los casos que ella tutelaba desplazaba como norma especial a la norma general.
Aclaró que, al correrse vista a la parte actora respecto del hecho por el cual se la imputó, bajo las dos normativas sancionatorias -artículos 969 del Código Aduanero y 9° de la ley 21.453- había podido articular ampliamente sus defensas en sede aduanera y por ante esa instancia. En esos términos sostuvo que resultando ser un régimen específico que requería una conducta específica respecto de determinados productos especificados por la ley 21.453 no podía entenderse que se aplique el artículo 969 del Código Aduanero como norma penal más benigna. Pues, la conducta que se imputaba en autos se encontraba tipificada en el artículo 9° de la ley 21.453.
En consecuencia, consideró que no correspondía hacer lugar a la nulidad planteada por la actora Finalmente apuntó que, sentado el marco normativo a aplicar, según se constataba en el caso de autos, había operado el vencimiento para la exportación de la mercadería resultante, por lo tanto resultaba ajustada a derecho la sanción aplicada por el servicio aduanero del 15% sobre el valor FOB de la mercadería en infracción.
II. Que, contra dicho pronunciamiento con fecha 1/09/2021 interpuso recurso de apelación la actora (concedido el 9/06/2021), expresando agravios el 7/06/2021, cuyo traslado fue replicado por la contraria 28/09/2021.
Se agravia la recurrente porque en la sentencia impugnada se omite toda consideración a la ley 27.260 y sus efectos sobre el caso. Refiere que la ley 27.260 dispuso en su artículo 56 que “(…)
cuando el deber formal transgredido no fuese por su naturaleza susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de mayo de 2016 inclusive”.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Asimismo, indica que el artículo 5° de la resolución general AFIP 4007/2017 dispone que “la condonación de sanciones formales que no se encuentren firmes ni abonadas al 31 de mayo de 2016 operará cuando se haya cumplido o se cumpla con la respectiva obligación formal hasta el 31 de marzo de 2017 inclusive. Cuando el deber formal transgredido no sea por su naturaleza susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción la sanción quedará condonada de oficio. Se consideran como infracciones formales las que se encuentran tipificadas entre otros en los artículos 218, 220, 222, 320,395, 968, 972, 991, 992, 994, y 995 de la ley número 22,415 y sus modificaciones”.
Aduce que, en este sentido y conforme lo ha sostenido la jurisprudencia, la enumeración de la resolución general 4007/2017 no resulta taxativa sino que considera infracciones sustanciales y formales a las que se encuentran tipificadas entre otros en los artículos mencionados.
Cita jurisprudencia favorable a su postura.
Por otra parte, manifiesta que la sentencia afirma erradamente que el acogimiento al régimen de la ley 21.453 fue voluntario, es decir parte de la equivocada premisa que su parte se acogió voluntariamente, a fin de ser beneficiaria de un plan de excepción que presuntamente la favorecía.
Dice que ello es falso y que no encuentra correlato en la normativa vigente.
Expone que el régimen de la ley 21.453 no es un régimen de acogimiento voluntario sino todo lo contrario, pues quien quisiera exportar alguno de los productos alcanzados por dichas normas tiene la obligación de obtener una DJVE, que es requerida como una intervención previa por parte de la Dirección General de Aduanas para poder cumplir una exportación.
Indica que la ley es clara y en su artículo 3° establece: “[l]as ventas al exterior a que se refiere el artículo primero deberán ser registradas mediante declaración jurada ante la autoridad de aplicación (…)”. Destaca que, en esta línea, es errada la aplicación del derecho y la valoración de los hechos acreditados.
Alega que no ha sido objeto de controversia que la mercadería tenía como destino Chile y tampoco se ha puesto en duda, por resultar un hecho público y notorio que, en las fechas en las cuales se debía cumplir la exportación, existió un terremoto en el país de destino que hizo imposible el cumplimiento de la exportación.
Por eso, considera que resulta inobjetable la aplicación de la excepción de la obligación de exportación prevista en el artículo 731 del Código Aduanero, así como la falta de responsabilidad infraccional por la ausencia completa de culpa y de responsabilidad, no resultando válido ampararse en un rigorismo formal manifiesto para pretender la aplicación de dicha sesión como erradamente lo hace el Tribunal Fiscal.
Insiste en que por aplicación de la excepción de la obligación de exportación prevista en el artículo 731 del Código Aduanero así como la falta de responsabilidad por la ausencia completa de culpa y de responsabilidad, la pena de multa deberá ser dejada sin efecto por cuanto se encuentra probado que la actora no pudo cumplir con la exportación comprometida por razones que le fueron completamente extrañas a su voluntad, contrarias a su concreto interés comercial e inimputables a ella como lo es la paralización de la planta industrial del comprador. Observa que la Aduana imputó la infracción prevista y penada en el artículo 969 del Código Aduanero y que la condenó al pago de una multa determinada por el artículo 9° de la ley 21.453 lo que implica una contradicción.
Postula que llamativamente el organismo jurisdiccional administrativo sostiene que el artículo 9° de la ley 21.453 y el artículo 969 del Código Aduanero son dos normas penales que coexisten. Es decir, que tienen idéntica descripción del hecho punible pero distintas sanciones. Y el Tribunal Fiscal aplica la más gravosa.
Aduce que tal interpretación agravia a su parte porque el artículo 969 es ley penal más benigna en el caso concreto respecto de la ley 21.453.
Hace hincapié en que no es posible imputar una infracción en los términos del artículo 969 y al mismo tiempo aplicar la multa del 15% establecida en el artículo 9° de la ley 21.453 ya que se vería vulnerado el principio de la ley penal más benigna vigente para las infracciones de naturaleza penal como la aquí tratada.
III. Que con fecha 5 de julio de 2021 el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios de la representación fiscal en la suma de $ CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II 6.463. Contra dicha regulación interpuso recurso de apelación, por altos, la parte actora a fojas 79, el que fue concedido a fojas 80.
IV. Que a fin de tratar el recurso interpuesto por la actora, debe recordarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros).
V. Que, de manera inicial corresponde tratar el agravio de la actora vinculado a que la sentencia impugnada habría omitido considerar la ley 27.260 y su aplicación al caso en examen.
En este contexto, en primer lugar, cabe señalar que el art. 52 de la ley 27.260 expresamente dispone que: “Los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social (…) podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive, o infracciones cometidas relacionadas con dichas obligaciones (…) al régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones que se establece por el presente Título. Se consideran comprendidas en el presente régimen (…) los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación, las liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones conforme lo previsto por la ley 22.415 y sus modificaciones y los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al fisco nacional; no resultando alcanzadas por el mismo las obligaciones o infracciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios. El acogimiento previsto en el párrafo anterior podrá formularse entre el primer mes calendario posterior al de la publicación de la reglamentación del régimen en el Boletín Oficial hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive” (énfasis agregado).
En el sub lite, no resulta controvertido que mediante la DJVE n° 10001DJVE002226L, oficializada el 2/03/2010, en los términos de la ley 21.453, la actora comprometió la exportación de 1500 toneladas de granos cuyo vencimiento operó el 28/04/2010, no habiéndose cumplido con la exportación del 90% de la mercadería, motivo por el cual le fuera impuesta una multa, sin determinarse tributo alguno.
Con relación a ello, cabe destacar que este Tribunal ha sostenido que el art. 9º de la ley 21.453 constituye un régimen especial para liquidación de tributos. En efecto, conforma una excepción al régimen general, ya que prevé que la liquidación de los gravámenes se realizará de acuerdo los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y base imponible (precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigentes a la fecha de cierre de cada venta (conf. art. 6 de la Ley Nº 21.453).
A lo dicho se debe añadir que en el caso, la cuestión no versa sobre la existencia de deuda tributaria o acerca de recursos de la seguridad social, por manera que la multa impuesta por el incumplimiento del deber de exportación comporta una situación no prevista y por lo mismo, no alcanzada por las previsiones de la ley 27.260.
En tales condiciones, resulta de toda claridad que la infracción, objeto de autos, en tanto no involucra los aludidos recursos y proviene del incumplimiento de una normativa que establece un régimen especial, no resulta alcanzada por la ley 27.260, por tratarse de un beneficio de excepción.
Asimismo, resulta dable añadir que, de las constancias de la causa no surge que la importadora se haya acogido al régimen previsto en la ley 27.260 en los plazos previstos en la legislación. Tampoco se observa que aquélla haya dado cumplimiento con las previsiones establecidas en la reglamentación para acceder a dicho régimen de regularización (procedimiento estatuido en los arts. 4 y 11 de la RG 3920/2016 “en su totalidad”).
A mayor abundamiento, corresponde advertir que, en momento alguno, ante la instancia del Tribunal Fiscal de la Nación, la exportadora se ha referido a la aplicación de la ley 27.260 (B.O. 22/07/2016), pese a que la sentencia de dicho organismo fue dictada más de cuatro años después de la entrada en vigencia de la ley. En consecuencia, corresponde rechazar el argumento analizado como sustento de la pretensión recursiva.
VI. Que, sentado ello, la cuestión a dilucidar consiste en determinar el encuadre legal de la conducta desplegada por la actora, a CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II los efectos de determinar si la sanción aplicada por el servicio aduanero resulta ajustada a derecho.
VII. Que a tal fin, resulta del caso señalar que, de las constancias obrantes en la actuación administrativa n° 12192-1231-2011, surge que: (i) con fecha 2/03/2010 CAGSA oficializó la Declaración Jurada de Venta al Exterior Ley 21.453 nº 10001DJVE00226L para la exportación de 1.500 tn de “Los demás. A granel, con hasta 15% de embolsado (ley 21.453.). En grano. Los demás. MAÍZ” (fs. 18).
(ii) con fecha 19/10/2011 la Aduana envió una cédula de notificación a la actora intimándola a presentar la documentación cancelatoria o en su defecto la autorización de anulación aprobada por la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (ex ONCCA) debidamente certificadas sobre la declaración jurada de venta al exterior, objeto de autos, bajo apercibimiento de procederse a la denuncia por infracción al artículo 969 del Código Aduanero (fs. 1). (iii) con fecha 4/11/2011 la exportadora solicitó una ampliación de 10 días para dar respuesta a la intimación formulada (fs. 4 y vta.). (iv) con fecha 18/11/2011 la actora contestó el requerimiento informando que: “tal como lo acreditó con la copia de la actuación 979615696999 del 21 de mayo de 2010 mi representada se presentó ante la entonces denominada Oficina Nacional de Control Agropecuario (ONCCA) cuyas funciones son hoy realizadas por la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI) con el objeto de acreditar: 1) Que el terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010 en la República hermana de Chile causó severos daños en la estructura física y maquinaria de la empresa compradora Corn Products Chile Inducorn SA, lo que la llevó a cancelar la adquisición de 1500 t de maíz entero (…)” (fs. 8/16).
(v) con fecha 1/12/2011 se labró Acta de Denuncia por incumplir en menos del 90% la Declaración Jurada de Venta al Exterior nº 10001DJVE002226L, no alcanzando el mínimo tolerable por la normativa vigente. Resolución 1365/02 (AFIP), Anexo II, Punto 7, resultando la aplicación de lo dispuesto en el art. 969 del C.A. (fs. 20).
(vi) con fecha 14/04/2011 Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros liquidó la multa mínima -15%- en la suma de $125.905,59 (fs. 22).
(vii) con fecha 21/03/2012 se dispuso la apertura del sumario, se corrió vista de las actuaciones y se hizo saber a la sumariada que si se acogía al beneficio del pago voluntario del mínimo de la multa, cuyo monto ascendía, conforme el artículo 9° de la ley 21.453 a la suma de $125.905,59, se declararía extinguida la acción penal (fs. 23). (viii) con fecha 25/06/2012 el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros dictó la resolución nº 3613/2012 por medio de la cual condenó a la firma Compañía Argentina de Granos S.A. a la pena de una multa de $125.905,59, en los términos de los arts. 969, ley 21.453 y 1122 del C.A. En cuanto aquí interesa en los fundamentos expresó: “[q]ue por todo lo expuesto esta instancia estima pertinente de acuerdo a lo preceptuado en el art. 969 del C.A. con la ley 21.453, la que en su art. 9º establece (…)” (fs. 35/39 vta.).
VIII. Que tal como se señaló supra, el art. 9º de la ley 21.453 constituye un régimen especial para liquidación de tributos. Asimismo, en lo que aquí interesa, prescribe que “[e]l incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada” (conf. art. 9º de la citada ley).
Por su parte, el artículo 729 del C.A. facultó al Poder Ejecutivo a establecer con relación a determinada mercadería un régimen de excepción en términos similares a los previstos en la ley mencionada. En virtud de ello, el artículo 969 del C.A. dispuso que “[c]uando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto en el art. 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el art. 730 sin mediar las causales previstas en el art. 731 será sancionado con una multa del diez al veinte por ciento del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería exportada”. En el sub examine, en la declaración jurada que motivó la sanción apelada, el actor se sujetó al régimen previsto en la Ley Nº 21.453, a los efectos de gozar de los beneficios allí contemplados.
Dicha regulación -a la que la parte se acogió voluntariamente- no fue sancionada en uso de las facultades otorgadas por el artículo 729 del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II C.A., sino que la citada ley (B.O. 11/11/76) era un régimen preexistente a la sanción de ese código (B.O. 23/03/81).
En este sentido, conforme lo advierte el legislador en la Exposición de Motivos del C.A., la sanción del régimen general previsto en el artículo 728, “no implica la derogación de la [Ley Nº] 21.453, en atención a que se trata de un régimen especial”.
En tales condiciones, y sin perjuicio de advertir que en las actuaciones administrativas no resulta clara la diferenciación de ambos regímenes, realizando una interpretación sistemática de las normas con incidencia en el caso, para lo cual se atiende al contexto general de las leyes y a los fines que las informan (Fallos: 265:256; 315:1169; 319:1818), bien se advierte que el régimen especial contenido en la ley 21.453 consagraba una figura infraccional específica para esas operaciones, por manera que corresponde estar a la especificidad de este último y no a lo dispuesto en el régimen general.
Refuerza esta interpretación el hecho de que -tal como fue antes indicado- dicho régimen no fue creado en los términos del artículo 729 del C.A. cuyas conductas infraccionales lucen penalizadas en el artículo 969 del citado código (confr. doctrina de fallos Sala III, “LDC Argentina S.A. (TF 25647-A) c/DGA”, del 25/08/2011 y “GEAR SAAICF c/DGA”, del 15/03/2016 y Sala V in re: “Cremer y Asociados S.A. c/D.G.A. s/Recurso Directo”, del 15/12/2016).
A lo expuesto, corresponde añadir que la sentencia de la Sala III de esta Cámara en el precedente “LDC Argentina S.A.”, ya citado, quedó firme luego de resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 17 de abril de 2012.
Por tales motivos, corresponde estar al tipo previsto en el artículo 9 de la Ley Nº 21.453, ya que constituye una ley especial que establece un régimen al que la actora se acogió voluntariamente y no resultó derogado por la sanción del C.A.
IX. Que, en concordancia con ello, la Sala III de esta Cámara en precedentes análogos al de autos, rechazó la aplicación del principio de aplicación de la ley penal más benigna toda vez que “habiéndose la actora acogido a un régimen legal específico que regula su actividad comercial, en el que se prevé una pena específica, no resulta aplicable al caso la multa mínima que establece el código aduanero, dada la especialidad que ostenta el régimen elegido (conf. Sala III in rebus: “LDC ARGENTINA SA (TF 25647-A) c/ DGA”, sentencia del 25/08/11, firme luego de resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 17 de abril de 2012; y “Gear SAAICF c/ DGA s/ Recurso Directo”, sentencia del 15/03/16).
X. Que, en el contexto descripto, y respecto del agravio relativo a la incorrecta valoración de los hechos invocados y el derecho aplicable, cabe señalar que no se encuentra controvertido en autos que (i) la fecha de vencimiento de la DJVE fue el 28/04/2010; (ii) la exportadora reconoció no haber exportado el 90% del material comprometido en la declaración 10001DJVE002226L, conforme lo exigía la operatoria a la cual se sometió (ley 21.453) (iii) con fecha 21 de mayo de 2010 la actora efectuó una presentación ante la ONCCA informado que el incumplimiento de la exportación comprometida se debió al terremoto ocurrido en Chile el 27/02/2010.
En este marco, corresponde recordar que mediante la resolución 384/96 de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación, se dispuso que “(…) d) En aquellos casos fortuitos o de fuerza mayor registrados con anterioridad al vencimiento del plazo del período de embarque, con más la prórroga automática de corresponder, se otorgará, a pedido de partes y por acto expreso de esta SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, una prórroga extraordinaria de hasta SESENTA (60) días corridos. e) Cuando por la gravedad de las causas que configuran el caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas, la situación de la exportadora no se conjure con la prórroga extraordinaria de hasta SESENTA (60) días corridos, esta Secretaría, por acto expreso y a pedido de partes podrá dar por cumplida la declaración sin sanción de naturaleza alguna para la razón social de que se trate”.
De lo expuesto, resulta de toda claridad que para que la causal invocada pudiera haberse tenido como eximente de responsabilidad, el trámite correspondiente debió efectuarse por ante el organismo de aplicación, antes del vencimiento de la declaración, de modo que al tener por oportunamente configurada la situación, diera por cumplida la obligación asumida, sin que corresponda sanción ante el incumplimiento. Este régimen no fue modificado por el decreto 764/08 que creó la Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA -autoridad de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II aplicación al tiempo de la DJVE, objeto de autos-), sino que las funciones, en tanto organismo de aplicación, pasaron de la Secretaría antes citada a ese organismo descentralizado. Tampoco ello fue modificado por los decretos 192 y 193 del 24 febrero de 2011 que dieron nacimiento a la UCESCI.
En tales condiciones, la constancia acompañada en las actuaciones administrativas (presentación ante la ONCCA del 21/05/20210 respecto de la declaración jurada de venta al exterior n°10001DJVE002226L, cuyo plazo de vigencia se encontraba vencido el 28/4/2010), resulta extemporánea, por lo que mal puede ser tenida como eximente de responsabilidad.
Es que para que la causal invocada por la encartada pudiera haberse tenido como eximente de responsabilidad, el trámite correspondiente debió efectuarse por ante la ONCCA antes del vencimiento de la declaración y asimismo, dicho organismo a su vez, haber tenido por acreditada la causal de fuerza mayor dando por cumplida la operación, situación que no se verifica en el sub examine. En consecuencia, corresponde tener por acreditado el incumplimiento a las obligaciones asumidas como consecuencia del acogimiento al régimen previsto en la ley 21.453, rechazar el recurso interpuesto por la actora y confirmar, el decisorio apelado, en cuanto es materia de agravio.
XI. Que las costas de esta instancia se imponen a la actora vencida, conforme el principio general de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (arts. 1163 del C.A. y 68 del C.P.C.C.N.).
XII. Que a fin de tratar el recurso interpuesto, cabe recordar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limita la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in rebus’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -Mº de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97, y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A.” del 2-IV-98, entre otras).
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más). Y, recientemente en la causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/acción declarativa”, sentencia del 4/09/2018 (Fallos:341:1063), sostuvo, en cuanto a la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia la ley 27.423 y su promulgación parcial dispuesta por decreto 1077/17 que, en el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo régimen legal, no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución y agregó que a los fines arancelarios, los intereses no integran el monto del juicio (v.
Cons. 3° y 4° del voto mayoritario). Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y monto del litigio –conf. fs. 1 (F4), lo resuelto con fecha 03/05/2021 y precedentemente–; atento al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales desarrollados durante la etapa del pleito, corresponde confirmar –en lo que fue materia de recurso– los honorarios de la dirección letrada y representación de la demandada (arts. 6, 7, 8, 9, 10, 19, 22, 37 y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432). Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido, y lo resuelto por la CSJN doctr. Fallo “Las Marías” -ya citado-, corresponde regular en la suma de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA ($14.560) –equivalente a 1,40 UMA–; los emolumentos del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II DR.
FRANCISCO EUGENIO CROSETTI, por la actuación de letrado apoderado, actuante en defensa de la demandada (arts. 16, 20, 21, 29, 30, 44 inc b) y ccdtes. de la ley 27.423).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo –c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996). ASÍ SE DECLARA.
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. Por lo expuesto el Tribunal,
1. rechazar el recurso interpuesto por la actora y confirmar, el decisorio apelado, en cuanto es materia de agravio, con costas (arts. 1163 del C.A. y 68 del C.P.C.C.N.) y 2°) confirmar los honorarios y regular los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando XII.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MARQUEZ MARIA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia