Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 52840304-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad —en el caso— de la Resolución 181/2008 (MEP) y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos VII, VIII y IX,
2Desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y
3Disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
26814/2025 “Compañía Argentina de Granos SA (TF 52840304-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”
Buenos Aires, 7 de octubre de 2025.
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento del 16/12/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la Resolución n° RESOL-2024-259-E-AFIP- ADSALO-#SDGOAI, dictada el 28/02/24 recaída en la Actuación SIGEA Nº 17134-2055-2018/37 en cuanto dispuso denegar el pedido de devolución de derechos de exportación formulados por la firma Compañía Argentina de Granos SA. Con costas por su orden.
Para así decidir, el organismo administrativo con facultades jurisdiccionales aplicó la doctrina resultante de la decisión plenaria del Tribunal Fiscal de la Nación adoptada en autos “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, resol. del 26/4/2022, según la cual:
-dicho organismo administrativo con facultades jurisdiccionales se encontraba imposibilitado de declarar la inconstitucionalidad de una norma, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente; -el Poder Ejecutivo Nacional se encontraba facultado para establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; y -no correspondía declarar la invalidez del decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal de la Nación debiera expedirse respecto de resoluciones que denegaran la repetición de derechos de exportación abonados por aplicación del mencionado precepto respecto de destinaciones registradas a partir del 4/9/2018, fecha de entrada en vigencia del decreto en cuestión, y hasta el 4/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.
En tales condiciones, consideró que debía rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados con relación al Permiso de Embarque Nro. 13057EC01006104G en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 181/2008 (MEP), debido que al momento de la oficialización se encontraban vigentes y resultaban aplicables a la exportación a consumo de la mercadería comprendida en la posición arancelaria allí descripta.
Por último, por mayoría, estimó que las costas debían imponerse por su orden, en virtud de la complejidad de la cuestión en trato (v. págs. 278/81 del DEO: 19527393 -Tribunal Fiscal de la Nación, incorporado con fecha 12/08/2025).
II. Que, disconforme con lo resuelto, ambas partes interpusieron recurso de apelación, la parte actora con fecha 5/02/2025, fundándolo en ese acto, y el 10/03/2025 lo hizo el Fisco Nacional, quien lo fundó en ese acto.
Corridos los pertinentes traslados, la parte actora con fecha 7/04/2025 replicó los fundamentos de su contraria, y el Fisco Nacional hizo lo suyo con fecha 26/03/2025 (ver nota de elevación de las actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación).
Con fecha 16/09/2025 emitió su dictamen el señor Fiscal General.
III. Apelación de la actora:
En ajustada síntesis, sostiene la recurrente que, la remisión al Plenario para dilucidar el presente justiciable es, en efecto, incomprensible e imprudente toda vez que propicia una controversia entre la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”) y la de las salas aduaneras del Tribunal Fiscal y se encuentra flagrantemente en contradicción con las disposiciones de nuestra Ley Fundamental y de Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.
Expone que, resulta manifiesta la inaplicabilidad de la doctrina legal sentada en el Plenario al caso de autos, siendo imperioso se haga un análisis pormenorizado de la Resolución N° 181/2008 (MEP) y de las circunstancias del caso, Destaca la clara inconsistencia de fundamentos aplicados al caso, toda vez que el Tribunal Fiscal de la Nación aplica un Plenario que versaba sobre la aplicación de derechos de exportación fijados por el Decreto 793/18, utilizando una aplicación análoga con los derechos de exportación instaurados por la Resolución N° 181/2008 (MEP). Asimismo, destaca que, en rigor de lo expuesto el Tribunal Fiscal declaró la validez del Decreto emitido por un órgano carente de facultades legisferantes y que, ni siquiera había sido concebida por medio de una delegación.
Criticó que el Tribunal Fiscal se haya limitado a reproducir la doctrina plenaria que, a su juicio, se aparta de “Camaronera Patagónica”, validando la utilización de normas constitucionales que refieren a la potestad exclusiva del Congreso de la Nación para crear o modificar tributos; normas que instauran el principio de reserva de ley o legalidad en materia tributaria que, según comprende ha sido vulnerado a través de la emisión de la Resolución N° 181/2008 (MEP).
Concluye que, conforme a los argumentos expuestos de hecho y de derecho puede afirmarse sin hesitación que la norma del PEN en crisis resulta dictada autónomamente, por lo que propicia sea declarada su nulidad absoluta e insanable.
IV. Apelación de la parte demandada:
La recurrente cuestionó, únicamente, el modo en que fueron distribuidas las costas.
Para dar fundamento a su postura, destacó que el fallo recurrido confirma en su totalidad la resolución aduanera, por lo tanto, correspondía estar a lo así previsto por el artículo 68 del CPCCN y en el artículo 1163 del Código Aduanero.
V. Que no se encuentra controvertida la operatoria bajo trato, ni los elementos resultantes de la declaración aduanera, las características de la mercadería involucrada, su posición arancelaria; limitándose la controversia suscitada, atento los términos del reclamo seguido, a determinar si se ajusta a derecho el pago de derechos de exportación conforme lo normado por la resolución ex MEyP 181/2008, impugnada en autos.
Al punto, resulta atinado mencionar que según surge de la documentación acompañada, en el caso, la firma actora, exportó bajo la destinación N° 13057EC01006104G, oficializadas el 10/09/2013, mercadería declarada bajo la posición arancelaria “2304.00.10.100B”, abonando derechos de exportación según una alícuota del 32% de su valor FOB.
Por la presente, la accionante, reclamó la devolución de la diferencia entre lo abonado en concepto de derechos de exportación por aplicación de la resolución ex MEyP 181/2008 y lo que, en su entendimiento, hubiera correspondido de aplicar la norma correcta, esto es, lo previsto por el decreto 509/2007, precepto anterior en el tiempo que contaría con el suficiente respaldo normativo en los términos de “Camaronera Patagónica SA”.
VI. Que sentado ello, cuadra referir que:
-por Decreto N° 509/2007 el Poder Ejecutivo de la Nación fijó los derechos de exportación para las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR que se consignan en las TRES (3) planillas del Anexo XIV del decreto (art. 16), y mantuvo la vigencia de los Decretos Nros. 310/2002, 809/2002 y 645/2004, de la Resolución No 526/2002 y las Resoluciones Nros. 335, 336 y 337 del 2004, entre otras (art. 17), de acuerdo a las alícuotas establecidas en el Anexo XV (art. 18). Por su parte, en el artículo 19 fijó “para las mercaderías no alcanzadas por las disposiciones de los Artículos 16 a 18 precedentes, un derecho de exportación del CINCO POR CIENTO (5%)”. En cuanto aquí interesa, para la posición arancelaria 2304.00.10 se fijó una alícuota del 24%. El Decreto fue convalidado por la Cámara de Senadores de la Nación el 22/8/07 (B.O. 10/10/2007) y por la Cámara de Diputados de la Nación el 28/11/07 (B.O. 10/12/2007).
- por la Resolución N° 181/2008, el ex Ministerio de Economía y Producción sustituyó “…en el Anexo XIV del Decreto Nº 509 de fecha 15 de mayo de 2007, para las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) que se enumeran en la planilla que, como anexo forma parte integrante de la presente Resolución, el derecho de exportación por el que en cada caso se indica”. En ese Anexo, se dispuso que la posición arancelaria 2304.00.10 tuviera una alícuota del 32%, VII.- Que puesto ello de relieve, en el sub examine la firma actora reclama el reintegro de los derechos de exportación que —según sostiene — fueron indebidamente liquidados en exceso por aplicación de la alícuota indicada fijada en virtud de la resolución ex MEyP 181/2008, cuya validez constitucional cuestiona, por entender que dicho decreto carecía de una delegación legislativa válida para establecer tributos.
En tales condiciones, la cuestión a resolver en estos actuados resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa “Compañía de Granos SA (TF 16791058-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, expte. N° 3.598/2025, sentencia del 19/06/2025 (ver específicamente Considerandos VI a XI), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. El texto íntegro del pronunciamiento puede ser consultado en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar).
En esa oportunidad este Tribunal, aplicando el precedente “Camaronera Patagónica”, resolvió que el Poder Ejecutivo carecía de facultades para fijar derechos de exportación como lo hiciera en el caso, pues el artículo 755 del Código Aduanero no constituye una norma delegante válida en ausencia de una ley del Congreso que establezca los elementos esenciales del tributo. Se especificó que el aspecto cuantitativo de los derechos de exportación establecidos por la Resolución N° 181/2008 (MEP) respondió de manera exclusiva a su decisión discrecional, sin contar con el imprescindible respaldo de una “clara política legislativa”, que fijara la totalidad de los aspectos cuantitativos del impuesto, materia reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Nación.
Por lo que, en definitiva, corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad —en el caso— de la Resolución N° 181/2008 (MEP) y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados en exceso, al oficializar el despacho de exportación denunciado (10/09/2013), cuyo pago —por lo demás— no fue desconocido en autos por la demandada (en el mismo sentido Sala IV del Fuero en autos 41.274/2023 “Molinos Río de la Plata SA (TF 39.038-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 8/8/2023).
VIII. Que, sentado lo anterior, en lo atinente a la moneda en que habrá de cancelarse la obligación, en atención a los claros y precisos términos del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Cencosud SA - TF 29.535-A c/DGA", del 15/05/2014), cabe remitir –en lo que pertinente–, a lo decidido por este Tribunal en la causa “Molfino Hermanos S.A. (TF 32275313-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, expte. N° 13.598/2025, sentencia del 4/07/2025 (ver específicamente Considerando XII), entre otros.
IX. Que, definida la moneda de pago, en orden al alcance de la condena, se dispone que el reintegro deberá ser comprensivo de los intereses devengados desde la petición administrativa de repetición y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), a calcular según las tasas vigentes correspondientes a cada período, conforme a la reglamentación emitida al respecto.
X. Que, finalmente, en atención al modo en que se decide, y al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero). Estas mismas circunstancias determinan -de por sí- el rechazo de la apelación del Fisco Nacional.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad —en el caso— de la Resolución 181/2008 (MEP) y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos VII, VIII y IX, 2º) desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y 3º) disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia