Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 72699922-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación del Fisco Nacional y confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 3/11/2021, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.) y
2Modificar y reducir y, asimismo, regular los honorarios, de conformidad a lo expresado en el considerando X.
11.143/2022 “COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA (TF 72699922-A)
c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 5 de abril de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 3/11/2021 el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad del Protocolo de Análisis LAB N° 98237 y de todo lo actuado en consecuencia y, por consiguiente, dejó sin efecto la Resolución N° 117/2021 dictada en la actuación SIGEA Nº 12578-438-2013. Impuso las costas a la D.G.A.
Para así decidir, en primer término, precisó que el objeto del proceso consistía en determinar si la resolución n° 117/2021 dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12578-438-2013, resultaba ajustada a derecho en cuanto condenaba a COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A., y al despachante de aduana Tomás Mastrangelo, al pago de una multa por la suma de $ 193.227,54, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 954 inciso a) del C.A., en relación a la operación documentada mediante el P.E. N° 13 008 EC01 011502 A. Agregó que, asimismo, mediante la referida resolución, se intimó a la firma exportadora al pago de los tributos por la suma de U$S 33.783,50, con más los intereses correspondientes.
Sentado ello, puntualizó que correspondía decidir, en primer lugar, acerca de la cuestión esgrimida por ambas coactoras en el apartado 2 del acápite IV de su recurso de apelación, del cual se infería un claro planteo de nulidad respecto de la resolución aduanera apelada.
Precisó que la mercadería documentada mediante el P.E. N° 13 008 EC01 011502 A fue consignada, por la exportadora, en la PA 2309.90.90.900T “Los demás (R. 2012/93 ex – ANA) Las demás - Las demás PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES”, mientras que el servicio aduanero -sobre la base del análisis de la muestra del Protocolo de Análisis- consideró que la mercadería debía ser clasificada en la P.A. 2304.00.90.900Y. Para esta última posición arancelaria, correspondía una alícuota del 32% para derechos de exportación.
Efectuó una reseña de las actuaciones administrativas n° 12578-438- 2013.
Luego, advirtió que en la corrida de vista obrante a fs. 13 de las actuaciones administrativas, se mencionaba un número de Protocolo distinto del correspondiente: se consignó el 95601, cuando el número correcto era el 98237, conforme surgía de fs. 5/6 de las actuaciones administrativas. Aclarada esta primera irregularidad, señaló que de acuerdo con lo establecido por la Resolución General Nº 1582/03 y a la luz de las constancias obrantes en el expediente administrativo, surgía que, con fecha 19/09/2013 se procedió a la extracción de la muestra representativa de la mercadería en cuestión (fs. 4), la que tenía como fecha de entrada para su análisis por el ITEM el 13/01/2014 (fs. 5) y con fecha 20/03/2015 se emitió el informe y conclusión como Protocolo de Análisis LAB 98237 (fs. 5/6). Expresó que, sin embargo, no surgían constancias de que dicho Protocolo haya sido notificado a la firma involucrada (o al despachante), la cual presumiblemente recién tomó conocimiento de dicho resultado de análisis en oportunidad de notificársele la apertura de sumario y corrida de vista de fecha 26/07/2016 (fs. 14 de las act. adm).
Refirió que, conforme surgía del SICNEA 16008NOTI009548J, se le notificaron dichos actos a COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A. con fecha 01/08/16 (misma fecha que al despachante, conforme fs. 15 de las act. adm.). No obstante, según constaba en el cuerpo de la notificación (lo mismo respecto de la notificación al despachante), se agregó como adjunto un archivo en formato pdf, cuya impresión no lucía agregada junto a la copia del referido SICNEA, a la vez que se indicaba simplemente que se “… SE ADJUNTA COPIA.”.
En tales condiciones, indicó que, que pasaron casi 3 años desde la extracción de las muestras hasta que la firma involucrada tomara conocimiento del Protocolo de Análisis LAB 98237, ya que el mismo no le fue notificado inmediatamente después de realizado.
Recordó, a la luz de las fechas reseñadas supra, que la muestra respectiva tuvo entrada por parte del ITEM casi 4 meses después de la extracción de la misma, y que el informe y conclusión respectivos demoraron un año y dos meses más. Apuntó que, la referida dilación que registraba el trámite del procedimiento en sede aduanera, cobraba aún mayor relevancia a partir del dictado de la providencia de fecha 17/04/2017, mediante la cual se tuviera por presentados a COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A. y al despachante TOMÁS MASTRANGELO y por contestadas las vistas respectivas, a la vez que se hiciera lugar a la prueba pericial ofrecida por la firma exportadora (ver fs. 28 de las act. adm.). Añadió que, no obstante, inmediatamente después de dictada dicha providencia, a fs. 29 de las actuaciones administrativas, lucía agregada la notificación SICNEA (17008N0T1009575K) dirigida al despachante, en cuyo cuerpo se indicaba que “Se adjunta proveído de fecha 17/4/2017 en el marco del sumario contencioso 008-SC-358-2016/6.”, con estado “ENVIADO” en fecha 05/05/2017, y seguidamente a fs. 30 una nueva providencia de fecha 18/02/2020 que declaraba que “… atento el tiempo transcurrido para producir la prueba solicitada en el Punto IV, TENGASE por decaído el derecho a producirla. …”.
Expuso que, el servicio aduanero dictó una nueva providencia -casi tres años después- haciendo decaer el derecho a producir la prueba más relevante del sumario (prueba pericial consistente en el segundo análisis) sin siquiera haber sido agregadas a esa altura las notificaciones dirigidas al despachante y a COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A. comunicando fehacientemente la oportunidad procesal de producir la referida prueba. Esbozó que, necesariamente después, debido al orden de foliatura que registraba el expediente administrativo, a fs. 31 se agregó la notificación SICNEA 17008N0T1009575K mediante la cual se notificó al despachante la providencia de fecha 17/04/2017 (estado “NOTIFICADO” en fecha 22/05/2017). Seguidamente, a fs. 32, se agregó la notificación SICNEA 20008N0T1005364T dirigida a COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A.
mediante la cual se notificó un “… PROVEIDO RECAIDO EN ACTUACIÓN DE REFERENCIA.”, con estado “PLAZO SUPERADO” en fecha 05/03/2020. Es decir, que quince días después de la providencia que hiciera decaer el derecho a producir la prueba pericial, aún no había sido fehacientemente notificada la firma exportadora de la primera providencia (dictada casi tres años antes) que hiciera lugar a la producción de la prueba. Es más, según constaba a fs. 32vta. de las actuaciones administrativas, se procedió a fijar en la puerta del domicilio, la cédula dirigida a COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS con fecha 21/04/2021.
Argumentó que, más allá del planteo de nulidad inferido del apartado 2 del acápite IV del recurso de apelación, relacionado a la violación del derecho de defensa en juicio y del debido proceso, en este caso particular, la nulidad surgía manifiesta y por tal motivo debía ser resuelta como de previo y especial pronunciamiento.
Desde esta perspectiva, entendió que, en atención a las especiales características del producto exportado y al tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y la interposición del presente (casi 8 años), las irregularidades en las que incurrió el servicio aduanero, tanto en la equívoca invocación del número de Protocolo de Análisis en la apertura de sumario y corrida de vista, la falta de notificación del resultado del protocolo de laboratorio y las sucesivas dilaciones registradas en el trámite del sumario aduanero, sobre todo en la notificación de la providencia que hiciera lugar a la prueba pericial, no podían subsanarse en esta instancia.
A su modo de ver, las cuestiones supra relatadas, imposibilitaban en la actualidad, la producción de un segundo análisis dirigido a comprobar si la especie y calidad de la muestra se corresponde, en definitiva, con lo declarado en la destinación.
Alegó que, la representatividad de la muestra, es decir, la posibilidad de reflejar en forma fidedigna las características de la mercadería en cuestión, era el principio básico sobre el cual se encuentra estructurado el procedimiento previsto en la normativa aplicable de modo tal que, desaparecida esa representatividad, el análisis de la muestra devenía inútil. El tiempo transcurrido entre la extracción de la muestra, el resultado de la práctica del análisis pertinente y la notificación del mismo a la parte interesada, socavó la posibilidad de control de la prueba, base para formular la Resolución atacada.
Aseveró que, ello, sumado a la imposibilidad técnica de repetir dicho acto, (pese a que la firma exportadora solicitara expresamente el segundo análisis) fulminaba de nulidad el Protocolo de Análisis LAB N° 98237, toda vez que los resultados de la prueba unilateral obtenida por la Administración, conculcaba el debido derecho de defensa en juicio, base de nuestro sistema de derecho y reconocido por la Constitución Nacional.
En virtud de lo expuesto, consideró que habiéndose afectado en forma irreversible la posibilidad de la actora de requerir y/o producir un segundo análisis, se vulneró su derecho de defensa y, siendo dicha imposibilidad responsabilidad exclusiva de la autoridad aduanera, correspondía declarar la nulidad absoluta del Protocolo de Análisis LAB N° 98237 y de todo lo actuado en consecuencia y, por consiguiente, dejar sin efecto la resolución apelada, disponiendo oportunamente el archivo de las actuaciones.
II. Que con fecha 18/11/2022 el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios del Dr. Javier Zunino por su actuación ante este Tribunal en el carácter de letrado apoderado por la actora Compañía Argentina de Granos S.A. y patrocinante del despachante de Aduana Tomás Mastrángelo, en 72,15 UMA equivalentes a la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos dieciseis ($ 444.416.-).
Contra dicho pronunciamiento, interpusieron sendos recursos de apelación el letrado de la actora -por bajos- y el Fisco Nacional -por altos- el 25/11/2021 y 26/11/2021, concedidos el 25/11/2021 y 29/11/2021 respectivamente III.- Que contra el pronunciamiento de fecha 3/11/2021, con fecha 26/11/2021 el Estado Nacional -AFIP-DGA interpuso recurso de apelación y expresó agravios (concedido el 29/11/2021), los que fueron contestados por la contraria el 15/12/2021.
Sostiene la recurrente que el TFN incurre en un error al momento de valorar los hechos y las constancias agregadas en las actuaciones administrativas ya que en su decisorio toma por cierto afirmaciones hechas por la recurrente que no han sido debidamente probadas ni rebatidas. En este sentido, postula que, el análisis de la cuestión radica en determinar si el procedimiento llevado a cabo por el servicio aduanero fue o no nulo. La nulidad plantada por la Compañía se basa en la violación de las formas esenciales para realizarse el segundo análisis que prevé la Resolución General nº 1582/03 (AFIP) en resguardo del debido proceso y derecho de defensa.
Respecto a la supuesta falta de notificación y la imposibilidad de realizar el segundo análisis, advierte que, que el punto 3 del Anexo III de la resolución AFIP 1582/03 dispone: “El segundo análisis se podrá solicitar por cualquiera de las partes que han intervenido en la extracción de las muestras para la primera pericia dentro del mes de notificado el resultado del primer análisis, y es la vía recursiva natural en contra del acto administrativo expresado por el resultado del primer análisis”.
En tales condiciones, pondera que la resolución no establece un plazo o forma de notificación específica del primer análisis de las muestras, por lo que se debe tener por válida la notificación practicada junto con la vista del art. 1101 del CA.
Con relación a los dichos de la actora en cuanto a que la muestra podría estar en mal estado, aclara que, se trata de una afirmación infundada, por lo cual la única manera de conocer si la muestra en poder de la empresa se encontraba en consideraciones era realizado una medida de prueba, lo cual nunca instó.
A partir de allí, la recurrente pudo haber solicitado el segundo análisis con la muestra que obraba en su poder de 30 días, lo cual, insiste, no fue impulsada en forma posterior. Añade que, tampoco la actora demuestra en autos que la fecha de vencimiento afecte la proporción de ingredientes secos presentes en mayor porcentaje de la mercadería.
Es decir, la actora debería haber demostrado que el porcentaje de harina de soja y de maíz de las muestras se vieron afectados por el vencimiento de la muestra.
Finalmente, expone que, el TFN desestima la validez del Protocolo de Análisis LAB 98237 basándose únicamente en los dichos de la actora y no en las pruebas ofrecidas por la representación fiscal, lo cual impide al Servicio Aduanero poder perseguir la infracción impuesta en virtud de las diferencias clasificatorias resultantes de lo declarado por la Actora y la evidencia arrojada por el Protocolo de Análisis mencionado, avalando el TFN la comisión de una infracción sin justificación probatoria alguna.
IV. Que el art. 265 del C.P.C.C.N. establece, en lo pertinente, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
Sobre este punto, se ha dicho que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal y su forma le impone claridad expositiva, para facilitar su estudio (conf., Fenochietto - Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 834/836).
V. Que en el sub examine, mientras el núcleo de la decisión de grado para declarar la nulidad del Protocolo de Análisis LAB N° 98237 y, por consiguiente, dejar sin efecto la Resolución n° 117/2021 se sustentó en que, en atención a las especiales características del producto exportado y al tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y la interposición del presente (casi 8 años), las irregularidades en las que incurrió el servicio aduanero, tanto en la equívoca invocación del número de Protocolo de Análisis en la apertura de sumario y corrida de vista, la falta de notificación del resultado del protocolo de laboratorio y las sucesivas dilaciones registradas en el trámite del sumario aduanero, sobre todo en la notificación de la providencia que hiciera lugar a la prueba pericial, no podían subsanarse en esta instancia; la recurrente se limita a manifestar su disconformidad con lo decidido sin controvertir con argumentos sólidos y suficientes el decisorio impugnado.
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso intentado.
VI. Que, sin perjuicio de lo expuesto, corresponde efectuar las siguientes consideraciones.
Así las cosas, cabe señalar que en el Anexo II de la Resolución General AFIP n° 1582/2003, que regula el procedimiento de extracción y análisis de las muestras de la mercadería involucrada.se establece que: “1 - DEFINICION1 .1- "Muestra es un trozo, porción, unidad, ejemplar o modelo de producto o mercadería, que sirve para mostrar la calidad o el valor de los mismos, porque los representa en forma fidedigna".
“3.2 – REPRESENTATIVIDAD El principio básico del muestreo es que la muestra debe ser realmente representativa del conjunto o partida, en caso contrario, es inútil o errónea su observación o análisis”.
Luego, en el Anexo III dispone que:
“2.2.1. - ANALISIS DE CONTROL Es aquel que se realiza para identificar las mercaderías a los efectos de comprobar si su especie y calidad corresponden con lo declarado en la destinación aduanera.
Los análisis de control pueden ser estadísticos o presuntivos.
a) Análisis de control presuntivo es aquel que se efectúa cuando por alguna circunstancia, relacionada con la verificación de la mercadería, existen elementos de juicio necesarios y suficientes para iniciar el procedimiento por las infracciones por declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas (…).
Es el que se efectúa cuando de la primera pericia ha surgido un resultado motivo de litigio o de diferencias entre la Aduana y el Importador o el Exportador de la mercadería.
El segundo análisis se podrá solicitar por cualquiera de las partes que han intervenido en la extracción de las muestras para la primera pericia dentro del mes de notificado el resultado del primer análisis, y es la vía recursiva natural en contra del acto administrativo expresado por el resultado del primer análisis.
Se deberá solicitar por ante la División ITEM aún cuando el primer análisis haya sido realizado por otros organismos públicos o privados (…)”.
VII. Que, sentado ello, corresponde apuntar que, de las constancias obrantes en el expediente administrativo Nº 12578-438-2013 surge que: (i) Con fecha 6/09/2013 la firma Compañía Argentina de Granos S.A. oficializó la destinación de exportación a consumo nº 13008EC01011502A, amparando una carga de 291.500 KG de “Las demás. Las demás PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES” (P.A. 2309.90.90.900T).
(ii) Con fecha 1/11/2013 se remitió a la División Laboratorio ITEM la muestra presuntiva, textualmente la nota n° 2010/13 reza: “[s]e remite el presente, adjuntándose a fs. 2 fotocopia de la destinación… a fs. 3 OM 1020, acompañado por 1 (una) muestra de la mercadería documentada a fin de determinar identidad, calidad, especie, composición centesimal de harina de soja, maíz, sal… y/o mineral… si se trata de soja desactivada (por calor o lavado con solvente), si es apta para el consumo humano o para consumo de los animales y todo otro dato que permita una correcta clasificación arancelaria” (fs. 1).
(iii) con fecha 19/09/2013 se labró el Acta de Extracción de muestra de la mercadería en los siguientes términos: “(…) proceden a labrar la presente acta a fin de dejar constancia que, con el objeto de someterlas a un análisis de control presuntivo, y en presencia de los intervinientes se ha extraído un juego de tres muestras de la mercadería…las que debidamente conformadas se destinan al organismo analizador, a la Aduana interviniente y al representante. En este acto el Representante solicita se autorice a la consolidación y exportación de la mercadería sujeta al resultado del análisis para lo cual manifiesta: “Presto mi conformidad al respecto de la muestra extraída, las cuales son representativas del total de la partida documentada, asimismo asumo el formal compromiso por el pago de las eventuales diferencias de tributación que se comprobaren del análisis a practicarse más las multas que correspondieren en caso de verificarse tal es inexactitudes”. Asimismo, se notifica por la presente al Exportador a través de su representante que al no efectuarse la interdicción de la mercadería como lo detalla el punto 4.2.b del Anexo III de la Resol. 1336/93, se lo inhabilitará para el pedido del segundo análisis (…)” (fs.4).
(iv) con fecha 20/03/2015 se emitió el Protocolo de Análisis LAB 94883 (fs. 5).
(v) con fecha 28/05/2015 se labró Acta de Denuncia por presunta comisión de declaración inexacta (art. 954 C.A.) (fs. 9/10).
(vi) el 26/07/2016 se instruyó sumario por la presunta infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, incs. a) y b) del C.A. contra el despachante de aduanas y la firma exportadora y se corrió vista de todo lo actuado (notificado el 1/08/2016) (ver fs.12/14).
(vii) con fecha 11/08/2016 Compañía Argentina de Granos S.A.
contestó la vista conferida (fs. 16/21).
(viii) con fecha 17/04/17, se tuvieron por presentados y por contestadas las vistas de la firma exportadora y del despachante, a la vez que se hizo lugar a la prueba pericial ofrecida por COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A. en los siguientes términos: “[r]especto de la prueba pericial de la contramuestra, HA LUGAR, …, la que deberá ser realizada por el INTI, en tal caso, PASE A SECCION INSPECCION SIMULTANEA, para que a partir de la muestra testigo…, coordine con el INTA y los apoderados de los imputados, a efectos de que concretamente informe, de qué mercadería se trata y cuál es la posición arancelaria” (fs.28).
(ix) después de dictada dicha providencia, a fs. 29 de las actuaciones administrativas, luce agregada la notificación SICNEA (17008N0T1009575K) dirigida al despachante, en cuyo cuerpo se indica que “Se adjunta proveído de fecha 17/4/2017 en el marco del sumario contencioso 008-SC-358- 2016/6.”, con estado “ENVIADO” en fecha 05/05/2017.
(x) con fecha 18/02/20, el Jefe del Depto. de la Aduana de Campana, tuvo por decaído el derecho a producir la prueba solicitada por la firma exportadora, y ordenó notificar dicha providencia mediante SICNEA. (xi) a fs. 31 se agregó la notificación SICNEA 17008N0T1009575K mediante la cual se notificó al despachante la providencia de fecha 17/04/2017 (estado “NOTIFICADO” en fecha 22/05/2017). Seguidamente, a fs. 32, se agregó la notificación SICNEA 20008N0T1005364T dirigida a COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A. mediante la cual se notificó un “… PROVEIDO RECAIDO EN ACTUACIÓN DE REFERENCIA.”, con estado “PLAZO SUPERADO” en fecha 05/03/2020.
(xii) a fs. 32vta. de las actuaciones administrativas, se procedió a fijar en la puerta del domicilio, la cédula dirigida a COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS con fecha 21/04/2021.
(xiii) con fecha 5/05/21, se emite el dictamen técnico N° 130/21. (xiv) con fecha 5/05/2021 se dictó la Resolución n° 117/2021 (AD CAMP).
VIII. Que analizadas las constancias obrantes en el expediente administrativo a la luz de las disposiciones previstas en la resolución 1582/2003, no se observa que, en la ponderación que ha efectuado el Tribunal Fiscal de la Nación de toda la prueba que ha sido rendida, hubiera un error de magnitud suficiente, ni arbitrariedad en la apreciación de los hechos y de la prueba, que permitieran apartarse de sus conclusiones. En tales condiciones, y tomando debida razón de las constancias obrantes en la causa, analizadas de consuno con las normas aplicables, cabe coincidir con el Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto a que se han configurado vicios procedimentales que determinan la nulidad del procedimiento llevado adelante por la autoridad administrativa.
IX. Que, ello es así pues en este caso en particular, no surgen constancias de que el LAB 98237 haya sido notificado a la firma exportadora, quien recién se habría notificado con la corrida de vista. Por lo cual en su defensa ante sede aduanera, solicitó que se produzca como prueba pericial un segundo análisis sobre las muestras de la mercadería exportada. Es decir que pasaron casi tres años desde la extracción de las muestras hasta que la exportadora tomó conocimiento del resultado del análisis.
Luego de presentada la contestación de vista, se ordenó la producción del segundo análisis, disponiéndose que por el área de Sección Inspección Simultánea de la Aduana de Campana para que ubique la muestra testigo y coordine la realización del segundo análisis. Este acto nunca fue notificado a Compañía Argentina de Granos S.A.. Y, luego de tres años, la Aduana dio por decaído el derecho a producir un segundo análisis. Es decir que, el servicio aduanero dictó una nueva providencia casi tres años después haciendo decaer el derecho a producir la prueba (segundo análisis), sin haber notificado a la empresa exportadora la providencia del 17/04/2020, providencia que aparentemente habría sido notificada el 21/04/2021 mediante cédula en el domicilio (2008NOTI005364T).
En consecuencia, corresponde concluir que las omisiones y deficiencias del procedimiento llevado a cabo, privan al LAB 98237 efectuado por el ITEM de indiscutible sustento y certeza probatoria, respecto de la real composición química de la mercadería exportada, por lo que corresponde confirmar el pronunciamiento apelado.
X. Que a fin de tratar los recursos interpuestos; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in rebus’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimiento" del 30 -XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A.”, del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional.
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S., Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más). Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados -conf. fs. 1 (F4, resol 117/21)- convertido a pesos al tipo de cambio correspondiente a la fecha de interposición de recurso ante el TFN, lo resuelto con fecha 03/11/2021 y precedentemente-; atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del pleito durante la etapa del pleito cumplida, corresponde reducir a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($186.662,50) –equivalente a 12,5 UMA– los honorarios del DR. JAVIER ZUNINO, letrado apoderado de la actora y patrocinante del despachante de aduana Tomas Mastrangelo (arts. 14, 16, 20, 21, 24, 29, 30, 44 inc. b) y ccdtes. y citados de la ley 27.423). Por las tareas efectuadas en la alzada, relacionadas con la incidencia resuelta con fecha 02/08/2022, atento el resultado obtenido y el modo en que se impusieron las costas, corresponde regular en la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS ($5.973,20) –equivalente a 0,40 UMA–; los emolumentos del DR. OCTAVIO KRAUSE, por la actuación en el carácter de letrado apoderado de la demandada (arts.14, 20, 21, 24, 29 inc g), 30, y ccdtes. de la ley 27.423). Por las tareas efectuadas en la alzada relacionadas con el fondo de la cuestión y atento el resultado obtenido, corresponde regular en la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($55.998,75) –equivalente a 3,75 UMA–; los emolumentos del DR. JAVIER ZUNINO, por la actuación en el carácter de letrado apoderado de la actora y patrocinante del despachante (arts.14, 20, 21, 24, 29, 30, 44 inc. b) y ccdtes. y citados de la ley 27.423). El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re "Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog.”, del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
XI. Que, en atención al modo en que se resuelve, las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida, de conformidad con el principio objetivo de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.).
En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: 1º) rechazar el recurso de apelación del Fisco Nacional y confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 3/11/2021, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.) y 2º) modificar y reducir y, asimismo, regular los honorarios, de conformidad a lo expresado en el considerando X.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia