Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 34765-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios ofrecidos por la firma actora y por la parte demandada y confirmar el pronunciamiento apelado;
2Distribuir las costas de esta instancia en el orden causado.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
3386/2024 “Compañía Argentina de Granos SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
En Buenos Aires, a los 8 días del mes de agosto del año 2024, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “Compañía Argentina de Granos SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación: (i) confirmó parcialmente la resolución nº 530/2014 (DE PRLA) dictada por el jefe del departamento procedimientos legales aduaneros que había condenado a la firma actora al pago de una multa y formulado un cargo por la comisión de la infracción prevista en el artículo 969 del Código Aduanero, (ii) declaró que “la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en […] infracción asciende” a $669.386,03, y (iii) impuso las costas “en 50% a cargo de la actora y en un 50% a cargo del fisco”.
Para así decidir sostuvo diversos argumentos:
i. “[E]l plazo para cumplir con la exportación de al menos el 90% de la mercadería amparada por la DJVE […] vencía el 5 de febrero de 2012”.
ii. La firma actora “sostuvo que la misma no fue cumplida a causa de la falta de disponibilidad logística para el transporte de la mercadería involucrada, causada por la obstrucción del canal del Río Paraná […] dicha razón no configura causal de caso fortuito o fuerza mayor […] en tanto formuló la solicitud de prórroga […] con fecha 9 de febrero de 2012 […] cuando el plazo para cumplir con la exportación de al menos el 90% de la mercadería amparada por la DJVE […] vencía […] el 5 de febrero de 2012, siendo que la recurrente no ha probado ni demostrado que la operación pactada se hubiera tornado de imposible cumplimiento”.
iii. “[I]ncumbía a la apelante, dirigirse al organismo de aplicación ‘en forma previa al vencimiento de la obligación’ a efectos de tener por configuradas —en su caso— las causales que excluyeran su culpabilidad respecto de la infracción endilgada”.
iv. “[E]l acogimiento al régimen de la ley 21.453 fue voluntario, por el cual la recurrente debía cumplir ciertas obligaciones (exportar al menos el 90% de la mercadería declarada en el plazo reglado a tal fin), teniendo como contrapartida los beneficios otorgados por la normativa (tipo de cambio aplicable al momento de la fecha de cierre de la venta)”.
v. “[E]l obrar de la firma exportadora, resultó ser cuanto menos negligente, por lo que cabe tener por configurado el elemento subjetivo y, en consecuencia, la infracción al artículo 969 del Código Aduanero”.
vi. “[P]or aplicación del principio de especialidad o la ley penal más benigna […] la conducta llevada a cabo por la actora debe encuadrarse en el tipo previsto por el artículo 969 del Código Aduanero”.
vii. “[S]i bien no puede atribuirse causal de caso fortuito o fuerza mayor a lo invocado por la recurrente, es innegable que la situación acaecida en el Río Paraná […] pud[o] constituir un impedimento para el cumplimiento de la obligación de reexportación, por lo que procede la atenuación prevista en los artículos 915 y 916 del Código Aduanero, resultando ajustado a derecho reducir la condena mínima prevista […] en un 25%”.
viii. “[N]o corresponde acceder al pedido de condonación solicitado por la firma recurrente, habida cuenta lo resuelto sobre el particular por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos ‘Buyatti SAICA c/ DGA’, con fecha 23 de mayo de 2023”.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
3386/2024 “Compañía Argentina de Granos SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
II. La firma actora y la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA) apelaron y expresaron agravios que fueron replicados.
A. La firma actora.
i. “El régimen de la ley 21.453 no es un régimen de acogimiento voluntario […] sino que se trata de un régimen obligatorio para los exportadores”.
ii. “Se encuentra acreditado […] que la exportación no se pudo cumplir dentro del plazo previsto en la DJVE debido a que existió una causal de fuerza mayor, como lo fue la obstrucción del canal del Río Paraná por parte de los buques Aristeas P y Nord Barcelona desde el 17 de enero de 2012 hasta los primeros días de febrero de 2012”.
iii. “[C]on motivo de ese atascamiento se suspendieron las autorizaciones para circular en el canal y la actividad de carga en los puertos de San Lorenzo, San Martín y Rosario, demorando de esta manera todas las cargas comprometidas en esas fechas y generando grandes problemas en el tránsito fluvial que al 9 de febrero de 2012, fecha en que se solicitó la prórroga, no habían sido resueltos”.
iv. “[E]ncontrándose acreditada y habiendo sido reconocida […] la causal de fuerza mayor, resulta de aplicación la falta de responsabilidad infraccional”.
v. En subsidio “en atención a los antecedentes […] deberá reducirse la sanción por debajo de su mínimo legal”.
B. La AFIP-DGA.
i. “[F]rente a la gravedad de la infracción, resulta un castigo muy leve reliquidar la multa en una vez el importe de los tributos que corresponden por incumplir con un régimen al cual se acogió voluntariamente gozando de los beneficios que ello trae aparejado”.
ii. “El Tribunal [Fiscal de la Nación] se estaría entrometiendo en cuestiones que son de competencia específica de la aduana, pudiendo ser revisable solo en casos de ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta”.
iii. Dicho tribunal “no puede utilizar una misma línea argumental para contradecirse de la manera en que lo hizo” ya que “utiliza lo que […] no era considerado caso fortuito o fuerza mayor […] como justificativo para reducir la multa”.
III. El Tribunal Fiscal de la Nación “por aplicación del principio de especialidad o [de] la ley penal más benigna” dio encuadramiento a la conducta desarrollada por la firma actora en el artículo 969 del Código Aduanero.
Ese encuadramiento legal no fue objetado por la parte demandada.
IV. Está probado que la firma actora no cumplió con la obligación de reexportar al menos el 90% de la mercadería dentro del plazo estipulado en la declaración jurada de venta al exterior nº 11 001 DJVE 017756 D.
Sin embargo, la firma actora solicita su eximición de la “responsabilidad infraccional” ya que, según sostiene, se halla acreditada una causal de caso fortuito o fuerza mayor consistente en “la obstrucción del canal del Río Paraná” que demoró “todas las cargas comprometidas” y generó “grandes problemas en el tránsito fluvial”.
V. Para dar una adecuada respuesta a ese planteo es útil retener diversos datos que surgen del expediente administrativo:
—El 9 de febrero de 2012 la firma actora remitió una nota a la unidad de coordinación y evaluación de subsidios al consumo interno (UCESCI) “con la finalidad de solicitar una prórroga de la validez del ROE VERDE […] que posibilite el embarque de la mercadería que no CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 3386/2024 “Compañía Argentina de Granos SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
ha podido hacerlo con anterioridad, por la falta de disponibilidad logística para el transporte de la mercadería […] La imposibilidad de transporte de la mercadería fue causada por hecho ajeno, irresistible e inevitable, como fue la obstrucción del canal del Río Paraná […] situación que llegó hasta los últimos días de enero, generando una importante demora en los embarques, pues la autoridad de aplicación impidió el transporte hasta que se logró la liberación del canal” (fs. 1/2).
—El 10 de febrero de 2012 el secretario ejecutivo de la UCESCI expresó que “en función de lo planteado por la administrada, esta área técnica procedió a verificar la documentación […] y el plazo de vencimiento del roe verde, surgiendo que […] es extemporáneo, por haber vencido […] el 5 de febrero […] De este modo, lo peticionado no podrá prosperar” (fs. 26/27).
—El 1º de marzo de 2012 el director de legales del área de comercio exterior dictaminó que “de las constancias obrantes […] surge que la presentación devino extemporánea por encontrarse vencido el roe verde con fecha 5 de febrero de 2012” y remitió el expediente administrativo a la aduana “a los fines de su intervención y competencia” (fs. 28/29).
—El 4 de abril de 2012 la aduana formuló un “acta denuncia” de la que surgen los siguientes datos: “Relación del/los hecho/s denunciados: Por cumplir en menos del 90% la declaración jurada de venta al exterior […] no alcanzando el mínimo tolerable por la normativa vigente” (fs. 35).
—El 19 de febrero de 2014 el jefe del departamento procedimientos legales aduaneros dictó la resolución nº 530/2014 (DE PRLA) que condenó a la firma actora “por la infracción prevista en el artículo 969 del Código Aduanero por no haber cumplido con la exportación del 90% de la mercadería declarada dentro del plazo establecido en la declaración jurada de venta al exterior” al pago de una multa y formuló un cargo (fs. 91/97).
—La firma actora apeló esa resolución.
—El Tribunal Fiscal de la Nación, como se vio, confirmó, con un alcance parcial, la resolución nº 530/2014 (DE PRLA).
VI. Esta cámara expresó —al examinar un planteo sustancialmente análogo— que “para que la causal [de caso fortuito o de fuerza mayor] pudiera haberse tenido como eximente de responsabilidad, el trámite correspondiente debió efectuarse por ante el organismo de aplicación, antes del vencimiento de la declaración, de modo que al tener por oportunamente configurada la situación, diera por cumplida la obligación asumida, sin que corresponda sanción ante el incumplimiento” (Sala II, causa “Compañía Argentina de Granos SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 9 de septiembre de 2022).
VII. No hay controversia acerca de dos circunstancias: (a) el plazo para exportar la mercadería a la que se comprometió la firma actora en la declaración jurada de venta al exterior nº 11 001 DJVE 017756 D vencía el 5 de febrero de 2012, y (b) la firma actora presentó el pedido de prórroga ante la UCESCI el 9 de febrero de 2012.
VIII. Desde esa perspectiva, los agravios ofrecidos por la firma actora no pueden ser admitidos ya que no controvierte de un modo idóneo la conclusión central y decisiva desarrollada por el Tribunal Fiscal de la Nación en el sentido de que “la obstrucción del canal del Río Paraná […] no configura [una] causal de caso fortuito o fuerza mayor […] en tanto formuló la solicitud de prórroga ante la UCESCI con fecha 9 de febrero de 2012 […] cuando el plazo para cumplir con CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 3386/2024 “Compañía Argentina de Granos SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
la exportación de al menos el 90% de la mercadería […] vencía […] el 5 de febrero de 2012”.
IX. La AFIP-DGA se queja porque en el pronunciamiento apelado el Tribunal Fiscal redujo “la multa […] por debajo del mínimo legal establecido en aplicación de los artículos 915 y 916 del Código Aduanero”.
X. Esas críticas deben ser desestimadas ya que no se advierte que la apreciación de las cuestiones de índole fácticas que realizó el Tribunal Fiscal de la Nación para concluir en que procedía la atenuación de la multa prevista en los artículo 915 y 916 del Código Aduanero —con apoyo en que “la situación acaecida en el Río Paraná” pudo “constituir un impedimento para el cumplimiento de la obligación de exportación” y, por tanto, en que correspondía reducir “la condena mínima prevista en el artículo 969 del Código Aduanero en un 25%”— sea errónea en los términos del artículo 1180 del Código Aduanero.
XI. En suma, debe desestimarse los agravios ofrecidos por la firma actora y por la parte demandada y confirmarse el pronunciamiento apelado.
XII. Las costas de esta instancia se distribuyen en el orden causado dada la existencia de vencimientos parciales y mutuos (artículo 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). En mérito de las razones expuestas, propongo al acuerdo: 1. Desestimar los agravios ofrecidos por la firma actora y por la parte demandada y confirmar el pronunciamiento apelado; 2. Distribuir las costas de esta instancia en el orden causado.
La jueza Clara María do Pico adhiere al voto precedente.
La jueza Liliana M. Heiland no suscribe el presente pronunciamiento por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.). En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1. Desestimar los agravios ofrecidos por la firma actora y por la parte demandada y confirmar el pronunciamiento apelado; 2. Distribuir las costas de esta instancia en el orden causado. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia