Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 52792061-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad del pronunciamiento del 30 de abril de 2025, en cuanto decide rechazar el recurso de la parte actora y confirmar la Resolución Nro. RESOL-2024-244-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI mediante la cual fue rechazado el reclamo de repetición de los derechos de exportación presuntamente abonados en demasía en relación con el permiso de embarque n° 12 057 EC01 009054 M. En consecuencia, corresponde devolver las actuaciones al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento al respecto. Sin costas, atento al modo en que se resuelve (artículo 68 segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la nación).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
36923/2025 COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA (TF 52792061-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de diciembre de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, en cuanto aquí interesa, el 30 de abril de 2025 la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso interpuesto por la firma actora y confirmó la Resolución Nro. RESOL-2024 -244-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1776-2017/32 (v. páginas 305/311 del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN [DEO nº 20110577, agregado a la causa el 22/09/2025]). En ese acto se había rechazado el reclamo de repetición de la suma total de u$s174.405,50 vinculado al Permiso de Embarque n° 12 057 EC01 009054 M, importe pagado en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo mediante la Resolución MEyP nº 182/08.
El vocal preopinante, Dr. Soria, puso de manifiesto que la actora pretendía que le fuera restituida la diferencia entre los derechos de exportación que se vio obligada a pagar, liquidados a una alícuota del 32% (por aplicación de lo establecido en la Resolución MEyP n° 182/08 -BO: 21.07.08-), respecto de la mercadería documentada en el referido permiso de embarque, ubicada en la PA 1507.10.00.100 Q, y los que considera aplicables en virtud de lo establecido en el Decreto nº 509/07, al 24%.
Destacó que en el caso, el hecho imponible había ocurrido el 18 de septiembre de 2012, fecha en que se había producido el cierre de la venta, a la que hace referencia el artículo 6°, primera parte, de la Ley 21.453.
Posteriormente, relevó las diversas modificaciones normativas que se habían establecido respecto de las alícuotas aplicables a la mercadería en trato. En tales condiciones, recordó que respecto a “…la validez constitucional del iter normativo descripto precedentemente, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema en “Camaronera Patagónica”, esta Sala E se ha expedido, de modo unánime, en la causa “LDC ARGENTINA SA c/ Dirección General de Aduanas s/apelación” Expte. 38.204-A, sentencia del 22.02.23”. Señaló que allí se concluyó que la validez constitucional de la Resolución (MEyP) n° 369/07 (BO: 09.11.07) –posterior al decreto 509/07 (BO: 23.05.07)- debía ser establecida al 16/01/08, momento en la que fue ratificada por la Ley n° 26.351. Afirma que esa vigencia y validez legal de la alícuota del 32% establecida por la mencionada Resolución MEyP n° 369/07 fue ininterrumpida, salvo durante el periodo en que se implementaron las llamadas alícuotas móviles (resoluciones -MEyP- 125/08 y 64/08, de reconocido rechazo legislativo), habiendo sido reestablecidas por la Resolución MeyP n° 182/08; esto último como consecuencia del dictado del decreto 1176/08 (BO: 21.07.08), que evidenció la voluntad del Congreso de rechazar la Resolución n° 125/08, de modo que se retornó al régimen de alícuotas previo.
Por tales razones, concluyó que, la alícuota del 32% establecida mediante la Resolución n° 369/07 posee validez constitucional y legal desde el 16/01/08.
En tales condiciones, y al haber sido cerrada la venta con posterioridad al momento precedentemente indicado, rechazó los agravios propuestos por la parte actora y consideró válido el pago de los derechos de exportación liquidados a la alícuota del 32%, en tanto cumplieron con el test de constitucionalidad fijado por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica” del 15/04/14. En consecuencia, rechazó los agravios expuestos por la actora respecto de la denegatoria de la repetición que intentó -por ser defectuoso su planteo jurídico- y confirmó la resolución apelada.
Finalmente, consideró que la actora debía asumir el pago de las costas en atención a que la decisión adoptada lo había sido por aplicación de la jurisprudencia de ese Tribunal que data del 22/02/23. Por su parte, el vocal Juárez coincidió con el Dr. Soria en punto a que no se detectaron en el trámite administrativo vicios de nulidad.
Puso de manifiesto que, a su criterio, no era factible extender al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso.
Posteriormente, expresó que las cuestiones planteadas en el presente caso, “…son análogas a lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en el fallo Plenario como he comentado ut CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V -supra, donde se aplicó la siguiente doctrina con fecha 26/04/2022, mediante IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX -2020-24600163- -APNSGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. …”. En consecuencia, y con esos fundamentos, rechazó el recurso de la parte actora en tanto pretendía que le fueran reconocidos en restitución los derechos de exportación que entendió abonados en demasía y, teniendo en consideración que la solución se había fundado en lo decidido en el Fallo Plenario de ese Tribunal, de fecha anterior a la interposición del recurso, correspondía que la parte actora asumiera el pago de las costas.
II. Que, contra esa sentencia, la parte actora apeló y fundó su recurso, el que fue replicado por la contraria.(v. páginas 305/311 y 343/370, respectivamente, del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN [DEO nº 20110577, agregado a la causa el 22/09/2025]).
En términos generales, la parte cuestiona los argumentos del vocal preopinante y; asimismo, afirma que si bien el Tribunal Fiscal se halla impedido de declarar la inconstitucionalidad de las normas, de conformidad con lo establecido en el artículo 1164 del Código Aduanero, allí también se establece una excepción para el caso de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya hubiere declarado dicha inconstitucionalidad, supuesto en el que podrá seguir la interpretación efectuada por ese tribunal.
Considera asimismo, que la decisión plenaria empleada como basamento de la sentencia recurrida no contiene un fundamento jurídico claro, ni resulta de ella una doctrina consistente, lo cual vulnera su defensa. Además, afirma que la decisión adoptada en tal sentido se aparta de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388). Plantea que tampoco fueron respetadas las condiciones para subdelegar la facultad que otorga el artículo 755 del Código Aduanero en el Ministerio de Economía y Producción.
III. Que, en los presentes autos se halla en discusión si, a la luz de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 337:388, es posible identificar una ley formal que, a la fecha en que fue cerrada la venta de la exportación aquí involucrada, haya otorgado rango legal a la alícuota fijada en la cuestionada Resolución MEyP nº 182/08.
IV. Que, sin perjuicio de ello, corresponde declarar de oficio la nulidad de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación en virtud de que ella carece de la necesaria unidad sustancial de fundamentos, que constituye un requisito de validez de las sentencias dictadas por los tribunales colegiados en la medida en que se requiere que la parte dispositiva de la sentencia resulte derivación del voto de sus integrantes que constituyan una real mayoría (cfr. Dictámenes de la Procuración General a los que remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes de Fallos 332:826 y 329:4078, y Fallos 326:1885 y 2783, entre muchos otros).
En efecto, en su voto el Dr. Soria remitió a los fundamentos expuestos al votar en la causa “LDC ARGENTINA SA c/ Dirección General de Aduanas s/apelación” Expte. 38.204-A, sentencia del 22/02/23 y consecuentemente decidió que de conformidad con las pautas establecidas en el precedente de Fallos 337:388 correspondía afirmar que los derechos de exportación, liquidados al 32%, habían sido válidamente exigidos ya que al momento en que se concertó el cierre de la venta, la mencionada alícuota había recibido ratificación legislativa. Mientras que, por su parte, el Dr. Juárez concluyó que no era factible extender al caso las consideraciones expresadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el aludido precedente ya que en esa causa habían sido examinados hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, diferían sustancialmente de las que rodean el presente caso. En tales condiciones, y aunque también decidió rechazar el reclamo de repetición de la firma exportadora, lo hizo sobre la base de las conclusiones de ese Tribunal Fiscal en el Plenario dictado en la causa caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, del 26/04/22, en que se acordó por mayoría fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. …”.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Al respecto, esta Sala V ya ha resuelto, en idéntico sentido en los autos caratulados “Lavallen, Carlos Alberto (TF 25.029-I) c/DGI”, expediente nº 30.164/2010, del 22 de diciembre de 2010 que “[m]ás allá de su naturaleza administrativa, el Tribunal Fiscal es un órgano jurisdiccional cuyo funcionamiento responde a reglas semejantes a las de los tribunales de justicia, de modo que también le resulta aplicable la jurisprudencia según la cual las sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes, sino como producto de un intercambio racional de ideas entre ellos (Fallos 312:1500). Ello, en tanto la sentencia debe ser concebida como un todo indivisible en cuanto a la recíproca integración de la parte dispositiva con los fundamentos que la sustentan (Fallos 311:509 y 2120 y 332:943)”. “Si la decisión del Tribunal Fiscal sobre el punto relativo a la revocación de la multa aplicada en la resolución no exhibe pluralidad de elementos coincidentes, tal circunstancia permite descalificar dicho decisorio por aplicación de Fallos 304:590 y 308:139)”.
En sentido coincidente con lo precedentemente expuesto, esta Sala V, en los autos “Solicon S.A. (TF 34.201-I) c/ D.G.I.”, Expte. Nº 112/2013, del 30 de abril de 2013 y en la causa “Ripiera San José S.R.L. c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, Expte. n° 41.183/2013, del 18 de julio de 2014 y la Sala III de esta Cámara en los autos caratulados “Villalonga Furlong S.A. (TF 15.787-I) c/DGI”, expediente nº 11.828/04, del 9 de agosto de 2007 y la Sala I de esta Cámara en la causa “SEFAG SAIC s/Quiebra y Guarnieri J.R. s/apel –TF 11.888-I c/DGI”, expediente nº 7077/98, del 14 de septiembre de 2006. Por lo tanto, y toda vez que los votos de los vocales difieren en cuanto a las razones en que en cada uno de ellos se fundamenta respecto del rechazo del pedido de repetición de la medida de los derechos de exportación que la firma actora estimó abonada en demasía, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en tal sentido y reenviar la causa al tribunal de origen a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento en cuanto al mencionado aspecto.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: Declarar la nulidad del pronunciamiento del 30 de abril de 2025, en cuanto decide rechazar el recurso de la parte actora y confirmar la Resolución Nro. RESOL-2024-244-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI mediante la cual fue rechazado el reclamo de repetición de los derechos de exportación presuntamente abonados en demasía en relación con el permiso de embarque n° 12 057 EC01 009054 M. En consecuencia, corresponde devolver las actuaciones al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento al respecto. Sin costas, atento al modo en que se resuelve (artículo 68 segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la nación).
Se deja constancia de que la Vocalía Nº 15 de esta Sala se encuentra vacante (art. 109 del RJN).
Regístrese, notifíquese, y devuélvanse.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI
Fin de la sentencia