Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 736175176-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Decretar la caducidad de la instancia judicial. Con costas.
2Respecto de la regulación de honorarios apelados, en primer lugar, es apropiado recordar que el art. 47 de la ley nro. 27.423 fue observado por el Poder Ejecutivo (art. 5° del Dto. 1077/17, BO 21/12/2017), de manera que han quedado sin regulación específica los porcentuales mínimo y máximo que corresponde a los incidentes. Por consiguiente, en tanto es obligación del Juez resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión fundada (art. 3 del Código Civil y Comercial), no es irrazonable acudir al criterio establecido en la legislación anterior (art. 33, ley nro. 21.839) como pauta orientadora del prudente arbitrio judicial al que parece tácitamente haberse remitido la promulgación de la ley 27.423 en el aspecto examinado (v. esta Sala, expte. nro. 33.103/2019, “Flowserve SRL c/ DGA”, sentencia del 12/7/2019, y más recientemente con la actual composición del Tribunal, causa 74296/2018, in re: "Pees, Ayrton Alan y otros c/ EN - M Seguridad - PFA s/personal militar y civil de las FFAA y de SEG", del 09/05/2024).
Por ello, teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, así como la calidad y eficacia de la tarea profesional y la etapa cumplida, SE FIJAN los honorarios del Dr. Javier Zunino en 4,36 UMA que equivale –a la fecha- a la suma de $33.440,04; y, por la incidencia resuelta el 22/02/2022, en 0,44 UMA que equivale –a la fecha- a la suma de $33.347,16 (art. 33 …
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46833/2022: COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA (TF-36175176-
A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 26 de agosto de 2025.- PCV/ESS/sh Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que la parte actora a fs. 53, acusa la caducidad de la instancia que la demandada ha intentado abrir con el recurso directo interpuesto el 01/11/2023, contra la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación. Cabe tener presente que el traslado, conferido a fs. 54, fue contestado por la parte demandada a fs. 61/65.
II. Que –como se ha indicado en reiteradas oportunidades– la instancia es el conjunto de actos procesales que realizan las partes para obtener la decisión judicial de un litigio y que se suceden desde la interposición de una demanda, o la petición que abre una etapa incidental, un proceso o la concesión de un recurso, hasta la notificación de la respectiva sentencia o resolución. Así, toda petición inicial de un proceso, trámite o procedimiento dirigido a un juez o tribunal para que satisfaga un interés legítimo de quien acciona es –en general– instancia y, a partir de ello, comienza para el interesado la carga de impulsar el procedimiento (esta Sala, in rebus: “Dutra Carlos María c/ EN –AFIP - DGI- Resol 4/12 s/ proceso de conocimiento”, del 25/04/2024; “Prado, Sergio Nicolás y otros c/ EN -M Seguridad- PFA s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, del 14/11/2024; “Aseguradora de Cauciones SA CIA de Seguros c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 18/02/2025, entre otros).
Desde esta perspectiva, cuando se trata de la perención de la instancia principal, la carga de instar el curso del trámite procesal recae sobre la actora; mientras que en los incidentes pesa sobre quien los promueve y, en los recursos –como en el caso– sobre quien los interpone (conf. esta Sala, “Ballesteros, Gualberta y otros c/ EN –M Defensa- CITEDEF s/ empleo público”, del 14/05/2024; “Burlón, Claudio y otros c/ EN -M Seguridad- PFA s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, del 10/09/2024; “Wahnish, Julio Argentino y otro c/ EN - AFIP- ley 20628 s/proceso de conocimiento”, del 20/02/2025, entre otros). Asimismo, cabe destacar que si bien la caducidad de la instancia es de interpretación restrictiva, ello no autoriza – como se ha dicho en anteriores ocasiones– a quien inicia el proceso, incidente o recurso a desentenderse del trámite posterior de la causa (esta Sala, “EN – EMGA c/ Antártida Compañía Argentina de Seguros SA s/ proceso de conocimiento”, del 11/04/2024; “Santino Christian Miguel c/ GCBA y/o Responsable y otro s/ daños y perjuicios”, del 11/07/2024; “Dello, Russo Bibiana c/ Hospital de pediatría SAMIC Prof. Dr. Juan P. Garrahan en Representación de la Dirección Asociada D s/ empleo público", del 05/12/2024, entre otros).
De modo que, cuando se trata –como en el caso– de la perención de la instancia ante este Tribunal, la carga de instar el curso del trámite procesal, sin dudas, recae sobre la parte recurrente. En efecto, esta es quien –ante todo– tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de su inactividad, pues éstas resultan un medio idóneo para determinar la presunción del interés, evitando de esa manera el abandono tácito que la ley sanciona con la perención de esta instancia (conf. esta Sala, “Burlón, Claudio y otros c/ EN -M Seguridad- PFA s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, del 10/09/2024; “Castagno Leonardo Gabriel c/ GCBA (Cromañón) s/ daños y perjuicios”, del 04/02/2025; expte. nro. 34608/2023 “De Matos, Ruben Ariel (TF 6443815-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, del 20/03/2025, entre otros).
En efecto, la caducidad de la instancia – como instituto procesal, cuyo fundamento reside en la presunción del abandono del proceso– radica en el abandono del interesado en impulsar el curso de la causa y en la presunción del desinterés que exterioriza esa inactividad; a la vez que su propósito responde a la necesidad de evitar la duración indefinida de los procesos judiciales, como medio de proteger la seguridad jurídica (esta Sala, “Sánchez Córdova, Juan Manuel c/ Banco Central de la República Argentina s/ proceso de conocimiento”, del 21/05/2024; “Bacci, Rafael (TF 37436-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de Organismo Externo”, del 03/09/2024; “Pigretti CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL -SALA III.
46833/2022: COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA (TF-36175176-
A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Enrique Eduardo c/ EN -AFIP -Ley 20628 s/ amparo ley 16.986”, del 26/11/2024; “Dello, Russo Bibiana c/ Hospital de Pediatría Samic Prof. Dr. Juan P. Garrahan en representación de la dirección Asociada D s/ empleo público", del 05/12/2024, entre otros).
III. Que, cabe tener presente que es criterio de la CSJN que “los actos relacionados con cuestiones fiscales, en principio, no tienen eficacia interruptiva ni suspensiva del curso de la caducidad de instancia, y que todo lo referente al pago de la tasa de justicia no impulsa el procedimiento, cabe apartarse de dicho principio cuando las disposiciones del … [Tribunal] … que se refieren a ella se traducen en la imposibilidad jurídica de formular peticiones tendientes a activar la marcha del proceso. Es decir, que existiendo como recaudo previo para el progreso de la instancia el pago de las tasas correspondientes, la actividad congruente del afectado, dirigida a cumplir o a eximirse de, o sustituir el pago de la obligación, constituye un obstáculo para que se opere la perención de la instancia, al verse impedida de peticionar, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 11 in fine de la ley 23.898 –v. doctrina de Fallos: 327:3024; 324:2224- ….” (conf. dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en Fallos: 330:1222 y esta Sala en la Causa 38.527/2004, in re “Clavijo María Eugenia (TF 10119-A) C/ DGA”, del 9/06/2011; Causa: 15221/2010, in re “Vision Sur SA (TF 22786-I) C/DGI”, 14/12/2011; Causa n° 55.853/2019, in re “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 28/04/2021, Causa n° 62081/2019, in re “Ultramar Argentina SA TF 32760-A c/ Administración Nacional de Aduanas s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 20/10/2021, entre otros).
A partir de una interpretación a contrario sensu del criterio así explicitado, existiendo como recaudo previo para el progreso de la instancia el pago de las tasas correspondientes, la inactividad del afectado, dirigida a cumplir o a eximirse de, o sustituir el pago de la obligación, no constituye un obstáculo para que opere la perención de la instancia (cfr., en igual sentido, expte. nº 55.853/2019 in re “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/DGA”, sentencia del 28/04/2021 y expte nº 62081/2019, in re “Ultramar Argentina SA TF 32760-A c/ Administración Nacional de Aduanas s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 20/10/2021 y con la actual integración, expte. nro. 15454/2024 in re, “National Starch And Chemical SA (TF 28799-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 1/07/2025, entre otros).
IV. Que esto último es exactamente lo que acontece en la especie, puesto que con la inactividad de la representación fiscal se advierte un abandono de la causa por parte de la recurrente, transcurrido el plazo previsto por el art. 310, inc. 1° del Código Procesal, sin que el Fisco Nacional practique la liquidación de la tasa, cancele dicha gabela o, a todo evento, solicite su diferimiento con la pertinente acreditación de la previsión presupuestaria.
En el auto del 13/03/2024, punto II, esta Sala dispuso que la demandada debía practicar liquidación del monto del capital del recurso de apelación interpuesto el 01/11/2023 (Deo pag. 540), con más intereses hasta la fecha de su interposición y a que ingrese el importe de la tasa de justicia correspondiente, acompañando la liquidación y el comprobante de pago pertinente, bajo apercibimiento de proceder conforme lo dispuesto por los arts. 11 y 12 de la ley 23.898.
Sin embargo, de las constancias del expediente judicial, surge que la parte demandada no cumplió actividad alguna tendiente a satisfacer los requerimientos efectuados desde el Tribunal mediante dicha providencia, que se encuentra consentida (confr. cédula electrónica nro. 24000076747750: Mario Luis Vetere: Notificada el 13/03/2024, 12:29 hs.). Por lo que, la presente causa quedó –desde la fecha indicada– sin impulso que la hiciera avanzar hacia el dictado de un pronunciamiento sobre el recurso interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación.
Cabe dejar sentado que no puede considerarse operado acto impulsorio ni convalidación alguna en relación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL -SALA III.
46833/2022: COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA (TF-36175176-
A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO con los escritos presentados el 10/07/2025 con posterioridad a la notificación del acuse de caducidad (v. notificación electrónica 25000094968499, notificada el 04/07/2025 09:49 hs; cfr. en igual sentido, esta Sala expte. nro. 16151/2023, in re “Piedra Pampa SRL (TF 12511384-
I. c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, del 28/05/2024).
Por ello y teniendo en cuenta que hasta la fecha del acuse (04/07/2025), la inactividad procesal de la demandada aparece verificada y que el plazo previsto en el artículo 310, inciso 1° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra holgadamente cumplido, corresponde admitir lo planteado por la parte actora y declarar la caducidad de la instancia judicial que el Fisco Nacional intentó abrir al interponer el recurso contra la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación el 18/09/2023 (v. INLEG-2023-109898875- APN-VOCXXI#TFN, pp. 489/497 del DEO 13090508).
Con costas, por no existir mérito para la dispensa (cfme. arts. 68, primer párrafo, 69 y 73 del CPCCN).
Por consiguiente, en mérito a lo precedentemente expuesto, SE RESUELVE:
1. decretar la caducidad de la instancia judicial. Con costas.
2. respecto de la regulación de honorarios apelados, en primer lugar, es apropiado recordar que el art. 47 de la ley nro. 27.423 fue observado por el Poder Ejecutivo (art. 5° del Dto. 1077/17, BO 21/12/2017), de manera que han quedado sin regulación específica los porcentuales mínimo y máximo que corresponde a los incidentes. Por consiguiente, en tanto es obligación del Juez resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión fundada (art. 3 del Código Civil y Comercial), no es irrazonable acudir al criterio establecido en la legislación anterior (art. 33, ley nro. 21.839) como pauta orientadora del prudente arbitrio judicial al que parece tácitamente haberse remitido la promulgación de la ley 27.423 en el aspecto examinado (v. esta Sala, expte. nro. 33.103/2019, “Flowserve SRL c/ DGA”, sentencia del 12/7/2019, y más recientemente con la actual composición del Tribunal, causa 74296/2018, in re: "Pees, Ayrton Alan y otros c/ EN - M Seguridad - PFA s/personal militar y civil de las FFAA y de SEG", del 09/05/2024).
Por ello, teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, así como la calidad y eficacia de la tarea profesional y la etapa cumplida, SE FIJAN los honorarios del Dr. Javier Zunino en 4,36 UMA que equivale –a la fecha- a la suma de $33.440,04; y, por la incidencia resuelta el 22/02/2022, en 0,44 UMA que equivale –a la fecha- a la suma de $33.347,16 (art. 33 del arancel de abogados y procuradores; arts. 16, 19, 20, 21, 29 y 44 de la ley 27423; y Resol. SGA 1860/2025).
Asimismo, con fundamento en pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado de los recursos, SE ESTABLECEN sus emolumentos, por las tareas cumplidas en la alzada, en 0,13 UMA que equivale -a la fecha- a la suma de $9.852,57 por la réplica del 06/07/2022 que fue examinada por esta Sala el 07/11/2022; y en 0,13 UMA que equivale -a la fecha- a$9.852,57 por la caducidad declarada, a pedido de parte, por esta Sala en el día de la fecha. Finalmente, teniendo presente la calidad y eficacia de la tarea profesional desempeñada el 27/12/2022 en la réplica del recurso extraordinario federal que fue rechazado con costas el 29/12/2022, SE FIJAN sus emolumentos en 0,11 UMA que equivale -a la fecha- a $8.336,79 (art. 33 del arancel de abogados y procuradores; art. 30 de la ley 27423; y Resol. SGA 1860/2025).
Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite -en la instancia anterior- su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
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46833/2022: COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA (TF-36175176-
A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia