Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 13504298-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación de la actora y confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 24/11/2024, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.) y 2°) confirmar y fijar los honorarios de conformidad a lo expresado en el considerando VI.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
17250/2023 “Compañía General de Combustibles SA (TF 13504298-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 20/11/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación aprobó parcialmente la liquidación practicada por la actora y modificó el cálculo de los intereses conforme el anexo que forma parte de la presente. Declaró que la AFIP-DGA adeudaba a COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. la suma de $ 1.375.813,92, en concepto de tributos con más la suma de $ 2.571.344,73 al 30.09.24 -fecha de presunto pago- sin perjuicio de los que se devenguen con posterioridad hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
Reguló los honorarios del Dr. Juan Patricio Cotter por su actuación en esa instancia en el carácter de letrado patrocinante de la firma recurrente en la suma de $ 187.650, equivalente a 3,0267 UMA, los que quedaban a cargo de la DGA atento a la forma en que habían sido impuestas las costas por la Excma. Cámara en la sentencia de fecha 16.06.23.
Para así decidir, en primer término, precisó que, mediante la presentación IF-2024-86977926-APN-DTD#JGM, la actora practicó la liquidación de los tributos adeudados con más los intereses del art. 811 del CA, de la cual se corrió traslado a la DGA, conforme lo ordenado el 22.04.24.
Indicó que, atento al estado de autos y habiendo vencido el plazo conferido a la demandada, correspondía aprobar la liquidación practicada por la actora en cuanto determinaba el capital adeudado en la suma de $ 1.375.813,92, en tanto se ajustaba a las pautas de la sentencia de fecha 16.06.23.
Sin perjuicio de ello, con respecto a los intereses, señaló que, correspondía modificar la liquidación practicada por la recurrente en el período 1.09.22 al 31.01.24 en el cual se aplicaba la resolución MH 559/2022 que establecía una tasa de interés del 3,84% mensual (art. 4°). En consecuencia, puntualizó que, se calculaban los intereses del art. 811 del C.A. de acuerdo con las resoluciones MH 598/2019, MH 559/2022 y ME 3/2024 hasta el 30.09.24, fecha que se tomó como de presunto pago, conforme el anexo que formaba parte de la presente II.- Que contra dicho pronunciamiento, con fecha 25/11/2024, la parte actora, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y cuestionó la decisión en cuanto aprobó parcialmente la liquidación practicada por la exportadora y declaró que la AFIP-DGA adeudaba a Compañía General De Combustibles S.A. la suma de $ 1.375.813,92 en concepto de tributos, más la suma de $ 2.571.344,73 al 30.09.24 -fecha de presunto pago- sin perjuicio de los que se devenguen con posterioridad hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda. Se deja constancia que el Fisco Nacional no contestó las quejas de su contraria.
Asimismo, con fechas 26/11/2024 y 28/11/2024, interpusieron sendos recursos de apelación, el letrado de la actora y el fisco nacional contra los honorarios regulados en la sentencia dictada el 20/11/2024. El letrado de la actora y el fisco nacional contestaron los fundamentos corridos el 09/01/2025 y 10/02/2025.
El Tribunal Fiscal mediante resolución del 18/12/24 desestimó la revocatoria por inadmisibilidad formal y concedió el recurso subsidiariamente interpuesto, corriendo a la demandada traslado de sus fundamentos, el cual no fue contestado.
III. Apelación de la actora respecto de la liquidación aprobada: Sostiene la recurrente que con fecha 16/6/23 la Cámara dictó sentencia haciendo lugar al recurso interpuesto y reconociendo su derecho a obtener el reintegro de los tributos pagados en demasía al oficializar el permiso de embarque Nro. 18078EC01001327Z.
Aduce que, en dicha oportunidad y respecto a los intereses, expresamente señaló que se devengarían desde la petición de reintegro (art. 811 CA), y se calcularían según lo dispuesto en la Comunicación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL BCRA N° 14.290 -expresamente prevista para estos casos por la Resolución N° 598/19 del entonces Ministerio de Hacienda de la Nación-. Destaca que, en virtud de lo resuelto, una vez que dicha sentencia quedó firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, con fecha 15/8/24 su parte se presentó ante el Tribunal Fiscal de la Nación y practicó la liquidación de los montos adeudados por la Dirección General de Aduanas en concepto de derechos de exportación abonados en demasía, con más sus intereses correspondientes, de conformidad con las pautas fijadas por la Cámara; es decir, aplicando la tasa pasiva que publica el BCRA. En estos términos, informó que el monto actualizado a la fecha de la presentación formulada, ascendía a la suma de $ 8.958.004,02 de los cuales $ 1.375.813,92 correspondían al capital, y $ 7.582.190,10 a intereses.
Manifiesta que, en ese estado, mediante providencia de fecha 20/11/24 el Excmo. Tribunal Fiscal, si bien aprobó la liquidación practicada por su parte en cuanto determina el capital adeudado en la suma de $1.375.813,92, respecto a los intereses, señaló que, correspondía modificar la liquidación practicada por la recurrente en el período 1.09.22 al 31.01.24 en el cual se aplicaba la resolución MH 559/2022 que establecía una tasa de interés del 3,84% mensual (art. 4°). Considera que, el Tribunal Fiscal no puede apartarse, sin más, de las pautas establecidas por el Superior, aplicando la tasa de interés que estima corresponder, y modificando la liquidación practicada en autos (generando un perjuicio patrimonial considerable a su parte atento la significativa reducción del importe reconocido). Máxime, cuando dicha liquidación recepta estrictamente la totalidad las directivas dispuestas por la Excma. Cámara.
En virtud de lo expuesto, entiende que, no resulta admisible convalidar una liquidación obtenida sobre la base de operaciones matemáticas equivocadas, cuyo resultado vulnera los derechos de su mandante.
En consecuencia, expone que, corresponde revocar la sentencia que se controvierte, disponiendo la aprobación de la liquidación practicada por su parte.
IV. Que, desde ya corresponde adelantar que el recurso intentado no podrá prosperar.
En efecto, el art. 811 del C.A. prevé que: “En los supuestos en que se reclamare la devolución de importes pagados indebidamente en concepto de tributos, ya fuera que el pago se hubiere efectuado espontáneamente o a requerimiento del servicio aduanero, los intereses se devengarán desde la fecha de la presentación del escrito por el cual se reclamare la repetición, hasta el momento de su pago”.
Por su parte, el art. 812 del C.A., establece que “En los supuestos previstos en el artículo 811, la tasa de interés aplicable será la que fijare la Secretaría de Estado de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 794”.
En el pronunciamiento de esta Sala de fecha 16/06/2023, en cuanto aquí interesa, se dispuso:
“XII.- Que el reintegro al que da derecho esta decisión deberá ser comprensivo de los accesorios devengados por el tiempo durante el cual la actora fue privada del uso de ese capital, calculados a la tasa pasiva promedio que publica la autoridad monetaria desde la petición de reintegro (art.811 CA) según lo dispuesto en la Comunicación BCRA Nº 14.290 -expresamente prevista para estos casos por la Resolución Nº 598/2019 del entonces Ministerio de Hacienda de la Nación (cfr. artículo 4º) (en similar sentido: conf. esta Sala, in re, causa nº 75.920/2014 “American Express Argentina SA c/ DGI”, sentencia del 27/04/17)”. Dicha resolución fue derogada expresamente por la resolución 559/2022 (ver art. 8), que expresamente dispuso: “ARTÍCULO 4°.- Establécese que la tasa de interés aplicable a los supuestos previstos en el artículo 179 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, a los restantes supuestos de devolución, reintegro o compensación de los impuestos regidos por la citada ley y a los supuestos previstos en los artículos 811 y 838 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, en el tres como ochenta y cuatro por ciento (3,84 %) mensual”.
Por su parte la resolución Ministerio de Economía 3/2024 derogó la resol 559/2022 (ver art. 9) y estableció “ARTÍCULO 4°.- Establécese que la tasa de interés aplicable a los supuestos previstos en el artículo 179 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, a los restantes supuestos de devolución, reintegro o compensación de los impuestos regidos por la citada ley y a los supuestos previstos en los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL artículos 811 y 838 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, en el cero coma cincuenta por ciento (0,50%) mensual”. Actualmente se encuentra en vigencia la resolución del Ministerio de Economía n° 823/2025 que dispone: “ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 4° de la resolución 3/2024 del Ministerio de Economía y su modificatoria, por el siguiente: “Establécese que la tasa de interés aplicable a los supuestos previstos en el artículo 179 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, a los restantes supuestos de devolución, reintegro o compensación de los impuestos regidos por la citada ley y a los supuestos previstos en los artículos 811 y 838 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, en el cero coma cincuenta por ciento (0,50%) mensual”.
De lo expuesto, resulta de toda claridad que, lo dispuesto en el art. 812 del C.A. resulta de estricta aplicación al caso y dicha norma establece en forma expresa que “la tasa de interés aplicable será la que fijare la Secretaría de Estado de Hacienda”. Es decir, no se aplica una tasa de interés fija por todo el lapso involucrado, sino que la misma se modifica - en los periodos correspondientes- de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
En tales condiciones, lo pretendido por la recurrente, implicaría alterar el contenido sustancial de la cosa juzgada resultante del fallo (que manda aplicar las tasas previstas por la autoridad competente a tal efecto) y violar las resoluciones dictadas por la autoridad de aplicación en el transcurso del tiempo, las cuales no fueron impugnadas, en momento alguno por la recurrente.
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso intentado por la parte actora y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 20/11/2024, en cuanto es materia de agravio.
V. Que, en atención al modo en que se resuelve, las costas de esta instancia se imponen a la actora, de conformidad con el principio objetivo de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.).
VI. Que a fin de tratar los recursos interpuestos; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in re’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional.
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más). Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados - conf. Resol. 03/2021 (F4) y lo resuelto con fecha 16/06/2023-; atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en la causa durante la primera etapa del pleito y posteriores (C.S. Fallos: 306:1265 y 308:848) toda vez que la causa fue declarada como de puro derecho, corresponde confirmar honorarios regulados en el punto 3°) de la resolución de fecha 20/11/2024, en favor del DR. JUAN PATRICIO COTTER, patrocinante, actuante en la defensa de la actora (arts. 14, 16, 21, 24, 29, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423 – Dto. 1077/17 Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido, corresponde regular en la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA ($110.390) - equivalente a 1,40 UMA- y PESOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ ($47.310) – CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL equivalente a 0,60 UMA-; los emolumentos de los DRES. JUAN PATRICIO COTTER y SANTIAGO LOPEZ, patrocinante y apoderado, respectivamente, actuantes en la defensa de la actora (arts. 20, 21, 29 inc g), 30, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423).
Que, por los trabajos relacionados con el recurso extraordinario denegado y el resultado obtenido; atento el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en la causa, dado que se trata de la contestación del traslado del recurso extraordinario deducido y la debida proporción que deben guardar los honorarios con los emolumentos fijados en cuanto al fondo de la cuestión, corresponde regular en la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($591.375) - equivalente a 7,50 UMA- y PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($354.825) – equivalente a 4,50 UMA-; los emolumentos de los DRES. DRES. JUAN PATRICIO COTTER y SANTIAGO LOPEZ patrocinante y apoderado, respectivamente, actuantes en la defensa de la actora (arts. 16, 20, 29, 30, 31, ccdtes. y citados de la ley 27.423-Dto. Nº 1077/17).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re "Beccar Varela Emilio-Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación de la actora y confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 24/11/2024, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.) y 2°) confirmar y fijar los honorarios de conformidad a lo expresado en el considerando VI.
Se deja constancia que la Dra. María Claudia Caputi no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MARQUEZ
Fin de la sentencia