Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 95195368-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada; imponiendo las costas a la demandada vencida (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
17031/2024 COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA (TF 95195368-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires, de febrero de 2026. IDM Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso La firma Compañía Argentina de Granos fue sancionada de conformidad con lo previsto en el art. 954 ap. 1, inc. a) por una presunta declaración inexacta, a raíz del resultado del protocolo de análisis LAB 93938 elaborado por el servicio de aduanero, del cual deduce que se consignó mal la posición arancelaria. El Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad del análisis efectuado y, en consecuencia, dejó sin efecto la resolución cuestionada.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia del 09/04/2024 (obrante a fs. 442-446 del DEO), decidió declarar la nulidad del Protocolo Análisis LAB 93938 y de todo lo actuado en consecuencia y, por lo tanto, dejó sin efecto la resolución 25/23 (AD SALU).
Para decidir de ese modo, en primer término recuerda que el servicio aduanero imputa a la apelante la infracción del 954, apartado 1 (declaración inexacta) ya que, a su entender, de acuerdo con el análisis de la muestra tomada de la mercadería exportada, se habría ocasionado un perjuicio fiscal y una transgresión a la prohibición de exportación. Ello, por haber declarado la mercadería en una posición arancelaria incorrecta, por medio de la cual la empresa habría pagado menos tributos. Seguidamente, trae a colación lo establecido por la RG 1582/03 que reglamenta el procedimiento para la extracción y análisis de muestras. Específicamente, el punto 3 del Anexo III establece que el segundo análisis “Es el que se efectúa cuando de la primera pericia ha surgido un resultado motivo de litigio o de diferencias entre la Aduana y el Importador o el Exportador de la mercadería. El segundo análisis se podrá solicitar por cualquiera de las partes que han intervenido en la extracción de las muestras para la primera pericia dentro del mes de notificado el resultado del primer análisis, y es la vía recursiva natural en contra del acto administrativo expresado por el resultado del primer análisis”.
A continuación, señala que no surge de las actuaciones administrativas constancia alguna de la notificación del Protocolo de análisis y que la actora tomó conocimiento del mismo con la corrida de vista ordenada a fs. 19. Entonces, la solicitud del segundo análisis recién pudo ser pedida más de 5 años después del primer análisis. Sin perjuicio de ello, la solicitud del segundo análisis fue denegada por haber constatado en la prueba testigo “un grado tal de deterioro que imposibilita que sea utilizada con fines de realizar un segundo análisis por parte de la División Instituto Técnico de Examen de Mercaderías (ITEM)”.
Afirman que, dado el carácter perecedero de la mercadería el servicio aduanero debió haber efectuado el análisis de inmediato y notificar su resultado. Esta dilación excesiva en la notificación de los resultados afectó en forma irreversible la posibilidad de la exportadora para requerir y/o producir un segundo análisis, en virtud de las particulares características del producto y el extenso lapso transcurrido entre la recolección de la muestra, su análisis subsiguiente y la posterior notificación a la parte actora.
En atención a que la representatividad de la muestra, es decir, la posibilidad de reflejar en forma fidedigna las características de la mercadería en cuestión, es el principio básico sobre el cual se encuentra estructurado el procedimiento previsto en la normativa aplicable, el Tribunal consideró que se vulneró el derecho de defensa de la firma actora.
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III. Agravios del Fisco Nacional Contra aquel pronunciamiento, el Fisco Nacional interpuso recurso de apelación el 23/05/2024 y expresó agravios el 13/06/2024, los que fueron contestados por la actora el 26/06/2024. Sin perjuicio del desorden expositivo de su escrito de expresión de agravios, la demandada solicita que se revoque la sentencia apelada. Sus agravios pueden resumirse de la siguiente manera: (i) Manifiesta que el argumento fundamental por el cual se revocó la resolución aduanera recaída en el sumario infraccional radica en que no fueron notificados los protocolos de análisis. (ii) Asegura que el Tribunal ha fallado sobre la base de ponderar configurada una hipotética afectación al derecho de defensa al señalar que el plazo transcurrido pudo haber traído aparejado la perdida de las condiciones originales de la mercadería para que se realice el segundo análisis.
(iii) Finalmente, considera que en la sentencia se omite tener en cuenta que, la posibilidad de solicitar un segundo análisis dentro de los treinta días a partir de la notificación, era un derecho de las partes de conformidad con lo dispuesto en la Resolución General 1582 (AFIP), entonces vigente, que no fue ejercido, de modo que los resultados alcanzados no pueden ser desconocidos por afirmaciones potenciales.
IV. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
V. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho En este orden de ideas, es menester recordar que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, puesto que, en virtud de lo normado por el art. 1180 del Código Aduanero, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Renault Argentina SA”, del 7/3/1995; “SIAT SA (TF 16680-A) c/ DGA”, del 14/11/2009; “Agencia Maritima Tagsa SA (TF 18034-A) c/ DGA”, Causa Nº 25.245/2005, del 20/10/2011; “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 6.774/2015, del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/2018; “Odfjell Argentina SA c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 28.558/2018, del 26/2/2019, “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 17031/2024 COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA (TF 95195368-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 21/6/2019; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022 y, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022, “Biocardales SA (TF 37340-A) c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 41.258/2023, del 7/3/2024, entre muchos otros).
Sentado lo expuesto, cabe recordar que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la resolución cuestionada (arts. 256 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y que sea idónea para demostrar la errónea aplicación del derecho o la inadecuada valoración de las pruebas producidas, ya que el mero hecho de disentir con la interpretación dada por el juez, sin suministrar las bases fácticas y jurídicas del distinto punto de vista, no alcanza para sostener un recurso de apelación (cfr. esta Sala, in re: “Pan American Energy LLC Suc Argentina c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 41.090/2013, del 2/9/2020).
En definitiva, esa crítica concreta y razonada debe ser autosuficiente en relación con el pronunciamiento apelado y debe constituir un estudio de los razonamientos contenidos en aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas (cfr. esta Sala, in re: “Fernández Jorge Alberto (TF 32671-I) c/ DGI”, Causa Nº 17.232/2012, del 31/5/2012). Pues, aun cuando corresponda observar un criterio amplio para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios (por cuanto tal temperamento es el que mejor se adecua a un riguroso respeto del derecho de defensa), ello no puede conducir al extremo que implique, en los hechos, derogar la norma que impone la carga específica concerniente a la suficiencia y aptitud de fundamentación que debe contener la expresión de agravios (cfr. esta Sala, in re: “Caminos SRL (TF 30838-I) c/ DGI”, Causa Nº 17.555/2010, del 9/4/2013).
En este entendimiento, se advierte que el recurrente no ha rebatido los fundamentos de la sentencia apelada.
El núcleo central de la sentencia apelada radica en que la importadora fue colocada en una imposibilidad fáctica de controvertir o contrarrestar el resultado de la prueba de laboratorio, al momento en que le fue comunicado.
Sobre este punto ningún argumento concluyente desarrolla el Fisco en su memorial de agravios, toda vez que se ha limitado a reiterar que la interesada se hallaba habilitada a solicitar una segunda prueba a los 30 días de la notificación, soslayando que lo que se le reprochó y lo que resultó determinante para declarar la nulidad de lo actuado es que esa notificación ocurrió a los 5 años de tomada la muestra.
Tampoco refuta lo explicitado por el vocal preopinante, en el sentido que “la representatividad de la muestra, es decir la posibilidad de reflejar en forma fidedigna las características de la mercadería en cuestión, es el principio básico sobre el cual se encuentra estructurado el procedimiento previsto en la normativa aplicable de modo tal que, desaparecida su representatividad, el análisis de la muestra deviene inútil”.
Al respecto, cabe añadir que los mas de 5 años que que separan la realización del análisis del momento que tomo conocimiento la importadora del primer análisis, produjeron, por el simple paso del tiempo la imposibilidad de realizar el segundo análisis.
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Pero, como si eso no bastara, tal como surge de la constancias del expediente administrativo la aduana nunca notificó a la importada el resultado del primer análisis.
Veamos. En la expresión de agravios, la aduana vuelve a insistir con el argumento de que primer análisis fue notificado el 28/09/2017 mientras que la actora no solicitó la realización del segundo análisis dentro del plazo de 30 días previsto por la RG 1582/03. De las constancias documentales surge que el argumento no encuentra fundamento probatorio, dado que la “constancia de notificación” que luce a fs. 20 del expediente administrativo agregado, se encuentra en estado “enviado”, siendo necesario que se acompañe la misma en estado “notificado” para poder cumplir con sus efectos legales.
En tal sentido, estrictamente, de la confrontación de los fundamentos expuestos en la sentencia recurrida y las manifestaciones vertidas por la parte demandada en su escrito de expresión de agravios, se observa que aquélla no ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto por el art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial –de aplicación supletoria en virtud de lo dispuesto por el art. 1174 del Código Aduanero- en tanto impone al apelante la obligación de formular la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considere equivocadas, conclusión ésta predicable inclusive desde la perspectiva que reiteradamente aplica la Sala en la consideración del requisito señalado y que se dirige a examinarlo con un temperamento amplio y desprovisto de rigor formal (cfr. en igual sentido, esta Sala —en su actual integración— causa 34839/2023 in re “Compañía Argentina de Granos SA (TF 73234871-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia del 06/03/2025.
Sobre la base de tales premisas, toda vez que el contenido de los agravios presentados por el recurrente no se ha dirigido a cuestionar, de modo concreto, el razonamiento que llevó al Tribunal Fiscal de la Nación a confirmar parcialmente el acto administrativo cuestionado, cabe concluir que la actora no se ha ocupado de neutralizar, en los términos indicados, los fundamentos desarrollados en la resolución apelada. Por lo tanto, su recurso resulta pasible de la consecuencia prevista en el art. 266 del Código Procesal, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el art. 1174 del Código Aduanero.
VII. Costas Atento al resultado del recurso, y teniendo en cuenta que no existen razones que ameriten apartarse del principio general de la derrota, corresponde imponer las costas de esta alzada a la parte demandada vencida en autos (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Por las razones expuestas, SE RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada; imponiendo las costas a la demandada vencida (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia