Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 47438086-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir los agravios ofrecidos por la firma actora, revocar el pronunciamiento apelado y declarar la inconstitucionalidad de los derechos de exportación establecidos sin sustento legal por el decreto 793/2018, 2. Reconocer el derecho de la firma actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación que abonó al oficializar los permisos de embarque nºs 18048EC0818Z, 18048EC01227L, 18048EC01240G y 18048EC01209L, y 3. Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida. 4342/2024 “Compañía General de Combustibles SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
4342/2024 “Compañía General de Combustibles SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
En Buenos Aires, a los 6 días del mes de agosto del año 2024, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “Compañía General de Combustibles SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución n° 29/2022 dictada por la subdirectora general de la subdirección general de operaciones aduaneras del interior que había rechazado el pedido de devolución de los derechos de exportación abonados por la firma actora.
Para así decidir, sostuvo diversos argumentos:
i. “[L]a jurisprudencia de la Corte Suprema en la causa ‘Camaronera’ adoptó la postura según la cual los derechos de exportación son inconstitucionales si el Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota máxima que pueda establecerse”.
ii. “[L]a Corte Suprema, por el contrario, a través de una línea jurisprudencial uniforme, ha concluido que en el ámbito de los derechos aduaneros no puede juzgarse inválido el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, ello es así siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida”.
iii. “[N]o puede colegirse que la doctrina de la causa ‘Camaronera’, por su pertinencia y semejanza frente al problema jurídico en ciernes, debe necesariamente considerarse aplicable. El principio stare decisis tiene su fundamento constitucional en la necesidad de que se dispense igualdad de trato a litigantes que tienen la expectativa de recibir la aplicación criterios adoptados en decisiones anteriores a casos que se presenten en situaciones posteriores y con circunstancias similares”.
iv. “[S]obre la base de tales pautas interpretativas […] las cuestiones planteadas […] son sustancialmente análogas a las consideradas en el acuerdo plenario […] dictado […] en la causa ‘Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación’ […] en la cual, por mayoría, los vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal: […] El Tribunal Fiscal no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente […] El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación […] No corresponde declarar la invalidez del decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados […] por aplicación de lo dispuesto por el decreto 793/2018 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir del día 4 de septiembre de 2018, fecha en que entró en vigencia el aludido decreto, y hasta el día 4 de diciembre de 2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
v. “[L]a resolución cuestionada es un reglamento dictado en ejercicio de una delegación impropia de facultades legislativas, la que se encuentra permitida en la específica materia aduanera, por cuanto el principio de legalidad en lo fiscal, debe optimizarse a la luz de las singularidades que presenta todo lo relativo al comercio exterior”.
vi. “[L]os reglamentos administrativos […] se dictan en ejercicio de facultades que, por imperativo constitucional son de iure propio y, por consiguiente, no tratándose de reglamentos delegados en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, no requieren ser sometidos a consideración del Congreso para su aprobación o rechazo”.
4342/2024 “Compañía General de Combustibles SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
vii. El artículo 755 del Código Aduanero “ha sido incluido en el digesto jurídico argentino […] ratificándose la delegación impropia del Congreso al Poder Ejecutivo Nacional para fijar los derechos de exportación”.
viii. Las costas deben distribuirse en el orden causado “en virtud de la complejidad de la cuestión”.
II. La firma actora y la parte demandada apelaron y expresaron agravios.
1. La firma actora exhibe las siguientes objeciones que fueron replicadas.
i. “[L]os derechos de exportación adquieren constitucionalidad recién a partir de la vigencia de la ley 27.467 que ratificó el decreto, a la vez que determinó con una clara política legislativa, la posibilidad del Poder Ejecutivo de modificar exclusivamente la alícuota […] con expresa limitación del máximo en dicho parámetro”.
ii. “[L]os derechos aduaneros deben ser creados e impuestos directamente por el Congreso Nacional, quedando prohibida su delegación en el Poder Ejecutivo”.
iii. “Al admitir la valía del decreto 793/2018 sin una ley previa que determinara una clara política legislativa, el Tribunal Fiscal ataca directamente el principio de reserva de ley en materia tributaria”.
iv. “[L]os derechos de exportación son impuestos, es decir, tienen naturaleza tributaria y, por lo tanto, se le aplican sus principios”.
v. “[E]l Poder Ejecutivo se irrogó facultades legislativas y fijó un derecho de exportación sin que existiera una ley delegante válida desde el punto de vista constitucional”.
vi. “[L]os derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo que aquí se cuestionan, violentan el principio de reserva legal y la prohibición constitucional de delegación en materia tributaria”.
vii. “[E]l Poder Ejecutivo no se encontraba facultado, ni siquiera por la amplia delegación que efectúa el artículo 755 del Código Aduanero, para imponer un derecho de exportación como el previsto por el decreto 793/2018”.
viii. “La aplicación del caso ‘Camaronera Patagónica’ al presente caso es indubitable”.
ix. “[E]l artículo 755 del Código Aduanero no evidencia una clara política legislativa […] la ley delegante, para ser válida, debe definir todos los elementos del tributo e incluso la alícuota mediante la fijación de parámetros máximos o escalas máximas”.
2. La parte demandada critica, únicamente, la distribución de las costas en el orden causado y solicita que sean impuestas íntegramente a la firma actora ya que resultó vencida.
III. Los agravios ofrecidos por la firma actora encuentran una adecuada respuesta en las consideraciones y en las conclusiones desarrolladas por esta sala en las causas “Newsan SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Newsan SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Newsan SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Minera Santa Cruz SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Rivara SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Minera Santa Cruz SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Xeitosiño SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Xeitosiño SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Pop Company SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Berries del Plata SA c/ 4342/2024 “Compañía General de Combustibles SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
DGA s/ proceso de conocimiento”, “Amaggi SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Newsan SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 2 de febrero, 5 y 11 de mayo, 6 de junio , 4 de julio, 19 y 26 de septiembre, 12 y 26 de octubre, y 2 y 13 de noviembre de 2023, respectivamente, a las que, por razones de brevedad, corresponde remitir.
Debe, pues, admitirse los agravios de la firma actora y declararse la inconstitucionalidad de los derechos de exportación establecidos sin sustento legal por el decreto 793/2018.
IV. Por tanto, corresponde reconocer el derecho de la firma actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados con relación a los permisos de embarque nºs 18048EC0818Z, 18048EC01227L, 18048EC01240G y 18048EC01209L.
V. A las sumas cuya restitución se reconoce deberá adicionarse los intereses a partir de la fecha de la presentación del escrito por el cual se reclamó la repetición (artículo 811 del Código Aduanero), es decir a partir del 13 de febrero de 2020 hasta su efectivo pago. De acuerdo con el artículo 812 del Código Aduanero la tasa de interés que corresponde aplicar es la que está prevista en el artículo 4º de las resoluciones nºs 598/2019 (Ministerio de Hacienda) y 559/2022 (Ministerio de Economía) y en la resolución n° 3/2024 (Ministerio de Economía), según la vigencia temporal de esas normas (esta sala, causas “Argensun SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Aceitera General Deheza SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Newsan SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 4 de abril y 30 de abril y del 7 y 9 de mayo de 2024, respectivamente).
VI. Las costas de ambas instancias quedan a cargo de la parte demandada en tanto resulta vencida (artículos 68, primera parte, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial).
VII. Dado el modo en que se decide es insustancial el tratamiento de las objeciones formuladas por la parte demandada. En mérito de las razones expuestas, propongo al acuerdo: 1. Admitir los agravios ofrecidos por la firma actora, revocar el pronunciamiento apelado y declarar la inconstitucionalidad de los derechos de exportación establecidos sin sustento legal por el decreto 793/2018, 2. Reconocer el derecho de la firma actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación que abonó al oficializar los permisos de embarque nºs 18048EC0818Z, 18048EC01227L, 18048EC01240G y 18048EC01209L, y 3. Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida.
Las juezas Clara María do Pico y Liliana María Heiland adhieren al voto precedente.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1. Admitir los agravios ofrecidos por la firma actora, revocar el pronunciamiento apelado y declarar la inconstitucionalidad de los derechos de exportación establecidos sin sustento legal por el decreto 793/2018, 2. Reconocer el derecho de la firma actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación que abonó al oficializar los permisos de embarque nºs 18048EC0818Z, 18048EC01227L, 18048EC01240G y 18048EC01209L, y 3. Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida. 4342/2024 “Compañía General de Combustibles SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia