Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 9903429-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación del Fisco Nacional y confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 14/05/2024, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.), y
2Reducir los honorarios y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando XII.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
18986/2024 “COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA (TF 9903429-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 7 de marzo de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 14/05/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad de los Protocolos de Análisis LAB Nº 91.637, 91.636 y 91.295 y de todo lo actuado en consecuencia y, por consiguiente, dejó sin efecto la Resolución Nº 3/2019 (AD SALU) dictada en la Actuación Nº 12403-24-2013. Impuso las costas a la D.G.A.
Para así decidir, en primer término, precisó que correspondía resolver si la resolución apelada en la causa por la que se le imputaba a las recurrentes la comisión de la infracción tipificada en el art. 954 ap. 1 inc. “a” y “b” del Código Aduanero en relación con la destinación de exportación N° PE 13 083 EC01 000982 N, se ajustaba a derecho. A tal fin, precisó que, el art. 954 del Código Aduanero en su ap.1 establecía que: “El que para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de 1 a 5 veces el importe de dicho perjuicio...”.
Apuntó que, el servicio aduanero imputaba a la recurrente la infracción en trato por cuanto sostenía que, de acuerdo con el análisis de la muestra tomada de la mercadería exportada, se habría ocasionado un perjuicio fiscal al declarar una posición arancelaria por medio de la cual se debía abonar un porcentaje de tributos menor del correspondiente. Puntualizó que, la mercadería documentada mediante el P.E. N° 13 083 EC01 000982 N fue consignada en la PA 2309.90.90.900T “Los demás (R. 2012/93 ex – ANA) Las demás - Las demás PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES”, mientras que el servicio aduanero - sobre la base del análisis de la muestra del Protocolo de Análisis Lab. Nro. 91637- consideró que la mercadería debía ser clasificada en la P.A. 2304.00.10.100B, en cuyo caso la alícuota que debería haberse pagado por derechos de exportación era del 32%.
Indicó que, para arribar a tal conclusión el servicio aduanero se fundó en el Protocolo de Análisis Lab. Nro. 91.637 del Instituto Técnico de Examen de Mercaderías, que concluyó que la mercadería “la muestra informada mediante protocolo 91.637 presenta una composición de estructuras vegetales de 89% de harina de soja desgrasada y 11% de semillas molidas de maíz, con presencia de escasos cristales de sal agregados y las demás características mencionadas” (v. fs. 8 de las act. adm.).
Sentado ello, apuntó que, en primer lugar, la recurrente se agraviaba de que la Aduana no cumplió con el procedimiento establecido en la Resolución General N° 1582/03, afectando su derecho constitucional de defensa en juicio. Refirió que, en ese sentido, la actora destacaba que el resultado del primer análisis le fue recién notificado en oportunidad de la corrida de vista del sumario y al contestarla, con el objeto de realizar el segundo análisis contemplado en el apartado 3 del Anexo III de la citada Resolución General N° 1582/03, ofreció prueba pericial técnica, que el servicio aduanero rechazó.
Con respecto a la conservación de la muestra y el tiempo transcurrido, resaltó que, surgía de las actuaciones administrativas que fueron tomadas los días 18/3/2013, 19/3/2013 y 20/3/2013 (ver acta de fs. 5, 14 y 19 de las act. adm.), indicándose en los Protocolos de Análisis LAB Nº 91.637, 91.636 y 91.295 que las “Fecha de Entrada” fueron 29/04/2013, 29/4/2013 y 9/4/2013, respectivamente y que las fechas de emisión y conclusiones de los Protocolos es el 23/5/2013 en los primeros dos protocolos y 15/5/2013 en el tercero.
Con relación a la falta de notificación del resultado del análisis, recordó lo establecido por la Resolución General N° 1582/03 que reglamentaba el procedimiento para la extracción y análisis de muestras. El punto 3 del Anexo III disponía que el segundo análisis "Es el que se efectúa cuando de la primera pericia ha surgido un resultado motivo de litigio o de diferencias entre la Aduana y el Importador o el Exportador de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL la mercadería. El segundo análisis se podrá solicitar por cualquiera de las partes que han intervenido en la extracción de las muestras para la primera pericia dentro del mes de notificado el resultado del primer análisis, y es la vía recursiva natural en contra del acto administrativo expresado por el resultado del primer análisis".
Expuso que, las circunstancias expuestas debían ser analizadas considerando como premisa que, si bien el procedimiento era uno de los requisitos esenciales del acto administrativo, la declaración de nulidad de ese último no podía efectuarse en forma mecánica sino sopesando la gravedad de la irregularidad y la posibilidad de su subsanación. Desde esa perspectiva, entendió que, en atención a las especiales características del producto exportado y al tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y la interposición del presente recurso, las irregularidades en las que incurrió el servicio aduanero al no practicar la notificación referida no podían subsanarse en esa instancia.
Destacó que, en el caso, la firma recurrente ofreció prueba pericial técnica el 7/05/2014 al contestar la vista conferida en el sumario, sin embargo, el servicio aduanero rechazó dicha prueba.
En ese orden de ideas, destacó que la representatividad de la muestra, es decir, la posibilidad de reflejar en forma fidedigna las características de la mercadería en cuestión, era el principio básico sobre el cual se encontraba estructurado el procedimiento previsto en la normativa aplicable de modo tal que, desaparecida esa representatividad, el análisis de la muestra devenía inútil.
En efecto, consideró que, el tiempo transcurrido entre la extracción de la muestra, el resultado de la práctica del análisis pertinente y su notificación a la parte interesada, socavó, la posibilidad de control de la prueba, base para formular la Resolución atacada. Ello, sumado a la imposibilidad técnica de repetir dicho acto, fulminando de nulidad los Protocolos de Análisis LAB Nº 91.637, 91.636 y 91.295, toda vez que los resultados de las pruebas unilaterales obtenidos por la Administración conculcan el debido derecho de defensa en juicio, base de nuestro sistema de derecho y reconocido por la Constitución Nacional. En virtud de lo expuesto, consideró que habiéndose afectado en forma irreversible la posibilidad de la actora de requerir y/o producir un segundo análisis, se vulneró su derecho de defensa y, siendo dicha imposibilidad responsabilidad exclusiva de la autoridad aduanera, correspondía declarar la nulidad absoluta de los Protocolos de Análisis LAB Nº 91.637, 91.636 y 91.295 y de todo lo actuado en consecuencia y, por consiguiente, dejar sin efecto la resolución apelada.
Por último, señaló que, atento la forma en que se resolvía el presente se tornaba inoficioso el examen de las demás cuestiones planteadas II.- Que con fecha 24/05/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios del Dr. Javier Zunino, por su actuación profesional ante esa instancia, en el carácter de letrado apoderado de la actora, en 83,70 Unidades de Medida Arancelaria (UMA), equivalentes a la suma total de $4.107.577,50.-, con más la suma de $862.591,27- en concepto de Impuesto al Valor Agregado, toda vez que el citado profesional revestía la calidad de responsable inscripto frente a dicho impuesto. El pago de dichos importes se encuentra a cargo del Fisco Nacional, conforme a la imposición de costas establecida en la sentencia. Reguló los honorarios del Dr. Javier Zunino, por su actuación profesional ante esa instancia, en el carácter de letrado patrocinante de la actora, en 125,54 Unidades de Medida Arancelaria (UMA), equivalentes a la suma total de $6.161.366,25.-, con más la suma de $1.293.886,91.- en concepto de Impuesto al Valor Agregado, toda vez que el citado profesional revestía la calidad de responsable inscripto frente a dicho impuesto. El pago de dichos importes se encuentra a cargo del Fisco Nacional, conforme a la imposición de costas establecida en la sentencia.
Contra dicho pronunciamiento, interpusieron sendos recursos de apelación el letrado de la actora -por bajos- y el Fisco Nacional -por altosel 4/06/2024 y 5/06/2024, los que fueron replicados el 12/06/2024 y el 6/06/2024 respectivamente, por las contrarias.
III. Que contra el pronunciamiento de fecha 14/05/2024, con fecha 2/07/2024, el Estado Nacional-AFIP-DGA interpuso recurso de apelación, expresando agravios el 7/08/2024, los que fueron contestados por la contraria el 8/08/2024.
Sostiene la recurrente que el TFN omitió analizar el Acta de Extracción de Muestras obrante a fs. 5, la cual es la pieza fundamental para determinar que el Servicio Aduanero no ha vulnerado ningún derecho de la Compañía en el procedimiento de extracción de muestras.
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Destaca que, la actora renunció a través del despachante de aduana (Salvador Omar Campo) a la posibilidad de solicitar el segundo análisis de la mercadería en cuestión conforme lo dispuesto en el inciso c) del título 4.1 “PARA ANÁLISIS DE CONTROL PRESUNTIVO”, del Capítulo 4 “FACILIDADES PARA EL LIBRAMIENTO DE MERCADERÍAS SOMETIDAS A ANÁLISIS”, del Apartado 3 “SEGUNDO ANÁLISIS” del Anexo III de la Resolución General (AFIP) N° 1582/03.
Observa que, dentro del análisis efectuado por el TFN del procedimiento de extracción de muestras no se le dio relevancia al Acta de Extracción de Muestras suscripta por el apoderado de la actora, donde no solo se deja constancia del procedimiento de extracción sino que, el representante del exportador solicitó la autorización de la liberación de la mercadería sujeta a análisis, lo que acarrea como consecuencia la imposibilidad en un futuro de solicitar un segundo análisis de la mercadería.
Asimismo, alega la arbitrariedad incurrida en la sentencia por parte del TFN al no aplicar in totum la Resolución General (AFIP) N° 1582/03, a los efectos de determinar la vulneración de derechos que habían sido renunciados por la Compañía, alegando demoras que no generaron perjuicio alguno ya que la Compañía no habría podido solicitar un nuevo análisis por las razones antes indicadas.
Pondera que, el TFN omitió analizar la figura del Despachante de Aduanas en el comercio exterior. Refiere que, tal como fuese analizado por la jurisprudencia y la doctrina especializada en la materia, “(…) el despachante de aduana no sólo actúa como mandante del importadorexportador, carácter que lo obliga a desenvolverse de conformidad al mandato, sino que también es un profesional que se desempeña como auxiliar del servicio aduanero en el tráfico internacional de mercaderías y, en este aspecto, debe colaborar eficazmente con la aduana. Es justamente dicha calidad la que determina que exista un mayor deber de obrar diligentemente y una mayor responsabilidad, tanto con respecto a su mandante como con respecto al servicio aduanero (…) En definitiva, no se trata de un simple mandatario, sino de un profesional, que debe reunir los requisitos, entre los cuales se encuentra la necesidad de adquirir conocimientos específicos en el ámbito del comercio exterior y es, justamente, su preparación especializada la que lo habilita a actuar en el carácter de mandatario calificado por sus conocimientos en materia aduanera” (conf. TFN Nº 28.385-A, “Martínez Torres Carlos Alberto c/ Dirección General de Aduanas s/ Recurso de Apelación”, sentencia del 30/03/2017).
Ello así, el Despachante de Aduana actúa como representante del exportador frente al Servicio Aduanero y se encuentra obligado a desenvolverse bajo el mandato que éste le otorga. Conforme ello, al suscribir el Acta de Extracción de Muestras y solicitar la liberación de la mercadería expresó las intenciones de su mandante prestando conformidad de dicho procedimiento.
Considera que, ello es fundamental ya que, el inciso c) del título 4.1 “PARA ANÁLISIS DE CONTROL PRESUNTIVO”, del Capítulo 4 “FACILIDADES PARA EL LIBRAMIENTO DE MERCADERÍAS SOMETIDAS A ANÁLISIS”, del Apartado 3 “SEGUNDO ANÁLISIS” del Anexo III de la Resolución 1582, “(…) El importador o exportador al aceptar el retiro bajo estas condiciones se compromete a no hacer uso de dichos bultos, impidiendo su contaminación, deterioro o cualquier factor que altere las condiciones de los bultos interdictos o de las mercaderías que ellos contengan. Entre los bultos interdictos deberá encontrarse el que dio origen a la extracción de muestras debidamente identificado, debiendo la U.T.V. arbitrar los medios que aseguren la inviolabilidad de la mercadería interdicta. El incumplimiento de esta condición por parte del importador o exportador lo inhabilitará para el pedido de segundo análisis”.
Pone de relieve que, lo único que pretende demostrar es que el TFN aplicó de manera parcial y arbitraria la Resolución General (AFIP) N.º 1582/03 ya que determina que fue “(…) Que, desde esa perspectiva, entiendo que, en atención a las especiales características del producto exportado y al tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y la interposición del presente recurso, las irregularidades en las que incurrió el servicio aduanero al no practicar la notificación referida no pueden subsanarse en esta instancia. Nótese que en el caso la firma recurrente ofreció la prueba pericial técnica el 7/05/2014 al contestar la vista conferida en el sumario sin embargo, el servicio aduanero rechazó dicha prueba. (...)”, cuando la misma Compañía al solicitar la liberación de la mercadería a través de su Despachante de Aduanas que actúa bajo el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL mandato que la primera le otorgó renunció a la facultad que tenía de solicitar un segundo análisis, tal como se evidencia en inciso c) del título 4.1 “PARA ANÁLISIS DE CONTROL PRESUNTIVO”, del Capítulo 4 “FACILIDADES PARA EL LIBRAMIENTO DE MERCADERÍAS SOMETIDAS A ANÁLISIS”, del Apartado 3 “SEGUNDO ANÁLISIS” del Anexo III de la Resolución 1582.
Expone que, esa circunstancia, llevó al servicio aduanero a denegar la prueba ofrecida por la recurrente en instancia administrativa, atento a su condición de inconducente y dilatoria.
Cita jurisprudencia.
Por último, señala que, en lo que respecta al art. 1143, expertos en la materia, al comentar esta disposición, enseñan que “La norma está relacionada con el art. 1156 del CA, que establece la facultad del tribunal de disponer las medidas para mejor proveer que se estimen conducentes para la correcta solución de la causa. En virtud del principio inquisitivo o de oficialidad, incumbe a la autoridad administrativa dirigir el procedimiento y ordenar que se practique toda diligencia que sea conveniente para el esclarecimiento de la verdad y la justa resolución de la cuestión planteada. Queda a cargo de las partes la clara determinación de los hechos objeto de controversia. Está vedada al juez la posibilidad de verificar la existencia de hechos no afirmados por ninguno de los litigantes...” (Mario A. Alsina, Enrique C. Barreira, Ricardo X. Basaldúa, y otros en “Codigo Aduanero Comentado, Tomo III, Ed. 2011, p. 674).
IV. Que el art. 265 del C.P.C.C.N. establece, en lo pertinente, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas. Sobre este punto, se ha dicho que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal y su forma le impone claridad expositiva, para facilitar su estudio (conf., Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 834/836).
V. Que en el sub examine, mientras el núcleo de la decisión de grado para declarar la nulidad de los Protocolos de Análisis LAB nros. 91.636, 91.637 y 91.295 y, por consiguiente, dejar sin efecto la Resolución n° 3/2019 (AD SALU) se sustentó en que, en atención a las especiales características del producto exportado y al tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y la falta de notificación del resultado del análisis a la actora (el cual recién fue conocido por la recurrente al notificársele la corrida de vista), no podían subsanarse en esa instancia, máxime teniendo en consideración que la firma recurrente había ofrecido la realización de una prueba pericial técnica el 7/05/2014, como segundo análisis, al contestar la vista conferida en el sumario, la cual fue rechazada, socavando, de ese modo, la posibilidad de control de los resultados y, conculcando el derecho de defensa en juicio de la firma exportadora; la recurrente se limita a manifestar su disconformidad con lo decidido, centrándose en que la actora al solicitar el libramiento de la mercadería renunció a la posibilidad de solicitar el segundo análisis y asimismo, analiza las funciones del despachante de aduana en el comercio exterior; lo que, sin duda, resulta insuficiente e ineficaz para controvertir con argumentos sólidos el decisorio impugnado.
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso intentado.
VI. Que, sin perjuicio de lo expuesto, corresponde efectuar las siguientes consideraciones.
En primer lugar, cabe señalar que, en el Anexo II de la Resolución General AFIP n° 1582/2003, que regula el procedimiento de extracción y análisis de las muestras de la mercadería involucrada, se establece que: “1 - DEFINICION1 .1- "Muestra es un trozo, porción, unidad, ejemplar o modelo de producto o mercadería, que sirve para mostrar la calidad o el valor de los mismos, porque los representa en forma fidedigna".
“3.2 – REPRESENTATIVIDAD El principio básico del muestreo es que la muestra debe ser realmente representativa del conjunto o partida, en caso contrario, es inútil o errónea su observación o análisis”. Luego, en el Anexo III dispone que:
“2.2.1. - ANALISIS DE CONTROL Es aquel que se realiza para identificar las mercaderías a los efectos de comprobar si su especie y calidad corresponden con lo declarado en la destinación aduanera.
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Los análisis de control pueden ser estadísticos o presuntivos. a) Análisis de control presuntivo es aquel que se efectúa cuando por alguna circunstancia, relacionada con la verificación de la mercadería, existen elementos de juicio necesarios y suficientes para iniciar el procedimiento por las infracciones por declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas; b) Análisis de control estadístico es aquel que responde a un criterio de control distinto al enunciado en el párrafo anterior. Este se realiza al solo y único efecto de ratificar la correspondencia entre la mercadería declarada y la resultante con criterios de tipo selectivo o estadístico (…).
Es el que se efectúa cuando de la primera pericia ha surgido un resultado motivo de litigio o de diferencias entre la Aduana y el Importador o el Exportador de la mercadería.
El segundo análisis se podrá solicitar por cualquiera de las partes que han intervenido en la extracción de las muestras para la primera pericia dentro del mes de notificado el resultado del primer análisis, y es la vía recursiva natural en contra del acto administrativo expresado por el resultado del primer análisis.
Se deberá solicitar por ante la División ITEM aún cuando el primer análisis haya sido realizado por otros organismos públicos o privados (…)”.
SOMETIDAS A ANALISIS. Los importadores o exportadores de mercaderías sometidas a análisis aduanero podrán disponer de ellas o proceder a su embarque, según el caso, sin esperar su resultado, de la siguiente manera:
a) El retiro de la mercadería conlleva el compromiso por el pago de las eventuales diferencias de tributación que se comprueben mediante el análisis a practicarse, más las multas que correspondan en el caso de verificarse tales inexactitudes. La percepción de los beneficios a la exportación, que puedan corresponder, estará suspendida hasta tanto se concluya la consideración del resultado del análisis.
b) Las muestras extraídas deberán satisfacer la posibilidad de un segundo análisis, de acuerdo con lo previsto en el punto 3.8. del Anexo II de esta resolución general, y para el caso de mercaderías no citadas en el mencionado punto deberá consultarse a la Dirección de Técnica - División Instituto Técnico de Examen de Mercaderías.
A fin de guardar debida constancia de lo actuado, deberá labrarse un Acta de Certificación de toma de muestras, dejando de manifiesto la representatividad de las mismas y la facultad del interesado de solicitar un segundo análisis en los términos del punto 3. del Anexo III de la presente. Este último, se realizará con la muestra reservada por el extractor y, en caso, de no contar con ella se llevará a cabo con aquella que se encuentra en poder del importador o exportador (…)”.
VII. Que, sentado ello, corresponde apuntar que, de las constancias obrantes en el expediente administrativo nº 12403-24-2013 surge que:
(i) se inicia con constancia de desglose OM1020 (solicitud de análisis).
(ii) a fs. 3 luce la copia del PE nro. 13 083 EC01 000982 N amparando una carga de 330.000 kg de “Los demás (R.2012/93 ex ANA). Las demás - Las demás PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES” (P.A. 2309.90.90.900T). (iii) a fs. 5, 14 y 19 obran las Actas de extracción de muestras, de fechas 18/03/2013, 19/03/2013 y del 20/03/2013, en los términos: “... con el objeto de someterlas a un análisis de carácter estadístico en los términos de la Res. Gral. 1582/03 AFIP modificada por Res. Gral. 2318/07 AFIP Anexo III Punto 4.1”, en donde se manifestó que se extrajeron tres muestras de la mercadería documentada. Asimismo, se consignó: “en este caso el representante habilitado del exportador manifiesta: ‘presto mi conformidad sobre las muestras extraídas, las cuales son representativas del total de la partida documentada. Asimismo, asumo el formal compromiso por el pago de las eventuales diferencias de tributación que se comprobaren del análisis a practicarse, más las multas que correspondieren en el caso de verificarse inexactitudes’. Asimismo, en este acto, solicita se autorice el libramiento de la mercadería sujeta a análisis, en razón de contar con el stock exacto de mercadería para cumplir con el embarque necesario que hace a la presente exportación, por lo que peticiona la no interdicción sin derecho a uso, del porcentaje necesario en caso CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL de apelar a un 2do. análisis por posible controversia por tratarse de un análisis de carácter ESTADÍSTICO, asumiendo que la percepción de los beneficios que pudieran corresponder quedará supeditada, hasta tanto se concluya la consideración del análisis por parte de la UTV, conforme lo dispuesto por el punto 4.1.b) de la Resol. Gral. 1582 AFIP, modificada, como así también la obligación de la conservación del juego de muestra correspondiente”.
(iv) A fs. 6/8, 15/17 y 26/28 se agregaron los Protocolos de Análisis LAB nros. 91.637, 91.636 y 91.295, respectivamente, que arrojaron el siguiente resultado: el producto exportado está integrado por los siguientes componentes: (i) harina de soja desgrasada (89%); (ii) de semillas molidas de maíz (9%) –conforme LAB 91637-; (i) harina de soja desgrasada (91%); (ii) de semillas molidas de maíz (9%) – conforme LAB 91.636- y (i) harina de soja desgrasada (93,5%); (ii) de semillas molidas de maíz (5%) y cloruro de sodio agregado de 1,5 -conforme LAB 91.295-. (v) a fs. 41/42 luce la Nota 3/2014, de fecha 15/01/2014, en donde se concluye que “el documentante habría efectuado una declaración que difiere con lo resultado de la comprobación mediante análisis, generando la modificación de la posición arancelaria de la mercadería exportada, eso a su vez trae aparejado un cambio en el tratamiento tributario que produciría perjuicio fiscal lo cual estaría tipificado en el art. 954 inciso 1 apartado a) de la ley 22.415”.
(vi) con fecha 1/04/2014 -fs. 44- se dictó el auto de instrucción de sumario con arreglo al inc. c) del art. 1090 del CA y se corrió vista de todo lo actuado a la actora y al despachante de aduanas (notificados el 16/4/2014 y el 21/4/2014 según constancias de fs. 47 y 48).
(vii) a fs. 51/53 contesta vista el despachante de aduanas. A fs. 56/60 presentó su descargo la exportadora.
(viii) a fs. 67 el Administrador de la Aduana de San Luis dispuso denegar la prueba pericial técnica ofrecida por considerarla inconducente y dilatoria y “toda vez que obra en autos el resultado de los análisis efectuados por el ITEM sobre las muestras de la mercadería”.
(ix) a fs. 70 se rectificó la corrida de vista de fs. 44 en cuanto al valor de los derechos adeudados, el cual debía ser expresado en dólares estadounidenses.
(x) a fs. 73/74 la actora presentó un escrito titulado “Reitera defensa. Efectúa remisión. Cargo de tributos en dólares estadounidenses. Improcedencia. Interpretación de la ley 23.905. La cuestión de los intereses. Reserva caso federal”.
(xi) a fs. 84/87 luce el Dictamen Técnico 54/2016 que considera que la mercadería en cuestión clasificaba por PA 2304.0010 por lo que a fs. 99 con fecha 6/2/2019, se corrió nueva vista de lo actuado a la accionante en orden a la infracción prevista en el art. 954 incs. a) y b) del CA.
(xii) a fs. 102/104 luce el Dictamen 5/2019, a fs. 105/107 obra la resolución 3/2019 (AD SALU) por la que se dispuso, en lo pertinente, condenar a la firma exportadora Compañía Argentina de Granos S.A. al pago de una multa cuyo monto ascendía a $463.269,21 con más U$S 90.981,60 en concepto de derechos de exportación.
VIII. Que analizadas las constancias obrantes en el expediente administrativo a la luz de las disposiciones previstas en la resolución 1582/2003, no se observa que, en la ponderación que ha efectuado el Tribunal Fiscal de la Nación de toda la prueba que ha sido rendida, hubiera un error de magnitud suficiente, ni arbitrariedad en la apreciación de los hechos y de la prueba, que permitieran apartarse de sus conclusiones.
En tales condiciones, y tomando debida razón de las constancias obrantes en la causa, analizadas de consuno con las normas aplicables, cabe coincidir con el Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto a que se han configurado vicios procedimentales que determinan la nulidad del procedimiento llevado adelante por la autoridad administrativa.
IX. Que, en efecto, de la reseña efectuada, se desprende que, una vez efectuado el análisis por el Instituto Técnico de Examen de Mercaderías dependiente de la Dirección General de Aduanas y sin notificar el resultado a la exportadora, de acuerdo con lo previsto en la RG 1582/2013, se formuló la denuncia (énfasis agregado).
Conforme surge de la corrida de vista de fecha 1/04/2014, la denuncia se fundó en la interpretación del resultado de los protocolos LAB nros. 91637, 91636 y 91295 que arrojaron que la mercadería estaba compuesta en un 89% por harina de soja desgrasada, un 9% por semillas CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL de maíz y 1% por cloruro de sodio, afirmando la Aduana que la mercadería debía haber sido en la posición 1208.10.00.000J.
En ese acto, el servicio aduanero, imputó la comisión de declaración inexacta en los términos del art. 954 inc. a) del Código Aduanero, determinado los tributos adeudados. Contra dicha corrida de vista, la firma exportadora presentó su defensa el 7/04/2014, invocando la inexistencia de declaración inexacta y solicitando la producción de una prueba pericial por la cual se realice un segundo análisis sobre las muestras de la mercadería exportada (énfasis agregado).
El 20/05/2014 la Aduana rechazó la prueba pericial de segundo análisis sosteniendo que la misma resultaba “inconducente y dilatoria”.
Con fecha el 6/11/2014 se corrió nuevamente vista a la actora, la que fue contestada con fecha 25/11/2014.
El 7/02/2019 se notificó una tercera corrida de vista, la que fue contestada por la firma exportadora el 15/02/2019, manifestando la improcedencia de la nueva denuncia, la inexistencia de una transgresión a una prohibición de exportación, impugnando la liquidación de tributos y multa practicada en autos y nuevamente solicitó la realización de una prueba pericial sobre las muestras extraídas mediante su segundo análisis (énfasis agregado). Dicha presentación no fue agregada en el expediente administrativo, impidiendo la producción de las medidas de pruebas ofrecidas y la omisión de consideración de los argumentos allí invocados (ver fs. 3/21 del expte. electrónico).
En tales condiciones, cabe concluir que, atento a la imposibilidad de la producción del segundo análisis, en los términos del Ap. 3 del Anexo III de la Resolución General AFIP 1532/2003, resulta evidente que se dictó resolución condenatoria con total prescindencia de las defensas esgrimidas por la actora impidiendo la producción de las medidas de prueba ofrecidas, que determinan la comisión de irregularidades procedimentales en la instrucción del sumario infraccional, que no pueden tenerse por subsanadas, las cuales colocaron a la firma exportadora en una situación de absoluta indefensión, conculcando su derecho de defensa, mediante el rechazo de una medida de prueba cuya ejecución está expresamente establecida en una norma, lo que determina la nulidad de los análisis y en consecuencia invalidez de la resolución apelada.
X. Que a mayor abundamiento, y con relación a lo alegado por la demandada relativo a que, como se habría procedido al libramiento de la mercadería, la exportadora no podía solicitar el segundo análisis, cabe señalar que, contrariamente a lo manifestado por la Aduana, conforme a lo dispuesto por la RG 1582/2003, modificada por la Resolución General 2318/2007, se resolvió eliminar la obligación de mantener interdicta parte de la mercadería involucrada para los casos de análisis de control estadístico, como el presente, al considerar: “Que la Resolución General Nº 1582 reglamentó las consideraciones generales sobre extracciones de muestras y análisis y en su Anexo III, punto 4.2, inciso b) impone, para el caso del análisis de control estadístico, la obligación de mantener interdicta parte de la mercadería involucrada. Que, conforme a las conclusiones del Segundo Encuentro Técnico de Administradores de Aduanas del Interior, se ha evaluado que el "juego de muestras" resultante de la extracción es suficiente a efectos de las determinaciones pertinentes, aún existiendo la probabilidad de un segundo análisis. Que por ello, deviene innecesario mantener la aludida interdicción, medida que también facilitará la disposición del espacio físico comprometido a tales fines (…)”.
“ANEXO RESOLUCION GENERAL Nº 2318”
"4. FACILIDADES PARA EL LIBRAMIENTO DE MERCADERIAS
SOMETIDAS A ANALISIS. Los importadores o exportadores de mercaderías sometidas a análisis aduanero podrán disponer de ellas o proceder a su embarque, según el caso, sin esperar su resultado, de la siguiente manera: 4.2.- PARA ANALISIS DE CONTROL ESTADISTICO a) El retiro de la mercadería conlleva el compromiso por el pago de las eventuales diferencias de tributación que se comprueben mediante el análisis a practicarse, más las multas que correspondan en el caso de verificarse tales inexactitudes. La percepción de los beneficios a la exportación, que puedan corresponder, estará suspendida hasta tanto se concluya la consideración del resultado del análisis. b) Las muestras extraídas deberán satisfacer la posibilidad de un segundo análisis, de acuerdo con lo previsto en el punto 3.8. del Anexo II de esta resolución general, y para el caso de mercaderías no citadas en el mencionado punto deberá consultarse a la Dirección de Técnica - División Instituto Técnico de Examen de Mercaderías”, (énfasis agregado).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Asimismo y conforme surge del Acta de Extracción de Muestras el representante de la exportadora expresamente manifestó: “Asimismo, en este acto, solicita se autorice el libramiento de la mercadería sujeta a análisis, en razón de contar con el stock exacto de mercadería para cumplir con el embarque necesario que hace a la presente exportación, por lo que peticiona la no interdicción sin derecho a uso, del porcentaje necesario en caso de apelar a un 2do. análisis por posible controversia por tratarse de un análisis de carácter ESTADÍSTICO”, (énfasis agregado).
En este orden, la recurrente transcribe partes de la norma referida a controles presuntivos, que nada tienen que ver con este caso, en que se tomaron muestras con fines estadísticos, conforme surge finalidad documentadas en las actas labradas por la Aduana (ver fs. 5, 14 y 19 de las actuaciones administrativas).
Por lo demás, en cualquier caso, la realización del segundo análisis es una medida expresamente prevista en la norma en favor del exportador a fin de garantizar sus derechos de defensas y la Aduana impidió su realización.
En consecuencia, corresponde concluir que las omisiones y deficiencias del procedimiento llevado a cabo, privan a los Protocolos de Análisis LAB Nº 91.637, 91.636 y 91.295 efectuados por el ITEM de indiscutible sustento y certeza probatoria, respecto a la real composición química de la mercadería exportada, por lo que corresponde confirmar el pronunciamiento apelado.
XI. Que, en atención al modo en que se resuelve, las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida, de conformidad con el principio objetivo de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.).
XII. Que a fin de tratar los recursos interpuestos; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in re’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional.
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más). Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados – conf. Resol. 3/2019, convertido a pesos, lo resuelto con fecha 14/05/2024 y precedentemente-; atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del pleito durante la etapa del pleito cumplida y posteriores (C.S. Fallos: 306:1265 y 308:848) toda vez que la causa fue declarada como de puro derecho con fecha 28/02/2024, corresponde reducir a la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($1.886.782,40) – equivalente a 28,40 UMA- y PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS ($2.830.173,60) – equivalente a 42,60 UMA-; los honorarios de los DRES. GUSTAVO ZUNINO y JAVIER ZUNINO, letrados actuantes en la defensa de la actora (arts.16, 20, 21, 24, 29, 44 inc. b) y ccdtes. y citados de la ley 27.423).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido y el modo en que se impusieron las costas, corresponde regular en la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL OCHENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($1.415.086,80) - equivalente a 21,30 UMA-; los emolumentos del DR. JAVIER ZUNINO, letrado apoderado, actuante en la defensa de la actora (arts. 20, 24, 29, 30, 44 inc b) y ccdtes. de la ley 27.423).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re "Beccar Varela Emilio-Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: 1º) rechazar el recurso de apelación del Fisco Nacional y confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 14/05/2024, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.), y 2°) reducir los honorarios y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando XII.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MARQUEZ
Fin de la sentencia