Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 13504298-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la revocatoria in extremis intentada, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
17.250/2023 “Compañía General de Combustibles SA (TF 13504298-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2025.
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que, mediante la presentación de fecha 26/11/2025, titulada “Formula Manifestación. Solicita”, la parte actora, plantea revocatoria in extremis contra la resolución de esta Sala de fecha 20/11/2025. En ajustada síntesis, manifiesta que, en autos se hizo lugar al planteo formulado por su parte, en tanto se declaró “la nulidad del Decreto nº 793/18 y, consecuentemente, se reconoció el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados, al oficializar el despacho de exportación nro.18078EC01001327Z, de conformidad con lo establecido en los considerandos X, XI y XII”; que establecían lo siguiente: a) Que los tributos debían devolverse en pesos al tipo de cambio histórico (por imperio de la doctrina sentada por la Corte en “Cencosud”); y b) Que el reintegro al que daba derecho esa decisión “deberá ser comprensivo de los accesorios devengados por el tiempo durante el cual la actora fue privada del uso de ese capital, calculados a la tasa pasiva promedio que publica la autoridad monetaria desde la petición de reintegro (art.811 CA) según lo dispuesto en la Comunicación BCRA Nº 14.290 -expresamente prevista para estos casos por la Resolución Nº 598/19 del entonces Ministerio de Hacienda de la Nación (cfr. artículo 4º) (en similar sentido: conf. esta Sala, in re, causa nº 75.920/2014 “American Express Argentina SA c/ DGI”, sentencia del 27/04/17).”.
Alega que, a pesar de esa clara manda, en el pronunciamiento del 20/11/2025, se señala que los intereses no debían ajustarse según “la tasa pasiva promedio que publica la autoridad monetaria desde la petición de reintegro (art. 811 CA) según lo dispuesto en la Comunicación BCRA Nº 14.290”, sino que debía ajustarse a la tasa fijada por el Ministerio de Economía, con arreglo al art. 812, del C.A., señalando, en esa línea, que la Resolución Nº 598/19 fue derogada por la Resolución 559/2022, que ésta fue luego derogada por la Resolución 3/2024 y que actualmente se encuentra vigente la Resolución Nº 823/2025.
Postula que, en dicha decisión, el sentenciante señaló que el capital “deberá ser comprensivo de los accesorios devengados por el tiempo durante el cual la actora fue privada del uso de ese capital, calculados a la tasa pasiva promedio que publica la autoridad monetaria desde la petición de reintegro (art.811 CA) según lo dispuesto en la Comunicación BCRA Nº 14.290 -expresamente prevista para estos casos por la Resolución Nº 598/19 del entonces Ministerio de Hacienda de la Nación (cfr. artículo 4º) (en similar sentido: conf. esta Sala, in re, causa nº 75.920/2014 “American Express Argentina SA c/ DGI”, sentencia del 27/04/17).” (El destacado me pertenece).
Adivierte que, allí no se mencionó el art. 812 C.A. y menos aún se señaló que debían aplicarse las tasas fijadas por la Secretaría de Hacienda (o el Ministerio de Economía).
Destaca que, simplemente se señaló que los intereses debían calcularse a la tasa pasiva promedio que publica el BCRA y, a modo aclaratorio, que esa misma tasa era la que estaba expresamente prevista para estos casos por la Resolución Nº 598/2019 (norma que, cabe aclarar, para ese entonces ya estaba derogada). La mención de la Resolución Nº 598/2019 “entre rayas” no quiere decir, de ningún modo, que deba aplicarse dicha tasa o que sea dicha resolución la que resulte aplicable (máxime cuando en ese entonces estaba ya derogada). Simplemente quiere decir que utiliza como parámetro la tasa pasiva promedio que publica el BCRA y que ella fue utilizada para calcular los intereses de las deudas aduaneras.
Indica que, se sigue de lo dicho, entonces, que, según los términos de la sentencia, el interés a aplicar debía calcularse según “la tasa pasiva promedio que publica la autoridad monetaria desde la petición de reintegro (art.811 CA) según lo dispuesto en la Comunicación BCRA Nº 14.290”.
Pondera que, los términos de la sentencia del 23 de noviembre de 2023 parecían claros y mi mandante se sintió con derecho a efectuar el planteo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Hace hincapié en que, en la sentencia del 16 de junio de 2023 se ordenaba la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el BCRA, se aclaraba que esa tasa había sido utilizada para deudas aduaneras (nombrándose, a modo de ejemplo, una resolución que ya estaba derogada) y se invocaba un precedente de esa misma Sala que había declarado la inconstitucionalidad de una norma que establecía una tasa fija y que ordenaba aplicar la tasa pasiva promedio del BCRA. La interpretación propiciada en la resolución aquí cuestionada se opone a lo que oportunamente se resolviera, vulnerándose el principio de la cosa juzgada.
En tales condiciones, considera que se impone, a la luz de las explicaciones aquí brindadas, una revisión de lo resuelto.
Añade que, su parte no desconoce que las sentencias dictadas por esta Cámara sólo son susceptibles de recurso extraordinario, pero no es menos cierto que la cuestión aquí debatida no justificaría la intervención del Superior Tribunal.
Recuerda que el recurso extraordinario deberá ser interpuesto contra las sentencias en las que se debatan cuestiones trascendentes para la Nación y que el agravio federal sea de bastante o suficiente relevancia y trascendencia (arts. 14, ley 48; 6, ley 4055 y 280, CPCCN). Aquí no nos encontramos ante una cuestión relevante para la Nación y menos aún, ante una cuestión trascendente, sino ante una cuestión liquidatoria.
Finalmente, en el caso que este Tribunal entienda que, no corresponde acceder al planteo formulado, solicita que se distribuyan las costas por su orden, en tanto por los términos de la sentencia y las manifestaciones aquí vertidas, su parte se encontraba con derecho a recurrir.
II. Que, en primer lugar, cabe destacar que el remedio contemplado por el art. 238 del Código de rito, establece que el recurso de reposición –aludido por el presentante como de “revocatoria”, adjetivada como “in extremis”– permite sólo revisar providencias simples, mas no así decisiones interlocutorias o sentencias definitivas, sin que se den en el caso circunstancias estrictamente excepcionales que autoricen a apartarse de tal principio (cfr. C.S.J.N., Rhe. V.32.XLIII, sent. del 14/08/2007, en autos “Vázquez Acuña, Martín s/ resistencia y/o desobediencia”, causa n° 37.644).
En este sentido, pese a que las resoluciones del Tribunal de Alzada son, en principio, insusceptibles de ser atacadas por el recurso de revocatoria, se ha admitido la procedencia de este, cuando se trata de enmendar un evidente error material, es decir, cuando se incurre en situaciones serias e inequívocas, que demuestren con nitidez manifiesta el error que se pretende subsanar (cfr. Sala I, in re, “Trelsen, Andrés Henry y otros c/ B.C.R.A.- Resol. 173/00 –Expte. 100138/97 Sum Fin 940-”, sent. del 01/09/2005).
Bajo tal hermenéutica, cabe resaltar que sin negarse que la jurisprudencia ha atemperado el criterio rector, en los denominados casos de “reposición in extremis” –instituto de creación pretoriana–, cuando se trata de supuestos sumamente excepcionales, en los que la sentencia traduzca un evidente error que de no ser subsanado por dicha vía afectaría la garantía constitucional de la defensa en juicio (cfr. esta Sala, in re: “Bernardi, Graciela Susana y otro c/ C.N.R.T. s/ daños y perjuicios”, Expte. N° 16.718/2000, sent. del 07/06/2011), en el caso bajo análisis, no cabe aplicar dicha tesitura.
III. Que, a la luz de lo expuesto, este Tribunal entiende que las manifestaciones efectuadas por la actora en su pedido de revocatoria no justifican modificar la decisión emitida por esta Sala en la sentencia del 20/11/2025.
En este sentido, cabe advertir que las quejas aquí expuestas, están dirigidas a modificar aspectos sustanciales del contenido mismo de la decisión, cometido que exorbita el marco propio de las correcciones o enmiendas de errores materiales.
Así, aun cuando se consideren bajo una perspectiva de amplitud a las facultades instructorias o saneatorias de los tribunales, a éstos les está vedado recurrir a soluciones pretorianas para modificar el sentido de una decisión judicial, atento a que la actividad jurisdiccional debe ceñirse al uso de los remedios procesales previstos en el código de rito aplicable. Eventualmente, en el supuesto de que el recurrente estime que el pronunciamiento recaído resulta erróneo, o aun arbitrario, los remedios previstos para tal alternativa resultan diversos al aquí intentado. No obstante, es importante remarcar que, esta Sala en el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II pronunciamiento cuestionado, expresamente sostuvo que: “De lo expuesto, resulta de toda claridad que, lo dispuesto en el art. 812 del C.A. resulta de estricta aplicación al caso y dicha norma establece en forma expresa que “la tasa de interés aplicable será la que fijare la Secretaría de Estado de Hacienda”. Es decir, no se aplica una tasa de interés fija por todo el lapso involucrado, sino que la misma se modifica en los periodos correspondientes- de conformidad con las disposiciones legales vigentes. En tales condiciones, lo pretendido por la recurrente, implicaría alterar el contenido sustancial de la cosa juzgada resultante del fallo (que manda aplicar las tasas previstas por la autoridad competente a tal efecto) y violar las resoluciones dictadas por la autoridad de aplicación en el transcurso del tiempo, las cuales no fueron impugnadas, en momento alguno por la recurrente”.
En tales condiciones, del examen de lo actuado en autos no se advierte la existencia de error alguno en la resolución que amerite acceder al recurso intentado y revocar lo decidido.
En efecto, las consideraciones que la recurrente plantea por vía recurso de reposición importan una disconformidad con el resultado obtenido, pretendiendo la revisión de los aspectos sustanciales que ya fueron objeto de debido y fundado análisis y decisión.
La recurrente no expone argumentos conducentes que pongan en evidencia una decisiva falta de razonabilidad en el decisorio impugnado, por manera que corresponde sin más su rechazo.
En virtud de los expuesto, este Tribunal RESUELVE: rechazar la revocatoria in extremis intentada, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y sigan los autos según su estado.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia