Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-37687052-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescripta la acción del fisco para exigir los tributos emergentes del P.E. 07001EC03014993P, con costas al fisco.
2Confirmar la Resolución 4587/2017, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12193-12859-2007, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A., la que se reduce en un 75% por aplicación de lo dispuesto en el art. 917 del C.A., importe que asciende a CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS ($4.537,06).
3Imponer las costas respecto del punto anterior a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-103088252-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 16 de Septiembre de 2025 MERCHANDISING S.A.
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “COMPAÑIA ARGENTINA DE MERCHANDISING S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente EX-2022-37687052- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del litigio: Decidir si resulta ajustada a derecho la Resolución 4587/2017, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12193-12859-2007, mediante la cual se le exige a la actora el pago de una multa respecto del P.E. 07001EC03014993P por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A., -la que es reducida en un 75% conforme lo dispuesto en el art. 917 del C.A.- y se le reclama el pago de diferencia de derechos más intereses.
II. Fundamentos del recurso de apelación: En IF-2021-103215254-APN-DTD#JGM se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución indicada ut supra. Relata que documentó mediante el P.E. 07001EC03014993P, oficializado el 9 de mayo de 2007, la exportación a consumo de 12.000 unidades de mercadería que clasifica en la PA 3926.90.90.999A. Agrega que el 31-05-07 informó mediante Multinota que debido a un error cometido al tiempo de completar la declaración comprometida, el Sistema Informático Malvina no liquidó el pago de los derechos de exportación -presentación efectuada en los términos del art. 917 del C.A.- Alega, que no obstante, el servicio aduanero instruyó sumario por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A. Hace referencia a que expresamente el art. 917 del C.A. dispone: “(...) sin necesidad de proceder a la apertura del sumario”; por lo que entiende que el auto de apertura de sumario es nulo y se dictó al solo efecto de interrumpir el curso de la prescripción de la acción del fisco para exigir la multa y suspender el curso de la prescripción tributaria. Asimismo, se agravia porque no se le notificó el auto de apertura de sumario y tomó conocimiento del mismo 9 años después con el dictado de la Resolución definitiva. Entiende que como no se notificó el referido auto, el mismo carece de eficacia para suspender y/o interrumpir el curso de la prescripción. En forma subsidiaria, opone prescripción tanto tributaria como de la multa. En subsidio, se agravia de la moneda en que se liquidaron los tributos y de la tasa de interés aplicable. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, con costas.
III. Contestación del fisco: En IF-2023-11790128-APN-DTD#JGM el fisco contesta el traslado que le fuera conferido. En primer término, realiza una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una breve reseña de los hechos. Alega que no operó la prescripción tributaria en virtud de lo dispuesto en el art. 805 inc. a) del C.A. Aduce que para que el auto de apertura del sumario tenga virtualidad para suspender el cómputo de la prescripción no es necesario que sea notificado. Asimismo, sostiene que no operó la prescripción de la acción del fisco para exigir la multa en virtud de lo dispuesto en el art. 937, inc. a) del C.A. En cuanto al planteo de invalidez del auto de instrucción de sumario, aduce que el art. 917 del C.A. en ningún momento le impone a la Aduana la obligación de no proceder a la apertura del sumario. Asimismo, aduce que la actora no se vio privada de ejercer su derecho de defensa. Cita la jurisprudencia de la CSJN en el caso “Volkswagen Argentina S.A. (TF 22.179-A) c/ DGA”. Concluye que los derechos de importación y de exportación, así como los demás tributos que gravaren tales operaciones, deben ser calculados en dólares hasta el momento de su efectivo pago y que, sobre ellos, deben calcularse los intereses previstos en el artículo 794 del C.A. Adjunta las actuaciones administrativas. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
IV. Que, con posterioridad, se tiene por contestado el traslado que le fuera conferido al fisco. Después, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen a sentencia.
V. Que las actuaciones administrativas SIGEA 12193-12859-2007 se inician el 31-5-07 con la Multinota presentada por el despachante de aduanas mediante la cual solicita se liquiden los derechos de exportación correspondientes al P.E. 07001EC03014993P atento a que por un error involuntario se respondió erróneamente una pregunta del Sistema María y no se liquidaron. Solicita se haga lugar a la autodenuncia. A fs. 2/3 luce el PE referido. A fs. 4 el 7-06-07 se labra acta de denuncia por la presunta infracción al art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A. toda vez que se omitió liquidar los derechos de exportación -debiéndose haber liquidado una alícuota del 5%-. A fs. 8 el 13-12-12 se instruye sumario por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A. A fs. 9 luce liquidación y a fs. 10/11 la Resolución apelada. A fs. 13 se glosa el VEP por el importe de la multa. A fs. 15 luce LMAN. A fs. 43 se notifica la actora de la Resolución apelada el 5- 10-21.
VI. Que, en primer término, corresponde analizar el planteo de nulidad del auto de apertura de sumario. Que, la actora aduce que como las actuaciones administrativas se iniciaron con la autodenuncia, el referido auto se dictó al solo efecto de interrumpir el curso de la prescripción de la acción del fisco para exigir la multa y de suspender el cómputo de la prescripción tributaria.
Que, de la lectura del art. 917 del C.A. no surge la prohibición de instruir sumario; simplemente dice: “(...) sin necesidad de proceder a la apertura del sumario (...)”.
Que, en consecuencia, este planteo debe ser rechazado toda vez que precisamente la aduana instruyó sumario para analizar si se configura la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A. y si procede la aplicación de lo dispuesto en el art. 917 del C.A.; lo que resolvió en la Resolución apelada.
VII. Que, asimismo, la firma sostiene que el auto de instrucción de sumario carece de eficacia por no haber sido notificado; por lo que entiende que no resulta válido para interrumpir el curso de la prescripción de la acción del fisco para exigir la multa y suspender el cómputo de la prescripción de los tributos.
Que, este planteo también debe ser rechazado toda vez que este auto no requiere ser notificado, a diferencia de la corrida de vista la que sí debe notificarse para que -precisamente- el administrado pueda efectuar su defensa. Que, conforme la doctrina legal del Plenario dictado por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa "Hughes Tool SA" del 23/09/2003, "De acuerdo a la legislación aduanera, interrumpe el plazo de prescripción el simple dictado del acto administrativo constitutivo de la resolución condenatoria, sin que para ello se requiera la previa notificación".
Que, asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 12 de mayo de 2009 en autos “Wonderland S.R.L. c/ Aduana Rosario”, ha destacado que: “surge claramente de la letra del artículo 937, inc. a), del Código Aduanero que la interrupción de la prescripción se produce por la sola circunstancia del "dictado" del acto respectivo, sin siquiera estar determinado que para que dicho acto posea virtualidad interruptiva deba ser puesto en conocimiento del sumariado.” Que, asimismo, subrayó que “si la intención del legislador hubiese sido que la interrupción se produjera con la notificación de aquel acto, o de la vista que debe conferirse de lo actuado a los presuntos responsables, una vez cumplidas las medidas ordenadas en aquella resolución, a fin de que éstos presenten sus defensas y ofrezcan las pruebas pertinentes (art. 1101 del C.A.) así lo habría indicado en el texto legal. Una inteligencia de las normas en juego opuesta a la consignada precedentemente importaría tanto como suponer que lo establecido por la ley respecto de la interrupción de la prescripción obedeció a la imprevisión o a la falta de consecuencia del legislador, lo cual, por principio, es inadmisible” (Fallos: 303:1041; 304:794, entre muchos otros)
Que esta doctrina no se ha modificado expresamente hasta el día de la fecha, por lo cual debe ser aplicada en la interpretación de la normativa que rige hoy en la cuestión en trato.
VIII. Que, sentado lo expuesto, entonces, resultando válido el auto de apertura de sumario, corresponde analizar el planteo de prescripción de la acción del fisco para exigir los tributos.
Que, el art. 803 del CA establece que: “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción -art. 804 del CA-.
Que, dicho plazo comenzó a correr el 1-1-08 -toda vez que la infracción se configuró al momento del registro del P.E., léase: 9 de mayo de 2007-; por lo que de no mediar causales suspensivas y/o interruptivas de su curso operaría el 31-12- 12.
Que dicho plazo, se suspende -en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a)- con la apertura del sumario del 13-12-12. Que, a esa fecha han transcurrido 4 años y once meses y doce días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 19 días-, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión. Que, atento a lo establecido en el art. 805, inc. a), del CA, la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario -13-12-12-“… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”.
Que, no cabe duda de que la decisión a la que se hace allí literal referencia no puede ser otra que la Resolución definitiva que se dicte en el sumario -art. 1112 del CA- cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria -y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos-.
Que, en el caso de autos, esa “decisión” -la prevista en el referido art. 805, inc. a), del CA- ha sido, pues, la Resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución apelada dictada el 26-6-17. Que, de este modo, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 13-12-12 -fecha del dictado del auto de apertura del sumario- y el 26-6-17 -fecha del dictado de la Resolución apelada-. Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación.
Que si bien el CA no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la Resolución dictada, el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
Que tal como interpretó este Tribunal -Sala “F”- en el precedente “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, expediente EX-2019-112544550- -APN-SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del Código Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante”. Que, conforme lo antes expuesto, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 3-7-17. Es decir, que desde allí comenzaron a correr los 19 días que restaban para completar el plazo prescriptivo.
Que el plazo referido -los 19 días- se cumplieron el 22-7-17, sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, algún otro acto suspensivo o interruptivo -siempre con relación a la prescripción de la acción tributaria-. Que, el único acto que hubiera tenido tal virtualidad -en el caso “interruptiva”- habría podido ser el de la notificación a la aquí actora de la Resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806, inc. a), del CA.
Que, si bien es claro que no surge -como ya se ha mencionado- plazo alguno en el CA que imponga al Fisco el deber de notificar los actos dictados en cierto plazo, es importante considerar que dicha notificación debe ser inmediata. Lejos de eso, como se advierte del simple cómputo de plazos, transcurrieron desde el dictado de la Resolución apelada -esto es: 26- 6-17- hasta la notificación a la actora -5-10-21- 4 años y 3 meses y 9 días; lo que devela una inactividad por parte de la administración que perjudica e incide negativamente sobre los derechos del administrado y retrasa la posibilidad de que ejerza sus defensas debidamente.
Que el derecho no se trata de compartimentos estancos y el derecho administrativo nutre al CA de principios propios que imponen -desde ya- el deber de que el procedimiento aduanero se desarrolle en debida forma, partiendo de la juridicidad, la tutela administrativa efectiva, la buena fe y la confianza legítima, entre muchos otros.
Que procede tener presente, como explica Perrino con cita de Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández: “El procedimiento administrativo no ha sido ciertamente concebido por el legislador como una carrera de obstáculos cuya superación sea requisito necesario para la adopción de la resolución final, sino como un cauce ordenado capaz de garantizar la legalidad y el acierto de aquélla dentro del más absoluto respeto de los derechos de los particulares”. (Perrino, Pablo E., La garantía constitucional de la defensa en el procedimiento administrativo, R. LA LEY AR/DOC/8399/2012).
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, con costas.
IX. Que, a continuación, corresponde analizar la prescripción de la multa, opuesta por la actora.
Que el art. 934 del CA expresa al respecto que “La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el art. 937 del CA establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; ...”.
Que, de este modo, el plazo del curso de la prescripción respecto de la multa, también comenzó a correr el 1-01-08 – la infracción se configura al momento de registro del P.E., esto es: 9 de mayo de 2007-; por lo que de no mediar causales interruptivas de su curso operaría la prescripción el 31-12-12. No obstante, el dictado del auto de apertura de sumario del 13-12-12 interrumpió el plazo de la prescripción -de conformidad a lo dispuesto por el antes referido art. 934 inc. a)- y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 14-12-12 y opera el 13-12-17 -de no haber causales interruptivas de su curso-.
Que, el art. 937 inc. d) del C.A. dispone que la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por “… el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera”. En virtud de lo dispuesto en dicho artículo, y teniendo en cuenta que la Resolución aduanera apelada en estos autos fue dictada con fecha 26-6-17, el nuevo plazo prescriptivo comenzó a correr al día siguiente de su dictado, es decir, el 27-6-17; por lo que de no mediar ninguna otra causal de interrupción o suspensión de dicho plazo, operaría el 26-6-22.
Que mediante el art. 17 de la ley 27.562 se dispuso la suspensión “(…) con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para (...) aplicar multas (...)”.
Que, en virtud de lo dispuesto por el art. 18 de la referida ley dicho plazo queda suspendido entre el 26-08-2020 al 26-08- 2021.
Que, en atención a ello, desde el 27-6-17 -léase: día siguiente al dictado de la Resolución apelada- al 26-08-2020 transcurrieron 3 años y dos meses; y luego, se debería reiniciar el cómputo a partir del 26-08-2021, teniendo en cuenta que restaba cumplir 1 año y 10 meses.
Que, en consecuencia, operaría la prescripción -de no mediar causales suspensivas y/o interruptivas de su curso- el 26-6- 22.
Que, como la Resolución apelada se notificó el 5-10-21 -esto es: dentro del plazo de cinco años-, no operó la prescripción de la acción del fisco para exigir la multa.
X. Que, sentado lo expuesto, corresponde analizar la procedencia de la multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A.
Que las actuaciones administrativas se inician como consecuencia de la autodenuncia formulada por la actora el 31-05-07. Relata que al oficializar el permiso de embarque 07001EC03014993P debido a un error involuntario respondió erróneamente una pregunta del sistema maría; por lo que no se liquidaron los derechos de exportación ni se pagaron -esto es: perjuicio fiscal-.
Que, en lo que aquí interesa, con posterioridad el servicio aduanero instruye sumario por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A. y finalmente, dicta la Resolución apelada, y le exige a la actora el pago de una multa por la infracción referida, en los términos del art. 917 del C.A.
XI. Que, el artículo 954 del Código Aduanero tutela el principio de la veracidad y exactitud de las declaraciones y manifestaciones que se presentan ante las aduanas. El referido artículo, reprime y sanciona -en correlación al bien jurídico protegido- al que para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación efectuare ante el servicio aduanero una declaración inexacta que, de pasar inadvertida, produjere o pudiere producir, entre otros supuestos -y en este caso particular-: a) un perjuicio fiscal, con una multa de uno a cinco veces el importe de dicho perjuicio.
Que, de la lectura de la propia norma se desprende que, a los efectos de la configuración de la infracción en trato, es presupuesto necesario, en primer lugar, la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación.
Que, conforme lo expuesto en el considerando anterior, se declaró de forma inexacta -esto es: se declaró una alícuota del 0% de derechos de exportación, cuando la P.A. se encuentra gravada con una alícuota del 5%- y en consecuencia, no se pagaron los derechos de exportación -léase: perjuicio fiscal-.
Que, por ello, se configura la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A.
XII. Que, entonces, y toda vez que la Aduana consideró que en la autodenuncia efectuada por la actora se encontraban dados los elementos determinantes para la aplicación de la multa atenuada establecida en el art. 917 del C.A. -esto es: se trata de un P.E. que tramita por canal verde y el interesado dio a conocer la inexactitud antes de que la advierta el servicio aduanero-, corresponde confirmar la multa impuesta a la actora, cuyo importe se reduce en un 75%, con costas. Que, cabe indicar que a la fecha del registro de la operación no regía el decreto 142/10.
XIII. Que, por la forma en que se resuelve no corresponde tratar los demás agravios.
Por ello, voto por:
1. Declarar prescripta la acción del fisco para exigir los tributos emergentes del P.E. 07001EC03014993P, con costas al fisco.
2. Confirmar la Resolución 4587/2017, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12193-12859-2007, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A., la que se reduce en un 75% por aplicación de lo dispuesto en el art. 917 del C.A., importe que asciende a CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS ($4.537,06).
3. Imponer las costas respecto del punto anterior a la actora.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
No obstante considerar que el artículo 17 de la ley 27.562 no es aplicable en materia infraccional, adhiero en lo sustancial al voto que antecede, en tanto la Resolución aduanera apelada en autos se notificó dentro del plazo quinquenal de prescripción. ASI LO VOTO.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Declarar prescripta la acción del fisco para exigir los tributos emergentes del P.E. 07001EC03014993P, con costas al fisco.
2. Confirmar la Resolución 4587/2017, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12193-12859-2007, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A., la que se reduce en un 75% por aplicación de lo dispuesto en el art. 917 del C.A., importe que asciende a CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS ($4.537,06).
3. Imponer las costas respecto del punto anterior a la actora.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.09.15 16:04:36 ART Date: 2025.09.15 18:21:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.16 15:31:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.16 15:32:36 -03:00
Fin de la sentencia