Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 32.874-I
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-109123433-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 13 de Octubre de 2022 En el día de la fecha, reunidos los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación), Juan Carlos Vicchi (Vocal Titular de la 9° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación) para resolver el expediente N°32.874-I, caratulado “ COMPAÑÍA HOTELERA CUYANA S.A. s/ recurso de apelación”, El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 28/40vta. se interpuso recurso de apelación contra la resolución del 24/11/2008, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la AFIP-DGI, que determinó el saldo a favor de la actora en el IVA por los períodos 12/2002 a 5/2005.
La apelante informó que construyó y explota un hotel en la localidad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, habiendo la sociedad de hecho integrada por los Sres. Juan Carlos y Julio Lorenzo Barrera prestado servicios para la construcción de aquél mediante la realización de trabajos de albañilería. Se agravió de la resolución apelada por cuanto consideró que la misma se efectuó en base a presuntos incumplimientos en los que habría incurrido un tercero (Juan Carlos y Julio Lorenzo Barrera SH) en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pero no se niega ni acredita que las obras no hayan sido realizadas para la sociedad en la construcción del hotel, considerando que la regular o irregular conducta fiscal de sus proveedores es un asunto ajeno a su incumbencia.
Afirmó que la prueba documental aportada (contratos de obra celebrados con el proveedor cuestionado, detalles de las licitaciones realizadas y las facturas emitidas por dicho proveedor, con los correspondientes recibos de pago, acta de recepción definitiva de obra del 15/8/2003 con la que se acreditó la finalización y entrega de la misma) no fue debidamente merituada por el fisco.
Señaló que el hecho de no haberse localizado a dicho proveedor en su domicilio fiscal no puede ser invocado como argumento para impugnar los créditos fiscales, máxime cuando -a su entender- del informe final de inspección surge que existió una vinculación entre dicho domicilio y la sociedad de hecho. Agregó que del referido informe surge que los débitos fiscales declarados por el proveedor guardan cierta relación con los informados por ella, pero como existen ciertos períodos (8/2003 a 5/2005) en los que no habría declarado débito fiscal alguno se le resta relevancia, aspecto que no tiene obligación de controlar y que resulta imputable únicamente a dicho proveedor.
Adujo que la imprenta Osim SA reconoció la impresión de las facturas del proveedor cuestionado, realizando el fisco observaciones formales en sólo 4 de un total de 90 de ellas.
Manifestó que abonó con cheques que fueron librados a Juan Carlos Barrera, es decir a favor de uno de los socios de la sociedad de hecho y también emisor de la factura y que al efectuar los respectivos pagos realizó en todos los casos las correspondientes retenciones en el IG. Con respecto a ello, agregó que el posterior endoso realizado por el beneficiario del cheque en nada le afecta.
Indicó que el proveedor impugnado no integraba la base APOC en la fecha de la prestación de sus servicios, ni a la fecha de fiscalización y que constató la vigencia del CAI al momento de recibir las facturas en cuestión.
Por último, se agravió por cuanto la prueba testimonial, informativa y pericial caligráfica ofrecida en sede administrativa fue arbitrariamente rechazada.
Citó jurisprudencia en apoyo a su postura, ofreció prueba y solicitó que se resuelva conforme a lo peticionado.
II. Que a fs. 52/63vta. el fisco contestó el traslado del recurso interpuesto, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expuso, la confirmación de la resolución recurrida, con costas.
III. Que a fs. 75 se abrió la causa a prueba y a fs. 221 se elevaron los autos a consideración de la Sala “C”, poniéndose los mismos para alegar. A fs. 242/244 y 245/255vta obran los alegatos del fisco y de la actora, respectivamente. Finalmente, a fs. 256 se pusieron los autos para dictar sentencia.
IV. Que primeramente cabe puntualizar que este Tribunal no se encuentra obligado a tratar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros).
V. Que corresponde en primer lugar tratar el agravio de la actora relativo a que el fisco le denegó la producción de la prueba ofrecida en la instancia anterior de manera arbitraria. Al respecto, debe destacarse que es doctrina pacífica de este Tribunal que la prueba no admitida durante el trámite de determinación, puede ser nuevamente ofrecida ante esta instancia, lo que ocurrió en la presente causa donde la recurrente tuvo ocasión de proponer, y efectivamente propuso, las medidas que estimó conducentes a esclarecer los hechos controvertidos, sin que se advierta en qué medida se vió afectada su garantía al debido proceso adjetivo, puesto que para ello es preciso que el vicio coloque a la parte en estado de indefensión, lo que no ocurrió en el caso, en atención a que tal como surge del propio acto apelado, el fisco expuso las razones por las que denegó las probanzas propuestas (v. fs. 22 y ss.).
Conforme lo tiene dicho reiteradamente nuestro más Alto Tribunal “cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación al art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior” (Fallos 202:549, 247:52, 267:393, entre otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “...ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos 205:249, entre otros).
Del análisis del acto en crisis como de las actuaciones seguidas por el fisco no se vislumbra que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan la resolución apelada, ni que haya existido agravio fundado alguno al derecho de la defensa de la apelante, resultando que su planteo sólo se basa en una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra el fondo mismo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver.
Con relación a las costas, si bien el agravio fue tratado previamente, lo cierto es que no fue articulado por la recurrente como excepción en los términos del art. 171 de la ley 11.683 sino como una defensa más contra el acto apelado y con la finalidad de obtener la revocación del mismo, por lo que, al no haberse generado una actividad procesal autónoma, no corresponde imposición de costas alguna a su respecto.
VI. Que corresponde ahora expedirse sobre el fondo de la cuestión, esto es, establecer si los créditos fiscales de IVA resultan procedentes o, si por el contrario, debe confirmarse la determinación de oficio apelada.
De los antecedentes administrativos de la causa (v. Informe Final de Inspección obrante a fs. 228/242, Cpo. N° 2) se desprende que la apelante presta servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales, excepto por hora, que incluyen servicios de restorante por hora, siendo la fecha de cierre de sus ejercicios el 31/7 de cada año.
De dichos antecedentes también surge que las actuaciones se originaron como consecuencia de la fiscalización practicada a la sociedad de hecho Barrera, Juan Carlos y Julio Lorenzo, principal proveedor que aparece en la construcción de un hotel que explota la rubrada, surgiendo de la misma que dicha sociedad no cuenta con capacidad operativa para haber realizado los servicios facturados.
Este proveedor declaró domicilio fiscal en Pedernera 831 de la ciudad de San Luis donde funciona el Estudio Contable del Cdor. Gabriel Perarnau, quien consultado sobre el contribuyente, expresó no mantener desde hace tiempo ningún tipo de vínculo con los Sres. Barrera, negando la posibilidad de acceder a dejar constancia por escrito de lo actuado. Posteriores visitas realizadas por el fisco al mismo domicilio resultaron infructuosas.
De la documentación aportada por la apelante (detalle de operaciones celebradas con la sociedad de hecho de los Sres. Barrera, fotocopia de la documentación respaldatoria y detalle de los pagos realizados al Sr. Juan Carlos Barrera) se advirtió que la sociedad de hecho de los Sres. Barrera resultó ser su principal proveedor durante el período auditado. Dentro de estos comprobantes se advirtió que las facturas N° 0001- 0000051 a 0001-00000053 fueron emitidas con anterioridad a su fecha de impresión; que en la mayoría de los casos se vendió servicios de mano de obra (albañilería), pero también existen diversos comprobantes que refieren a la provisión de materiales como carpintería metálica, hormigón armado, suelo, etc. Con relación a la información contenida en las DDJJ de IVA del proveedor impugnado y otro en comparación con los montos incluidos en las facturas emitidas, se observó que solamente existe cierta correspondencia entre dichos valores en los primeros meses y a partir de 8/2003 las DDJJ de IVA fueron presentadas con débito fiscal en cero.
De la consulta realizada a los sistemas informáticos de AFIP surge que en algunos meses el volumen de ventas facturadas por el mentado proveedor resultó inversamente proporcional a la cantidad de empleados declarados, como el caso de 12/2003 con relación a estos mismos datos para 12/2002, no habiendo efectuado prácticamente ningún ingreso por aportes y contribuciones. Con relación a ello, se constató que durante los meses de 3 a 7/2004, 9 y 12/2004 y a partir de 1/2005 facturó montos significativos sin haber declarado personal a cargo y en los restantes, los declarados resultan insuficientes como para llevar a cabo la obra supuestamente encomendada.
A fin de verificar el beneficiario de los cheques informados por la apelante, la inspección solicitó copia del anverso y reverso de los mismos a los bancos Banex SA, Regional de Cuyo SA y Nación, de los cuales se observó que todos los cheques fueron emitidos solamente a nombre del Sr. Juan Carlos Barrera, lo cual no da cumplimiento con lo establecido en el art. 2, inc. a) de la R.G. 1547/2003 de la AFIP que establece que el beneficiario debe coincidir con el emisor de los comprobantes. A su vez, se observó en algunos casos, endosos a terceras personas.
Por su parte, en el lote de comprobantes aportado por la actora, se detectaron 2 facturas con el número 0001-00000055, una de las cuales difiere de la otra en un asterisco que posee a la derecha del numerador, observándose que en una de ellas (la que no posee el asterisco), aparece una aclaración firmada por el Ing. Juan Carlos Barrera refiriéndose a su anulación. El apoderado de la imprenta Osim S.A. manifestó reconocer sólo la serie de facturas que no cuentan con asterisco.
Asimismo, la administración fiscal constató que el proveedor –la sociedad de hecho- no registra bienes ni cuentas bancarias –sí en cambio sus socios-, que el socio Juan Carlos Barrera no posee inmuebles, pero sí dos rodados y con respecto al socio Julio Lorenzo Barrera se encontraron inscriptas dos propiedades a su nombre.
Se constató que el proveedor impugnado sólo sufrió retenciones en el IG practicadas por la apelante.
VII. Que previo a expedirme respecto del fondo de la causa, corresponde precisar que el propio fisco expresó reiteradamente que no se encuentra discutido que las obras hayan sido llevadas a cabo, sino que no pudieron ser realizadas por el sujeto que indicó la actora, pues dicha empresa proveedora no posee -en suma- capacidad operativa para prestar los servicios que se afirma haber prestado.
En esta inteligencia, este Tribunal tiene dicho desde hace mucho que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación, ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito..” (cfme. TFN, Sala A, “Forestal Futaluefú S.A.", sent. del 21/05/1993).
Al respecto, cabe recordar que en esta instancia, resulta aplicable la regla del “onus probandi incumbit et qui dicit” (la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos), receptada por el art. 377 del CPCCN que dispone que cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. En este sentido debe recordarse que si bien este Tribunal -cfme. art. 164, ley 11.683 tiene “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de igualdad procesal.
Ello así, cabe puntualizar que la actora argumentó haber contratado al estudio de arquitectura Alejandro Valzacchi y Asociados SRL para que lleve a cabo el proyecto y la dirección de la obra, confeccionándose una licitación por medios informáticos con los proveedores. Alegó también que los proveedores cotizaban las obras a realizar, mediante la presentación de planillas de cotización con los costos y la descripción de las tareas a realizar, luego se elegía a aquéllos que cotizaban más convenientemente el trabajo, luego se efectuaba la licitación y adjudicación de la tarea. En ciertos casos se firmaban contratos de locación de obra entre la empresa y los proveedores elegidos para realizar las tareas y en otros en forma directa. A estos fines acompañó en sede administrativa prueba documental obrante a fs. 405/504 del Cuerpo N° 3 de IVA, consistente en distintos contratos de locación de obra celebrados entre la actora y Juan Carlos Barrera como empresa contratista de acuerdo con el “Proyecto” presentado por el Estudio Valzacchi y bajo la dirección técnica de dicho estudio.
De la contestación del estudio “Alejandro Valzacchi y Asociados SRL” obrante a fs. 115 surge que la actora acreditó que fue dicho estudio el que dirigió la obra del hotel ubicado en la ciudad de Villa Mercedes, certificando los avances de la misma (v. fs. 83/114), como así también la modalidad de contratación con los proveedores (v. pto. 2. de la respuesta brindada). Asimismo, el representante de ese estudio manifestó que la empresa Juan Carlos Barrera y otros Sociedad de Hecho prestó tareas en la obra mencionada.
El Sr. Jorge Javier Fernández declaró a fs. 134 manifestando que trabajó como maestro mayor de obras, que conoce a la Sociedad de Hecho integrada por los hermanos Barrera y que realizó trabajos, aclarando que los mismos fueron realizados en la planta baja y primer piso.
Por su parte, a fs. 160 declaró el Sr. Luis Mendoza manifestando que lo contrató el estudio de arquitectura Alejandro Valzacchi y Asociados SRL para ser jefe de la obra antedicha, que implícitamente reconoció que existió una encomienda dada al arquitecto para hacer el proyecto y dirección y como consecuencia de esa encomienda Valzacchi lo contrató. Aclaró que “jefe de obra” implica ejecutar la documentación técnica que le enviara el arquitecto Valzzacchi a la obra que abarca planos de obra, de estructura y arquitectura. Manifestó que la sociedad de hecho integrada por los hermanos Barrera trabajó en la obra como contratista, manifestando conocer a sus integrantes, habiendo realizado trabajos de movimiento de suelo, estructura de hormigón armado y albañilería en planta baja y primer piso.
Tengo para mí, que con la prueba producida en autos no logra acreditarse fehacientemente que el supuesto proveedor –la sociedad de hecho- haya efectivamente prestado los servicios y vendido los materiales que se encuentran descriptos en las facturas cuestionadas respecto de los que la actora guarda un llamativo silencio. Nótese que ninguno de los testigos mencionados se explayó respecto de cómo y con qué medios –vehículos, maquinarias y herramientas- fue prestado el supuesto servicio por parte del proveedor. La efectiva prestación de los servicios no está en duda, sino quien la realizó, concluyéndose que no fue el proveedor indicado por la apelante.
Además, debe puntualizarse que de la prueba testimonial obrante a fs. 129 y 132, no logra evidenciarse cómo los Sres. Héctor Luis Cortés y Fernando Marcelo Claros dan razón de sus dichos, pues no se indica cuál es su vinculación con la actora, esto es, no logra evidenciarse cómo y porqué saben lo que contestan, resultando imposible que este juzgador infiera si saben o presenciaron los hechos o los conocen por simples inferencias.
Tampoco pudo demostrarse de qué manera fue que el supuesto proveedor prestó los servicios cuestionados, al no haberse acompañado ni su testimonio o declaración, ni haberse oficiado a quien facilitó las maquinarias correspondientes para realizar el cometido. Además, dos de los testigos ofrecidos declararon que las obras fueron realizadas sólo en la planta baja y el primer piso cuando de muchas facturas se desprende que se realizaron supuestos trabajos en la azotea. Asimismo, no escapa al suscripto las restantes e importantes irregularidades detectadas por la inspección, esto es, las relativas a que en las facturas N°s. 51 a 53 se detectó que no coincide la fecha de impresión (12/2003) con las de emisión de los comprobantes -3/10/2003, 21/10/2003 y 6/11/2003, respectivamente- (v. fs. 137, 139 y 141, Anexo I Proveedor Barrera y Otro SH, Cpo. N° 1, aa), y algunas de ellas poseen un asterisco impreso, esto es, las N°s. 55, 56, 98, 99 y 100 (v. fs. 47, 51, 53, 55 y 69 de dicho Cpo.) -que fueron desconocidas por la imprenta que supuestamente las imprimió- que evidencia la existencia de un doble talonario de facturación. Respecto de la factura N° 55, vale puntualizar que se detectó un comprobante mellizo anulado por el propio proveedor (v. fs. 133, nota al pie de aquél Cpo.), lo que a todas luces supone el reconocimiento por parte del mismo de la emisión de facturación carente de sinceridad, y por lo tanto, de la falta de correspondencia del mismo con la realidad de la operatoria.
Como lo explicara Devis Echandía, “cuando se habla de apreciación o valoración de la prueba se comprende su estudio crítico en conjunto, tanto de los varios medios aportados por una parte para demostrar sus alegaciones de hecho, como de los que la otra adujo para desvirtuarlos u oponer otros hechos...” (cfme. “Teoría general de la prueba judicial”-T.I.-, p. 287).
En suma, con lo hasta aquí analizado se advierte que la pretensión fiscal fue sustentada a través de elementos concretos y razonables y que las pruebas producidas en esta instancia no resultaron suficientes y fehacientes como para desvirtuar el ajuste fiscal.
Como consecuencia de lo expresado, corresponde confirmar la resolución apelada, con costas. La Dra. Marmillon y el Dr. Vicchi dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos de la causa y archívese.- Date: 2022.10.12 14:12:22 -03:00 Date: 2022.10.12 15:48:28 -03:00 Juan Carlos Vicchi Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.10.13 16:01:10 -03:00 Claudio Esteban Luis Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.13 16:01:11 -03:00
Fin de la sentencia