Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 32489454-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
50316/2025 COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA (TF 32489454-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 20 de febrero de 2026.
VISTA: La elevación del expediente TF 32489454-A (v. DEOX del 22/12/25) a fin de tratar “los recursos de apelación interpuestos por la actora y el fisco nacional el 24/06/2025 y 06/08/2025 (v. IF-2025-68020751-APN-DTD#JGM e IF-2025-85944288-APNDTD#JGM)
concedidos el 25/06/2025 y 14/08/2025 (v. PV-2025-68695471-APN-VOCXVIII#TFN y PV2025-89734509-APN-VOCXVIII#TFN) contra la sentencia dictada el 27/05/2025, en cuanto confirma la Resolución N° 27/2021 (AD BABL), con costas por su orden (v. IF-2025- 56560995-APNVOCXVIII#TFN)” (v. nota en la pág. 674 del expte. cit., donde también consta que los recurrentes expresaron agravios en plazo y que solo el Fisco los contestó); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó la resolución AD BABL 27/21, recaída en la actuación SIGEA 12564-231-2019, en cuanto había denegado la devolución de la diferencia de USD 91.873,32, abonada en concepto de derechos de exportación, con relación al permiso de embarque 13003EC01001315T y en los términos de la resolución conjunta 26/08 y 28/08.
Para resolver como lo hizo, consideró que la cuestión planteada era similar a la que se había resuelto en el acuerdo plenario dictado el 26/4/22 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN), donde se fijó la siguiente doctrina legal: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo Nacional puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467 (4/12/18). Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la validez constitucional de la citada resolución, respecto de la cual entendió aplicable aquellas conclusiones mutatis mutandi, y rechazó la repetición.
Finalmente, distribuyó las costas por su orden por la complejidad de la cuestión y el hecho de que se la resolviese en virtud de una doctrina plenaria.
2. Que la parte actora se agravió de la aplicación del aludido plenario al presente caso.
Además, planteó que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica 1 SA” (Fallos: 337:388). Explicó que, con arreglo a la doctrina de aquel precedente, debía declararse la invalidez de la resolución conjunta 26/08 y 28/08 -norma vigente al momento de registro de la operación aquí involucrada-, por haber sido emitida por el Poder Ejecutivo en infracción al principio de legalidad y no contar con ratificación legislativa. Expuso que el decreto 509/2007 estableció una alícuota de derechos de exportación del 20% para la posición arancelaria 1001.99.00.110W, que fue posteriormente elevada al 23% mediante la resolución conjunta 26/08 y 28/08, y que solo reclamaba la diferencia del 3%. En ese sentido, hizo hincapié en que no pretendía la devolución del total abonado en concepto de derechos de exportación, sino la diferencia entre la alícuota que establecía el reglamento ilegítimo y la que hubiese correspondido con arreglo a decreto 509/07, que sí contaba con convalidación legislativa.
3. Que el Fisco Nacional se agravió por la distribución de las costas. Planteó que no concurrían motivos que justificaran eximir de su pago a la actora vencida, y que esta última debió conocer que el tribunal administrativo estaba impedido de examinar la constitucionalidad de la resolución cuestionada.
4. Que, el 10/2/26, dictaminó la Fiscalía General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y los planteos de inconstitucionalidad formulados en la causa, con lo que quedaron los autos en estado de resolver.
5. Que, ante todo, cabe aclarar que se encuentra fuera de discusión que por el permiso de embarque del caso la actora documentó la exportación de mercadería de la PA 1001.99.00.110W y abonó una alícuota de 23% de derechos de exportación, en los términos de la resolución conjunta 26/08 y 28/08 (v. pp. 382-384 y 416, expte. cit.).
También se debe hacer hincapié en que la empresa consintió que se aplicase a la operación un 20% de derechos –en el entendimiento de que ese nivel de imposición había sido aprobado por el Poder Legislativo–, por lo que limitó su reclamo a una diferencia de 3 puntos porcentuales.
En esos términos, los agravios de la actora exigen considerar estas cuestiones y en el siguiente orden: 1) si el Tribunal Fiscal de la Nación podía declarar la inconstitucionalidad de la norma involucrada en el caso, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1164 del Código Aduanero; 2) si el derecho de exportación establecido en la resolución conjunta 26/08 y 28/08 es constitucional, o si vulnera el principio de reserva de ley en materia tributaria, en cuyo caso correspondería reintegrar lo abonado por tal concepto, con el alcance pretendido en la demanda.
Además, en la hipótesis de admitir su reclamo, y en atención a los planteos y defensas oportunamente deducidos por las partes, corresponderá resolver: 3) la moneda en que deben determinarse las sumas adeudadas y 4) la constitucionalidad de la tasa de interés prevista en el artículo 812 del Código Aduanero (v. pp. 58 y ss., y 176 y ss., expte. cit.).
6. Que la primera cuestión ya ha sido examinada por este Tribunal en la causa 51372/22 “Bunge Argentina SA (TF 36695-A) c/ DGA”, sentencia del 13/12/22; a cuyos fundamentos se remite por razones de brevedad (v. esp. consid. 7º).
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50316/2025 COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA (TF 32489454-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 7°) Que con relación a la constitucionalidad de la resolución conjunta 26/08 y 28/08, se dan por reproducidos los términos del pronunciamiento dictado en la causa 42533/23 “Compañía Argentina de Granos SA (TF 78943355-A) c/ DGA”, sentencia del 25/6/24, considerandos 7° y 8°.
Por consiguiente, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la decisión apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en la resolución conjunta 26/08 y 28/08 y admitir la repetición de la diferencia porcentual reclamada. ASÍ SE RESUELVE.
8. Que en cuanto al modo en que se determinarán los importes a restituir por la Aduana y la moneda que debe emplearse para su cancelación, corresponde estar a lo resuelto por el Máximo Tribunal en la causa C.1242.XLIX “Cencosud SA (TF 29535-A) c/ DGA”, sentencia del 15/5/14.
Allí interpretó que el artículo 20 de la ley 23.905 regula la moneda en que se determinarán los tributos aduaneros adeudados por los contribuyentes y los instrumentos que pueden emplearse para su cancelación, pero “en modo alguno se refiere a la forma en que se determinarán o calcularán los importes que debe restituir la Aduana por tributos cobrados en exceso, ni tampoco la moneda que debe emplearse para su cancelación” (consid. 6º). Más adelante, precisó: “la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues -de acuerdo con la doctrina del precedente E.222.XLI. "Editorial Perfil S.A.", sentencia del 12 de agosto de 2008-, en las condiciones indicadas, no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos…” (consid. 7º).
En consecuencia, deberá devolverse la diferencia del 3% calculada sobre la base del importe efectivamente abonado en pesos que surge de la actuación administrativa (cfr. esta Sala, causa 39315/11 “SA La Hispano Argentina Curtiembre y Charol”, resol. del 15/12/15; entre otras). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
9. Que, con relación a la tasa de interés aplicable, se remite a lo decidido por esta Sala, entre otras, en las causas homónimas 49628/18 y 19255/21 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA”, sentencias del 26/3/19 y 10/2/22, respectivamente. En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3º de la resolución MEyP 314/04 y disponer la aplicación al caso de la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha del reclamo de repetición y hasta el 31/07/19 –esto último, en consideración a la entrada en vigencia de la resolución MH 598/19 y sus modificatorias, que no fueron impugnadas–. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
10. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del 3 CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial tratar el recurso del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
El juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe por hallarse en uso de licencia (art.
109, RJN).
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y, oportunamente, devuélvase.
JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia