Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2022-116548612-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad del art. 2 de la resolución DE PRLA 755 (SIGEA 12210-4932-2009), en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-114234700-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 14 de Octubre de 2025 SGASAD#TFN; COMPAÑIA DE BARCOS SA y ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Se reúnen los Vocales de la Sala “E” Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Claudia B. Sarquís (como subrogante por encontrarse vacante la Vocalía 14ª), con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2022-116548612- -APN-SGASAD#TFN (“COMPAÑIA DE BARCOS SA”) y su acumulado EX-2022-119920868- -APN-SGASAD#TFN (“ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA ”).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. El 31.10.22 la firma Compañía de Barcos mediante el IF-2022-116548532-APN-DTD#JGM interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 755 de fecha 19.02.19, de la Aduana de Buenos Aires, recaída en la actuación SIGEA 12210-4932-2019. Destaca que, al momento de ordenarse la apertura del sumario y la corrida de vista, la acción del Fisco para imponer penas y percibir los tributos ya se encontraba a punto de prescribir, siempre que se tome como real y como buena la fecha que obra en dicho auto, que luce como de fecha 23.12.14, toda vez que dicho acto administrativo nunca le fue notificado. En primer lugar, manifiesta la inaplicabilidad de la suspensión de la prescripción del art. 17 de la ley 27.562. En segundo lugar, solicita la nulidad de todo lo actuado, por considerar una flagrante violación del derecho de defensa y del debido proceso. Resalta que recién tomo conocimiento el 17.10.22 de lo actuado en sede aduanera, con la notificación de la resolución que aquí se apela. Entiende que el auto que ordena la apertura y la corrida de vista no posee fecha cierta y, que además, debía ser notificado. Expresa que hay una omisión de la obligación impuesta en el art. 1012 del CA, que dispone claramente qué tipo de acto deberá ser notificado. Por último, opone excepción de prescripción de la acción del fisco como de previo y especial pronunciamiento. Para ello cita el art. 803, 805 y 806 del CA. Asimismo, considera que al no haber sido notificada, ni de la instrucción de sumario ni de la corrida de vista, no existe ningún acto que sea interruptivo y/o suspensivo del plazo de prescripción. Ofrece las actuaciones administrativas como prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita se rechace la apelación interpuesta con costas al Fisco.
II. La representación fiscal contesta el traslado conferido el 30.03.23 mediante el IF-2023-35052948-APN-DTD#JGM y, previa intimación, acompaña el SIGEA involucrado en autos. Reseña los hechos y niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su reconocimiento. Contesta el traslado y, en primer lugar, aclara que contrariamente a lo sostenido por la actora, la finalidad primordial del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora del deudor y que, en efecto, el siniestro se configura con el incumplimiento de la obligación principal, sin que sea necesario demostrar la insolvencia del Tomador. Manifiesta que, mediante la garantía, la firma importadora asegura la importación temporaria, previéndose el exceso que pudiere resultar por aplicación del art. 1122 del CA, quedando constituido el garante en mora de pleno derecho por el vencimiento del plazo, sin necesidad de ninguna otra intimación judicial o extrajudicial, considerándose los plazos perentorios. Agrega que la exigibilidad de la fianza se producirá una vez vencido el plazo determinado por el mero vencimiento del otorgado a la firmante y que los efectos de ésta tendrán vigencia por el mismo tiempo que las obligaciones afianzadas y se extenderán a los accesorios civiles y procesales de dichas obligaciones, constituyendo a la actora en fiadora, lisa, llana y principal pagadora. Manifiesta que la nulidad y prescripción que ahora articula la actora no ha sido opuesta en tiempo y oportunidad hábil. Señala que el art 803 del CA establece un plazo de prescripción de cinco años que comienza a correr a partir del primero enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado o el incumplimiento achacado. Señala que la carga de la prueba respecto de la reexportación recae íntegramente sobre la actora, que no ha demostrado –a su favor- este extremo. Cita jurisprudencia en relación al agravio planteado por la recurrente en cuanto al plazo razonable, entendiendo que no le es aplicable. Hace reserva de caso federal. Ofrece las actuaciones administrativas como prueba. Solicita se confirme la resolución con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
III. Mediante IF-2023-46344733-APN-VOCXIV#TFN se acumula el expediente EX-2022-119920868- -APN- SGASAD#TFN caratulado ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA”, al presente expediente.
IV. El 07.11.22 la firma recurrente mediante RE-2022-119920756-APN-SGASAD#TFN interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 755 de fecha 19.02.19, de la Aduana de Buenos Aires, recaída en la actuación SIGEA 12210-4932-2019, por la cual se le formula cargo respecto de la destinación 07073IT14002059Y, por un monto total de Dólares Estadounidenses Mil Ochocientos Setenta (u$s1.870.-) con más la suma de Pesos Seis Mil Trescientos Quince con 18/100 ($6.315,18.-). Señala que el fallo recaído determina su responsabilidad en la medida de la extensión del seguro, o sea hasta el límite afianzado en la misma (que en el caso asciende a la suma de $20.000.-), suma que en consecuencia determina el límite de la acción planteada en esta instancia (Póliza 952223).
En primer término, se agravia de la falta de declaración de nulidad, por parte de la administración del acta de apertura del sumario, en atención a que dicha resolución incumple las previsiones expresamente establecidas por el art. 1094 del Código Aduanero (“CA”). Agrega que frente a la falta de cumplimiento de dichas previsiones dicho acto es nulo de nulidad absoluta, en tanto es violatorio de la ley y de los principios del debido proceso y derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional. Manifiesta la irrazonabilidad de los plazos del procedimiento. Señala que resulta realmente agraviante, a todo derecho de defensa de su mandante y de cualquier administrado, pretender que el transcurso de más de catorce años desde el vencimiento de la temporal hasta la notificación del fallo administrativo condenatorio, resulte compatible con el derecho al debido proceso.
Argumenta que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de 5 años, que prescribe el art. 803 del CA., el cual en el caso de autos comenzó a correr a partir de la notificación de la corrida de vista a su mandante, en los términos del art. 804 “b” del CA. Entiende que, de no hacer lugar a los planteos hasta aquí expuestos, se debe tratar las excepciones de nulidad y prescripción, atento que al momento de efectuarse la notificación del fallo recurrido el plazo de prescripción se encontraba ampliamente vencido conforme art. 805 inc. a) del CA. Impugna la existencia de causales de suspensión o interrupción respecto de la obligación tributaria, así como que las mismas pudieran ser opuestas a su parte.
Manifiesta que no le fue notificada la apertura de sumario. Entiende de que el plazo de prescripción comenzó a correr desde el día 01.01.10 (dado que el hecho generador de la obligación tributaria se habría cometido el día 17.08.09 (vencimiento DIT) por lo tanto el plazo de prescripción vencía el día 31.12.14. Argumenta la prescripción de los impuestos y, en particular, destaca que en cualquier caso ha operado la prescripción de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado. Cuestiona la resolución por ilegítima en la determinación tributaria por i) haberse calculado erróneamente la percepción del IG; además de requerirlos fuera del período anual en el que se produjo el hecho imponible y ii) estar ante un impuesto sin ley que lo sostenga y iii) los intereses sobre la eventual deuda que se reclama.
Peticiona que se revoque también la resolución dictada, toda vez que en la misma se ha omitido considerar correctamente que su mandante ha garantizado a la Aduana Nacional en forma exclusiva los tributos originados en la operación aquí cuestionada, por lo que de verificarse la imputación efectuada en el sentido de haber el tomador destinado a consumo los bienes importados con carácter de importación temporaria, su mandante deberá responder exclusivamente respecto de los mismos y hasta la concurrencia de la suma máxima asegurada. Aclara que su mandante no ha garantizado y por ende no responde por los derechos adicionales que pudieran corresponderle abonar al importador, ni por multas que se le impusieran, ni por los intereses que se originaran en la mora del importador y no de esta aseguradora.
Señala que no resulta ajustada a derecho la pretensión aduanera esgrimida en la causa, toda vez que en la misma se han incluido derechos adicionales e IVA adicional. Entiende que existe una improcedencia del reclamo por percepciones. Que en esencia es uno de los modos en que se concreta el cobro de anticipos de impuestos, el cual opera respecto al obligado directo del tributo y es en cabeza de éste quién operará el hecho imponible fijado en la ley como gravado, en el caso el importador quién generará o no ganancia en el período o realizará la reventa del bien importado. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, manifiesta que la alícuota del 11% es incorrecta, que correspondería el 3% que es lo establecido para los bienes de cambio.
Por último, se agravia en cuanto a los intereses reclamados por las sumas adeudadas en concepto de tributos por el importador (fijados en Dólares Estadounidenses) a las que se les ha aplicado sobre dicho capital la tasa de interés que fija el art. 794 del CA para cálculos de deudas en pesos. Ofrece prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita que se revoque la resolución aduanera apelada con costas.
IV. La representación fiscal contesta el traslado conferido en fecha 27.03.23 mediante el IF-2023-33279559-APN- DTD#JGM. Reseña los hechos y niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su reconocimiento. Contesta el traslado y, en primer lugar, aclara que contrariamente a lo sostenido por la actora, la finalidad primordial del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora del deudor y que, en efecto, el siniestro se configura con el incumplimiento de la obligación principal, sin que sea necesario demostrar la insolvencia del Tomador. Manifiesta que, mediante la garantía, la firma importadora asegura la importación temporaria, previéndose el exceso que pudiere resultar por aplicación del art. 1122 del CA, quedando constituido el garante en mora de pleno derecho por el vencimiento del plazo, sin necesidad de ninguna otra intimación judicial o extrajudicial, considerándose los plazos perentorios. Agrega que la exigibilidad de la fianza se producirá una vez vencido el plazo determinado por el mero vencimiento del otorgado a la firmante y que los efectos de ésta tendrán vigencia por el mismo tiempo que las obligaciones afianzadas y se extenderán a los accesorios civiles y procesales de dichas obligaciones, constituyendo a la actora en fiadora, lisa, llana y principal pagadora. Cita abundante jurisprudencia y doctrina. Hace reserva de caso federal. Ofrece las actuaciones administrativas como prueba. Solicita se confirme la resolución con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
V. De la actuación SIGEA 12210-4932-2009 surge que a fs. 1 obra el acta denuncia 452/09, de fecha 09.09.09, mediante la cual se indica que analizada la DIT 07073IT14002059Y se entiende que la firma Compañía de Barcos SA habría incurrido en la infracción tipificada en el art. 970 del CA. A fs. 4 obra escaneada la carpeta de la destinación involucrada en autos. Realizados diferentes pases, se practica la liquidación de tributos y se agregan print de pantalla. A fs. 21, con fecha 23.12.14, se dispone la instrucción de sumario y la corrida de vista. A fs. 23/25 se determina la base de tributos y multa. A fs. 26 obra la constancia de la consulta realizada al sistema SUMARCHI sin fechar y a fs. 27/28 se dicta la resolución DEPRLA 755 de fecha 19.02.19 apelada en autos, la que les fuera notificada a la firma y a la aseguradora por cédula SICNEA estado “enviado” con fecha 17.10.22 (fs. 29/30).
VI. El 03.09.25 se elevan los autos a la Sala “E” y se llaman autos a sentencia.
VII. Que corresponde resolver los planteos de nulidad y prescripción de las recurrentes.
Por razones de orden procedimental se examinará, en primer lugar, los planteos referidos a la ineficacia del acto administrativo, a fin de constatar la validez de la actuación de la Aduana.
Del examen de las actuaciones administrativas surge que labrada el acta de denuncia 452/09 de fecha 09.09.09 y practicadas las correspondientes liquidaciones, con fecha 23.12.14 se ordena la instrucción de la apertura del sumario y la corrida de vista (v. fs. 21 act. adm.). No hay constancias de que se haya notificado de ello, ni de ningún otro acto que se haya generado en los actuados, a las recurrentes. Tampoco obran constancias de que se hayan efectuado las diligencias necesarias a los fines de verificar la existencia de comisión de la infracción que prima facie habría sido verificada. El Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgaran conforme el procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por cual cuando la Aduana tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (Conf. Arts. 1080 y 1081 del CA). El artículo 1101 del CA dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
Surge evidente de las actuaciones administrativas que el servicio aduanero omitió correr vista de lo actuado a los presuntos responsables de la infracción prima facie verificada, limitándose a dictar la resolución que aquí se apela, disponiendo el archivo del sumario de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General (DGA) 11/16 modificada por la Instrucción General (DGA) 9/17 y la formulación de cargo a las recurrentes en concepto de derechos de exportación. Nótese asimismo que conforme surge de los antecedentes la resolución apelada de fecha 19.02.19 les fue notificada tres (3) años después de su dictado (17.10.22).
De lo relatado surge manifiesto que las recurrentes han sido privadas de ejercer su derecho a un debido proceso adjetivo, corolario del derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución. Las recurrentes recién tomaron conocimiento del sumario en trato al notificarse de la resolución que aquí se apela.
Por lo expuesto, debe señalarse que el servicio aduanero se apartó del trámite reglado por el CA para los procedimientos infracciónales, situación que no puede ser subsanada ante esta instancia. Que la resolución administrativa vulnera groseramente la garantía del derecho de defensa, como así también el principio de tutela judicial efectiva que ampara al imputado, afectando sus derechos subjetivos e intereses legítimos al privarlo de una defensa oportuna. Resulta claro que la intervención que le dio a los presuntos imputados y responsables del incumplimiento que se les endilga y que además se exige el pago de tributos, no fue conforme a derecho sino para que no operara la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos. Tampoco fue dictada la resolución en los términos de lo establecido en el artículo 1112 del CA. Ello es así dado que el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, si hubiese seguido el procedimiento reglado en tiempo hábil, como ya lo mencioné up supra, debería haber sustanciado los argumentos de la actora, condenando o absolviendo al imputado (conf. el inc. a) del art. 1112 del CA) y no ordenar el archivo, sin más trámite, de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General 11/16 (DGA) modificada por la Instrucción General 9/17 (DGA).
Conforme lo expuesto corresponde declarar la nulidad del art. 2 de la resolución DE PRLA 755 apelada, haciendo lugar al planteo formulado por la firma COMPAÑÍA DE BARCOS SA y la ASEGURADORA DE CREDITOS y GARANTIAS SA, con costas a la Aduana.
Por la forma en que se resuelve el planteo de nulidad deviene inoficioso expedirse acerca de la prescripción de las acciones de la Aduana para exigir tributos.
Por todo ello VOTO POR:
Declarar la nulidad del art. 2 de la resolución DE PRLA 755 (SIGEA 12210-4932-2009), en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
I. Que me remito al relato efectuado en los considerandos I a VII del voto del Dr. Soria.
II. Que el 9/9/2009 se formula denuncia por presunta infracción del art. 970 del C.A., posteriormente luce aforo, liquidación de tributos, seguidamente se dispone conjuntamente la instrucción de sumario y corrida de vista con fecha 23/12/2014, la cual no fue notificada. En tales condiciones, previa a una nueva liquidación y constancia de la inexistencia de antecedentes infraccionales de la sumariada, se dictó la resolución ahora apelada.
Que en efecto, la disposición aduanera atacada, fue dictada en cumplimiento de la IG N° 9/17 de la D.G.A., por la cual, al tiempo que dispone el archivo de la denuncia infraccional, ordena formular cargo por los tributos que considera adeudados.
Que el servicio aduanero ha omitido la consideración de que el archivo de la denuncia revestía carácter provisorio hasta que transcurra el plazo de doce meses, vencido el cual, de no mediar otras sanciones que en su conjunto superen el monto fijado, el archivo devenía definitivo. Por tal motivo la resolución DE PRLA n° 755/2019 no puede considerarse definitiva y sólo puede reconocérsele efectos de intimación al pago de tributos.
Que, en tal sentido, devienen nulas la notificación cuya constancia luce a fs. 29 y 30 de las actuaciones, en las que incorrectamente se indica que contra tal acto administrativo procedía la interposición del recurso de apelación previsto en el art. 1132 y 1122 del C.A.
Que, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de las notificaciones de la Resolución DE PRLA n° 755/2019 dirigida a la importadora, y aseguradora, con costas a la demandada.
III. Que, asimismo considero necesario expedirme respecto de los planteos de prescripción opuestos por las co-actoras, respecto de las acciones del Fisco para percibir tributos e imponer multa, toda vez que el mismo incide en la continuidad de las actuaciones conforme se resuelve.
Que conforme lo establecido en los arts. 934 y 803 del C.A., la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras y la acción para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, respectivamente, prescriben por el transcurso de cinco años, los que en el caso comenzaron a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere cometido la infracción (art. 935 del C.A.), que constituye el hecho gravado (804 del C.A.). Es decir que, la que, en el caso de autos ambas acciones aduaneras comenzaron a correr el 1º de enero de 2010.
Que teniendo en consideración la fecha en que se hubiere configurado el hecho gravado (17/8/2009), de acuerdo al art. 804 inc. b) del CA. Es decir que el plazo comenzó a correr el 1º de enero de 2010 y la fecha en que se dicta el auto de instrucción de sumario y corrida de vista (23/12/2014), se concluye que no se constata en el caso la pretendida prescripción de la acción aduanera para perseguir a la importadora por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., por cuanto el dictado del auto que ordenó la apertura del sumario ha interrumpido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo establece el art. 937, inc. a), del C.A., sin exigirse la notificación del referido auto. Tampoco se constata la prescripción de la acción del Fisco para percibir el cobro de los tributos aduaneros, por cuanto la apertura del sumario ha suspendido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo dispuesto en el art. 805, inc. a), del C.A.; cabe aclarar que dicha norma tampoco exige que el auto de apertura del sumario sea notificada a la parte. Que, por los motivos expuestos, corresponde desestimar los planteos de prescripción opuestos por la actora, con costas.
IV. Que el artículo 1104 del Código Aduanero dispone que dentro del plazo previsto en el artículo 1101, los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo.
Que por lo tanto, corresponde devolver las actuaciones a la DGA y disponer que la División Secretaría de Actuación n° 4 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, subsanando las irregularidades incurridas, imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el art. 1101 del CA.
V. Que por la forma en que se resuelve, no corresponde el tratamiento del resto de los planteos realizados por las partes.
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la nulidad de las notificaciones de la Resolución DE PRLA n° 755/2019 dirigidas a las firmas COMPAÑIA DE BARCOS SA y ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTÍAS SA, con costas al fisco.
2. Rechazar los planteos de prescripción opuestos por las co-actoras, con costas.
3. Disponer la devolución de las actuaciones para que la División Secretaría de Actuación N° 4 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el artículo 1101 del Código Aduanero (Ley Nro. 22.415).
La Dra. Claudia Beatriz Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE
Declarar la nulidad del art. 2 de la resolución DE PRLA 755 (SIGEA 12210-4932-2009), en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Sarquis por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.10.14 10:08:47 ART Date: 2025.10.14 13:31:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Hector Hugo Juarez Vocal Subrogante Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.14 15:46:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.14 15:47:09 -03:00
Fin de la sentencia